Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana y Desarrollo Sostenible

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana 

y Desarrollo Sostenible 

Jorge Dandler 

Con la colaboración de: 

Antonio González Urday 

Jaime Llosa Larrabure 

Thomas Moore 

Roque Roldán Ortega 

Lisbeth Sivertsen 

Richard C. Smith 

Ana María Tamayo 

Julio Tresierra 

Luis Vargas Aybar 

OFICINA DE AREA Y 

EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO 

PARA LOS PAISES DEL AREA ANDlNA

Copyright Organización Internacional del Trabajo 1998 

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual 

en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor No obstante, ciertos extractos breves 

de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, a condición de que se mencione la fuente Para obtener los 

derechos de reproducción o de traducción hay que hrmular las cor~espondientes solicitudes a la Oficina de Publicaciones 

(Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-211 Ginebra 22, Suiza, solicitudes que serán 

bien acogidas. 

ISBN: 92 - 2 - 311032 - 7 

ISSN: 1020 - 3974 

Primera edición 1998 

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que 

aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina 

Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países zonas o territorios citados o de sus 

autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras La responsabilidad de las opiniones expresadas en los 

artículos, estudios y otras colaboraciones firmadas incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa 

que la OIT las sancione 

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional 

del trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación 

alguna 

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en calle Las Flores 295, San Isidro, Lima 27 Perú, o solicitándolas al 

Apartado Postal 3638, Lima 1, Teléfono (51 1) 221-2565, Fax (511) 421-5292 

Impreso en Peiú

La Oficina de Area de la Oficna Internacional del Trabajo y el Equipo Técnico Multidisciplinario 

(ETM) con sede en Lima, se complacen en presentar el informe: "Pueblos lndlgenas de la 

Amazonla Peruana y Desatrollo Sostenible" elaborado por un equipo técnico integrado por los 

consultores Antonio González Urday, Jaime Llosa Larraburre, Thomas Moore, Roque Roldán 

Ortega, Richard C. Smith, Ana María Tamayo, Julio Tresietra y Luis Vargas Aybar, dirigido por el 

seAor Jorge Dandler, Especialista en Empleo Rural y Pueblos lndlgenas del ETM. Asimismo, 

colaboraron Lisbeth Sivertsen, Experta Asociada del ETM y Roclo Ferraro, Secretaria de la Oficina, 

La preparación de este documento ha sido posible con el apoyo financiero del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desamllo (PNUD) y del Instituto Humanista para la Cooperación con 

los Países en Desamllo (HIVOS). Asimismo se contó con el apoyo del Programa de Apoyo a los 

Pueblos lndlgenas de la Cuenca Amazónica -FIDA/CAF, a través de la contratación de un 

consultor para efectuar un estudio sobre recursos promisorios de la Amazonla peruana. 

La estructura del documento facilita la lectura por separado de cada tema. Sin embargo, su 

lectura completa permitirá al lector conocer más de cerca la realidad de los pueblos indlgenas de la 

Amazonla peruana en temas tan importantes como su situación de vulnerabilidad jurldica, 

desarrollo sostenible y empleo productivo, el proceso organizativo de los pueblos indígenas, la 

incidencia de las explotaciones petroleras sobre los pueblos indlgenas, la situación de 

vulnerabilidad del pueblo Asháninka, entre otros. Asimismo, se incluyen algunas recomendaciones 

de acción enfocadas hacia un proceso de desarrollo sostenible en la Amazonla peruana. 

Este informe incluye comentarios y sugerencias de los miembros del Equipo Tbcnico 

Multidisciplinario de la OIT, Lima. 

El documento es una síntesis de ocho informes especializados en sus respectivos ámbitos 

temáticos. Los títulos de los informes son los siguientes : i) Recursos Promisorios para los Pueblos 

lndlgenas de la Amazonía Peruana ; ii) La situación de los Pueblos lndlgenas de la Selva Peruana 

frente a la Prospecci6n/Explotaci6n de Hidrocarburos y Recursos Minerales en sus Territorios, iii) 

Pueblos lndigenas Desplazados: Los Asháninkas: iv) Las Organizaciones de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonía Peruana; v) Estrategias Locales para el Desa~rollo Sostenible y el 

Empleo Productivo entre los Pueblos lndlgenas de la Amazonla Peruana; vi) Notas sobre las 

Preocupaciones y Demandas de dos Organizaciones Indlgenas Amazónicas: los Casos de ANAP y 

FECONACO, vii) La Situacidn Territorial de los Pueblos lndlgenas de la Selva Central; viii) 

Ambigffedades y Vacíos de las Normas Legales para los Pueblos Indígenas. 

Al presentar este informe, la OIT desea contribuir al conocimiento de la situacíón económica y 

social de los pueblos indlgenas de la Amazonía Peruana. Asimismo, pretende estimular un debate 

amplio entre todos los actores involucrados, a fin de crear un consenso encaminado hacia el 

desarrollo sostenible para los pueblos indígenas. 

Norberto E. García 

Director 

Equipo TBcnico Multidisciplinario 

para los Paises Andinos 

Lima, febrero de 1998

INDICE DE CUADROS, MAPAS Y ANEXOS 

GLOSARIO DE SIGLAS 

PRESENTACION 

INTRODUCCION 

INDICE 

A. Antecedentes 

B. El Convenio núm. 169 de la OIT: ¿Por qué suscita su atención en el Perú? 

C. Otros compromisos del Estado Peruano 

D El Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004) 

E El Proyecto 

CAPITULO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

CAPITULO 11: LOS PUEBLOS INDIGENAS AMAZONICOS Y SU DERECHO 

A LA AUTOIDENTIFICACION 

CAPITULO 111: PROCESO ORGANIZATIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

DE LA AMAZONIA 

A. Los inicios: la organización tradicional 

B. Surgimiento de las primeras organizaciones 

C Proliferación de las organizaciones 

D. Articulación internacional 

E. Logros importantes de las organizaciones indígenas 

F. Limitaciones, problemas y desafíos 

CAPITULO IV: AMBIGÜEDADES Y VACIOS LEGALES 

, 

A. Tierras 

B. Los derechos sobre la tierra 

C. En cuanto a los procedimientos para acceder al dominio legal sobre la tierra: 

D. Acerca de los derechos sobre los recursos naturales 

E. El régimen de gobierno interno de las comunidades 

F. Administración de justicia y derecho consuetudinario 

G. Acerca del sistema o modelo de educación aplicable a las comunidades indígenas 

CAPITULO V: EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS Y 

LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Introducción 

Antecedentes 

El petróleo y la Amazonía peruana 

Impacto de la actividad hidrocarburífera sobre los pueblos indígenas amazónicos 

Variabilidad de los impactos 

Etapas de la actividad hidrocarburífera y riesgos para los pueblos indígenas 

Las relaciones entre el Estado, las empresas petroleras y los pueblos indígenas 

Recientes experiencias 

Página 

vii 

viii

CAPITULO VI: LA SITUACION WLNERABLE DEL PUEBLO ASHANINKA 


B El proceso organizativo del pueblo Asháninka 

C Situación territorial 

D Violencia 

E. Comunidades desplazadas 

F Los programas de apoyo a los desplazados 

CAPITULO VII: DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTRATEGIAS LOCALES Y 

EMPLEO PRODUCTIVO 

A Los cambios profundos en la Amazonía 

B La economía indígena amazónica 

C La sostenibilidad de la economía indígena 

D Agentes exógenos de cambio en la economía indígena amazónica 

E La viabilidad de las iniciativas económicas 

F Lecciones aprendidas y lineamientos estratégicos para el futuro: construyendo una nueva ética 

G. El manejo territorial como requisito de sostenibilidad 

H. Manejando los espacios privados y colectivos dentro de la comunidad 

1. Los efectos nocivos de una concepción del desarrollo basado en criterios de beneficencia 

J Capitalizando la economía del don 

K. Salvaguardando la diversidad y la economía indígena 

L La búsqueda de productos promisorios para los pueblos indígenas 

CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A Hacia la seguidad jurídica de los pueblos indígenas amazónicos como 

colectividades y ciudadanos 

B La actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en las tierras indígenas 

C La situación de especial vulnerabilidad del pueblo Asháninka 

D. Desarrollo sostenible, estrategias locales y empleo productivo 

E. La dinámica organizativa indígena 

NOTAS 

BIBLIOGRAFIA

CUADROS Y ANEXOS 

INDICE DE CUADROS, MAPAS Y ANEXOS 

Cuadro A-1: Evolución histórica de las organizaciones indigenas de 

la Amazonia Peruana Anexo 

Cuadro A-2: Relación de las organizaciones indigenas en la Amazonia 

Peruana, ubicación y situación legal Anexo 

Normas Legales Anexo 

Cuadro 1: 

Cuadro 2: 

MAPAS 

Mapa 1: 

Mapa 11: 

Mapa 1: 

Mapa 2: 

Mapa 3: 

Mapa 4: 

Contratos de hidrocarburos vigentes en la Selva Peruana 

Distribución de tierras a las comunidades Asháninkas 

(Selva Central) 

Lotes para la exploración de hidrocarburos en la 

Amazonía Peruana 

Ubicación de las áreas naturales protegidas, pueblos indigenas y 

lotes petroleros de Madre de Dios 

Ubicación territorial de las comunidades nativas tituladas, 

no tituladas, áreas protegidas y reservas comunales 

(Selva Central) (Ver en sobre de la contratapa) 

El Desplazamiento Indígena por la Violencia en la 

Selva central (1 988- 1995) 

Proceso de Retorno de la Comunidades Desplazadas por la 

violeda 

Lotes Petroleros y Comunidades Nativas en la Selva Central 

vii

GLOSARIO DE SIGLAS 

AIDESEP, Asociación Interétnica pasa el Desarrollo de la Selva Peruana 

ANAP, Asociación Asháninka del Valle del Pichis o Apatyawaka Nampitsi Asháninka Pichis 

APEP, Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz 

ATI, Achuarti Ijumtramu (organización Achuar) 

BID, Banco Interamericano de Desarrollo 

CAAAP, Centso Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 

CAF, Corporación Andina de Fomento 

CAH, Consejo Aguaruna y Huambisa 

CART, Centsal Asháninka del Río Tambo 

CCSP, Coordinadora de Centsales Sindicales del Perú 

CEA, Comisión de Emergencia Asháninka 

CEAIA, Comisión Especial de Asuntos Indígenas, Secretaría Pro-Tkmpore del Tratado de 

Cooperación Amazónica (TCA) 

CECONAMA, Centsal de Comunidades Machighengas 

CECONSEC, Centsal de Comunidades Nativas de la Selva Centsal 

CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales 

CETA, Centro de Estudios Teológicos de la Arnazonía 

COCONASEP, Coordinadora de Comunidades Nativas de la Selva Peruana 

COICA, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

CONAP, Confederación de Nacionalidades de la Arnazonía Peruana 

CONFIEP, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales del Perú 

CUNISECP, Consejo de Unificación Indígena de la Selva Central del Perú 

EIA, Estudios de Impacto Ambiental 

FAD, Federaciones de Comunidades Aguamas del Río Dominguza 

FADEMAD, Federación Agsasia Departamental de Madre de Dios 

FECONACO, Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes 

FECONAFROPU, Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo 

FECONARIN, Federación de Comunidades Nativas del Río Nieva 

FECONAU, Federación de Comunidades Nativas del Medio Ucayali 

FECONAYA, Federación de Comunidades Yaneshas 

FECONBU, Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali 

FIDA, Fondo Internacional pasa el Desarrollo Agrícola 

GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo 

... 

Vlll

HIVOS, Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo 

ICBG, International Biodiversity Group Program 

IIAP, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

IIP, Instituto Indigenista Peruano 

ILV, Instituto Lingüístico de Verano 

INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IWGIA, International Working Group for Indigenous Affai~s o Grupo Internacional 

sobre Asuntos Indígenas (Copenhagen) 

MIAR, Movimiento Indígena de la Amazonía Peruana 

MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

OCAAM, Organización de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón 

OCCAAM, Organización Central de Comunidades Nativas Aguarunas del Alto Marañón 

ORA, Organización Indígena de la Región de Atalaya 

OIRA, Organización Indígena de la Región de Atalaya 

ORACH, Organización Achuar Chayat, ORACH 

ORDESH, Organización de Desarrollo Shipibo (Alto Ucayali) 

PAR, Programa de Apoyo al Repoblamiento 

PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROMUDEH, Ministerio para la Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano 

RCP, Red Científica Peruana 

SEPIA, Seminario Permanente de Investigaciones Agrarias 

SL, Sendero Luminoso 

SPDA, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

El presente informe es el resultado 

del proyecto "Pueblos Indígenas de la 

Amazonía Peruana y Desarrollo Sosteni- 

ble", acordado entre la Organización Inter- 

nacional del Trabajo-OIT, como agencia 

especializada de las Naciones Unidas, y el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo-PNUD en el Perú, financiado 

por PNUDINueva York, bajo la modalidad 

de un "Servicio de Apoyo a Nivel de Pro- 

grama" (SAT- 1 ). 

Se contó con apoyo económico com- 

plementario del Instituto Humanista para la 

Cooperación con los Países en Desarrollo- 

HIVOS (organismo no gubernamental de 

los Países Bajos), en el marco de un con- 

venio entre HIVOS, el Grupo de Análisis 

para el Desarrollo-GRADE (ong peruana) y 

la OIT. Adicionalmente, el proyecto contó 

con un financiamiento del Programa de 

Apoyo a los Pueblos Indígenas de la Cuen- 

ca Amazónica (FIDA-CAF), que permitió, 

a solicitud de la Confederación de Nacio- 

nalidades de la Amazonía Peruana 

(CONAP) y de la OIT, la contratación de 

un consultor para efectuar un estudio sobre 

recursos promisorios de la Amazonía pe- 

ruana. 

La realización de este Proyecto es, 

además, resultado del Programa de Coope- 

ración Técnica de la OIT en el Perú 

(Documento de Objetivos Nacionales, 

1995- 1998) suscrito de manera tripartita 

con el Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social, la Confederación de Instituciones 

Empresariales del Perú (CONFIEP) y la 

Coordinadora de Centrales Sindicales del 

Perú (CCSP). 

Habiéndose iniciado el proyecto, la 

OIT recibió una solicitud de la Defensoría 

del Pueblo para que efectuara, junto con el 

Centro Amazónico de Antropología y 

Aplicación Práctica-CAAAP, un diagnósti- 

PRESENTACION 

co de la situación de los pueblos indígenas 

amazónicos y sugiriera las bases de un ser- 

vicio especializado de la Defensoría para 

salvaguardar los derechos de los pueblos 

indígenas de la Amazonía. Considerando 

que dicho pedido coincidía con los objeti- 

vos del proyecto SAT-1, la OIT suscribió, 

el 5 de julio de 1996, un acuerdo marco 

con ambas instituciones. Se viajó en forma 

conjunta a Iquitos, Pucallpa, Moyobamba, 

Tarapoto y Satipo; en cada una de estas 

localidades, el Defensor del Pueblo y10 su 

representante visitaron diversas comunida- 

des para conocer más de cerca sus proble- 

mas, convocando a reuniones con repre- 

sentantes de organizaciones indígenas, 

autoridades regionales civiles y militares, 

de las iglesias (católica y evangélicas) y de 

ong's y otras instituciones locales. Dichas 

visitas y reuniones permitieron al equipo 

técnico del proyecto una valiosa experien- 

cia directa e información actualizada que 

han contribuido al presente informe, si bien 

se ha preparado conjuntamente con el 

CAAAP y la Defensoría del Pueblo un 

informe específico al respecto (Defensoría 

del Pueblo, CAAAP y OIT, 1996). 

En el marco del proyecto se realiza- 

ron varios talleres de consulta o encuentros 

de base, en coordinación con la Asociación 

Interétnica para el Desarrollo de la Selva 

Peruana (AIDESEP) y sus organizaciones 

afiliadas. Dichos eventos se efectuaron en 

3 lugares: Satipo, convocado por la Comi- 

sión de Emergencia Asháninka-CEA, al 

cual asistieron representantes de las 9 fede- 

raciones Asháninkas, Ashéninkas y No- 

matsiguengas; Puerto Bermúdez, valle del 

río Pichis, organizado por ANAP,' al cual 

asistieron líderes y miembros de 56 comu- 

nidades; y Valencia, organizado por 

FECONACO,' al cual asistieron represen- 

tantes de diversas comunidades de los pue-

los indígenas Achual, Urarina y Murato 

del río Corrientes. Los resultados de estos 

encuentros están resumidos en un informe 

específico. Además de los talleres, los 

miembros del equipo realizaron visitas de 

campo a varias localidades, donde efectua- 

ron reuniones con miembros y represen- 

tantes de comunidades y organizaciones 

indígenas, autoridades, representantes de 

ong's y otras personas vinculadas al tema. 

Durante la realización del proyecto, 

se efectuaron entrevistas con diversas auto- 

ridades estatales en Lima, así como con 

representantes de organizaciones indíge- 

nas, de ong's, de agencias de cooperación 

internacional y bilateral, y de empresas 

petroleras. Más tarde, el 15 de julio de 

1997, se realizó un taller de consulta y de- 

bate sobre el informe preliminar. Durante 

este evento, se presentó el estudio y se 

XII 

organizaron cuatro mesas de trabajo sobre 

los temas principales del estudio (situación 

jurídica, desarrollo local sostenible, tierras, 

explotación petrolera y los pueblos indíge- 

nas). La presente publicación acoge mu- 

chas de las observaciones y sugerencias 

que se expresaron en el mencionado taller. 

El equipo técnico del proyecto estuvo 

conformado por los siguientes consultores: 

Antonio González Urday, Jaime Llosa La- 

rrabure, Thomas Moore, Roque Roldán 

Ortega, Richard C. Smith, Ana María Ta- 

mayn Flores, Julio Tresierra y Luis Vargas 

Aybar. Asimismo, formaron parte del 

equipo Lisbeth Sivertsen, experta asociada 

en desarrollo rural y pueblos indígenas, 

Rocío Airaldi de Ferraro (apoyo adminis- 

trativo y secretarial) y Jorge Dandler, espe- 

cialista principal en empleo rural y pueblos 

indígenas del ETMILima, quien tuvo a su 

cargo la coordinación del proyecto.


Durante los últimos años, la OIT ha 

seguido con interés y preocupación la pro- 

blemática de la situación particularmente 

vulnerable de los pueblos indígenas de la 

Amazonía peruana, a través del contacto y 

comunicación con diversas organizaciones 

indígenas, autoridades gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales de 

promoción del desarrollo y de los derechos 

humanos, especialistas, agencias de coope- 

ración internacional y otras instancias. 

El interés de la OIT en la situación de 

los pueblos indígenas y tribales del mundo 

se remonta prácticamente a su creación en 

1 9 19. Su preocupación inicialmente se con- 

centró en la condición de los trabajadores 

indígenas, dando lugar a diversos estudios 

que sirvieron de base para la adopción de 

algunos instrumentos, entre ellos el Conve- 

nio sobre Trabajo Forzoso (núm. 29, 1930) 

y otros convenios que se refirieron más di- 

rectamente a los trabajadores indígenas. En 

1957, se adoptó el Convenio núm. 107 so- 

bre Poblaciones Indígenas y Tribuales, 

sobre la base de un estudio (195413, el cual 

llegó a la conclusión que "la autonomía 

cultural de cada grupo social debería respe- 

tarse como la mejor garantía de la contribu- 

ción que puede prestar al bienestar de la 

sociedad en su c~njunto".~ El Convenio 

núm. 107 trata también la situación parti- 

cularmente problemática de poblaciones 

indígenas selváticas. 

Es importante destacar que Perú, junto 

con otros países andinos y México, jugaron 

un rol activo en la adopción del mencionado 

Convenio Esto se debía a la tradición indi- 

genista compartida con México, en el marco 

de la Convención de Pátzcuaro (1940) por 

medio de la cual se creó el Instituto Indige- 

nista Interamericano y las contrapartes na- 

cionales como el Instituto Indigenista Pe- 

INTRODUCCION 

ruano (IIP), y algunos avances constitucio- 

nales y legislativos importantes en relación 

con los derechos de las comunidades indí- 

genas andinas. 

También vale la pena recordar que el 

Perú fue propulsor y sede del Programa 

Andino, que comenzó en 1950 y se prolon- 

gó hasta comienzos de la década del 70, 

coordinado por la OIT en siete países, junto 

con otras agencias de las Naciones Unidas. 

Dicho Programa, cuyo objetivo era mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de las 

poblaciones indígenas andinas, facilitó que 

los gobiernos andinos adopten el Convenio 

núm. 107 en la sede de la OIT, y posterior- 

mente, al ser ratificado, contribuyó a la 

adopción de legislaciones nacionales, al 

fortalecimiento de instancias gubernamen- 

tales y otras medidas en relación con los 

pueblos indígenas. 

Además del Programa Andino, la OIT 

ha desarrollado otras actividades de coope- 

ración técnica en el Perú y otros países an- 

dinos. Uno de los más recientes fue un pro- 

grama subregional de apoyo a organizacio- 

nes de trabajadores indígenas con asistencia 

financiera del Gobierno de Italia, que reali- 

zó un programa de capacitación y fortale- 

cimiento organizativo junto con las organi- 

zaciones indígenas del Perú, Bolivia, Co- 

lombia y el Ecuador. En todos estos países 

se hicieron esfuerzos para extender las acti- 

vidades no sólo a poblaciones andinas sino 

también a las organizaciones de los pueblos 

indígenas amazónicos. 

La Comisión de Petróleo de la OIT 

realizó en 1984 un estudio sobre los efectos 

sociales y económicos de la exploración y 

explotación petrolífera, que contiene una 

sección consagrada a las poblaciones indí- 

genas en relación con la actividad petrolera, 

en la que se hace especial alusión a las po- 

blaciones indígenas del Perú, Brasil,

Alaska, Canadá y Malasia (OIT, 1984). El 

estudio resalta el grave conflicto que puede 

surgir entre la explotación de los recursos y 

el modo de vida de estas poblaciones, si no 

hay claras disposiciones legales, reglamen- 

tos y directrices para salvaguardar sus dere- 

cho-~, Se señala especialmente que los pue- 

blos indígenas silvícolas aislados son fácil- 

mente desposeídos de sus tierras cuando se 

descubren minerales en las mismas y cuan- 

do carecen de títulos de propiedad de sus 

tierras o del derecho a explotar el subsuelo 

y otros recursos naturales que puedan en- 

contrarse en él. 

Sin duda, el Convenio núm. 107, rati- 

ficado por el Perú en 1960, contribuyó de 

manera positiva al desarrollo de ia legisla- 

ción peruana en materia de derechos indí- 

genas Asimismo, cabe destacar el rol de los 

órganos de control y supervisión de normas 

de la OIT Por ejemplo, en 1986-1987, la 

Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones remitió una 

solicitud al Gobierno del Perú, en relación 

con la aplicación del Convenio núm. 105 

(abolición del trabajo forzoso, adoptado en 

1957 y ratificado en 1960 por el Perú) y del 

Convenio núm. 107, para instar una cons- 

tatación y las debidas acciones correctivas 

en relación con una situación de esclavitud 

documentada y denunciada por AIDESEP y 

la Organización Indígena de la Región de 

Atalaya-ORA, del pueblo Asháninka. Di- 

cha solicitud condujo al Gobierno (a través 

del Ministerio de Trabajo y del IIP) a cons- 

tituir una comisión especial de alto nivel 

para efectuar una visita in situ En los años 

posteriores, la mencionada Comisión de 

Expertos de la OIT realizó un seguimiento 

de la situación de trabajo forzoso antes alu- 

dida y recomendó una efectiva titulación de 

Iris tierras comunitarias indígenas, particu- 

larmente en la zona de Atalaya y en relación 

con la vulnerable situación del pueblo 

Asháninka Durante los últimos años, con el 

apoyo financiero de Dinamarca, a través de 

IWGIA (Copen-hagen), AIDESEP y ORA, 

los Asháninkas de Atalaya lograron el reco- 

nocimiento oficial de más de ciento treinta 

comunidades nativas y la titulación y sa- 

neamiento legal de más de un millón y me- 

dio de hectáreas. 

B. El Convenio núm. 169 de la OIT: 

¿Por qué suscita su atención en el 

Perú? 

El renovado interés y preocupación de 

la OIT por los pueblos indígenas amazóni- 

cos del Perú está estrechamente relacionado 

a la existencia del Convenio núm. 169 

(1 989) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes, el instrumento 

más actualizado y específico adoptado en el 

ámbito internacional, que sustjtuye el ante- 

rior Convenio núrn 107 (1957).~ Ratifica- 

do por el Perú en 1994,6 dicho instrumento, 

además de formar parte del ordenamiento 

jurídico nacional, tiene un carácter vincu- 

lante, como es el caso de otros convenios de 

la OIT. Esto implica el compromiso del 

Estado ratificante de adecuar su legislación 

y tomar las acciones necesarias para asegu- 

rar la aplicación de las disposiciones y prin- 

cipios que éste contiene. De esta forma, 

habiendo además participado activamente 

en las consultas y la adopción del nuevo 

Convenio, el Perú consideró que dicho ins- 

trumento conllevaba una concepción nor- 

mativa más acorde con las necesidades de 

los pueblos indígenas y los contenidos de la 

propia Constitución de 1993. La OIT ha 

sido requerida con frecuencia para promo- 

ver un mayor conocimiento y difusión del 

contenido y alcances del Convenio núm 

169 en diversos eventos y talleres, propi- 

ciados no sólo por instancias gubernamen- 

tales y ong's, sino a menudo convocados 

por las mismas organizaciones indígenas de 

la Amazonía y comunidades campesinas e 

indígenas de la Sierra.

Las organizaciones indígenas del Perú 

encuentran en el Convenio principios y dis- 

posiciones que coinciden con sus aspiracio- 

nes y necesidades básicas. Reconoce el ca- 

rácter perdurable y permanente de los indí- 

genas como pueblos, con derecho a su 

identidad cultural, a su organización social 

y costumbres. Dispone que los pueblos in- 

dígenas tienen el derecho a decidir sus pro- 

pias prioridades en lo que atañe al proceso 

de desarrollo, en la medida que afecte a sus 

vidas, creencias, instituciones, bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utili- 

zan y de controlar en la medida de lo posi- 

ble, su propio desarrollo económico, social 

y cultural. Requiere que los gobiernos esta- 

blezcan medidas que permitan la participa- 

ción efectiva de los pueblos indígenas en el 

proceso de la toma de decisiones. Dispone 

que los gobiernos consulten a los pueblos 

indígenas, a través de procedimientos ade- 

cuados y sus instituciones representativas, 

cuando se toman medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles. 

Las consultas deben realizarse de buena fe y 

en una forma adecuada a las circunstancias 

de estos pueblos, con el propósito de obte- 

ner su consentimiento. 

Entre otras disposiciones, el Convenio 

requiere obligatoriamente que los pueblos 

indígenas sean consultados antes de efec- 

tuarse cualquier exploración o explotación 

de recursos mineros u otros recursos natu- 

rales en sus tierras, y que los gobiernos de- 

berán tomar medidas, en cooperación con 

estos pueblos, para proteger y preservar el 

medio ambiente de los territorios que habi- 

tan. Asimismo, que los gobiernos deberán 

asegurar los derechos de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicional- 

mente ocupan e impedir que personas ex- 

trañas puedan aprovecharse de sus costum- 

bres o de su desconocimiento de las leyes, 

para arrogarse la propiedad, posesión o el 

uso de las tierras pertenecientes a ellos. 

Se podrían resumir otros principios y 

disposiciones del Convenio; sin embargo, 

los arriba mencionados son los que suscitan 

el mayor interés de parte de las organizaciones 

de los pueblos indígenas amazónicos. 

¿Por qué? En los diversos encuentros y 

entrevistas durante los últimos años, las 

comunidades nativas y sus organizaciones 

han expresado la necesidad del reconocimiento 

efectivo de estos principios y disposiciones 

como condición fundamental para 

asegurar su sobrevivencia y posibilidad de 

mejorar su situación social y económica. 

Los pueblos indígenas plantean como condición 

sine qua non el reconocimiento 

efectivo de sus derechos como colectividades 

diferenciadas, de sus derechos sobre sus 

tierras y territorios concebidos éstos como 

un hábitat estrechamente ligado al manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

C. Otros compromisos del Estado Peruano 

Además de ratificar importantes instrumentos 

internacionales en materia de 

derechos humanos y el Convenio núm. 169, 

el Perú suscribió la Agenda 2 1 en la Conferencia 

Mundial sobre Medio Ambiente y 

~esarrollo~ (Río de Janeiro, 1992), y se 

adhirió al Convenio sobre Biodiversidad y 

otros instrumentos para garantizar el desarrollo 

sostenible del medio ambiente. El 

Estado Peruano es miembro del Tratado de 

Cooperación Amazónica, participó en la 

creación de la Comisión Especial de Asuntos 

Indígenas (CEAIA), ha suscrito diversos 

acuerdos de protección de las tierras y 

promoción del desarrollo de los pueblos 

indígenas amazónicos, y en los últimos 

años, Lima fue la sede de la Secretaría Pro- 

Témpore de dicho Tratado. En las reuniones 

de la CEAIA participan delegados gubernamentales 

e indígenas de los países miembros 

para cocrdinar acciones y ejecutar proyectos.

Asimismo, el Perú apoyó la creación 

del Fondo de Desarrollo para los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe en 

el contexto de la Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y ratificó el Convenio 

Constitutivo, por medio del cual participa 

un delegado del Gobierno del Perú y un 

representante de las organizaciones indíge- 

nas. Actualmente, el Perú preside el grupo 

de trabajo intergubernamental especial 

(creado por la Comisión de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos) encar- 

gado de elaborar el proyecto de Declaración 

Universal de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas del Mundo. Asimismo, participa 

en consultas para la adopción de un instru- 

mento interamericano sobre derechos de los 

pueblos indígenas, basándose en la decisión 

de la Asamblea General de la OEA 

(diciembre de 1989). Más recientemente, se 

está considerando una Carta Social Indígena 

por parte de los países miembros del 

Acuerdo de Cartagena. De adoptarse con el 

apoyo del Perú una Declaración Universal, 

un instrumento interamericano y una Carta 

Social Andina, y de ser posteriormente 

ratificados o suscritos por el Estado Perua- 

no, estos instrumentos sin duda contribui- 

rían a reforzar el ordenamiento jurídico 

interno y a promover acciones en el campo 

del desarrollo. 

D. El Decenio de las Poblaciones Indí- 

genas del Mundo (1995-2004) 

El Decenio fue adoptado por los Esta- 

dos Miembros en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas y expresa el compro- 

miso de los Gobiernos de tomar acciones, 

en estrecha coordinación con los propios 

pueblos indígenas de sus países, para mejo- 

rar sus condiciones de vida y desarrollo. 

Asimismo, la Asamblea General otorgó un 

mandato a las agencias del sistema de las 

Naciones Unidas para extender cooperación 

técnica, coordinar esfuerzos y colaborar con 

los gobiernos y pueblos indígenas de los 

Estados Miembros. Habiendo suscrito el 

Perú dicho compromiso, se da una importante 

posibilidad de incentivar acciones 

coordinadas entre el Gobierno, los pueblos 

indígenas, la cooperación técnica internacional, 

ong's, iglesias (católica y otras), 

universidades, medios de comunicación y 

otras instancias, para promover mayor atención 

a los problemas que enfrentan los pueblos 

indígenas y efectuar actividades y programas 

concretos de apoyo para su desarrollo. 

La creciente preocupación por la situación 

de los pueblos indígenas del mundo 

también se ha expresado en la adopción de 

directrices especiales por parte de los organismos 

internacionales de cooperación técnica 

y financiera: 

El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo-PNUD cuenta con un 

proyecto de directrices operativas, basado 

en el Convenio núm. 169, para 

orientar el trabajo de sus oficinas en relación 

con los pueblos indígenas 

("Guidelines for Support to Indigenous 

Peoples"), el cual reconoce que las estrategias 

de desarrollo hasta ahora adoptadas 

han contribuido al deterioro de la 

situación de muchos pueblos indígenas. 

Por consiguiente, recomienda promover, 

en el marco de las acciones del propio 

PNUD y en asociación con otras instancias 

internacionales y los propios gobiernos, 

acciones para fortalecer las capacidades 

propias de los pueblos indígenas, 

reconociendo especialmente la importancia 

de sus conocimientos tradicionales 

para garantizar un desarrollo humano 

sostenible. 

e El Banco Mundial tiene una Directriz 

Operativa 4.20 (1991) referida a los pueblos 

indígenas en relación con las operaciones 

de crédito y proyectos, así como 

una referencia a salvaguardar con espe-

cial cuidado la situación de estos pueblos 

a través de los estudios de impacto am- 

biental (Directiva Operativa sobre Eva- 

luación Ambiental, OD4.01, 199 1). 

El Banco Interamericano de Desarrollo, 

en su documento "Estrategias y Proce- 

dimientos en Cuestiones Socio- 

Culturales" (1 990), plantea algunos prin- 

cipios y acciones requeridas en sus pro- 

yectos y operaciones de préstamos que 

puedan afectar a comunidades indígenas. 

e De manera similar, el Reino de los Paí- 

ses Bajos (1993), Dinamarca (1994) y 

Bélgica (1994), así como el Parlamento 

Europeo (Resolución, 1992) han adopta- 

do lineamientos y directrices eepecíficas 

en relación con los pueblos indígenas en 

el contexto de la cooperación técnica y 

financiera a los países. 

Ea preocupación común de todos es- 

tos lineamientos y directrices, que en gran 

medida coinciden con los principios y dis- 

posiciones del propio Convenio núm. 169, 

es de promover una más adecuada atención 

a las necesidades de los pueblos indígenas, 

por las condiciones de pobreza y vulnerabi- 

lidad que éstos enfrentan en muchos países. 

Cabe mencionar que el Informe del 

Representante del Secretario General de las 

Naciones Unidas, señor Francis Deng, en 

una misión solicitada por el Gobierno del 

Perú, observó que la situación especial- 

mente vulnerable del pueblo Asháninka, por 

el masivo desplazamiento que ocasionó la 

violencia, merece una atención prioritaria 

en el marco de los programas de apoyo a los 

desplazados (Comisión de Derechos Huma- 

nos, 1996). 

E. El Proyecto 

Es a raíz de estas preocupaciones que 

surgió el proyecto "Pueblos Indígenas de la 

Amazonía Peruana y Desarrollo Sosteni- 

ble", cuyo propósito fue efectuar un estudio 

sobre la situación de los pueblos indígenas 

amazónicos y sugerir posibles estrategias de 

desarrollo y otras acciones orientadas a 

contribuir al mejoramiento de sus condicio- 

nes de vida y a salvaguardar sus derechos. 

Dichas estrategias y acciones están íntima- 

mente ligadas a la necesidad de promover el 

desarrollo sostenible del medio ambiente y 

de los recursos naturales. Para el logro de 

los objetivos del proyecto, se abordaron los 

siguientes temas prioritarios que fueron 

seleccionados previamente durante el dise- 

ño del proyecto, en base a consultas con 

diversas organizaciones indígenas y espe- 

cialistas: 

1. Situación jurídica de los pueblos indíge- 

nas, con referencia al ejercicio de sus de- 

rechos fundamentales como personas y 

comunidades, sus formas de gobierno lo- 

cal, derecho a sus tierras y los recursos 

naturales, acceso a la educación y a la 

administración de justicia; 

2. Estrategias locales para el desarrollo 

sostenible y el empleo productivo entre 

los pueblos indígenas de la Amazonía 

peruana; 

3. Exploración y explotación de hidrocarburos 

y minerales y los pueblos indígenas 

amazónicos; 

4. Recursos promisorios para los pueblos 

indígenas; 

5. Análisis de la problemática de desplazados: 

los Asháninkas; 

6. Problemática de las tierras y territorio 

del pueblo Asháninka; 

7. Situación de los pueblos indígenas y sus 

organizaciones. 

Los consultores que integraron el 

equipo del proyecto han elaborado informes 

sobre cada uno de estos temas. Además se 

cuenta con un análisis de las principales 

preocupaciones y demandas de las diversas

organizaciones de los pueblos indígenas El presente estudio constituye una 

amazónicos, en base a los resultados de las síntesis de los temas abordados, incluyendo 

visitas de campo, de los diversos encuentros las conclusiones y las recomendaciones de 

de base y talleres. los principales resultados del proyecto.

CAPITULO 1 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

El Perú es un país multiétnico, pluri- 

cultural y multilingüe. Si bien esta realidad 

fue incorporada de diversas maneras en el 

ordenamiento jurídico del país a lo largo del 

período colonial y republicano, el recono- 

cimiento de la diversidad étnica y cultural 

ha tenido una contradictoria aceptación a 

través del tiempo Pese a los avances nor- 

mativos que se lograron en las constitucio- 

nes de 1920, 1933 y 1979, recién en la 

Constitución de 1993 se reconoce de mane- 

ra explícita el carácter multiétnico, pluri- 

cultural y multilingüe de la Nación perua- 

na. Quizás explique esta deficiencia la en- 

raizada premisa de la "integración cultural"; 

es decir, si bien se defendía las particulari- 

dades culturales, sociales y económicas de 

los pueblos indígenas, se asumía que éstos 

dejaban de ser indígenas en la medida que 

se promovía el desarrollo y la moderniza- 

ción. 

Además de reconocer la pluralidad ét- 

nica y cultural de la Nación, las disposicio- 

nes constitucionales señalan que el Estado 

reconoce la existencia legal de las comuni- 

dades campesinas y nativas (indígenas), les 

otorga la condición de personas jurídicas, y 

garantiza respeto a la identidad cultural de 

las mismas; reconoce el derecho de todo 

peruano a usar su propio idioma ante cual- 

quier autoridad; fomenta la educación bilin- 

güe e intercultural, acepta como idiomas 

oficiales, además del castellano, el quechua, 

el aimara y las demás lenguas aborígenes en 

las zonas donde predominen; y otorga a las 

autoridades de las comunidades campesinas 

y nativas la facultad de ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territo- 

rial, de conformidad con el derecho con- 

suetudinario. 

En el mismo sentido, al ratificar el 

Estado peruano el Convenio núm. 169 de 

la OIT, incorporó así a su sistema jurídico 

este instrumento que hace aportes funda- 

mentales al tratamiento del Perú como un 

país cultural y étnicamente diverso. El texto 

de este Convenio representa una explícita. 

aceptación de la diversidad étnica y cultural 

del país como un elemento positivo y tras- 

cendente de la nacionalidad. El artículo 2 1 

asigna a los gobiernos la responsabilidad de 

asegurar a los indígenas el goce "en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades 

que la legislación nacional otorga a los 

demás miembros de la población", de pro- 

mover "la plena efectividad de los derechos 

sociales, económicos y culturales de estos 

pueblos, reipetando su identidad social y 

cultural, sus costumbres y tradiciones y sus 

instituciones " Por otra parte, el artículo 

3 1 señala para los pueblos indígenas la op- 

ción clara de "gozar plenamente de los de- 

rechos humanos y libertades fundamentales 

sin obstáculos ni discriminación" 

El reconocimiento del carácter pluri- 

cultural, multiétnico y rnultilingüe del Perú 

no es sólo un precepto o una afirmación de 

principios, sino también una definición de 

parámetros operacionales que permiten en- 

tender y aplicar el concepto de desarrollo 

sostenible para los pueblos indígenas ama- 

zónicos. El desarrollo sostenible debe en- 

tenderse como un proceso dinámico que 

tiene como fundamento la continua relación 

entre la diversidad etnocultural y la diversi- 

dad biológica. 

El logro de este equilibrio dinámico se 

posibilita a través de la acción conjunta de 

los propios pueblos indígenas, sus comuni- 

dades y organizaciones, así como la acción

del Estado y otras instancias de la sociedad, 

tales como las organizaciones no guberna- 

mentales de desarrollo, entidades financie- 

ras y empresas privadas Los cimientos de 

esta articulación generadora de desarrollo 

sostenible. se basan en el reconocimiento de 

los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas amazónicos, no sólo en principio 

sino sobre todo en la práctica. 

Es precisamente en esta coyuntura que 

se constata una seria limitante para el desa- 

rrollo sostenible de los pueblos indígenas- 

la brecha entre el reconocimiento formal de 

sus derechos y el ejercicio real de los 

mismos. Es particularmente importante el 

respeto a sus derechos ter~itoriales.. Para los 

pueblos indígenas, la seguridad sobre sus 

tierras y hábitat es vital para salvaguardar 

las condiciones de su sobrevivencia y pro- 

yección futura. La distancia entre principios 

y prácticas se manifiesta entre la actual le- 

gislación y las iniciativas que se promue- 

ven en la Amazonía en el contexto de la 

creciente globalización de la economía. 

Dichas políticas son cada vez de mayor 

alcance y comprometen la posibilidad del 

desaxollo sostenible de los pueblos indíge- 

nas..

CAPITULO 11 

LOS PUEBLOS INDIGENAS AMAZONICOS Y SU DERECHO A LA 

AUTOIDENTIFICACION 

La Amazonía peruana, que cubre alre- 

dedor del 59% del territorio nacional, y la 

cual, a su vez representa un 15% de la in- 

mensa Cuenca Amazónica del continente 

sudamericano, ha sido y sigue siendo el 

hábitat de una extraordinaria variedad de 

pueblos indígenas. Existen alrededor de 65 

pueblos indígenas agrupados en 14 familias 

linguísticas, tanto en la Selva Baja como en 

la Selva Alta. 

A pesar de la dimensión y riqueza que 

implica para el Perú contar con tal conjunto 

humano, llama la atención la poca com- 

prensión que aún persiste respecto al ca- 

rácter perdurable de estos pueblos y su po- 

tencial. El reconocimiento de su existencia 

como ciudadanos y de sus derechos, como 

se verá más adelante, ha sido relativamente 

reciente. Su relación con la sociedad nacio- 

nal, el Estado y otros actores en la misma 

Amazonía ha sido históricamente asimétri- 

ca, si adem'ás consideramos que su presen- 

cia y rol activo en la sustentación de los 

frágiles ecosistemas también hasta hace 

poco no formaba parte de la conciencia na- 

cional. Por estas razones, la misma variabi- 

lidad entre estos pueblos y los rasgos y va- 

lores comunes que los diferencian respecto 

de otros sectores de la sociedad, tampoco ha 

sido comprendido. Los criterios usados 

para la definición e identificación de los 

pueblos indígenas amazónicos tienen suma 

importancia, pues de ellos se desprende la 

posible adjudicación y reconocimiento de 

derechos territoriales, culturales, políticos y 

sociales La legislación a partir de los años 

setenta reconoció su existencia en la medida 

que se organizaban como comunidades na- 

tivas, debidamente inscritas y reconocidas 

oficialmente. Sin duda, como también se 

verá más adelante, dicha legislación contri- 

buyó de manera muy positiva al proceso de 

titulación, fortalecimiento organizativo y 

afirmación de su identidad. Pero la misma 

legislación contribuyó a crear la falacia que 

si no estaban así constituidos conforme a la 

ley no existían. 

Es significativo en este contexto que 

la autoidentificación o identidad como de- 

recho ciudadano tiene una historia muy 

reciente en la normatividad nacional. La 

Constitución de 1993, al reconocer la plu- 

ralidad étnica y cultural de la Nación y el 

derecho de toda persona a su identidad étni- 

ca y cultural, coincidente con uno de los 

esenciales criterios del Convenio núm. 169, 

establece un importante horizonte de res- 

peto a la autoidentificación individual y 

colectiva. De esta manera se llega a recono- 

cer algo que los propios indígenas han esta- 

do insistiendo por mucho tiempo. 

El criterio fundamental de la autoi- 

dentificación indígena es la conciencia por 

parte de una persona o gmpo de pertenecer 

a un dettrminado pueblo originario --"soy 

Shipibo", "pertenezco al pueblo Awuajun" 

(Aguaruna), "somos Achuar", "no soy 

Campas, soy Asháninka" --además de la 

lengua, ubicación territorial, costumbres, 

valores y otros elementos que los diferen- 

cian entre sí y en relación con otros que no 

se consideran indígenas. 

Un buen indicador de lo anteriormente 

mencionado es la escasa, inadecuada o poco 

sistematizada información estadística po- 

blacional de los indígenas amazónicos. Es

significativo que el Primer Censo de Co- 

munidades Indígenas de la Amazonía Pe- 

ruana recién se realizó en 1993, en base a la 

información obtenida del IX Censo Nacio- 

nal y del IV Censo Nacional de Vivienda. 

Dicho Censo estima que la población indí- 

gena amazónica es de 299,2 18 habitante^.^ 

Sin embargo, es probable que dicha cifra 

subestima considerablemente la realidad 

poblacional indígena. 

Dicho censo deberá considerarse co- 

mo una aproximación censal tentativa. Su 

utilidad ha sido cuestionada por deficiencias 

en la cobertura, confiisión en los nombres y 

ubicación de las comunidades nativas, y a la 

vez, introduce la tipificación de 

"comunidad indígena" como "etnia", omi- 

tiendo la categoría de comunidad nativa 

como unidad censal, a pesar de que dicho 

término ha sido un requisito legal para su 

identificación y registro oficial Sería nece- 

sario explorar la posibilidad de efectuar un 

censo especialmente diseñado para los pue- 

blos indígenas amazónicos, que incluya 

indicadores y variables más acordes con su 

realidad, y al mismo tiempo, incorpore co- 

mo un criterio la autoidentificación.

CAPITULO 111 

PROCESO ORGANIZATIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA 

El proceso organizativo de los pue- 

blos indígenas amazónicos en el ámbito 

nacional, ha dado lugar a cuatro niveles: El 

comunitario donde se integran las familias 

que comparten el mismo espacio físico a fin 

de responder a necesidades específicas de 

su entorno. El federativo donde varias or- 

ganizaciones comunitarias, por lo general 

de la misma familia étnica y comúnmente 

ubicadas a lo largo de un mismo río, valle o 

quebrada, integran sus esfuerzos a fin de 

enfrentar situaciones que afectan su área. El 

regional, que articula a las federaciones de 

segundo nivel, y cuya característica es ser 

inter-étnico. El nacional, que concentra la 

afiliación de las federaciones de segundo y 

tercer nivel. 

Un quinto nivel es el internacional, 

donde tanto las federaciones como las agru- 

paciones inter-étnicas nacionales de los 

países amazónicos se integraron en la Co- 

ordinadora de Organizaciones Indígenas de 

la Cuenca Amazónica (COICA, creada en 

1984) y en una plataforma de lucha por sus 

derechos en el escenario internacional. Este 

nivel adquiere especial importancia en los 

tiempos de la globalización de las relacio- 

nes económicas y políticas, que requiere 

una especial atención a la promoción de 

medidas para salvaguardar el medio am- 

biente y promover el desarrollo sostenible. 

A. Los inicios: la organización tradicio- 

nal 

En la Amazonía peruana, como en el 

resto de la Cuenca Amazónica, existe una 

extraordinaria variedad de pueblos indíge- 

nas. Por la complejidad de los ecosistemas 

y la biodiversidad, estos pueblos desarrolla- 

ron diversas formas de asentamiento y or- 

ganización social, en estrecha relación con 

los recursos naturales (Meggers, 1971). En 

la selva alta se asentaron poblaciones más 

reducidas, pero con mayores posibilidades 

de uso agrícola y de caza, mientras que en 

la selva baja los asentamientos se fijaron a 

lo largo de los ríos, lagunas, valles ribere- 

ños y planicies (muchas inundables), con un 

mayor acceso a la pesca. 

En ambas zonas se dio una gran dis- 

persión y movilidad espacial para adaptarse 

a la explotación de los recursos para su sub- 

sistencia y reproducción sociocultural. Los 

asentamientos se ubicaban a lo largo de 

ríos y quebradas formando una unidad te- 

rritorial. Un elemento fundamental de la 

organización social eran las relaciones de 

parentesco, clanes de carácter patrilineal o 

matrilineal. El liderazgo se basaba en la 

confianza que inspiraba, su capacidad de 

proveer y compartir alimentos provenientes 

de la caza y pesca, y su habilidad para me- 

diar conflictos internos y de forjar alianzas 

frente a las amenazas de otros grupos de la 

misma u otra etnia. Las decisiones eran 

tomadas por consenso de la población 

adulta, especialmente hombres (sin excluir 

la participación de mujeres que en algunos 

casos era más marcada que otros). No exis- 

tía la concentración de poder en una sola 

persona o grupos de poder jerárquico sobre 

la base de acumulación material o de pro- 

piedad; la función del líder en algunos gru- 

pos era efímera o temporal. Por la forma de 

aprovechamiento de los recursos, la caza, 

pesca y recolección, así como una agricultu- 

ra itinerante, los grupos tenían un alto grado

de movilidad en amplias áreas dentro del 

territorio reconocido, entre ellos y por otros 

grupos, como propio. El uso y posesión 

común de los recursos naturales no daba 

lugar al concepto de propiedad individual 

característico de la cultura occidental. Los 

productos de las labores agrícolas, la caza, 

la pesca y recolección por parte de las fa- 

milias no sólo se compartían con parientes 

inmediatos o cercanos, sino también con el 

resto de los miembros del asentamiento o 

grupo local. 

En contextos de agresión o asedio 

externo por parte de otros grupos indígenas 

o más tarde, frente a procesos de conquista, 

colonización, evangelización o explotación 

económica, se producían alianzas intra e 

inter-étnicas para responder dichas agresio- 

nes. Si bien poco documentada, hay una 

larga historia en la Amazonía peruana de 

rebeliones y resistencia.1° 

En algunas regiones, la creciente in- 

cursión de agentes económicos, empresas, 

autoridades estatales y otros, provocó en 

muchos casos la desestructuración de for- 

mas tradicionales de asentamiento y de or- 

ganización social. 

Los factores iniciales que motivaron 

la organización de instancias supracomu- 

nales fueron la defensa de sus tierras y te- 

rritorios frente al proceso de despojo y co- 

lonización. En la Selva Central surgió, por 

ejemplo, la Asociación de Nativos Campa 

del Perené (1959). Dicha organización tuvo 

una existencia muy efímera, por la interfe- 

rencia de los colonos en su lucha por acce- 

der a las grandes extensiones de tierras que 

fueron asignadas a la Peruvian Corp~ration. 

Tanto dicha empresa como los colonos, en 

diferentes momentos, intentaron ganarse el 

apoyo de los Asháninkas, contribuyendo al 

degfiitamiento de dicha Asociación. l l 

B. Surgimiento de las primeras organi- 

zaciones 

Urgidos por la necesidad de defender 

sus tierras frente a la creciente colonización 

de su territorio en la Selva Central y des- 

pués de 3 años de intensos esfuerzos por 

establecer sus niveles de liderazgo, los Yá- 

neshas constituyeron en 1969 el Congreso 

de Comunidades Amueshas y comenzaron 

acciones legales para defender sus derechos 

de propiedad de las tierras (Smith, 1996a, 

pág. 89). Por otra parte, después de muchos 

intentos, en 1970 los Asháninkas se organi- 

zaron en la Central de Comunidades Nati- 

vas de la Selva Central (CECONSEC). En 

el Cuadro A-1 (Anexo) se resume el proce- 

so organizativo desde 1969 hasta 1996. 

Entre 1970 y 1973, los Yáneshas 

(Amueshas) del Río Palcazu y los Ashánin- 

kas del Río Pichis, desarrollaron diversas 

reuniones conjuntas gestándose en 1973 el 

Congreso Campa del Pichis. Dicho proceso 

se basó en la importante experiencia de las 

dos organizaciones ya mencionadas: el 

Congreso de Comunidades Amueshas y 

CECONSEC. 

En la Amazonía norte, en 1969, se 

forjó la organización Chapi-Shiwag 

(Ijumbau Chapi Shiwag) entre los Aguaruna 

de los ríos Potro y Manseriche (Alto Arna- 

zonas), promovida por la agrupación 

'Vecinos Perú' ligada al Instituto Lingüísti- 

co de Verano (ILV). Al debilitarse el con- 

tacto con dicha entidad evangélica, los 

Aguarunas reactivaron por cuenta propia 

dicha organización, readecuándola a través 

de la creación de varias organizaciones afi- 

liadas.12 También en 1969, se creó la orga- 

nización "Achuarti Ijumdramu" (ATI) del 

pueblo Achuar, ubicado en los ríós Huito- 

yacu y Manchari, afluentes del Alto Pasta- 

za, y en el río Shintusi, afluente del río Mo- 

rona.

En la Amazonía nor-andina, se esta- defender la integridad territorial, la educableció 

tempranamente (1 97 1) la Organiza- ción y salud como elementos prioritarios. Si 

bien en gran medida se organizaron a iniciativa 

propia, es también importante mencionar 

que algunos grupos de apoyo (ong's), 

voluntarios, especialistas y promotores 

contribuyeron de una manera positiva al 

proceso de aglutinamiento y capacitación 

del emergente liderazgo. l4 

Es importante resaltar que este proceso 

inicial no respondía a una coordinación 

central. Recién después de 10 años, culminó 

de manera muy amplia en una coordinación 

nacional. 

ción de comunidades Aguarunas del Alto 

Marañon (OCAAM), perteneciente a las 

comunidades Aguarunas del río Chiriaco 

(Región nor-oriental del Marañón). 

En algunas zonas, por su creciente in- 

serción en el mercado, surgieron varias 

organizaciones encaminadas a fomentar la 

aglutinación de productores indígenas. En 

1976, se creó la Empresa Multicomunal de 

Artesanía Maroti Shobo, del pueblo Shipibo 

en el Ucayali. En 1977, se estableció el 

Comité Central de Producción y Comercia- 

lización del Distrito de Imaza (Región nor- 

oriental del Marañon); y la misma 

CECONSEC de los Asháninkas (Selva 

Central) asumió acciones en ese sentido. 

Estas organizaciones se convirtieron 

al poco tiempo en instancias reivindicativas 

de carácter más integral para defender sus 

tierras, promover la educación bilingüe, la 

atención,a la salud y otras actividades. Por 

ejemplo, las primeras (OCAAM y el Co- 

mité Central de Producción y Comercializa- 

ción del Distrito de Imaza) fueron los ante- 

cedentes directos de lo que más tarde se 

constituyó en el Consejo Aguaruna y 

Huambisa (CAH). Dicho Consejo era la 

primera organización indígena amazónica 

en el país con un carácter regional 

(abarcaba cinco cuencas) e inter-étnico. 

Por otra parte, en el Ucayali, Maroti 

Shobo contribuyó a la formación de la 

Organización de Desarrollo Shipibo 

(ORDESH) en 1979, en el Alto Ucayali. 

En el Medio Ucayali, surgió 

FECONAU (198 1); casi al mismo tiempo, 

en el Bajo Ucayali, se creó FE CON BU.'^ 

Todas estas organizaciones pertenecían al 

pueblo Shipibo-Conibo. 

También en la Selva Central, 

CECONSEC, después de varios intentos de 

comercializar café y otras actividades pro- 

ductivas, asumió un objetivo más amplio: 

C. Proliferación de las organizaciones 

Durante las últimas dos décadas, ha 

ocurrido un extraordinario proceso de creación 

de organizaciones indígenas amazónicas. 

Un importante factor que contribuyó, 

por lo menos de manera inicial, a este ímpetu 

fue la política de apertura del Gobierno 

del General Velasco Alvarado y la Ley de 

Comunidades Nativas de 1974. 

Esta ley requería que los indígenas se 

organizaran en "comunidades nativas" para 

ser reconocidas y tener registro oficial, como 

parte del proceso de titulación de sus 

tierras; asimismo estableció la adopción de 

un estatuto interno, una estructura de autoridades 

comunales y la asamblea como el 

máximo órgano de decisión. Estas tres características 

fueron asumidas por los asentamiento~, 

organizaciones y pueblos indígenas 

de manera muy generalizada y diversa, 

dándole sus propios contenidos y objetivos. 

En cierta manera se canaliza así la búsqueda 

de nuevas modalidades de organización y 

defensa de sus derechos en relación con los 

nuevos desafíos de la sociedad mayor, de 

sus agentes económicos y el propio Estado. 

Al darse esta coyuntura favorable para 

la defensa, recuperación y conservación 

legal de sus tierras, se produjo un amplio

proceso organizativo a nivel comunitario, 

inter-comunitario y federativo a lo largo de 

ríos o cuencas, que más tarde dio lugar a la 

generalización de alianzas inter-étnicas y su 

articulación en una organización nacional. 

Las diversas organizaciones (Congreso 

Amuesha, Congreso Campa del Pichis, 

Consejo Aguaruna-Huambisa, CECONSEC 

y Maroti Shobo) se perfilaron como las más 

consolidadas para proyectar un liderazgo. 

En 1979, constituyeron la Coordinadora de 

Comunidades Nativas de la Selva peruana 

(COCONASEP), la cual asumió en 1980 el 

nombre de Asociación Interétnica de Desarrollo 

de la Selva Peruana (AIDESEP). 

AIDESEP contribuyó a la formación 

de organizaciones indígenas federativas de 

mayor envergadura local y regional en la 

Amazonía peruana, con el objetivo de 

afianzar el proceso de titulación de tierras, 

la educación bilingüe, la atención a la salud 

y proyectos productivos. 

El modelo de federaciones que se 

plasmó, tuvo las siguientes características: 

una alianza que confedera voluntariamente 

a comunidades locales autónomas; 

un liderazgo elegido que representa a las 

comunidades confederadas y que debe, 

en teoría, responder a sus miembros; 

una organización que combina las funciones 

políticas de representación y presión 

política con funciones técnicas para 

ofrecer los servicios necesarios; 

una federación que encuentra la unidad a 

través de una identidad étnica particular; 

una organización que mantiene el ideal 

de autonomía con respecto al Estado, la 

Iglesia y los partidos políticos (Smith, 

1 996a, pág. 94-95). 

A lo largo de las últimas dos décadas, 

resalta el número de organizaciones federa- 

tivas que se forjaron. Se ha documentado la 

existencia actual de 59 federaciones de 

muy variada cobertura, que involucran en 

mayor o menor grado a los 65 pueblos in- 

dígenas de la Amazonía peruana y a una 

gran mayoría de las comunidades nativas 

inscritas y tituladas. Dichas federaciones 

cuentan con un total aproximado de 1, 215 

comunidades nativas afiliadas, lo cual 

representaría un alto porcentaje (93%) del 

total aproximado de 1,300 comunidades 

nativas tituladas (excluyendo asentarnientos 

o agrupaciones locales que no cuentan con 

un reconocimiento como comunidades nati- 

vas) (ver Cuadro A-2, Anexo ). 

No todas las federaciones tienen el 

mismo nivel organizativo ni tampoco son 

étnicamente unitarias. Algunas constituyen 

verdaderas alianzas inter-étnicas de comu- 

nidades pertenecientes a diferentes pueblos 

indígenas, otras involucran a sólo un pue- 

blo. Además, existen pueblos cuya ubica- 

ción geográfica y poblacional es muy ex- 

tendida, como los Asháninkas, Aguarunas, 

Shipibos y Cocamas-Cocamillas, cada uno 

de los cuales tienen varias federaciones. 

Estos factores han dado lugar al sur- 

gimiento de organizaciones de tercer nivel, 

es decir, regionales. Por ejemplo, las orga- 

nizaciones regionales de Iquitos, de San 

Lorenzo, de Pucallpa, la Comisión de 

Emergencia Asháninka, e1 Consejo de Uni- 

ficación Indígena de la Selva Central 

(CUNISECP), y algunas federaciones que 

asumen una coordinación o representación 

regional (por ejemplo, la Federación Nativa 

del Río Madre de Dios y Afluentes, 

FENAMAD; el Consejo Aguaruna- 

Huambisa, CAH; la Federación de Comu- 

nidades Nativas Fronterizas del Putumayo 

(FECONAFROPU). 

AIDESEP (1980) es la organización 

nacional amazónica de más larga trayectoria 

en el país y con el mayor número de fede- 

raciones afiliadas (42).

En 1987 surgió la Confederación de E. Logros importantes de las organiza- 

Nacionalidades . - de la Amazonía Peruana ciones indígenas 

(CONAP).'~ El nacimiento de CONAP tuvo 

una estrecha relación con divergencias de 

orientación programática que surgieron 

frente a AIDESEP y varias de sus federaciones 

afiliadas, profundizadas por la injerencia 

de algunas ong's . Dicha divergencia 

ha restado, sin duda, capacidad a los pueblos 

indígenas de presentar un frente unido 

en su relación con el Estado, las empresas, 

los colonos, las ong's y entidades financieras. 

Es alentador que en el último año, ambas 

organizaciones nacionales y algunas de 

las federaciones han tenido un cierto acercamiento. 

Como se ha indicado anteriormente, 

las últimas tres décadas han representado un 

tiempo de cambios extraordinarios para casi 

todo el contexto amazónico, si consideramos 

la diversidad e intensidad de la presencia 

de actores sociales y económicos, muchos 

de ellos nuevos. En este cambiante 

escenario, la respuesta de los pueblos indígenas 

ha sido a través de la búsqueda de 

nuevas formas de organización. 

Los indígenas tuvieron que innovar 

organizaciones, redefinir los roles de liderazgo 

y forjar dirigentes para responder más 

adecuadamente a los nuevos desafíos que 

D. Articulación internacional 

ponían en peligro su integridad territorial y 

cultural Esta respuesta no sólo fue de los 

Sin duda, la creación de COICA líderes. Las organizaciones comunitarias, 

(1984) representa un hecho muy significati- con sus valores y redes de inter-relación, 

vo. Es importante destacar que AIDESEP constituyeron una sólida trama que permitió 

jugó, durante casi una década, un papel de acelerar el proceso organizativo bajo nuevas 

liderazgo en el contexto de las otras organi- modalidades, dándole un contenido propio, 

zaciones indígenas de los países amazóni- inclusive cuando se imponían requerimiencos 

que la gestaron. 

tos de formalizar su estatus como comuni- 

COICA ha desarrollado importantes 

vínculos no sólo con sus afiliados, sino 

también a nivel internacional.. En representación 

de ellos asistió a eventos y foros internacionales 

sobre derechos indígenas, 

medio ambiente y otros temas, con propuestas 

de gran envergadura. Asimismo, 

forjó alianzas con otras organizaciones o 

redes indígenas y novedosas iniciativas, por 

ejemplo, con ong's ambientalistas y municipalidades 

europeas.. también desarrolló 

gestiones de convencimiento y orientación 

frente a organismos multilaterales como el 

Banco Mundial, el BID y otros, respecto a 

la necesidad de que éstos promuevan un 

mayor respeto a los derechos indígenas en 

el marco de sus operaciones de crédito y 

asistencia técnica.16 

dades nativas. 

Desde las bases, se generó un extraordinario 

consenso sobre el carácter integral 

de sus necesidades. Por ejemplo, al mismo 

tiempo que intensificaron sus esfuerzos para 

obtener el reconocimiento legal de sus comunidades 

y la titulación de sus tierras, 

también innovaron con estrategias para desarrollar 

programas de educación bilingue, 

servicios propios de atención a la salud e 

intentar mejorar sus ingresos a través de 

redes comunales de comercialización. Para 

muchas comunidades, esto implicó un intenso 

proceso de revitalización y rescate 

cultural como condición para amalgamar 

convergencias en función de objetivos y 

estrategias. Entre los indígenas, la renovada 

afirmación de su identidad colectiva fue 

parte de este esfuerzo y cobró particular

importancia para forjar o consolidar sus 

federaciones. "' 

Todo este esfuerzo organizativo requi- 

rió un intenso proceso de capacitación de 

líderes (formal e informal) y un aprendizaje 

veloz del manejo de relaciones con distintos 

actores en las localidades, regiones y en la 

propia capital del país (Lima). En ésta 

última, se dio la necesidad de conocer y 

maniobrar una verdadera maraña de gestio- 

nes burocráticas para los trámites más ele- 

mentales, inclusive para obtener los docu- 

mentos básicos de identidad personal, que 

carecían por la ausencia, lejanía o indife- 

rencia de autoridades estatales en la Ama- 

zonía. De esta forma trataron de sobrepasar 

el poder local que constituía el primer esla- 

bón de una estructura de exclusión social. 

De manera significativa pero sólo en ciertas 

coyunturas, el poder estatal central facilitó y 

abrió ciertos espacios más penneables que 

permitieron a los pueblos indígenas nego- 

ciar mejores condiciones o garantías para la 

atención a sus necesidades. 

El proceso organizativo de los indíge- 

nas amazónicos no se puede entender sin 

tomar en cuenta la inter-relación entre la 

afirmación de su identidad cultural y la de 

sus derechos ciudadanos. Hasta las recien- 

tes décadas, el reconocimiento, y más aún, 

el ejercicio efectivo de sus derechos como 

ciudadanos, ha sido frecuentemente ignora- 

do.18 En efecto, diversos autores han resal- 

tado las persistentes y cotidianas formas de 

discriminación que sufren los indígenas 

amazónicos en el Perú, aspecto que refuerza 

su exclusión para el ejercicio real de sus 

derechos de ciudadanía.19 

Un efecto importante de este proceso, 

además de revelar nuevas formas de organi- 

zación y estrategias, ha sido la creciente 

participación de los indígenas amazónicos 

en los procesos electorales, incluyendo la 

victoria de alcaldes indígenas en varios dis- 

tritos y provincias municipales donde tradi- 

cionalmente la población indígena era con- 

siderada minoritaria o marginada. Por 

ejemplo, el Concejo Aguaruna y Huambisa 

(Provincia de Condorcanqui y sus distritos) 

ha logrado desde hace 14 años colocar al- 

caldes indígenas. Un similar proceso, más 

reciente, involucró a otros pueblos indíge- 

nas, sin bien aún es incipiente. Dicha parti- 

cipación implicó, entre otros aspectos, esta- 

blecer nuevas relaciones para superar la 

tradicional indiferencia o prepotencia hacia 

los indígenas por parte de muchas autorida- 

des hcales. 

Un aspecto muy positivo de las expe- 

riencias organizativas fue la intensa interac- 

ción entre líderes de diferentes pueblos in- 

dígenas, algo que estuvo casi ausente en las 

décadas anteriores, salvo el contacto entre 

el liderazgo de pueblos indígenas vecinos o 

de la misma región. Se han forjado alianzas 

inter-étnicas de mayor envergadura, que en 

algunos casos implicó superar viejas rivali- 

dades. Por otra parte, la presencia de otros 

actores sociales en la Amazonía, especial- 

mente colonos, las misiones y otros, contri- 

buyó a la difusión del castellano como len- 

gua franca. Esto permitió la comunicación 

entre líderes y pueblos indígenas lingüísti- 

carnente diferenciados. El creciente con- 

tacto entre sí además estimuló a forjar una 

mayor conciencia de los intereses comunes 

y proponer estrategias compartidas. 

Asimismo, los líderes de las comuni- 

dades y federaciones tomaron mayor con- 

tacto con diversas ong's y representantes de 

instancias financieras internacionales, lo 

cual facilitó el acceso a recursos técnicos y 

económicos para la ejecución de proyectos 

de capacitación, titulación, educativos y 

productivos. Es importante resaltar que la 

propia actividad de las ong's y el apoyo 

financiero externo han tenido un significati- 

vo rol para suplantar o complementar servi- 

cios en ausencia de una mayor presencia del 

Estado en muchas áreas amazónicas.

Uno de los logros más importantes, 

especialmente de parte de AIDESEP y sus 

diversas federaciones afiliadas ha sido la 

titulación de tierras, con el apoyo de varias 

instituciones financieras de desar.rollo. Di- 

cho proceso hubiera sido mucho más lento e 

ineficaz sin el asiduo trabajo de las organi- 

zaciones indígenas y las comunidades de 

base, que se involucraron no sólo en los 

trámites sino también en la labor de gestión 

de financiamiento y de convenios con ins- 

tituciones del Estado.. La tarea de lindera- 

ción y demarcación en el terreno ha contado 

con una gran participación comunal, abara- 

tando costos, que usualmente son subesti- 

mados o no se los contabiliza. 

Otro avance --en gran medida debido 

a la propia iniciativa y presión de las orga- 

nizaciones indígenas-- ha sido intervenir en 

la formación de maestros indígenas bilin- 

gües. Así se creó el Programa de Formación 

de Maestros Bilingües de la Amazonía 

Peruana. Dicho programa funciona en el 

Instituto Pedagógico Superior (Iquitos), 

bajo convenio entre el Ministerio de Educa- 

ción y AIDESEP, el cual congrega a jóve- 

nes de muy diversos pueblos indígenas pro- 

puestos por las federaciones. Por otra parte, 

se efectúa en diversas comunidades una 

capacitación periódica de profesores no 

titulados (un alto porcentaje) durante las 

vacaciones. También se ha logrado que 

maestros indígenas ocupen cargos en las 

direcciones zonales de educación, para una 

mejor orientación del sistema oficial hacia 

las comunidades.. Estos avances, si bien aun 

muy incipientes por la gran demanda en una 

región tan extensa del país, con frecuencia 

no encuentran el adecuado apoyo y finan- 

ciamiento estatal. 

F. Limitaciones, problemas y desafíos 

Muchos líderes indígenas, técnicos y 

especialistas no indígenas, así como autori- 

dades, revelan una tendencia a concentrar 

su atención en la dinámica interna de las 

organizaciones. Resaltan las deficiencias 

del manejo o gestión administrativa y los 

factores personales que disgregan. Este en- 

foque pasa por alto que se presentan simila- 

res dificultades en la dinámica de otros 

sectores como, en las organizaciones sindi- 

cales o populares, partidos políticos, ong's 

u otras que inclusive tienen una mayor tra- 

yectoria institucional que las recientes or- 

ganizaciones indígenas.. 

Asimismo, tienden a omitir los facto- 

res externos que influyen en la dinámica 

organizativa indígena, como la generalizada 

indiferencia de muchos sectores de la so- 

ciedad civil y del propio Estado, respecto a 

la situación vulnerable y el carácter com- 

plejo e integral de los problemas que en- 

frentan los pueblos indígenas. La carencia 

de mecanismos estatales de diálogo, con- 

sulta y participación a nivel nacional, regio- 

nal y local con las organizaciones indígenas 

contribuye a la dispersión de esfuerzos y a 

la búsqueda de 'personas de confianza'. 

Estos funcionarios ubicados en diversas 

oficinas se colocan como dispensadores de 

favores a los indígenas, cuando en realidad, 

como interlocutores institucionales tienen la 

responsabilidad de atenderlos y escuchar su 

legítima demanda como ciudadanos. 

Los indígenas exigen ser escuchados 

cuando una autoridad o técnico pretende 

imponer su propia visión sobre un asunto de 

vital importancia para ellos. Sin embargo, al 

expresar su disconformidad, su propuesta o 

solución alternativa, con frecuencia obtie- 

nen respuestas evasivas, poco comprome- 

tedoras y muchas veces usando un lenguaje 

peyorativo o desconociendo la legitimidad 

de los dirigentes.20 

Al encontrar incomprensión de sus 

problemas o un trato discriminatorio, las 

organizaciones y sus líderes gastan muchos

esfuerzos, recursos y tiempo para hacerse 

escuchar y presentar sus puntos de vista o 

propuestas de manera razonable para que 

puedan entenderlos o accedan a sus peticio- 

nes. 

Algo fundamental que las organiza- 

ciones indígenas han logrado es su confor- 

mación como personas jurídicas. Las co- 

munidades nativas, sus federaciones y las 

dos organizaciones nacionales tienen perso- 

nería jurídica, que les permite ejercer acti- 

vidades legales, económicas, firmar con- 

tratos, desarrollar actividades culturales, 

convenios y representación de sus bases. 

Con frecuencia los representantes le- 

gítimos de las organizaciones indígenas son 

ignorados o cuestionados en cuanto a su 

representatividad cuando tratan con institu- 

ciones estatales, empresas u otras instan- 

cias. Esto ocurre a pesar de que ellos cum- 

plen de manera regular con los requisitos 

legales, entre éstos, la elección de directivos 

y representantes comunales, mediante 

asambleas. Quizás aquí es donde las organi- 

zaciones indígenas enfrentan uno de los 

mayores problemas, pues no sólo les resta 

capacidad para defender debidamente los 

derechos de sus miembros, sino de elaborar 

y presentar propuestas para incorporar una 

normativa adecuada en las leyes y regla- 

mentos que les afecta directamente. 

Los pueblos indígenas, sus organiza- 

ciones y líderes, también invierten una con- 

siderable atención, recursos humanos y 

económicos, para defender su territorio de 

procesos complejos como la wlonización, 

los 'programas de retorno", la incursión de 

empresas agroindustriales, madereras, mi- 

neras y petroleras, y otros agentes económi- 

cos que cuentan con un marco jurídico fa- 

vorable y un evidente apoyo del Estado, por 

acción u omisión. 

La presencia de actores ligados al nar- 

cotráfico y a otras actividades ilegales, la 

incursión de grupos armados insurgentes y 

en algunos casos, los propios puestos poli- 

ciales y militares encargados de reprimirlos, 

han provocado situaciones de violencia en 

muchas áreas de la Amazonía , lo que cons- 

tituye un problema difícil de resolver. 

Por la centralización de las institucio- 

nes estatales en Lima, las organizaciones 

indígenas se han visto precisadas a crear 

instancias de coordinación nacional, lo cual 

ha requerido la instalación de oficinas y 

presencia prolongada de dirigentes indíge- 

nas en la capital. Esta exigencia ha contri- 

buido a generar algunos de los mayores 

problemas internos. Por ejemplo, no siem- 

pre se ha dado una rotación de liderazgo o 

la necesaria delegación de funciones, limi- 

tándose la formación de cuadros de relevo 

para asegurar una continuidad en la gestión. 

Sin duda, un factor que ha incidido en esta 

situación ha sido la lejanía y dificultades de 

transporte y medios de comunicación, por la 

extensión de la región amazónica. Por otro 

lado, la predominancia en la organización 

nacional de un liderazgo proveniente de un 

determinado pueblo indígena, con frecuen- 

cia ha dado lugar a que se privilegie dicha 

relación o se concentre la canalización de 

recursos financieros y de asesoramiento, 

generando susceptibilidades en las otras 

federaciones o pueblos indígenas que no se 

sienten adecuadamente representados o 

atendidos. 

Asimismo, al participar en las elec- 

ciones municipales y luego asumir nuevos 

cargos y responsabilidades en los gobiernos 

locales, provinciales y distritales, se eviden- 

cia la carestía de profesionales indígenas, 

para que sirvan de apoyo técnico y de con- 

fianza a las autoridades indígenas elegidas. 

Los nuevos alcaldes actúan en un contexto a 

veces hostil o escéptico de su gestión por 

ser "nativos". En algunos casos, han sido 

objeto de sabotaje21 de parte de empleados 

municipales. Los alcaldes indígenas tienen 

un gran reto para demostrar su capacidad de

ejecutar obras. Son pocas las organizacio- 

nes indígenas y ong's que están prestándo- 

les un apoyo técnico para enfrentar este 

desafío. 

Si bien se han dado importantes alian- 

zas inter-étnicas, éstas a veces demostraron 

inestabilidad, lo que merma la capacidad de 

la federación y el control social sobre los 

líderes pertenecientes a otros pueblos indí- 

genas que la integran. Dicha fragilidad 

contribuyó, en algunos casos, a la atomiza- 

ción de federaciones o a mantener siglas de 

organizaciones cuya existencia ya no es 

evidente. Estas limitaciones pueden ser su- 

peradas, rescatando el consenso comunita- 

rio a través de asambleas más frecuentes y 

mejor organizadas, con mayor transparen- 

cia, el debate amplio y la evaluación de la 

gestión dirigencial. 

A raíz del creciente interés a nivel in- 

ternacional por la situación de los pueblos 

indígenas y la protección del medio am- 

biente, se generaron distintas redes, nume- 

rosos foros y eventos, así como una estrecha 

relación con instancias filantrópicas 

(fundaciones), otras instituciones donantes 

de los países del Norte o agencias de coope- 

ración internacional, para el financiamiento 

de proyectos. Este contacto institucional 

generó una tendencia a privilegiar relacio- 

nes con ciertos líderes, la cual reforzó un 

alto grado de protagonismo de éstos en su 

rol de interlocutores para obtener recursos 

financieros. Con mucha frecuencia, el trato 

individualista de estos organismos- 

producto de una cultura occidental ajena a 

los valores indígenas y a los mecanismos 

propios de decisión de las comunidades- 

conllevaba una correspondiente subestima- 

ción de la organización indígena como un 

proceso o producto colectivo. 

Las relaciones con las ong's ha sido 

muy variada y no pocas veces exenta de 

conflictos y problemas. Durante un período 

inicial, cuando se gestaba el proceso orga- 

nizativo indígena a nivel nacional, algunas 

ong's ejercieron un importante papel de 

asesoría e intermediación financiera de re- 

cursos externos. 

Las ong's, especializadas en la Ama- 

zonía, con frecuencia han competido entre 

ellas por la obtención de recursos financie- 

ros. también han diferido en cuanto a estra- 

tegias y formas de vinculación o identifica- 

ción con organizaciones indígenas de uno u 

otro pueblo o grupo étnico.. Estas diferen- 

cias se expresaban a veces como profundas 

rivalidades que incidían en la propia diná- 

mica organizativa indígena. Esta fue una de 

las causas de conflicto entre las mismas 

organizaciones indígenas22, que culminó en 

un fraccionamiento a nivel nacional. Di- 

chas rivalidades fueron "instituciona- 

lizadas", al surgir dos organizaciones na- 

cionales, debilitándose la capacidad del 

movimiento indígena. No siempre estas 

diferencias expresaban profundas divergen- 

cias ideológicas o políticas; más bien, pare- 

cerían estar más relacionadas a divergencias 

en cuanto a tácticas, estrategias o grado de 

representatividad con las bases. 

Las diversas ong's deberán evaluar 

sus estrategias de acción como acompa- 

ñantes solidarios de un proceso organizativo 

indígena, asumir un menor protagonismo y 

desarrollar, con renovada creatividad, el 

apoyo técnico que indudablemente prestan a 

los pueblos indígenas. Los desafíos que 

enfrentan los indígenas amazónicos y sus 

organizaciones son mucho más complejos y 

cualitativamente distintos a los que Existían 

hace una década. Esto requiere una corres- 

pondiente capacidad de adaptación de parte 

de las ong's.

A continuación se resaltan algunas de 

las principales ambigüedades y vacíos le- 

gales que se han podido constatar en la ac- 

tual legislación en relación con los pueblos 

indígenas amazónicos. 

A. Tierras 

La Ley de Comunidades Nativas y de 

Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva 

y Ceja de Selva de 1974 (Decreto Legislativo 

No. 20653) abrió por primera vez la 

posibilidad legal de entregar a los indígenas 

la propiedad plena de los bosques y tierras 

que venían ocupando, utilizando criterios 

amplios para la delimitación del territorio, 

incluyendo entre éstos, los múltiples usos 

del bosque (caza, pesca, recolección).. Dicha 

Ley garantizó la inalienabilidad, inembargabilidad 

e imprescriptibilidad de las tierras 

comunales, así como su carácter colectivo. 

Otorgó a las autoridades indígenas el poder 

jurisdiccional para resolver asuntos litigiosos 

de mínima cuantía. Eximió las propiedades 

territoriales indígenas del pago de 

impuestos. Determinó opciones preferenciales 

para que las comunidades dueñas de 

estas tierras pudieran conseguir créditos 

para sus proyectos de desarrollo, obtener 

licencias para la explotación de 

"barrea1e~"~~ecinos a las tierras comunales 

y ampliar sus territorios, en la eventualidad 

de que sus áreas actuales fueren insuficientes. 

La mencionada Ley significó un importante 

avance en cuanto al reconocimiento 

de la propiedad colectiva indígena, 

pero sentó las bases para la atomización del 

territorio indígena al trasladar el concepto 

CAPITULO IV 

AMBIGUEDADES Y VACIOS LEGALES 

de la comunidad andina a una realidad social 

diferente En la Amazonía, cada asentamiento 

indígena ocupa y explota un espacio 

que considera su hábitat inmediato, pero 

al mismo tiempo comparte y utiliza con 

otros asentamientos indígenas, un territorio 

determinado de mayor envergadura. Al considerar 

a la comunidad nativa como la unidad 

territorial se desconoce la práctica ancestral 

de usufructo común del bosque, del 

río y demás recursos." Además esta Ley 

reprodujo, casi de forma exacta, la concepción 

de las comunidades andinas, con sus 

formas de gobierno, sistema de tenencia de 

la tiena y toma de decisiones muy diferentes 

a la de los pueblos indígenas amazónicos. 

El innegable avance en favor de los 

derechos de las comunidades nativas puede 

verse menguado por los artículos 88 y 89 

de la Constitución de 1993 y por la llamada 

Ley de Tierras (1995).~~ El orden constitucional 

del 93 (arts. 88 y 89), al abolir la 

irialienabilidad y la inembargabilidad de las 

tierras indígenas y al relativizar la imprescriptibilidad, 

parece haber sustraído a la 

tradicio~al legalidad indígena el más sólido 

e importante soporte a la supervivencia de 

los pueblos indígenas amazóni~os.~~ Además, 

como se verá más adelante con mayor 

detalle, la llamada Ley de Tierras introduce 

disposiciones que crean inseguridad jurídica 

sobre las tierras comunales. 

B. Los derechos sobre la tierra 

En cuanto al reconocimiento del dere- 

cho de las comunidades a la tierra y a la 

responsabilidad del Estado para asegurar el

cumplimiento formal de este reconoci- 

miento, las normas actuales, definidas en la 

Constitución Política de 1993, el Convenio 

núm 169 y las leyes nacionales ordinarias y 

especiales (el Código Civil y el Régimen de 

Comunidades Nativas), reiteran lo que ya 

desde varias décadas atrás ha tenido plena 

vigencia en el país: las comunidades nati- 

vas tienen derecho a la tierra que han ocu- 

pado de tiempo atrás, con sujeción a las 

formas de tenencia y uso que habitualmente 

han empleado, y el Estado se encuentra en 

la obligación de dar curso legal al recono- 

cimiento del dominio y posesión de tales 

espacios 

No obstante, la legalidad sobre la tie- 

rra presenta algunos retrocesos que com- 

prometen la capacidad de los indígenas para 

acceder a la tierra y para mantener su domi- 

nio a perpetuidad. El primero aparece con la 

reforma de la Ley de Comunidades Nativas 

de 1978;' que estableció una doble modali- 

dad de entrega de tierras a las comunidades: 

(a) en pleno dominio, para las tierras de 

vocación agrícola y pecuaria; y (b) en uso, 

para las áreas de vocación forestal, en lugar 

de la modalidad de entrega contemplada en 

la ley anterior que implicaba la propiedad 

sobre la totalidad de las áreas reclamadas 

por los indígenas. 

El segundo retroceso aparece como 

resultado de lo dispuesto en los arts. 88 y 89 

de la Constitución de 1993, en armonía con 

cuyo texto desaparece el carácter inaliena- 

ble e inembargable que tenían las propieda- 

des comunales, y el carácter imprescripti- 

ble deviene en una condición precaria y 

condicionada. La contradicción se pone de 

manifiesto al cotejar estas normas con el 

art. 14 del Convenio núm. 169 que reconoce 

el "derecho de propiedad y de posesión 

sobre las tierras que tradicionalmente ocu- 

pan " las comunidades El 

Convenio además introduce los conceptos 

de "pueblos" para las agrupaciones indíge- 

nas y de "territorios" para sus espacios de 

uso, a fin de asegurar su perdurabilidad. 

Con el propósito de llamar la atención 

sobre un ordenamiento que ha venido a 

convertirse en un factor. constante de contradicción 

con diversos ordenamientos legales, 

y particularmente con los relacionados 

con la territorialidad indígena, merece 

ser analizada la llamada Ley de Tierras.. Al 

vale la pena destacar algunas 

observaciones: 

(a) Algunos términos ~isados en esta 

Ley resultan imprecisos por la divergencia 

con conceptos ya definidos en ordenamientos 

anteriores y a los que en dicho 

texto se les asigna nuevos contenidos 

b) La ambigüedad e imprecisión en la 

determinación del fuero legal al que finalmente 

habrán de quedar sometidas las Ilamadas 

"tierras agrícolas" de las comunidades 

campesinas y nativas. En este caso, el 

art. 2 da origen a un conflicto jurídico al 

incorporar las tierras de las comunidades 

nativas y campesinas en la categoría de tierras 

agrícolas sujetas "al Código Civil y a la 

presente ley", con lo que se pretende obviar 

el ordenamiento especial que rige el manejo 

de los territorios de estas comunidades 

contenido en los convenios internacionales 

y la Constitución que reconoce la autonomía 

de gobierno y manejo interno de sus 

asuntos a las comunidades indígenas. Es 

indispensable mejorar el texto de la Ley de 

Tierras para precisar que únicamente los 

casos no previstos en ella, serán resueltos 

conforme a las disposiciones que para los 

casos específicos se contemplen en el Código 

Civil. 

(c) La imprecisión formal del artículo 

5, que habla del "abandono de las tierras 

dadas en concesión " como determinante de 

extinción del dominio a favor del Estado. 

Dicha figura no parece justa, dado que resultaría 

aplicable exclusivamente sobre las

tierras dadas en uso a las comunidades, las 

cuales, en el caso de las comunidades nati- 

vas son de vocación forestal. 

(d) Los arts. 8, 9, 10 y 1 1 abren una serie 

de opciones para que las comunidades se 

decidan a disponer o enajenar su patrimonio 

territorial. Tales medidas motivan graves 

inquietudes por los riesgos que dicha normatividad 

representaría en relación con la 

propiedad y patrimonio comunal, lo cual 

implicaría la disolución de la comunidad y, 

en este sentido, iría en contra del ordenamiento 

constitucional y de los compromisos 

asumidos en los convenios internacionales 

ratificados. Se debe tomar en cuenta los 

nefastos efectos que medidas similares produjeron 

en el pasado para el sistema de comunidades 

indígenas, tanto en el Perú como 

3 O 

en otros países con situaciones similares,, 

C. En cuanto a los procedimientos para 

acceder al dominio legal sobre la tie- 

rra: 

La Ley de Comunidades Nativas y su 

normativa conexa3 l, señalan los trámites 

que deben seguir las comunidades nativas 

para obtener los títulos legales de dominio o 

de uso sobre las tierras que han poseído y 

aspiran seguir poseyendo. En esencia, estos 

trámites contemplan dos fases distintas pero 

complementarias: (a) la obtención del reconocimiento 

legal como entidades con personería 

jurídica y capacidad para actuar en 

derecho; y (b) el otorgamiento a su favor de 

un título que les acredite como titulares de 

la propiedad o asignación de las tierras que 

poseen y reclaman. Merece destacarse el 

extremado legalismo, sobrecarga de instancias 

y multiplicidad de entidades que intervienen 

en estos procesos, lo que los hace 

costosos y muy complejos y la escasa o casi 

nula participación de las comunidades en 

tales procesos. 

En la primera disposición final de la 

nueva Ley de Tierras, se da '>or concluidas 

las acciones administrativas y judiciales 

sobre tierras en las que es parte el Estado, 

seguidas al amparo de las disposiciones 

legales del derogado Texto Unico Concordado 

del Decreto Ley No 17716~~ umpliatorias, 

modzficatorias y conexas, y Decreto 

Legislativo No 653: en cualquier estado 

del proceso". Podría interpretarse que la 

aplicación de este artículo afectaría a las 

comunidades campesinas y nativas que aún 

están tramitando sus derechos territoriales, 

y, por consiguiente, aún no están resueltos, 

pudiendo resultar privadas de su derecho. 

Dicha interpretación se ve además alimentada, 

con la lectura de la segunda disposición 

complementaria de la misma Ley, según 

la cual, "el Estado procederá a la venta 

de las tierras eriazas de su dominio en subasta 

pública". 

D. Acerca de los derechos sobre los re- 

cursos naturales 

Las normas legales relacionadas con 

esta materia se encuentran dispersas en di- 

versos ordenamientos y expresan relación 

con los aspectos de dominio, uso y admi- 

nistración, tanto de recursos naturales reno- 

vables como de recursos mineros y del sub- 

suelo en general. El tema reviste una espe- 

cial complejidad por la gran variedad de 

circunstancias en las cuales pueden hallarse 

las comunidades indígenas respecto a la 

tierra: en pleno dominio, cedidas en uso, en 

áreas sometidas a régimen de protección 

especial, en áreas de reserva comunal y en 

tierras poseídas por tradición pero sin nin- 

gún título. 

En la conjugación de todos los ele- 

mentos enunciados anteriormente, se da una 

considerable variedad de situaciones, con 

frecuencia no resueltas coherentemente por 

las normas legales. Vale la pena señalar en

esta materia, algunos temas absolutamente 

fundamentales, como el de la propiedad de 

los recursos forestales. En tal sentido, se 

puntualizan algunos aspectos que resultan 

relevantes: 

(a) Del texto del Convenio núm. 169 se 

desprende que los pueblos indígenas tienen 

derecho de propiedad sobre los recursos 

naturales renovables en el ámbito de su 

territorio. 

(b) Tanto en las Áreas Naturales Prote- 

gidas, como en las Reservas Comunales 

pendientes aún de creación, y en las tierras 

entregadas en uso, la capacidad de aprove- 

chamiento de las comunidades indígenas se 

encuentra seriamente limitada; la precarie- 

dad de los derechos indígenas en cuestión 

de tenencia o "posesión" de tales áreas hace 

que tal capacidad revista también un franco 

carácter de inestabilidad y de riesgo de de- 

saparición. 

(c) El Estado Peruano tiene el pleno 

dominio de los recursos no renovables y del 

subsuelo (como los yacimientos de minera- 

les e hidrocarburos) y la habilitación para 

explotar discrecionalmente tales recursos, 

de manera directa o a través de concesiones 

a terceros. Estos derechos del Estado se 

extienden, como en la mayoría de los países 

americanos, a los recursos del subsuelo en 

los territorios indígenas. 

El Convenio núm. 169 señala en su 

art. 1 5 inciso 2, que "... los gobiernos debe- 

rán establecer o mantener procedimientos 

con miras a consultar a los pueblos 

[indígenas] interesados, a fin de determi- 

nar si los intereses de esos pueblos serían 

perjudicados, y en qué medida, antes de 

emprender o autorizar cualquier programa 

de prospección o explotación de los recur- 

sos existentes en sw tierras. Los pueblos 

interesados deberán participar siempre que 

sea posible en los beneJicios que reporten 

tales actividades, y percibir una indemniza- 

ción equitativa por cualquier daño que 

puedan sufrir como resultado de esas acti- 

vidades". 

Toda vez que en la legislación espe- 

cial sobre tierras y recursos naturales de 

indígenas no aparecen normas adecuadas 

que procuren medidas para prevenir los 

impactos de orden económico, social, cultu- 

ral y ecológico que puedan derivarse sobre 

las comunidades nativas y sus espacios de 

uso, como consecuencia de las actividades 

de extracción de recursos o de indemniza- 

ción por daños que puedan ser ocasionados 

por la misma razón, sería conveniente dictar 

normas y establecer procedimientos para 

garantizar su ejercicio por las comunidades 

indígenas. 

(d) A propósito de lo anterior, no está 

demás señalar que las disposiciones que en 

materia de estudios de impacto ambiental 

establece el Código del Medio Ambiente y 

los Recursos ~aturales,~~ solamente se 

refieren al impacto de carácter ambiental y 

social, pero en ningún momento contemplan 

otro tipo de incidencias negativas que 

podrían derivarse; por ejemplo, en materia 

económica o cultural, para las poblaciones 

directa o indirectamente relacionadas con 

los proyectos extractivos o de obras a realizarse. 

(e) La discrecionalidad de la autoridad sectorial 

competente, para determinar los Ilamados 

"niveles o estándares tolerables de 

contaminación o deterioro del medio ambiente", 

y las actividades potencialmente 

susceptibles de producir tales niveles, parece 

representar un factor limitante para el 

ejercicio de una actividad de fiscalización y 

control por las entidades responsables de 

hacerlo. 

(f) Al hacer mención, de manera especial, 

a la circunstancia legal que envuelve a

los pueblos y comunidades indígenas, con 

motivo de la actividad petrolera en jurisdicción 

de las tierras que les han sido legalmente 

entregadas y de aquellas que ocupan 

por tradición, deben puntualizarse algunos 

criterios derivados del examen de los ordenamiento~ 

que hacen referencia, de manera 

directa o indirecta, al asunto en ellos tratado 

: 

1) La Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 

No 26221 de 1993), no contempla ninguna 

norma especial que garantice de 

manera explícita los derechos de las 

comunidades indígenas en la eventualidad 

de actividade;de este tipo en tierras 

que les pertenezcan.. Algunas normas de 

esta Ley consideran de manera bastante 

genérica la responsabilidad de las empresas 

petroleras en la conservación del 

medio ambiente (art. 14 y 33). La disposición 

del art. 82, habla por su parte, 

del respeto que deberá tenerse con los 

derechos de terceros, cuando vaya a hacerse 

uso del agua, la madera y demás 

elementos necesarios para las operaciones, 

y de la posibilidad de gestionar las 

servidumbres que sean requeridas, debiendo 

indemnizar a los propietarios de 

las tierras "los perjuicios económicos" 

que lleguen a ocasionar. 

2) La condición de terceros y dueños, o al 

menos poseedores y ocupantes legales 

que tienen los indígenas sobre sus tierras, 

les otorga sin duda la capacidad de 

invocar estas disposiciones para reclamar 

compensación por daños o pérdidas 

en su patrimonio. Pero esta posibilidad 

resultaría seriamente limitada, ya que 

según la Ley de Comunidades Nativas 

(1978, art. 31) las tierras de la Selva y 

Ceja de Selva quedan sujetas a servidumbres 

de distinto tipo y sin compen- 

~ación.~~ No obstante, en virtud de lo 

previsto en el Convenio núm. 169, debe 

entenderse que los pueblos indígenas 

conservan su derecho a los beneficios 

de la explotación y la compensación. 

3) El llamado para la Protección Ambiental 

en las Actividades de ~idrocarburos~~, 

en su artículo 12, determina que 

"cuando un proyecto pueda afectar a 

comunidades nativas o campesinas, se 

incluirán en el Estudio de Impacto Am- 

biental-EIA las medidas necesarias pa- 

ra prevenir, minimizar o eliminar los 

impactos negativos sociales, culturales, 

económicos y de salud". La norma tiene, 

sin duda un especial interés, como me- 

dida de salvaguarda posible de los dere- 

chos indígenas 

Sin embargo, conviene recordar que las 

normas especiales que regulan el cum- 

plimiento de los Estudios de Impacto 

Ambiental han sido seriamente cuestio- 

nadas por las discrecionales atribucio- 

nes que se otorgan a las entidades im- 

pulsoras de las obras o de las concesio- 

nes o permisos, para determinar la na- 

turaleza y contenido de los estudios y 

para aprobarlos, con lo cual se excluye 

la intervención de entidades indepen- 

dientes y libres de toda sospecha de in- 

terés determinante en su aprobación. 

Otro vacío repetidamente señalado en 

estos estudios, es la ausencia de verda- 

deros mecanismos de publicidad, que 

hagan posible que los sectores sociales 

afectados, o la ciudadanía en general, 

hagan sus observaciones o formulen sus 

reclamaciones o cuestionamientos de 

orden técnico o jurídico acerca del con- 

tenido de dichos estudios. 

4) El artículo 7 de la llamada Ley de Tie- 

rras, con la reforma que le introdujo la 

Ley No 26570 del 21 de diciembre de 

1995, dispone que "La utilización de 

tierras para el ejercicio de actividades 

mineras o de hidrocarburos requiere 

acuerdo previo con el propietario o la 

culminación del procedimiento de ser-

vidumbres que se precisará en el Reglamento 

de la presente ley. En el caso 

de servidumbre minera o de hidrocarburos, 

el propietario de la tierra será 

previamente indemnizado en efectivo 

por el titular de actividad minera o de 

hidrocarburos, según valorización que 

incluyo compensación por el eventual 

perjuicio, lo que se determinará por 

resolución suprema rependada por los 

Ministros de Agricultura y de Energía y 

Minas ". 

Esta norma, que no menciona de manera 

explícita a las comunidades indígenas 

pero que sin duda comprende también el 

caso de sus tierras, representa un avance 

en relación con las responsabilidades de 

indemnización previa de posibles impactos 

negativos en las tierras y otros 

bienes de los indígenas. Sería aconsejable 

que las comunidades indígenas dispusieran 

de asesoría y de información 

técnica y jurídica para negociar en pie 

de igualdad con las empresas petroleras. 

Por la especial vulnerabilidad de los 

pueblos indígenas aislados o no contactados 

se requiere un tratamiento aún 

más cuidadoso y vigilante por parte del 

Estado y de las autoridades locales. Sería 

especialmente pertinente que con un 

carácter previsor se establezca una reglamentación 

que contemple las diversas 

situaciones y las formas cómo prevenir 

los impactos negativos. 

5) El tratamiento débil, ambiguo e impreciso 

de las normas arriba citadas debería 

ser atendido a fin de lograr la compatibilización 

de las mismas con las disposiciones 

de la Constitución y del Convenio 

núm. 1 6937, en cuanto se refiere a 

la seguridad jurídica de los derechos de 

las comunidades indígenas sobre sus tie- 

E. El régimen de gobierno interno de 

las comunidades 

El art. 89 de la Constitución, las normas 

especiales del Código Civil y de la Ley 

de Comunidades ~ativas~' y su Reglamento', 

concurren a definir dicho régimen, que 

al ser analizado, no resulta siempre coherente 

ni de fácil comprensión. La Constitución 

reconoce con claridad la existencia de 

las comunidades nativas como un hecho 

social y político, que por este carácter, revisten 

la condición de personas jurídicas. 

podría decirse que este postulado se proyecta 

en las disposiciones de carácter legal 

y reglamentario que determinan la conformación 

de las comunidades nativas, su dirección, 

su grado de autonomía, sus fines 

más importantes y sus relaciones con el 

Estado. Sin embargo, esta proyección no 

resulta siempre armónica con el texto constitucional 

y, en cada una de estas facetas, se 

suscitan frecuentes incongruencias y obstáculos 

a la plena vigencia del texto constitucional: 

(a) En cuanto a la conformación de las 

comunibades nativas, parece evidente que 

al hacer el enunciado de los elementos que 

definen la existencia de las comunidades 

nativas como tales, las normas se quedan 

cortas en el señalamiento de todos aquellos 

factores que contribuyen a darles vida; 

(b) Al hablar de la dirección de las 

comunidades nativas, es claro que al señalar 

un modelo de órgano responsable en las 

tareas de orientación y dirección de la comunidad, 

lejos de asegurarse un ámbito de 

autonomía organizativa, se está uniformando 

a la generalidad de las comunidades bajo 

un único patrón de gobierno. 

rras y sus derechos como comunidades (c) En cuanto a la autonomía comunal, 

y personas, frente a las actividades de es claro que la determinación generalizada 

explotación petrolera y minera.38 de un tipo de órgano administrativo para

todas las comunidades acredita una clara 

vulneración de tal postulado; asimismo, en 

cuanto a las relaciones que tienen las comu- 

nidades y sus autoridades con los poderes 

distritales, provinciales y regionales, la 

"autonomía económica y administrativa" de 

las comunidades jurídicamente reconocidas 

queda seriamente desdibujada o desaparece. 

(d) Revisando el inventario de las 

atribuciones que les han sido señaladas, los 

fines de la comunidad se determinan fun- 

damentalmente en función de asegurar la 

protección del sistema comunitario, el or- 

den interno y el mejoramiento de la calidad 

de vida de los comuneros. Sin embargo, se 

percibe que en los últimos ordenamientos 

constitucionales y legales adoptados, se 

abre una modificación en el orden de estas 

finalidades, otorgándole una importancia 

central a los propósitos de desarrollo y cre- 

cimiento económico. Es claro que este en- 

foque no guarda armonía con el acervo tra- 

dicional de valores que inspiran el modelo 

de vida de las comunidades nativas ni con 

la mayoría de las normas que establecen el 

régimen de las comunidades. 

(e) Existe una vasta normatividad en 

cuanto a las relaciones de las comunidades 

nativas con el Estado, por ejemplo, sobre el 

reconocimiento de la existencia legal de las 

comunidades, la legalización de sus tierras, 

el saneamiento de éstas cuando están ocu- 

padas por terceros y el mantenimiento del 

orden interno en cada comunidad. Sin em- 

bargo, en la aplicación concreta de la nor- 

matividad, ias comunidades enfrentan difi- 

cultades porque la reglamentación respecti- 

va resulta complicada, insuficiente o impre- 

cisa. Resulta además, ambigua, en la de- 

terminación de responsabilidades que con- 

ciernen a las entidades estatales y del ám- 

bito de participación de las comunidades. 

F. Administración de justicia y derecho 

consuetudinario 

La institucionalización constitucional 

de la jurisdicción indígena y el derecho 

consuetudinario en el art.149 del ordenamiento 

de 1993, constituye para la historia 

constitucional del país , la primera vez que 

el Estado reconoce la capacidad de los pueblos 

indígenas de administrar justicia y regular 

los actos de sus integrantes de acuerdo 

a su normatividad y valores. Además, dispone 

que una ley especial deberá establecer 

las formas de coordinación de dicha jurisdicción 

especial con los Juzgados de Paz y 

con las demás instancias del poder judicial. 

Dicho reconocimiento significa no 

sólo una forma de asegurar el derecho a la 

diferencia y continuidad cultural de los 

pueblos indígenas del Perú, sino que significa 

la posibilidad de reivindicar una mayor 

participación ciudadana en el sistema de 

administración de justicia nacional, acorde 

con el carácter multicultural y pluriétnico de 

la Nación peruana. 

El art.149 de la Constitución de 1993 

encuentra su antecedente normativo más 

inmediato en el art. 19 de la Ley General de 

Comunidades Nativas de 1978 (DL 221 75) 

de cuyo texto se desprende que "Los conflictos 

y controversias de naturaleza civil de 

mínima cuantía que se originen entre los 

miembros de una Comunidad Nativa, así 

como las faltas que se cometan, serán resueltas 

o sancionadas en su caso, en forma 

definitiva, por sus órganos de gobierno En 

los nrocesos civiles y penales los Tribunales 

Comunes o Privativos, según el caso, 

tendrán en cuenta al resolver las costumbres, 

tradiciones, creencias y valores socioculturales 

de las comunidades " 

En este contexto, el Convenio núm. 

169 en sus artículos 8 a 12 plasma la vali- 

dez y legitimidad del derecho consuetudina-

io, siempre que sea compatible con el sistema 

jurídico nacional y con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. 

Establece que se deberán respetar los métodos 

a los que los pueblos indígenas recurren 

tradicionalmente para la represión de los 

delitos cometidos por sus miembros; asimismo, 

que las autoridades jurisdiccionales 

en materia penal deberán tener en cuenta las 

costumbres de dichos pueblos y, al momento 

de imponer sanciones previstas por 

la legislación general, deberán tenerse en 

cuenta sus características económicas, sociales 

y culturales. 

En relación con los principales ordenamiento~ 

legales del país y su proceso de 

reforma (Código Civil, Código de Procedimientos 

Civiles, Código Penal y Código de 

Procedimientos Penales), el Convenio núm. 

169 ofrece un marco sustantivo para adecuar 

dichos cuerpos legales a los principios 

y disposiciones contenidas en el instrumento 

internacional. 

Desde la perspectiva de la antropología 

legal contemporánea, las nociones incorporadas 

en la Constitución de 1993 sobre 

jurisdicción indígena y derecho consuetudinario, 

deberán interpretarse de manera 

dinámica como un sistema de normas y 

métodos culturales en permanente reelaboración 

y adaptación frente a los diversos 

retos de la interacción con la sociedad nacional. 

Precisamente la vigencia y legitimidad 

del derecho consuetudinario se explica 

gracias a su carácter flexible, el cual permite 

incorporar nuevos sentidos y formas a 

las prácticas tradicionales de los pueblos 

indígenas. 

La institucionalización de la jurisdicción 

indígena y el reconocimiento del derecho 

consuetudinario no debe conllevar Ala 

idea de restaurar alguna noción artificial de 

autonomía legal de las comunidades locales, 

sino de desarrollar instituciones legales 

que sean culturalmente apropiadas, accesi- 

bles y participativas como parte de un Esta- 

do moderno, democrático y pluralista" 

(Sieder, 1996). 

Para ello, una reforma estructural y 

profunda del Poder Judicial demanda una 

atenta y preferente atención para reconocer 

los mecanismos de solución de conflictos 

que los pueblos indígenas manejan. A fin de 

garantizar la participación efectiva de las 

comunidades nativas en la administración 

de justicia, sería necesario fortalecer la 

jurisdicción indígena como un espacio de 

autcdvfinición de las comunidades indíge- 

nas para la atención de las comunidades. 

Asimismo, se debería proponer la participa- 

ción de las comunidades nativas en los ór- 

ganos de nombramiento y ratificación de los 

jueces de paz, lo cual sería un importante 

paso en la democratización del sistema de 

administración de justicia nacional. 41 

Tomando en cuenta todas estas consi- 

deraciones, resulta especialmente urgente la 

dación de una ley de desarrollo constitucio- 

nal del art. 149, que viabilice los mecanis- 

mos de coordinación entre la jurisdicción 

especial indígena y el sistema de adminis- 

tración de justicia nacional. 

G. Acerca del sistema o modelo de educación 

aplicable a las comunidades 

indígenas 

El Perú cuenta con normas constitucionales 

muy claras que pueden servir de 

soporte a la adopción de un régimen especial 

de educación indígena, acorde con la 

cultura de los pueblos y c~munidades.~~ La 

Ley General de Educación (1982) también 

determina cómo, sin eludir la búsqueda de 

sus objetivos de afirmación nacional, la 

educación debe tomar en consideración la 

particularidad de las distintas culturas, dar 

preferencia a los sectores marginados y a las 

zonas de frontera, las áreas rurales, las con- 

centraciones en que predominan las lenguas 

aborígenes y otras situaciones análogas.

La Ley de Comunidades Nativas 

compromete también al Estado en "la educación 

integral y la capacitación permanente 

de los miembros de las Comunidades Nativas, 

tanto en el campo de la organización y 

administración comunal, como en el aspecto 

técnico, agropecuario y forestal" y a 

"dar preferencia a los profesionales y técnicos 

nativos para el desempeño de cargos 

públicos en el ámbito de las comunidades". 

La Dirección General de Educación Bilingüe, 

creada en 1973, adscrita al Ministerio 

de Educación, señaló algunos lineamientos 

novedosos y que prometían un cambio importante 

en el modelo educativo con indígenas. 

A pesar de lo quelactualmente establece 

la Constitución, dicha Dirección ha 

sido disuelta y en su lugar se ha creado la 

Unidad de Educación Bilingüe Intercultural, 

que forma parte de la Dirección Inicial y 

~rirnaria~~, de menor jerarquía. 

Las organizaciones indígenas y algunas 

entidades privadas han desarrollado 

valiosos aportes en materia de educación 

indígena, especialmente en la capacitación 

de jóvenes. Por ejemplo, es importante 

destacar las experiencias del Programa de 

Educación Bilingüe Intercultural del Alto 

Napo, del Instituto Lingüístico de Verano 

(ILV), del Proyecto de Educación Bilingüe 

Intercultural del CAAAP en el Bajo Tambo, 

del Proyecto de Educación Ambiental de 

APECO en el Parque Nacional del Manu, 

del Instituto Pedagógico de Loreto (dirigido 

por el Ministerio de Educación, en convenio 

con AIDESEP) y otras. 

El Estado Peruano al adoptar el Convenio 

núm. 169 asumió responsabilidades 

para desarrollar un trabajo especial en el 

campo educativo con los pueblos indígena~~~, 

definido con ellos y ajustado a sus 

características culturales, a su historia y a 

sus reales necesidades. Un principio fundamental 

que dispone dicho instrumento es 

que se deberá enseñar a los niños indigenas 

leer y escribir en su propia lengua materna. 

Un objetivo de la educación de los niños 

indigenas deberá ser impartirles conocimientos 

generales y aptitudes que les ayuden 

a participar plenamente y en pie de 

igualdad en la vida de su propia comunidad 

y en la de la comunidad nacional. No obstante, 

aún no se han formulado o adoptado 

cambios en las normas nacionales y en los 

programas vigentes que acrediten una debida 

adecuación a dichos compromisos.

CAPITULO V 

EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS Y LOS PUEBLOS 

INDIGENAS 

A. Introducción 

Actualmente existen contratos para la 

exploración y explotación de hidrocarburos 

en 28 lotes de la Amazonía peruana, de los 

cuales 27 han sido asignados en los últimos 

tres años. La extensión de las áreas en con- 

cesión y el número de empresas que operan 

actualmente en la Amazonia peruana cons- 

tituyen un fenómeno de extraordinaria 

magnitud, que sin duda tendrá un gran im- 

pacto sobre el presente y futuro de los pue- 

blos indígenas. 

El sector de hidrocarburos ocupa un 

lugar central y estratégico en el actual pro- 

ceso de estabilización y modernización de 

la economía del país . Su importancia ac- 

tual y potencial en términos de abasteci- 

miento del mercado interno y de generación 

de divisas, por concepto de exportaciones, 

es incuestionable Para ello, el Gobierno ha 

adoptado una serie de medidas encaminadas 

a atraer capitales e inversiones extranjeros, 

con miras a modernizar y aumentar la pro- 

ductividad del sector. Dichas medidas, que 

incluyen reformas al marco legal, excep- 

ciones tributarias y fiscales así como otros 

incentivos, proponen crear las condiciones 

de seguridad económica y jurídica que 

alienten a las compañías petroleras para 

realizar considerables inversiones en la ex- 

ploración y explotación de hidrocarburos 

Igualmente importante resulta ser el 

establecimiento de un clima de estabilidad y 

paz social. Para que las compañías puedan 

trabajar con cierta tranquilidad y seguridad 

a corto y largo plazo, es necesario, en efec- 

to, prevenir y resolver posibles conflictos y 

tensiones que puedan surgir con la pobla- 

ción directamente afectada por las activida- 

des de prospección y explotación, así como 

con otros grupos de interés. Esto implica 

un importante y difícil esfuerzo de compa- 

tibilización de intereses múltiples y, a ve- 

ces, contrapuestos. 

El principio orientador de esta bús- 

queda de consenso y diálogo es el de la 

igualdad de oportunidades de desarrollo y el 

de la distribución equitativa de los benefi- 

cios entre los diferentes actores a nivel lo- 

cal, regional y nacional. Esta búsqueda no 

puede prescindir del reconocimiento y res- 

peto de los derechos de los pueblos indíge- 

nas amazónicos como ciudadanos y colecti- 

vidades, especialmente en relación con sus 

tierras tradicionales, los recursos que en 

ellas se encuentran y la protección del me- 

dio ambiente. 

Es significativo que en todos los 28 

lotes, en efecto, se encuentran pueblos y 

comunidades indígenas Posiblemente en 

ningún otro país exista tal número de con- 

cesiones petroleras y gama de situaciones 

sobre una tan variada población indígena. 

Sólo por este hecho, el Perú genera una 

creciente atención internacional respecto a 

los efectos sobre el medio ambiente y los 

pueblos indígenas 

Para la gran mayoría de los indígenas 

amazónicos, la presencia de enipresas pe- 

troleras y subcontratistas implica una com- 

pleja situación. Ha surgido para ellos la 

urgente necesidad de elaborar nuevas es- 

trategias para tratar con el Estado y las em- 

presas en defensa de sus derechos y su há- 

bitat. La incursión de nuevos actores y ac- 

tividades en sus territorios no sólo han in- 

troducido factores de perturbación en sus

frágiles ecosistemas, sino que podrían poner Escocia, Indonesia, Ecuador u otro país , 

en riesgo su propia sobrevivencia. repercuten de manera muy di1,ecta en su 

Sin duda, hoy en día hay una mayor imagen internacional y sus operaciones en 

conciencia internacional y nacional para 

proteger el medio ambiente y las comunida- 

des indígenas que hace veinte años. Existen 

convenios internacionales y compromisos 

por parte del Estado Peruano que se reflejan 

en una legislación ambiental más desarro- 

llada. Se han establecido mecanismos de 

tutela como los Estudios de Impacto Am- 

biental (EIA) como condición previa para la 

ejecución de proyectos que pudieran aca- 

rrear efectos directos e indirectos sobre el 

medio ambiente, se ha introducido el con- 

cepto de 'delito ambiental' en el Código 

Penal y otros elementos estrechamente vin- 

culados a una concepción de desarrollo 

sostenible Sin embargo, la normativa res- 

pecto a los derechos de los pueblos indíge- 

nas no está siendo debidamente articulada 

con la legislación relacionada con las acti- 

vidades petroleras y mineras. 

Las empresas petroleras son cons- 

cientes que deben realizar sus actividades 

de acuerdo con las nuevas normas interna- 

cionales y la legislación y reglamentación 

ambiental en los países donde operan. En 

los países donde estas empresas se encuen- 

tran registradas, existen estrictas normas 

que en muchos casos incluyen reglas res- 

pecto a sus operaciones internacionales. 

Además, las principales empresas petroleras 

han elaborado una suerte de código de con- 

ducta respecto del cuidado especial que 

requieren las actividades de la industria 

petrolera en los bosques húmedos tropica- 

les, incluyendo lineamientos para minimizar 

el impacto sobre la población indígena 

En un creciente contexto de globaliza- 

ción de las comunicaciones, las empresas 

petroleras están cada vez más sujetas al 

escrutinio de la opinión pública internacio- 

nal Los problemas y litigios que suscitan 

sus actividades en Alaska, Canadá, Nigeria, 

otros países. 

Cuando se expresa la trascendencia de 

la protección del medio ambiente o de los 

derechos de los pueblos indígenas se argu- 

menta que de establecerse reglas muy es- 

trictas, éstas desalentarían la inversión en 

petróleo En ese sentido el Estado enfrenta 

la ineludible responsabilidad de conciliar 

intereses contrapuestos y establecer un mar- 

co ncrmativo preciso y eficaz. Directivos de 

empresas petroleras en el Perú, expresaron 

que les conviene contar con reglas claras, 

para evitar ambigüedades que más tarde les 

pueden acarrear costosos litigios y otros 

problemas (E&P Forum 1992). 

A continuación, se resumen algunas 

observaciones respecto a los antecedentes 

de la actividad petrolera en el Perú, su im- 

portancia en la coyuntura actual, la Amazo- 

nía como campo vulnerable por la explota- 

ción petrolera; algunas experiencias de rela- 

ción entre las empresas y los pueblos indí- 

genas; también se hace un examen de los 

principales vacíos y ambigüedades del or- 

denamiento legal vigente. 

B. Antecedentes 

Las primeras referencias de activida- 

des de exploración de hidrocarburos en la 

Selva del Perú datan de 191 1, cuando el 

geólogo inglés J. A. Douglas, recorrió el 

territorio Arasaeri en el río Inambari, Puno, 

y posteriormente penetró en el territorio 

Asháninka del Perené, Selva Central 

(Douglas, 1920; 192 1 ; 1932). 

En ninguna de estas experiencias 

existen referencias sobre estos u otros pue- 

blos indígenas, por lo que se desconoce la 

naturaleza de los impactos que pudieran 

haberse producido. Es más, con mucha fre- 

cuencia los territorios indígenas fueron ca- 

talogados tierras vacías. Uno de los princi-

pales problemas para evaluar el impacto de 

estas primeras incursiones es la falta de una 

adecuada documentación y registro de las 

mismas 45 

Al inicio de dichos contactos, la presencia 

de las compañías petroleras no era 

sistemática ni masiva. Así, la International 

Petroleum Company (IPC.~~ realizó exploraciones 

geológicas en la cuenca del río 

Manu en Madre de Dios, y en los años 1920 

y 1922 formuló denuncios a nombre de la 

Compañía Petrolera del Marañon en la Selva 

noroeste, los cuales no llegó a explorar. 

En 1929, recién se descubrió el primer pozo 

de petróleo comercial en territorio del 

pueblo Shipibo, cerca a la desembocadura 

del río Pachitea y fue puesto en producción 

9 años después por la Compañía Ganzo 

AZU~.~' LOS Shipibo tuvieron que retirarse 

del área inmediata a dichas operaciones. 

Posteriormente en 1945, la Compañía Peruana 

de Petróleo E1 ~siento,~' conformada 

con capitales alemanes y peruanos, obtuvo 

una concesión para explorar petróleo en el 

territorio del pueblo Shetebo en el medio 

Ucayali, la cual finalmente produjo petróleo 

comercial en 1958 en Maquía, cerca a 

Contamana. 

Para incentivar la inversión en las actividades 

de hidrocarburos el Gobierno del 

General Manuel Odría introdujo en 1952 

una nueva legislación,49 se otorgaron concesiones 

sobre un total de casi 16 millones de 

hectáreas; sin embargo, sólo en dos de ellas 

se encontró hidrocarburos: la compañía El 

Oriente, asociada con Ganso Azul que descubrió 

el campo de gas natural en Aguaytía, 

en territorio Kakataibo y la Peruvian Oil 

and Minerals, en Maquía. En la década del 

60, Mobil Oil realizó exploraciones en 

varias áreas selváticas (Mathews, 1976). 

Un hito importante en la historia del 

petróleo peruano fue la expropiación de las 

instalaciones de la IPC por el Gobierno del 

General Juan Velasco ~lvarado~' y las na- 

cionalizaciones de la Refinería de Con- 

chán5' y las instalaciones de Ganso Azul y 

Maquía Se retiraron del Perú las subsidia- 

rias nacionales de Standard Oil, Texaco, 

Gulf, Mobil y Chevron. La principal em- 

presa extranjera que permaneció en el país 

fue Occidental Petroleum, la cual recién 

había acordado con el gobierno de Belaúnde 

iniciar operaciones de prospección y ex- 

plotación petrolera. 

Desde comienzos de la década del 

setenta, la Amazonía peruana se convirtió 

en un importante centro de operaciones, en 

busca de solución a la crisis producida por 

el incremento del precio del petróleo.. Des- 

de esa época, dicha región ha sido perma- 

nentemente un campo de explotación pe- 

trolera y también de transporte y refinación 

52 

El Gobierno del General Juan Velasco 

Alvarado estableció un nuevo sistema de 

contratos conocido como 'Modelo Perua- 

noys3 suscribiéndose entre 1971 y 1973, 16 

nuevos contratos de exploración y desarro- 

llo de hidrocarburos en la Selva peruana. 

Por otra parte, 8 lotess4 adicionales fueron 

asignados a Petroperú para su conducción 

directa, descubriéndose en 197 1 reservas de 

petróleo en el Lote 8. En 1972, Occidental 

encontró reservas aún mayores en el Lote 

1B. Posteriormente, en abril de 1978, esta 

empresa firmó otro contrato sobre el Lote 

lB, devuelto a Petroperú por el consorcio 

de Union, Tenneco y Champlin en 1976. 

Los otros contratistas realizaron explora- 

ciones sísmicas y perforaron pozos explo- 

ratorios que resultaron secos o con petróleo 

pesado y no comercial; en 1976 todas ellas, 

a excepción de Occidental, se habían retira- 

do (Mathews, 1976). 

Las incursiones en ter~itorios indíge- 

nas se realizaban con un gran despliegue 

que incluía movilización de personal, vehí- 

culos, helicópteros y apoyo de las Fuerzas 

Armadas. Durante este período, pocas fue-

on las precauciones asumidas para no 

afectar a los indígenas, dándose casos en 

que poblaciones enteras fueron diezmadas 

por enferme da de^.^^ En ese entonces, nume- 

rosas quejas de parte de los pueblos indíge- 

nas fueron canalizadas a través de 

SIN AMOS.^^ Denunciaron el ingreso pre- 

potente de las compañías petroleras sin co- 

ordinación alguna con los pueblos indígenas 

y otros pobladores locales. Para los indíge- 

nas, el ingreso intempestivo de las empresas 

petroleras significaba soportar la presencia 

de cientos de trabajadores petroleros con 

helicópteros y avionetas, que se aprovecha- 

ban de sus recursos naturales, cazaban ani- 

males con mas de fuego, pescaban con 

dinamita e inclusive se presentaron casos de 

abuso sexual a mujeres indígenas.57 Los 

trabajadores petroleros también confronta- 

ban problemas en cuanto a las condiciones 

y régimen de trabajo, lo que agravaba las 

relaciones con las poblaciones indígenas.58 

Frente a la baja del precio internacio- 

nal del petróleo, se introdujeron importantes 

modificaciones al 'Modelo ~eruano'~~ durante 

el segundo Gobierno del Presidente 

Fernando Belaúnde Teny, a fin de otorgar a 

los contratistas incentivos para la inversión. 

En este marco, se renegociaron los contratos 

con Occidental (1980 por el redimensionado 

Lote IAB), se firmaron nuevos 

contratos con Superior Oil (Lote 2, 1981), 

Shell (Lotes 38 y 42 no asignados anteriormente, 

198 1, y dos nuevos lotes en Madre 

de Dios y Puno, 1984), Hamilton Oil y 

PetroInca (Lote 7 en la Reserva Nacional 

Pacaya-Samiria, 1982) y se amplió el contrato 

con Unión Texas (1984, Lote 6). De 

todos estos contratos, aparte de Occidental, 

sólo Shell encontró hidrocarburo^.^^ 

Las experiencias previas han dejado 

un saldo poco favorable para los pueblos 

indígenas. Carentes de pautas claras de 

parte del Estado, las empresas (incluyendo 

Petropení) no lograron desarrollar estrate- 

gias de vinculación y diálogo adecuadas, 

produciéndose conflictos, muertes y otros 

impactos que no fueron sistemáticamente 

evaluados. Los escasos estudios al respecto 

son de investigadores independientes o de 

ong's, contándose con pocos estudios o 

informes realizados por las organizaciones 

indígenas. En algunos casos, estos proble- 

mas suscitaron artículos periodísticos críti- 

cos en el ámbito nacional e internacional. 

Sin embargo, no necesariamente contribu- 

yeron a cambios en la reglamentación exis- 

tente ni al desarrollo de nuevas pautas para 

las empresas. Más recientemente, algunas 

empresas, con el afán de prevenir posibles 

conflictos, han comenzado a desarrollar 

nuevas pautas de relacionamiento con las 

comunidades indígenas afectadas por sus 

operaciones. 

En cuanto a la legislación vigente, 

como se destacó en el capítulo anterior, esta 

presenta ambigüedades e imprecisiones en 

las disposiciones que se refieren a la seguri- 

dad de los derechos de las comunidades 

indígenas frente a las actividades de explo- 

tación petrolera.6' Teniendo en cuenta las 

responsabilidades estatales de protección y 

defensa de los pueblos indígenas y sus de- 

rechos, claramente sancionadas en la Cons- 

titución política y los compromisos señala- 

dos en el Convenio núm. resulta ur- 

gente desarrollar una reglamentación ade- 

cuada para salvaguardar dichos derechos, 

viabilizar mecanismos apropiados de con- 

sulta, efectuar el monitoreo ambiental bajo 

la responsabilidad de organismos indepen- 

dientes que aseguren imparcialidad y trans- 

parencia de los mismos, e incluir otras dis- 

posiciones centrales para la participación 

real y efectiva de los pueblos indigenas en 

estos contextos. 

C. El petróleo y la Amazonía peruana 

El desarrollo de la industria de hidrocarburos 

ha ocasionado cambios drásticos e

irreversibles en la Región Amazónica, entre 

los cuales cabe mencionar: la aceleración 

del "proceso de transformación espacial de 

la Amazonía iniciado años atrás por otros 

factores ajenos al petróleo" (San Román, 

1994). El interés por la Selva se fue incre- 

mentando debido al éxito obtenido. Según 

Petroperú, de las 18 cuencas sedimentarias 

peruanas, 7 se encuentran en la Región 

Amazónica: Santiago, Bagua, Marañon, 

Huallaga, Ucayali, Ene y Madre de Dios 

(Petroperú 1995a). Este amplio horizonte 

de posibilidades ha estimulado el interés 

por su aprovechamiento. 

El aporte de la Amazonía peruana a la 

producción petrolera del país ha sido nota- 

ble. Mientras en 1973 correspondía al 

2.35% de la producción nacional, entre 

1990 y 1993 ha llegado a representar el 

65% en promedio (Mora y Bernex, 1995). 

Dos tercios de la producción y de las reser- 

vas de petróleo se encuentran en la Selva 

norte.. 

La Ley 26221 ha logrado atraer una 

significativa inversión extranjera. Gran 

parte de la Selva peruana se halla lotizada, 

entre concesiones y áreas en negociación se 

contabilizan más de 19,7 millones de hectá- 

reas. Hacia julio de 1996, el 60% de los 

lotes de hidrocarburos estaban entregados 

en concesión (Petroperú, 1995b). 

Hay actualmente 28 lotes con contra- 

tos y varios más en negociación. En el si- 

guiente Cuadro l se resume la relación de 

ellos, sus contratistas, las extensiones con- 

cedidas, su estatus actual de actividad y los 

pueblos indígenas cuyos territorios son 

afectados.. Es indudable que la actividad 

económica que se genere tendrá un impacto 

determinante en el futuro de los pueblos 

indígenas. En el Mapa 1 se puede apreciar 

la distribución de los lotes en la Amazonía 

peruana. 

A manera de ejemplo de la compleji- 

dad de las situaciones que se pueden pre- 

sentar entre los pueblos indígenas, las em- 

presas petroleras, el Estado y la necesidad 

de salvaguardar la biodiversidad en frágiles 

ecosistemas, se presenta el Mapa 11 sobre la 

región de la cuenca del río Madre de Dios y 

afluentes. En dicha zona se han concedido 2 

lotes petroleros (Lotes 77 y 78), donde están 

ubicadas diversas comunidades nativas, 

incluyendo pueblos indígenas no contacta- 

dos o aislados. 

El Lote 77, ubicado en la cuenca del 

Río Las Piedras, afecta a pueblos indígenas 

no contactados o aislados (Yora, Amahuaca 

y Mascho Piro) y colinda con el límite norte 

del Parque Nacional del Manu. Por otra 

parte, el Lote 78, que colinda con el límite 

suroriental del Parque Nacional y Zona 

Reservada del Manu; además se superpone 

sobre el área de la propuesta de la Reserva 

Comunal Amarakaeri, la Zona Reservada 

Tambopata-Candamo y el Parque Nacional 

Bahuaja-Sonene. La extensión de este ú1- 

timo ha sido reducida en relación con la 

propuesta original, de mayor extensión, que 

además contemplaba mantener la continui- 

dad con los sectores norte y sur de la Zona 

Reservada Tambopata-Candamo. Tambo- 

pata es parte de un "megacorredor" de bio- 

diversidad amazónica que se extiende desde 

el Parque Nacional y Zona Reservada del 

Manu, hasta el Parque Nacional del Madidi 

en Bolivia. 

D. Impacto de la actividad hidrocarbu- 

rífera sobre los pueblos indígenas 

amazónicos 

Según Petroperú, "La industria del 

petróleo se cuenta entre las actividades me- 

nos nocivas, puesto que genera apenas can- 

tidades mínimas de contaminación, muy por 

debajo de la capacidad de regeneración de 

la naturaleza" ( Petroperú, 1995b). Sin em- 

bargo, la sola perspectiva del descubri- 

miento de yacimientos de hidrocarburos en 

territorios indígenas, tan halagadores para la

1 AB 

81 

8X 

Lote 

28 lotes 

( 

Occidental 

Cuadro 1 

Contratos de Hidra irburos \ gentes en la ! 

PlusPetrol (Arg.) 

Contratistas 

Pedco (Corea del Sur) 

Daewoo (Corea del Sur) 

Maple (USA, 

Panhandle (USA y 

Energy (USA. 

Quintana (USA., YPF (Arg.) - 

Chevron (USA. 

PlusPetrol (Arg ), Ocadental (USA 

Barrett (USA 

Advantage (USA. 

ARCO (USA 

Enterpr ice (GB 

Great Western (USA. 

Elf (Francia) Eurocan (Canadá), 

4nschutz (USA., Talisman (Can.) 

4dvantage (USA, Chieftain (USA 

Minnowbum (USA 

Mobil (USA Murphy (USA 

Dlains Resources (USA. 

Murphy (USA 

lccidental (USA. 

Zoastal (USA. - 

jhell (GB, Holanda), Mobil USA 

vlobil (USA.,Elf í,Fr.),Esso (USA. - 

Ylobil (USA Elf (Francia) 

sso (USA. 

)lusPetrol (Arg) Pedco (Corea del 

;ur), Yukon (Canadá) 

2uintana (USA. 

)hilips (USA 

inadarko (USA. 

;he11 (GB, Hol ) 

dobil (USA 

krea Total 

dro elaborado porThomas Moore (coi 

Areas Ha. 

497.000 

697.255 

Estatus 

En Producción 

En Producción 

Exploración 

sísmica 

Construcción, 

pozos explora, 

gasoductos 

Pozos exploración 

Sismica 

Explor sismica, 

pozos explora. 

Expl sismica 

Negociación para 

inicio sísmica 

Pozos exploración 

Achual, Urarina, Kichwa 

Achual, Kichwa 

Kakataibo, Shipibo 1 

Aguaruna, Huambisa 

Matsiguengka, Asháninka 

Kichwa, Achual 

Arabela, Achual, Kichwa 

Achual 

Kichwa, Cocama,Cocamilla 

Sismica Asháninka, YaneshaNomatsiguenga, 

Sísmica, pozos 

exploración 

Sismica conconstrucción,preparando 

pozos 

EIA, sísmica 

Pozos expl. 

Sísmica, pozos 

:xploración 

Sismica 

Sismica 

ZIA, sismica 

Kichwa 

Amahuaca, Asháninka, Yaminahua, 

Shipibo 

Lamista, Aguanma 

Shipibo, Shetebo 

Matsiguengka, Asháninka, Yine, Yora, 

Amahuaca, Yaminahua 

Yine, Yora, Amahuaca, Mashco Piro 

Arakrnbut, Arasaeri, ~heieri, Matsiguengka 

Shipibo, Kakataibo 

5IA, sísmica Kakataibo, Asháninka,Yaneshsa 

1'253,928 EIA, sismica 4mahuaca, Asháninka, Yaminahua, 

I 

Yora 

Shipibo, Asháninka 

Watsiguengka, Yora 

plataforma, pozos 

19,743,894 1 

tor, OIT) en base a fuentes oficiales, Ministerio de Energía y Minas

ECUADOR 

MAPA 1 

OIT - PNUD - HIVOS-(SAT-1) 

PRoyEcTo' PUEBLOS INDIOENAS Y DESARROLL.0 

SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA PERUANA 

CONTENIDO' FUENTE: 

A\ 

COLOMBIA 

LOTES PARA LA EXPLO- 

RACION DE HIDROCAR- 

BUROS EN L.A SELVA 

PERUANA. 

I I 

ESCALA: 

PcRUPcTRO S4, 

- 

80 O 50 100 IJOKM 

O. M.H. OR4FlC4 

CHILE

MAPA 11 

MAPA DE UBlCAClON DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

EN MADRE DE DIOS CON LOTES PETROLEROS 

U CAYA LI 

COMUNIDADES NATIVAS .. 

1 - SANTA ROSA O E HUACARIA 21 - TAYAUOME 

2 - QVEROS 22 - YOMIBIATO 

3 - SHINTUYA 23 - MAMERIA 

4 . PALOTOA-TEPARO 24 - POCHARO 

5 - SHIPETEARI ITITULO PENDIENTE) 2 5 - MASHCO PlRO 

6 .. 014MAhTE 26 - C~SHPAJAL,~ 

7 - SAN JOSE DE UARENE 

e - PUERTO wz LEYENDA. 

3 . BARRANCO CHICO 

1 O - .ARASAERI DE V1LL.A SANTIAGO 

/ 

LOTE 77 

11 - KO~IMBA rrm] LOTE 78 

1 2 - BOCA DEL INAMBARI 

l A - TRES ISLAS 

1 4 - SAN JlClNTO 

1 3 - EL PlLeR 

1 ñ - PUERTO ARTURO 

6 7 - BOCA PAR1 AMAXU 

18 .. INFIERNO 

1 B - PALMA A L 

20 .. SONENE 

- - 

B RASlL 

'7 

19

sociedad nacional, constituye una amenaza 

de desastre para las comunidades nativas 

que habitan esas regiones. 

Las actividades de exploración y ex- 

plotación de hidrocarburos, si no se llevan a 

cabo con medidas preventivas cuidadosa- 

mente monitoreadas, pueden afectar, 

entre otros, los siguientes aspectos de la 

vida de los indígenas: 

Su Salud Por el contagio de enferme- 

dades, contra las cuales carecen de anti- 

cuerpos, sobre todo los pueblos indíge- 

nas más aislados o remotos; por las alte- 

raciones ocasionadas en su entorno, co- 

mo la deforestación, la contaminación; 

por la disminución de la caza y la pesca 

y la degradación de las áreas de cultivo, 

lo que quebranta la posibilidad de acce- 

der a una adecuada dieta alimentaria. En 

cualquiera de estas circunstancias se en- 

cuentra en juego la sobrevivencia de es- 

tas poblaciones. 

Sus territorios: Por la reducción me- 

diante dispositivos legales, por la obliga- 

ción de servidumbres, la expropiación y 

otras formas de alteración en la exten- 

sión del patrimonio territorial de las co- 

munidades, y por los daños que se oca- 

sionan en el ecosistema: suelos, cultivos, 

bosques y aguas. Tales impactos pueden 

ser el resultado directo de las actividades 

petroleras o consecuencias indirectas de 

las mismas, como sucede regularmente 

al fomentarse el avance de la coloniza- 

ción y la extracción de recursos foresta- 

les y mineros, incentivados con la aper- 

tura de vías y el desplazamiento del per- 

sonal de las empresas petroleras. 

Su patrimonio cultural: La introducción 

de patrones culturales foráneos genera 

cambios en los valores y relaciones so- 

cioculturales tradicionales de las comu- 

nidades indígenas. De este modo, se 

rompe la lógica de su sociedad y la ar- 

monía con su hábitat. 

Sus sistemas productivos: Las alteracio- 

nes en el medio ambiente y la demanda 

de mano de obra para las empresas se 

conjugan para modificar los patrones de 

producción económica de los indígenas. 

El empleo generalmente es de carácter 

temporal y de baja remuneración y si 

bien le puede dar capacidad de consumo 

en el mercado, le genera al mismo tiem- 

po inseguridades. La presencia de agen- 

tes económicos externos en los territo- 

rios indígenas y aledaños trae consigo un 

proceso de elevación significativa de 

precios. 

Su organización socio-política: Como 

resultado de la presencia de las compa- 

ñías petroleras, son frecuentes los cam- 

bios en sus tradicionales formas de orga- 

nización interna y sus sistemas de lide- 

razgo. Estas alteraciones, a su vez, gene- 

ran cambios profundos en su vincula- 

ción externa. 

Sus derechos humanos y dignidad per- 

sonal En la medida en que fiecuente- 

mente se antepone los apremios econó- 

micos actuales, a los derechos funda- 

mentales de los indígenas, bajo el argu- 

mento, incuestionable a criterio del go- 

bierno, de 'interés nacional'. 

E. Variabilidad de los impactos 

Los pueblos indígenas de la Selva pe- 

ruana han sido y son vulnerables frente a las 

actividades de prospección y exploración de 

hidrocarburos en sus territorios, en razón de 

la mayor o menor atención o sensibilidad 

del Estado y de la sociedad civil, y de la 

forma cómo se expresan las contradicciones 

entre los valores y prácticas indígenas y los 

de la sociedad nacional e internacional.

Dichas contradicciones se expresan en 

mayor o menor grado en función del grado 

de articulación o aislamiento que guardan 

los diversos pueblos indígenas con la 

sociedad y economía nacional, la extensión 

y naturaleza del territorio indígena afectado, 

y el carácter de las actividades de explora- 

ción y explotación de hidrocarburos y de 

minería en sus diferentes etapas. 

Los pueblos indígenas aislados son 

mucho más vulnerables que los otros pue- 

blos indígenas, que han adquirido mayores 

defensas biológicas y que tienen un mayor 

grado de articulación con la sociedad nacio- 

nal, lo cual les permite mayores posibilida- 

des de diálogo y defensa directa de sus de- 

rechos. 

Otros factores que determinan un ma- 

yor o menor intensidad del impacto inclu- 

yen: las diferencias en las políticas, prácti- 

cas y tecnologías empleadas por las empre- 

sas petroleras, la interpretación de las obli- 

gaciones contraídas en relación con los 

pueblos indígenas, y finalmente, la capaci- 

dad de diálogo de todos los actores so- 

ciales involucrados --Estado, empresas, 

pueblos indígenas y sociedad civil-- a fin de 

llegar a acuerdos de interés mutuo que 

garanticen una gestión petrolera sostenible 

en el corto, mediano y largo plazo. 

No hay uniformidad entre las empre- 

sas petroleras en cuanto a los objetivos, 

criterios, los procedimientos y las prácticas 

relativas a consultas previas con los pueblos 

indígenas susceptibles de ser afectadas. 

Algo similar ocurze en materia de compen- 

sación y rehabilitación socio-económica. 

Así como en relación con las medidas 

de protección contra daños que las activida- 

des de prospección y explotación de hidro- 

carburos puedan ocasionar al medio am- 

biente. Estas diferencias se deben a la au- 

sencia de reglas y requisitos orientadores 

fijados por el Estado.. La legislación nacio- 

nal, como se mencionó en el capítulo ante- 

rior, exige la realización de estudios de 

impacto ambiental y social como condición 

previa para cualquier actividad de prospec- 

ción y explotación de hidrocarburos. 

Sin embargo, no existe un reglamento 

que, entre otras cosas, guíe el proceso de 

consulta con los pueblos y comunidades 

indígenas directamente afectadas. En au- 

sencia de una normativa nacional, las em- 

presas petroleras han tenido que definir, 

sobre la marcha, los criterios y procedi- 

mientos correspondientes. 

Otro aspecto que suele recibir escasa 

atención es el de la participación de las co- 

munidades indígenas afectadas en los bene- 

ficios que se derivan de las actividades pe- 

troleras. 

Muchos de los conflictos o problemas 

se originan en el diferente significado que 

las partes asignan a los conceptos de con- 

sulta previa y de participación. A menudo, 

la primera se reduce a la transmisión a las 

comunidades indígenas, por parte de las 

compañías petroleras, de información par- 

cial y de difícil comprensión, tanto desde un 

punto de vista técnico como lingüístico, 

sobre las actividades sísmicas y de prospec- 

ción que las empresas tienen contemplado 

realizar. En las consultas previas, además 

de explicar la duración y los posibles im- 

pactos de dichas actividades sobre el medio 

ambiente y los propios pueblos indígenas, 

se precisa dar a conocer el tipo y valor de 

las compensaciones que las compañías es- 

tán dispuestas a ofrecer a los miembros de 

las comunidades afectadas por derechos de 

acceso y por daños y perjuicios a la propie- 

dad material, sus ingresos actuales y futu- 

ros, y su patrimonio cultural. 

Las comunidades, sin embargo, en 

general no cuentan con los conocimientos 

técnicos requeridos para apreciar la natu- 

raleza y magnitud de los posibles impactos 

de las actividades planificadas ni para for- 

mular ni negociar medidas de mitigación y

compensación alternativas. Tampoco tie- 

nen los recursos y contactos necesarios para 

solicitar servicios calificados de asesora- 

miento técnico y legal que los puedan 

orientar en sus relaciones y negociaciones 

con las empresas petroleras. Asimismo, las 

comunidades indígenas desconocen, a me- 

nudo, sus derechos, así como los procedi- 

mientos existentes para asegurar el cumpli- 

miento de los mismos.. 

Otro problema recurrente, que se ana- 

lizará más adelante, guarda relación con el 

tipo de instancias indígenas llamadas a par- 

ticipar en las consultas propiciadas por 

las compañías petroleras. A veces no se 

respetan los sistemas locales de liderazgo y 

de toma de decisiones, lo cual contribuye a 

fricciones y divisiones internas a las comu- 

nidades afectadas, con el resultado de debi- 

litar el poder de negociación de las mismas.. 

Asimismo, las empresas petroleras han de- 

mostrado su preferencia por el estableci- 

miento de contactos con las comunidades 

indígenas directamente afectadas, en lugar 

de las federaciones u organizaciones regio- 

nales indígenas a las cuales las comunida- 

des locales se encuentran afiliadas. 

Es indudable, sin embargo, que algu- 

nas empresas como, por ejemplo, Chevron, 

Mobil y Shell, se encuentran realizando 

esfuerzos para mejorar sus procedimientos 

de consulta previa, en términos de cobertura 

poblacional y así como en los aspectos de 

compensación, mitigación o apoyo 

Cabe resaltar que las consultas se lle- 

van a cabo tanto para la fase de prospección 

como para la de explotación petrolera. En la 

gran mayoría de los lotes petroleros actual- 

mente existentes en la Amazonía peruana, 

las actividades se encuentran aún en una 

fase de prospección, a través de empresas 

subcontratistas. Esta fase es de corta dura- 

ción en comparación con la segunda (1 a 3 

años en contraste con 30 a 40 años) y con- 

siste en identificar y evaluar el potencial 

petrolero del área lotizada. De no existir 

dicho potencial, la segunda fase no se mate- 

rializa. 

Si bien los impactos ambientales y so- 

ciales de la fase de prospección no son 

comparables con los de la etapa de explota- 

ción petrolera, los efectos no dejan de ser 

significativos. Esto ha llevado diversas or- 

ganizaciones indígenas y grupos de apoyo a 

plantear que por su carácter puntual, las 

compensaciones y otro apoyo (ofrecimiento 

de útiles escolares, medicamentos, motosie- 

rras, etc.) concedidos por las empresas son 

insuficientes e inadecuados. 

La segunda etapa, debido a su larga 

duración y significativo y en muchos casos 

irreversible impacto sobre el medio am- 

biente, la organización social, el sistema 

económico y socio-cultural, requiere de 

medidas que superen un enfoque asisten- 

cial. Esquemas de compensación social 

justos y adecuados deben combinarse con 

sistemas de monitoreo medio-ambiental con 

una fuerte participación comunitaria y con 

planes de desarrollo local sostenible a ser 

financiados con recursos derivados de los 

beneficios de la actividad petrolera. Meca- 

nismos permanentes de diálogo deben es- 

tablecerse durante el período de vida del 

proyecto de explotación para abordar y 

prevenir problemas y posibles conflictos 

Otro aspecto importante que cabe 

destacar es el del valor legal de los acuerdos 

suscritos por las compañías petroleras y las 

comunidades indígenas. El contenido y 

alcance de dichos acuerdos son establecidos 

a iniciativa de las compañías petroleras y 

según sus propios criterios.. No existen, en 

efecto, disposiciones de tipo legal o admi- 

nistrativo que prevean y nomen este tipo de 

acuerdos. Por consiguiente, no existen me- 

canismos ni insancias abocadas a fiscalizar 

el cumplimiento de dichos acuerdos, diri-

mir conflictos que - - puedan surgir - en caso de 

incumplimiento de una de las partes o imcombustible 

y depósitos para explosivos. La 

exploración sísmica principalmente emplea 

poner sanciones. helicópteros para acceder a las líneas sísmicas 

y aviones para el transporte de carga. 

F. Etapas de la actividad hidrocarburí- Se abren helipuertos con campamentos vofera 

y riesgos para los pueblos indí- lantes en cada kilómetro de la línea sísmica 

genas para abastecer al personal con alimentos y 

l. Reconocimiento geológico 

materiales de trabajo, en áreas donde hay 

acceso por río o carretera, se utilizan estas 

Se lleva a cabo con pequeños equipos vías 

de profesionales (geólogos y topógrafos, 

etc.), apoyo logístico y guías. Realizada en 

zonas donde no existen indígenas aislados, 

no acarrea impactos significativos, pero 

experiencias previas señalan que el ingreso 

de equipos de reconocimiento con escoltas 

militares o policiales pueden desencadenar 

encuentros violentos. De no tomarse medidas 

preventivas apropiadas, estos equipos 

pueden introducir enfermedades contagiosas 

contra las cuales, especialmente los indígenas 

aislados, no tienen resistencia inmunológica. 

Actualmente, el reconocimiento 

geológico se realiza por medio de 

imágenes satélite y equipos sensores, pero 

siempre es necesario una presencia física 

sobre el terreno. 

2. Exploración sísmica 

Cada operación sísmica emplea brigadas 

de personal que fluctúan entre 300 a 

1,000 individuos. Es común que surjan tensiones 

entre los indígenas y los equipos de 

exploración sismica debido a problemáticas 

relaciones de intercambio especialmente de 

alimentos y materiales de trabajo.63 Además 

suelen presentarse problemas de salud debido 

al contagio de enfermedades. 

Uno de los principales problemas, y 

que se intensifica en las otras fases de operación, 

es la incursión de terceras personas 

en los territorios Indígenas; es decir, madereros, 

colonos, mineros auríferos, comerciantes, 

cantineros, aventureros y prostitutas, 

que aprovechan de las nuevas facilidades 

de acceso a dichas áreas, consideradas 

por ellos como 'tierra de nadie' y donde no 

gas explosivas ubicadas en pozos conecta- sión cobra un carácter especialmente grave 

dos a equipos que capturan las ondas sóni- para pueblos Indígenas remotos o aislados, 

cas y las trasmiten a los instrumentos de para los cuales puede implicar su extermiregistro. 

Implica una presencia intensa en el 

área de trabajo y una mayor incursión en el 

nio. 

hábitat de los pueblos indígenas. 

La industria petrolera ha venido per- 

feccionando sus técnicas a fin de aminorar 

Normalmente se construyen uno o dos los impactos ambientales: reducción de 

campamentos sobre extensiones de 2 a más extensiones deforestadas para la apertura de 

hectáreas cada uno con pista de aterrizaje, trochas y helipuertos, campamentos volan- 

barracas y viviendas para el personal, co- tes y campamentos base, Y la rmm%n de 

medores, hangares, talleres mecánicos, los deshechos del área de trabajo. Por ejem- 

almacenes, postas médicas, tanques para plo, la Mobil ha utilizado el llamado Wide

Angle Reflection ProJile (WARP) en el Lo- El petróleo y gas extraído, en una 

te 77, para obtener un registro sísmico rá- mezcla con aguas de formación (salmuera 

pido y superficial a más bajo costo y con tóxica) es bombeado a instalaciones cen- 

menor huella de su presencia..64 trales de separación, en donde lo que es 

3. Perforación de pozos exploratorios 

El primer paso consiste en deforestar 

de 2 a 5 hectáreas para construir la plata- 

forma. El acceso es generalmente mediante 

helicópteros grandes y para facilitar sus 

vuelos a veces es necesario talar más árbo- 

les y nivelar lomas o promontorios. Ade- 

más, se instala un campamento de opera- 

ciones logísticas en un lugar accesible por 

río, y de preferencia, con pista de aterrizaje 

para permitir la llegada de aviones de carga. 

Estos campamentos generalmente se ubi- 

can cerca a centros poblados de Indígenas o 

colonos. El movimiento de aviones, heli- 

cópteros y embarcaciones por río, conlleva 

diversos impactos sobre las poblaciones 

locales. De no manejarse adecuadamente 

los deshechos sólidos y los desagües produ- 

cidos por la concentración humana, se oca- 

siona la propagación de enfermedades. 

La perforación requiere materiales que 

contienen solventes industriales y aditivos 

tóxicos. Las compañías petroleras han reci- 

bido muchas críticas por arrojar estos 

deshechos en fosas abiertas o no forradas, 

posibilitando la contaminación de los suelos 

y aguas superficiales y subterráneas. Aún 

después de concluir la fase de perforación, 

si los pozos no han sido adecuadamente 

sellados, los líquidos tóxicos pueden provo- 

car contaminaciones adicionales. 

4. Producción y transporte 

La intensidad de estas operaciones 

aumenta el peligro de contaminación, así 

como de conflictos con las poblaciones lo- 

cales. Se introducen sustancias químicas 

especiales para desarrollar numerosos pozos 

de producción y se generan deshechos tóxi- 

cos en forma continua. 

comercial se aprovecha y se traslada a refi- 

nerías a través de oleoductos o gasoductos. 

Este proceso produce enormes cantidades 

de gas no aprovechable, y se emana una 

gran cantidad de partículas tóxicas a la at- 

mósfera. Actualmente hay refinerías de pe- 

tróleo en Iquitos, Pucallpa y Bagua. 

El problema principal se genera por 

las fallas en la conservación de las instala- 

ciones. El mantenimiento de los equipos 

de producción, oleoductos y otras instala- 

ciones, que por los mismos tóxicos que 

transportan son bastante susceptibles a la 

oxidación y otras formas de desgaste, re- 

quieren un estricto monitoreo, sin embargo 

la historia muestra que las compañías pe- 

troleras y los subcontratistas procuran redu- 

cir costos de mantenimiento. Además, los 

oleoductos son susceptibles a daños provo- 

cados por actividades subversivas y otros 

actos de violencia humana. 

El petróleo crudo también puede emi- 

tir concentraciones altas de diversos gases 

de hidrógeno que inhalados, afectan el sis- 

tema nervioso, provocando dolores de ca- 

beza, mareos, desmayos, paro respiratorio y 

muerte. Mas aún, los metales pesados y 

materiales radioactivos que suelen estar 

presentes en el petróleo cmdo acarrean ries- 

gos de irritaciones de la piel, desórdenes 

reproductivos y cáncer (Jochnik y Nor- 

mand, 1994, pág. 46). 

Muestras tomadas por investigadores 

del Instituto de Investigaciones de la Ama- 

zonía Peruana (IIAP) en 1994 en zonas 

cercanas a la refinería de Iquitos demostra- 

ron niveles del 1.25 y 7.0 ppm. de hidrocar- 

buros en el río Amazonas y de 2.5, 8.0 y 

10.0 ppm. en la Laguna Rumococha. El 

límite máximo permisible establecido por el

Reglamento de la Ley de Aguas es de 1.5 mos 75 años, el Estado Peruano ha venido 

ppm (Gómez García, 1995a, pág. 16-20; 

1995b). 

Las poblaciones indígenas dependen 

para su subsistencia de sus cultivos, sus 

animales domésticos, la pesca, la caza, y la 

recolección de flora y fauna silvestre. Dichos 

recursos básicos pueden ser destruidos 

o contaminados por los derrames de petróleo 

y salmuera tóxica, como ha sucedido en 

el Oriente del Ecuador con los derrames de 

Texaco a través de los últimos 20 años 

(Kimmerling y otros, 1991),. El petróleo 

ingresa a la cadena alimenticia en los niveles 

más bajos, del zooplancton y fitoplancton 

que los peces aprovechan. Inhibe la 

penetración de la luz a través del agua de 

manera que interrumpe el proceso de fotosíntesis 

y retarda la división de células. 

Además, las aves acuáticas, tortugas y sus 

huevos y crías son afectados cuando el petróleo 

bloquea el oxígeno (Oilwatch, 1996). 

Los problemas que se presentan son: la 

reducción de fuentes de proteínas -los peces 

y los animales de caza mueren o se alejan 

de la zona, la destrucción de cultivos y de 

animales domésticos, y la aparición de enfermedades, 

principalmente dermatológicas 

e incluso cancerígenas. En estas circunstancias, 

se trastorna la economía y la salud de 

los pueblos indígenas, quienes, de una manera 

drástica, se ven obligados a migrar, 

buscar un trabajo eventual o, paradójicamente, 

a trabajar para las mismas empresas 

que les mermaron su propia base de subsis- 

otorgando contratos petroleros en territorios 

indígenas sin coordinación con los pueblos 

afectados, lo cual ha provocado situaciones 

conflictivas y hasta violentas. Algunas ex- 

periencias anteriores muestran situaciones 

en las que se produjeron muertes innecesa- 

rias, ya sea por violencia66 o por enferme- 

dades contagiosas. 

Hoy en día, con dos décadas de expe- 

riencia organizativa y mayor facilidad para 

relacionarse en el ámbito nacional e inter- 

nacional, las organizaciones indígenas 

cuentan con mejores posibilidades para 

denunciar irregularidades en el manejo del 

medio ambiente y defender sus derechos. 

Hasta hace muy poco, no se habían 

establecido canales de diálogo horizontales, 

y aún ahora cuando éste se produce, es re- 

sultado de la demanda y presión de los indí- 

genas en el marco reivindicatorio de sus 

derechos. 

Sin embargo, las empresas petroleras 

se han visto motivadas a mejorar sus prác- 

ticas en materia ambiental; además, en los 

últimos años, la legislación actual exige la 

presentación de Estudios de Impacto Am- 

biental, antes del inicio de sus operaciones. 

ten~ia.~~ 

El establecimiento de audiencias publicas 

para la presentación de los Estudios 

de Impacto ~mbiental~~ significa un paso 

adelante en el proceso de tutela de las poblaciones 

indígenas y del medio 

Sin embargo, las organizaciones indígenas 

G. Las 

-. 

dígenas 

entre Estado, las 

petroleras y los pueblos insostienen 

que los procedimientos establecidos 

para la presentación de dichos estudios 

deberán considerar medidas adecuadas para 

Las relaciones del Estado Peruano con asegurar su participación y acceso a los 

las organizaciones indígenas de base, regio- mismos con suficiente antelación, de manenales 

y nacionales respecto de la prospec- ra que se les garantice una consulta efectiva 

ción y explotación petrolera han sido en y adecuada.69 Diversos líderes de organizageneral 

muy poco claras. Durante 10s últi- ciones indígenas han encontrado dificulta-

des para obtener copias de los Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA); su mayor accesibilidad, 

permitiría una más adecuada y 

oportuna información, a fin de conocer con 

antelación el posible impacto ambiental, 

socio-cultural y económico previsto. 

Las organizaciones indígenas argumentan 

que las instancias del Gobierno 

Central no siempre están dispuestas a reconocer 

a sus federaciones y organizaciones 

nacionales como interlocutores válidos y 

representativos de sus comunidades afiliadas. 

Además, consideran que el propio Estado 

fomenta que las empresas negocien 

directamente con las c~rnunidades~~ e incluso 

con comuneros de manera individual. 

Estos están en clara desventaja, ya que a ese 

nivel no cuentan con la preparación ni la 

asesoría jurídica y técnica adecuada para 

negociar con una empresa multinacional. 

Negociaciones a nivel local pueden 

resolver cuestiones inmediatas, pero no 

pueden dirimir problemas o controversias 

de carácter mayor, dificultando de tal manera 

la negociación de soluciones estables e 

integrales. Al no respetarse y consultar 

instancias representativas, tales como las 

organizaciones comunitarias y federativas, 

no se llega a acuerdos estables y satisfactorios 

para ambas partes.7' 

Las organizaciones indígenas declaran 

que sólo después de que se producen conflictos 

o presiones publicas, las autoridades 

gubernamentales los convocan para dialogar 

o proponerles soluciones inmediatistas, 

encaminadas a resolver un conflicto que ya 

trascendió a la opinión pública. 

Como en otros contextos amazónicos, 

las comunidades han asimilado experiencias 

anteriores72 y hoy se encuentran cada vez 

más organizadas, con mayor conciencia de 

sus derechos, vinculadas a organizaciones a 

nivel federativo, nacional e internacional. 

Asimismo, la creciente globalización de las 

comunicaciones y una mayor vinculación 

con redes ambientalistas y ong's, proporcionan 

un escenario más abierto de contactos 

que potencializa sus reivindicaciones y 

demandas no sólo frente a las nuevas situaciones, 

sino también en relación con acontecimientos 

anteriores cuyas consecuencias 

sobre el medio ambiente se pueden apreciar 

hasta hoy.73 En muchos casos, la nueva coyuntura 

ha sorprendido a las empresas petrolera~,~~ 

las cuales han optado por buscar 

nuevos mecanismos de diálogo7' e interlocutores 

con mayor conocimiento de la idiosincrasia 

indígena.76 

Para propiciar una acción coordinada 

y evitar conflictos, los indígenas plantean 

que el Estado deberá desarrollar mecanismos 

adecuados de consulta e interlocución 

con sus federaciones y organizaciones nacionales. 

El problema de la incomunicación 

cultural constituye un reto para el Estado y 

la sociedad civil en su conjunto.77 Dicho 

problema se agudiza sobre todo tratándose 

de indígenas aislados o no contactados. Aún 

con pueblos indígenas más articulados con 

la sociedad nacional y que dominan el castellano, 

la distancia social y cultural inhibe 

la comunicación. Estos problemas se ven 

agravados si se considera las persistentes 

modalidades de discriminación social y 

cultural que enfrentan los indígenas en su 

trato cotidiano con funcionarios públicos, 

técnicos, periodistas y otras personas.78 Sin 

embargo, cabe reconocer que más que las 

diferencias netamente lingüísticas, son la 

idiosincrasia y los intereses en juego lo que 

dificulta el diálogo. 

H. Recientes experiencias 

Anteriormente, a las empresas petroleras 

les resultaba relativamente fácil establecer 

una relación con las poblaciones indígenas. 

Las empresas asumirían actitudes pa-

ternalistas suministrando algunos bienes a 

las poblaciones indígenas en el entendido 

de que con ello compensaban los problemas 

generados con su incursión. El relativo 

éxito de esta política se debió, en parte, al 

poco desarrollo orgánico y de una conciencia 

comunitaria entre las poblaciones indígenas. 

En los últimos años se nota una mayor 

conciencia y organización de las poblaciones 

indígenas que se refleja en la forma 

como defienden sus derechos en su relación 

con las compañías petroleras.79 Destaca en 

ese sentido el uso de diversos mecanismos 

de presión y de movilización de la opinión 

pública nacional e internacional y la coherencia 

y solidez de sus organización en las 

decisiones que asumen colectivamente, lo 

que les permite ser esc~chadas.'~ 

Algunas empresas manifiestan desconcierto 

'' frente a las nuevas demandas 

planteadas durante los últimos tres años por 

las organizaciones indígenas en el intento 

de considerar un marco integral de negociación 

y consulta, conducente a un desarrollo 

local ~ostenible.'~ Los indígenas señalan, 

además, que se requiere una coordinación 

más fluida entre las organizaciones indígenas, 

el Estado y las empresas, para efectuar 

un monitoreo ambiental imparcial y contin~o.'~ 

Asimismo, indican que las empresas 

no ejercen un adecuado control de las actividades 

que realizan las empresas subcontratistas, 

especialmente aquellas que realizan 

exploración sísmica o se ocupan de 

proveer alimentos y otros abastecimientos. 

Las acciones que la mayoría de las 

empresas promueven en beneficio de las 

comunidades afectadas por sus actividades 

de prospección y explotación se caracterizan 

por su carácter puntual y de corte asistencialista. 

Estas consisten, en gran medida, 

en la provisión de útiles escolares, medicamentos, 

motosierras y otros apoyos 

solicitados por las propias comunidades. Si 

bien es cierto que responden a peticiones de 

éstas y sin menoscabar la importancia y 

necesidad de este tipo de ayuda, es obvio 

que resultan inadecuadas e insuficientes si 

lo que se busca, como parte de una estrate- 

gia de crecimiento económico equitativo, 

es sentar las condiciones para que también 

las comunidades indígenas se beneficien de 

las actividades petroleras. Para tales efectos 

urgen intervenciones dirigidas a propiciar 

dinámicas de desarrollo local sostenible, 

basadas en la capacidad de propuesta y de 

gestiCn de las propias comunidades indíge- 

nas y sus organizaciones. 

Cabe destacar, sin embargo, que algu- 

nas compañías, aunque en forma aún inci- 

piente, están apuntando hacia este tipo de 

intervención. Al respecto, nos parece inte- 

resante la idea de Shell, aún en fase de ges- 

tación, de crear un "Capital Social" para 

apoyar un conjunto de actividades multi- 

sectoriales, que incluyen programas de ca- 

pacitación técnica, becas para estudios, 

atención médica y sanitaria, postas de salud, 

infraestructura escolar y agua potable (ERM 

1996b). Estas actividades serían decididas 

por las organizaciones indígenas y10 el Co- 

mité indígena, que incluye a tres federacio- 

nes de la zona afiliadas a la CONAP, a esta 

última y la Shell. No se dispone de sufi- 

cientes elementos e información como para 

evaluar la pertinencia y eficacia de este tipo 

de arreglo institucional. Sin embargo, dicha 

propuesta presenta elementos que ameritan 

una seria consideración. De especial interés 

resulta el énfasis en el desarrollo y fortale- 

cimiento del capital humano de las comuni- 

dades indígenas, así como en la participa- 

ción en el proceso de consulta, en diversas 

etapas, con las organizaciones indígenas de 

primer, segundo y tercer nivel. 

El prernio Bartolomé de las Casas 

otorgado a FENAMAD en enero de 1997, 

ha puesto relieve a nivel internacional la 

situación particularmente vulnerable de los

pueblos indígenas aislados o no contactados 

de la región de Madre de Dios y otras zonas 

de la Amazonía peruana, constituyendo un 

reconocimiento y respaldo internacional a la 

labor que realizan las organizaciones indí- 

genas. 84 

El caso más complicado ha sido el de 

la empresa ARCO (Lote 64) con los 

Achuar y sus dos federaciones (Organiza- 

ción Achuar Chayat, ORACH; y Achuarti 

Ijumtramu, ATI). En setiembre de 1996, 

personal de ARCO no pudo ingresar en 

territorio indígena por la cerrada oposición 

de los Achuar. Al mes siguiente, acompa- 

ñados por altos funcionarios de la empresa 

y de la Dirección General de Hidrocarburos, 

tampoco lograron su objetivo. Los dirigen- 

tes Achuar manifestaron que ellos no po- 

dían negociar con la Compañía porque irían 

en contra de decisiones que fueron tomadas 

por las asambleas comunales de su pueblo. 

En noviembre del mismo año, en una 

reunión con los dirigentes indígenas, ARCO 

ofieció apoyar a las comunidades con pe- 

queños programas de desarrollo comunal e 

informó sobre las actividades exploratorias 

que realizarían en la zona. Los Achuar se 

negaron a aceptar estas condiciones, indi- 

cando que dichos programas no compensa- 

rían los impactos que ellos anticipaban. El 

10 de diciembre de 1996, los 'apus' o diri- 

gentes de las comunidades Achuar y 

miembros de la directiva de ATI, suscribie- 

ron un pronunciamiento conjunto manifes- 

tando su decisión de "Rechazar totalmente 

la explotación del petróleo por la Compa- 

ñia ARCOy toda otra Compañia que quisie- 

ra explotar el petróleo mismo en todo 

nuestro territorio del Lote 64 no quere- 

mos que contaminen nuestro suelo, el alre, 

los ríos, los productos que nos alimentan 

diariamente y especz~camente nuestra vida 

actual y futura " 

El Estado puede negociar con los 

Achuar como si fuese un caso aislado, sin 

embargo, lo más conveniente sería que el 

Gobierno, asimilando positivamente esta 

experiencia, perfeccione y desarrolle un 

marco normativo para conciliar los intereses 

de las empresas petroleras, del Estado y de 

los pueblos indígenas. Dicho marco debe- 

ría comprender mecanismos adecuados de 

consulta y diálogo, de monitoreo ambiental 

y de compensación económica. 

Las tensiones generadas entre los 

pueblos indígenas y las empresas de hidro- 

carburos pueden aliviarse sobre todo con 

políticas y medidas de prevención, diseña- 

das con el apoyo del Estado, a fin de conci- 

liar los intereses económicos y sociales de 

las partes involucradas.

CAPITULO VI 

LA SITUACION VULNERABLE DEL PUEBLO ASHANINKA 

El pueblo Asháninka, el más numero- 

so de los pueblos indígenas de la Amazonía 

peruana (alrededor de 55,000 personas), es 

quizá el grupo étnico que ha enfrentado la 

mayor violencia y despojo de su territorio. 

Si bien otros pueblos indígenas soportan 

situaciones de vulnerabilidad, incluyendo 

los ashéninkas, Yanesha, Piro, Nomatsi- 

guenga, Matsiguenga y Shipibo-Conibo en 

la Selva Central, se decidió dar particular 

atención en el marco del presente Proyecto 

a un análisis de la situación de las comuni- 

dades Asháninkas. 


El hábitat de los Asháninkas abarcaba 

originalmente las provincias de Chancha- 

mayo y Satipo, el valle del Perené, el del 

Pichis, los valles de los ríos Ene y Tambo 

hasta el alto Ucayali y el Gran Pajonal. Sin 

embargo, su territorio ha sido drásticamente 

reducido. Especialmente a partir de la se- 

gunda mitad del último siglo y durante el 

presente siglo, la Selva Central se convirtió 

en una codiciada zona económica para di- 

versas empresas, la inmigración europea de 

colonos agricultores, la colonización desde 

la sierra y el comercio. El Estado y la socie- 

dad peruana, a partir de la Presidencia del 

General Ramón Castilla en 1845, tomaron 

medidas para promover la ocupación de los 

espacios tradicionalmente habitados por los 

Asháninkas, Yanesha y otros pueblos indí- 

genas de la selva, con especial interés en la 

región de Chanchamayo. Se perfilaron in- 

centivos para la colonización con población 

nacional de la Sierra y con campesinos eu- 

ropeos. Otro ejemplo de esta política fue el 

otorgamiento en 1891 a la Peruvian Corpo- 

ration Ltd. de 2 millones de hectáreas en la 

cuenca de varios ríos de la Selva Central 

(Perené, Ene, Tambo, Pichis, Pachitea y 

Ucayali) para el establecimiento de colo- 

nias. 

Si bien la colonización espontánea o 

incentivada por el Estado llegó a constituir- 

se, en las últimas décadas del siglo pasado y 

las primeras del presente, en un gran factor 

de perturbación de los Asháninka y de re- 

ducción de sus espacios tradicionales, sin 

duda, el más impactante y nefasto fue la 

explotación cauchera. Sólo en la cuenca del 

río Putumayo, que comparten Colombia, 

Perú y Ecuador, pudieron morir por efecto 

de las explotaciones caucheras entre 30 y 40 

mil indígenas, el 80% de su población. 

Aunque el territorio de los Asháninka no 

era particularmente rico en caucho, éstos 

fueron presionados y perseguidos como 

mano de obra por los empresarios del re- 

clutamiento forzado, a través de las deno- 

minadas 'correríass5, contra la cual los 

Asháninka contrapusieron acciones de de- 

fensa y de respuesta que ocasionaron fre- 

cuentes bajas a sus perseguidores. 

A pesar de la resistencia de los indí- 

genas contra la colonización y la actividad 

extractiva de recursos de sus territorios, ya 

en 19 14 el Valle del Perené estaba ocupado 

por 14 mil colonos y en el año de 1938 cer- 

ca de dos mil Asháninkas trabajaban como 

asalariados de los colonos o empresarios 

advenedizos. Con el transcurso de los años, 

estos nuevos ocupantes no sólo consiguie- 

ron incorporar en parte a la población 

Asháninka al mercado de trabajo asalariado, 

sino que avanzaron en la ocupación de cada 

vez más tierras y en la obtención de títulos 

legales.

Durante la década del cuarenta tuvie- 

ron lugar desplazamientos de la población 

hacia la selva alta, presionados por la colo- 

nización, estableciéndose principalmente en 

Jaén, Huánuco, el Perené, Oxapampa y Ma- 

dre de Dios. La migración a la Selva Cen- 

tral se hizo intensa al comenzar la segunda 

mitad del siglo, en especial después de que 

se construyó la carretera Marginal. Las ci- 

fras censales del año 1961 ya señalaban 

para la Región una población no indígena o 

de origen foráneo equivalente al 23% del 

total (Barclay, 1990, pág. 883). 

B. El proceso organizativo del pueblo 

Asháninka 

Se ha escrito mucho sobre la falta de 

unidad del pueblo Asháninka, sin embargo, 

es necesario corregir esta falsa imagen. En 

primer lugar, como se ha mencionado ante- 

riormente, la categorización oficial de 

'comunidades nativas' para su titulación de 

tierras y previo reconocimiento como co- 

munidad registrada fue una experiencia 

impuesta de una concepción andina de la 

comunidad. Antes de este proceso de orga- 

nización en comunidades, los Asháninkas 

ocupaban de manera dispersa las orillas y 

quebradas de los ríos de la Las selva alta en 

asentamientos dispersos de grupos de pa- 

rentesco. Este patrón de asentamiento con- 

trastaba con la de los asentamientos indíge- 

nas de otros pueblos en la selva baja como, 

por ejemplo, los Shipibos, que habitaban en 

núcleos más densamente poblados a orillas 

de los ríos y lagunas especialmente ricos. 

Sin embargo, como estos y otros pueblos, 

los Asháninkas se interrelacionaban entre sí 

por ríos o zonas ribereñas, con un alto gra- 

do de movilidad espacial, además, dentro 

del bosque y áreas de cultivo itinerante, por 

las condiciones del suelo. 

A partir de los años 50 los Asháninkas 

lograron que se establezcan escuelas 

(bilingües) en diversos lugares que llegaron 

a constituirse en 'núcleos poblacionales' o 

'centros poblados' de mayor densidad. En 

los años 70, cuando se inició la titulación, 

dichos centros sirvieron de base territorial 

para el reconocimiento de las comunidades. 

El propio proceso de titulación contribuyó 

al fortalecimiento de la comunidad como 

organización y la creación de federaciones 

(organizaciones inter-comunitarias) de quebradas 

o valles ribereños. Antes de la violencia 

de fines de los años 80, en la mayoría 

de estos valles ribereños los Asháninkas 

estaba organizados en federaciones. La 

violencia senderista o del MRTA no desarticuló 

propiamente a estas organizaciones, 

si bien la muerte de muchos de sus líderes y 

la persecución de otros retardó su capacidad 

de respuesta especialmente en el río Apurímac, 

el Tambo y el Ene. 

Actualmente existen 9 federaciones 

del pueblo Asháninka que han logrado fortalecerse 

durante los últimos años. En este 

contexto vale la pena mencionar que varios 

líderes de federaciones han ganado elecciones 

municipales en distritos, por ejemplo, 

Puerto Bermúdez y ~tala~a.'~ Por otro lado, 

surgió la Comisión de Emergencia Asháninka 

(CEA), que aglutina a los desplazados 

Asháninkas y comunidades hermanas en un 

efectivo proceso de formulación de reclamos 

y demandas a las instancias estatales, 

apoyada por las 9 federaciones. Y más recientemente, 

se ha creado el Consejo de 

Unificación indígena de la Selva Central 

(CUNISECP). Las principales demandas 

que formulan las federaciones, la Comisión 

y el CUNISECP son la defensa territorial, la 

creación de varias reservas comunales, la 

titulación definitiva de aquellos expedientes 

que se encuentran aún en trámite y de otras 

comunidades que reclaman una ampliación 

de tierras, así como la dotación de mayor 

infraestructura (escuelas, maestros bilingües, 

postas sanitarias) y apoyo técnico y 

financiero para proyectos productivos.

C. Situación territorial 

A través de la historia, los Asháninkas 

han luchado por defender su territorio y 

preservar su cultura, la cual en gran parte 

depende de la posibilidad de contar con 

territorios suficientes y terrenos de calidad 

adecuada para su subsistencia. Desde mediados 

del siglo XIX hasta el año 1974 

(cuando se adoptó el Decreto Ley 20653), la 

protección legal de las tierras indígenas 

amazónicas era prácticamente inexistente. 

En cambio se promovieron leyes para estimular 

la ocupación y titulación de tierras en 

favor de empresas, migrantes europeos y 

colonos andinos. El deterioro de la calidad 

de vida y actual vulnerabilidad del pueblo 

Asháninka (válido también para otros pueblos 

indígenas colindantes y de otras áreas 

amazónicas) se origina en gran medida con 

el desmembramiento de su territorio y la 

depredación ecológica por parte de otros 

actores económicos. 

Cuando se inició la titulación de las 

comunidades nativas a partir de 1974 (y a 

pesar de la modificación en 1978~~ que se 

adoptó el DL 22175), las tierras de numerosas 

comunidades eran muy reducidas. Tomando, 

por ejemplo, el caso de las provincias 

Chanchamayo (sus distritos Chanchamayo, 

Perené y Pichanaki), Satipo 

(especialmente los distritos de Mazamari, 

Coviriali y Llaylla) y Oxapampa (distritos 

de Oxapampa y Villa Rica) --áreas que habían 

sido fuertemente afectadas por la colonización-- 

se puede observar lo siguiente: 

e Las comunidades ya estaban 'atomi- 

zadas' en espacios no contiguos y cons- 

treñidos por las propiedades circundan- 

tes. 

e La extensión de las tierras comunales y, 

por lo tanto, el acceso para cada familia 

era reducido. Es decir, ya no contaban 

con la posibilidad de un manejo territo- 

rial integral conforme a sus conoci- 

mientos del bosque y su entorno como 

un hábitat que les garantizara mejores 

condiciones de vida. 

De acuerdo con el Cuadro 2, la exten- 

sión promedio por familia (Asháninka y 

Yanesha) en la provincia Chanchamayo es 

17.9 has. (incluyendo áreas dadas en pro- 

piedad y en uso); en los tres distritos de la 

provincia Satipo es 23.7 has.; y, en los dos 

distritos de la provincia Oxapampa es 61.9 

has. 

A algunas comunidades de los distri- 

tos Chanchamayo y Perené (provincia de 

Chanchamayo) sólo se les otorgó 100 hectá- 

reas. Por ejemplo, a una comunidad de 

Chanchamayo de 1 1 familias, 77 personas, 

se concedió un total de 106.5 has., de las 

cuales 71.7 has. fueron otorgadas en pro- 

piedad con título (aptas para uso agrícola, 

cultivo permanente y pastos) y 34.8 has. 

cedidas en uso (forestal y de protección). A 

otra comunidad del distrito Perené, de 18 

familias, 126 personas, se le concedió 102.5 

has., de las cuales 50.7 has. eran otorgadas 

en propiedad con título y 5 1.8 has. cedidas 

en uso. 

El proceso de titulación en estas áreas 

fue relativamente temprano, en su mayoría 

impulsado entre 1974 y 1984, cuando exis- 

tía una política gubernamental promotora, 

la cual, además, contribuyó a fortalecer las 

organizaciones comunales. 

En cambio, se observa que en otros 

distritos de las provincias Satipo (Pangoa y 

Río Tambo), Oxapampa (Puerto Bermúdez) 

y Atalaya (Antonio Raymondi y municipa- 

lidad encargada en el Gran Pajonal), la ex- 

tensión con dominio territorial por comuni- 

dad y familia ha sido significativamente 

mayor. 

En los distritos Pangoa y Río Tambo 

(Satipo), el área por unidad familiar es en 

promedio 5 1.7 has. (incluyendo las tituladas

Cuadro 2 

DISTRIBUCION DE TIERRAS A LAS COMUNIDADES ASHANINKAS (SELVA CENTRAL) 

DIST. PERENE 34 996 7 147 2 330.60 10 186.66 13 908.31 10 228 1 425 2 340 O 326 13 964 

DIST. PICHANAKI 14 365 2 499 4 018.67 8 717.10 10 891.66 23 882 3 488 11 O10 1 608 29 840 

DIST. PANGOA 29 1 485 10 395 140 001.39 49 167.96 189 169.35 33 110 4 730 94 277 13 468 127 387 18 198 

DIST. LLAYLLA 2 32 224 313.04 562.76 875.80 17. 586 2 512 9 783 1 398 27 369 3 910 

DIST. COVIRIALI 2 30 210 127.11 107.15 234.26 3 572 O 510 4 237 O 605 7 809 1 116 

DIST. MAZAMARI 8 118 826 1 379.40 1 774.45 3 153.85 15 038 2 148 11 690 1 670 26 728 3 818 

DIST. RIO TAMBO 

(RIO ENE Y TAMBO) 38 1717 12 019 209 242.20 97 212.14 306 454.34 

DIST. PUERTO 79 1 570 10 990 188 027.67 154 990.19 441 674.47 

BERMUDEZ 

DIST. PALCAZU 9 485 3 395 15 602.83 16 309.86 31 912.63 

PROV. ATALAYA 1 08 2 654 18 578 280 320.79 638 281.04 918 601.84 

ALTO UCAYALI 93 2 399 16 793 256 089.77 588 650.08 844 739.85 

BAJO 2 1 1 094 7 658 388 840.79 265 640.37 574 365.83 242 816 34 688 355 430 50 776 525 014 75 002 

* Cálculo familiar promedio de 7 miembros: padres y 5 hijos 

** Las áreas ampliadas se han considerado como áreas tituladas, no cedidas en uso 

FUENTES: PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU (PEPP); TITULOS DE PROPIEDAD DE COMUNIDADES NATIVAS; CONTRATOS DE CESION EN USO; POBLACION FAMILIAR 

REGISTRADA EN LOS TITULOS DE PROPIEDAD. 

ELABORADO POR: ANTONIO GONZALES URDAY (CONSULTOR OIT)

y cedidas en uso); en Puerto Bermúdez 

(Oxapama), población Yanesha, el prome- 

dio es de 196.9 has.; en el distrito Antonio 

Raymondi (Atalaya, Alto Ucayali) es de 

352.1 has,,; y en el Gran Pajonal, población 

Ashéninka, es de 289.6 has. (ver Cuadro 

2). En las áreas donde la colonización era 

aún reducida y las federaciones 

asumieron un rol activo en defensa y titula- 

ción de sus tierras, las comunidades logra- 

ron una mayor extensión de tierras; así, 

existen comunidades con título de dominio 

territorial desde 545 has. (243 has. tituladas 

en propiedad y 302 cedidas en uso) hasta 

otras con 58,504 has. (39,133 has. en pro- 

piedad y 19,371 has. cedidas en uso). 

Un caso extremo fue el de varias co- 

munidades del Alto Ucayali, en que se par- 

tió de una situación de esclavitud constata- 

da por una Comisión Oficial de alto nivel 

que motivó una acción concertada entre 

instancias gubernamentales y organizacio- 

nes indígenas, para su titula~ión.~~ 

En el Mapa 1 (que se encuentra en la 

contratapa), se muestra la distribución de 

las comunidades nativas de la Selva Cen- 

tral, que incluyen a los pueblos Yanesha, 

Asháninka y Ashéninka. Se puede observar 

las comunidades con tierras tituladas y 

aquellas cuya titulación se encuentra aún en 

trámite. Las comunidades tituladas con me- 

nores extensiones de tierra están ubicadas 

en los distritos Mazamari, Coviriali y Lla- 

ylla de la provincia Chanchamayo y Oxa- 

pampa y Villa Rica de la provincia Oxa- 

pampa. Las de mayor extensión se ubican 

en los distritos Pangoa y Río Tambo de la 

provincia Satipo, Puerto Bermúdez de la 

provincia Oxapampa y Antonio Raymondi y 

Gran Pajonal de la provincia Atalaya. 

En el mismo mapa se observan los 

Bosques de Protección San Matías-San 

Carlos y Pui Pui, la Reserva Comunal Ya- 

nesha, la Reserva del Estado a favor de las 

poblaciones nativas nómades Kugapakori y 

Nahua; las propuestas de Reservas Comu- 

nales de El Sira, Vilcabamba y Pavlik Niki- 

tine; así como el proyecto del Santuario 

Matshguenga Megantoni. Dichas propuestas 

encuentran en trámite desde hace varios 

años; de lograrse éstas se contribuiría a la 

consolidación de una importante área que 

garantizaría un espacio vital indispensable 

para el desarrollo no sólo del pueblo Ashá- 

ninka en su conjunto sino también de los 

otros pueblos indígenas de la Selva Central. 

D. Violencia 

Desde comienzos de la década de los 

años sesenta, los Asháninka han tenido que 

enfrentar la violencia de grupos insurgentes 

armados. El primero fue el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria-MIR, a mediados 

de los años sesenta, que utilizó la Selva 

Central y del Sur como áreas de base de 

irradiación foquista, de refugio o repliegue. 

Durante la década de los 80 e inicios de los 

90, la Selva Central fue un territorio que 

Sendero Luminoso-SL y el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru-MRTA se 

disputaron de manera violenta. 

Al llegar las Fuerzas Armadas al es- 

cenario ayacuchano, Sendero se desplazó 

parcialmente al valle del río Apurímac, ha- 

bitado por colonos y Asháninkas; los prime- 

ros dedicados al cultivo de la coca. Los 

senderistas pretendían ampliar su dominio 

territorial buscando apoyo de los producto- 

res cocaleros, y establecer 'zonas liberadas', 

donde experimentaron sus 'comités popula- 

res abiertos' o 'bases de apoyo'. Alrededor 

de 1983, Sendero inició una campaña de 

especial virulencia contra los Asháninkas, 

para desalojarlos de su territorio y favo- 

recer la ocupación de colonos productores 

de coca, presentándose como defensor de 

este cultivo frente a campañas de erradica-

ción de las fuerzas policiales especializadas 

(UMOPAR). Sendero negociaba el precio de 

la coca y pasta básica con los narcotrafi- 

cantes, a fin de obtener apoyo y cobertura. 

Sendero consideró el valle del río Apurímac 

como una zona estratégica para su movili- 

zación desde y hacia la sierra de Ayacucho 

y el valle del Mantaro. 

Sendero incursionó por el río Anapati 

la zona de Satipo a partir de 1988 y poco 

tiempo después, el valle del río Tambo. Las 

comunidades Asháninkas de las riberas 

fueron impactadas por una ola de violencia 

que las obligó a desplazarse hacia zonas 

altas o a comunidades hermanas. Además, 

la presencia de productores y traficantes 

cocaleros en la zona generó una situación 

de ocupación y despojo: "La irrupción de 

Sendero Luminoso en la vida cotidiana del 

pueblo Asháninka originó una Situación de 

conjlicto' Su clara intención de destruir, 

frustrar y controlar a la población rom- 

pió entonces su equilibrio natural e inició 

una amenaza vital hacia su identidad cultu- 

ral " (Rodríguez Vargas, 1993). Las comu- 

nidades fueron desalojadas de sus territo- 

rios, perdieron un gran número de vidas, 

cultivos, viviendas y animales domésticos. 

Sin embargo, vale la pena destacar que 

mantuvieron su organización social, sus 

formas de autogobierno y su determinación 

de defender su identidad y territorio. 

Las comunidades de los distritos de 

Pangoa, Satipo y Río Tambo (valles de los 

ríos Ene y ambo)^' fueron objeto de la 

mayor violencia y ataque senderista. El pro- 

pósito, entre otros, fue despoblarlas y esti- 

mular invasiones de colonos productores de 

coca. Con esta medida pretendían ampliar 

su base social, como intentaron en el Alto 

Huallaga y Aguaytía 

La presencia de Sendero y el MRTA 

obligó a las comunidades Asháninkas a 

organizar una respuesta sistemática de re- 

chazo a la violencia y a establecer meca- 

nismos de vigilancia y control permanente 

para asegurar su propia supervivencia. La 

muerte, dispuesta por el MRTA, del diri- 

gente Asháninka Alejando Calderón en 

diciembre de 1989, determinó el levanta- 

miento de las comunidades de la vertiente 

del Pichis. Posteriormente organizados co- 

mo 'Ejército Asháninka' asumieron la tarea 

de expulsar al MRTA del territorio de las 

comunidades afectadas e inclusive de pue- 

blos como Puerto Bermúdez, Ciudad Cons- 

titución y Puerto Inca. 

En los años siguientes, otras comuni- 

dades crearon sus propias Rondas o Comi- 

tés de Autodefensa. Así por ejemplo, debi- 

do a que en 1990 Sendero Luminoso con- 

trolaba prácticamente la totalidad del río 

Ene y buena parte del Alto Tambo, desde 

1991 los Asháninkas de estas regiones, or- 

ganizados en su autodenominado 'Ejército 

Asháninka' u 'Ovayerite', lograron rescatar 

varios miles de personas cautivas y recupe- 

rar espacios territoriales controlados por 

Sendero y cocaleros. Posteriormente, en el 

Apurímac, Ene y Satipo se constituyeron 

grupos defensivos denominados Rondas o 

Comités de ~utodefensa~' a partir de la 

experiencia de la sierra ayacuchana. En el 

Gran Pajonal, Sendero no pudo ingresar por 

las características más abiertas de esa me- 

seta y por la oposición organizada del pue- 

blo Ashéninka. 

El 'Ejército Asháninka' fue una res- 

puesta autónoma de las desprotegidas co- 

munidades Asháninkas. Más tarde, con la 

presencia del Ejército y la Marina, se cons- 

tituyeron Rondas o Comités de Autodefensa 

que recibieron apoyo en armas y municio- 

nes y coordinaron acciones. En este con- 

texto el pueblo Asháninka cumplió funcio- 

nes que corresponden usualmente al Estado. 

El pueblo Asháninka ha pagado un 

precio muy alto. Murieron entre 3,500 y 

5,000 en los ataques de Sendero o por des- 

nutrición o enfermedades en el acuartela-

miento forzoso a manos de dicho grupo, se 

desplazaron 10,000 personas (50 comuni- 

dades) en los valles de Pangoa, Ene, Tam- 

bo, Bajo Perené y Apurímac (CEA, 1995). 

Los 4,000 Asháninkas que todavía se en- 

contraban a mediados de 1995 en situación 

cautiva, fueron en su mayoría rescatados 

por el Ejército Asháninka y las rondas nati- 

vas. 

La violencia aún está presente por la 

insurgencia senderista o porque se desarro- 

lla un 'narcoterrorismo' no siempre identi- 

ficable como senderismo. Hay espacios que 

fueron desocupados por los Asháninkas y 

que ahora, al intentar retornar a sus comu- 

nidades, encuentran que sus tierras han sido 

invadidas por grupos de productores cocale- 

ros. 

E. Comunidades Desplazadas 

La mayor parte de la población sustraída 

o escapada de la influencia de Sendero, 

entró provisionalmente a buscar asentamiento 

en los llamados 'núcleos poblacionales' 

o comunidades que han recibido a los 

refugia4os mientras se creaban las condiciones 

de seguridad y aprovisionamiento de 

comida para conseguir su restablecimiento 

en las comunidades de origen. Los núcleos 

más importantes, por el volumen que han 

alcanzado en el número de refugiados, han 

sido los de Cutivireni y Valle de Esmeralda 

en el río Ene, Puerto Ocopa, Poyeni y Betania 

en el río Tambo; Matereni, Río Berta y 

Boca Kiatari en el valle de Pangoa, entre 

otros. En menor grado, se desplazaron a 

capitales distritales como San Ramón de 

Pangoa y Satipo. 

En los núcleos poblacionales se reunieron 

cientos de nativos procedentes de 

diferentes comunidades nativas, antes muy 

alejadas y casi desconocidas entre sí En este 

contexto, las características propias de la 

vida Asháninka tradicional fue completa- 

mente alterada. Se presentó un verdadero 

estado de hacinamiento y, por consiguiente, 

escasez de alimentos y problemas de salud 

(especialmente desnutrición). De hábitos 

seminómadas se vieron obligados a ser 

completamente sedentarios; no tuvieron la 

posibilidad de conservar los hábitos ali- 

menticios tradicionales, pues no hay condi- 

ciones para la caza, la pesca o la agricultura. 

Los ronderos debieron repartir su tiempo 

entre el cumplimiento de sus turnos de vi- 

gilancia y las labores de autosubsistencia. 

La llegada a los núcleos muchas veces 

representó un choque cultural para la pobla- 

ción nativa, considerando el nuevo sistema 

de organización local, el trabajo comunal, 

las ollas comunes, las formaciones y prácti- 

cas paramilitares, etc. La presencia de mili- 

tares, con prácticas culturales totalmente 

distintas, también contribuyó a una situa- 

ción de zozobra e inseguridad de campa- 

mento. 

Las comunidades 'receptoras', consti 

tituidas en núcleos poblacionales de despla- 

zados, vieron repentina y progresivamente 

crecer su número de habitantes, llegando a 

ser hasta cuatro veces mayor; de las 300 o 

400 personas que habitualmente los con- 

formaban, hoy en ocasiones sobrepasan las 

mil. La composición poblacional más alta 

está representada por mujeres y niños, viu- 

das y huérfanos. Hay un déficit considerable 

de hombres y de jóvenes de ambos sexos, 

porque han muerto a manos de los subver- 

sivos o están en poder de ellos. 

Un problema adicional que vulnera el 

ejercicio de sus derechos ciudadanos y su 

protección, inclusive para transitar o efec- 

tuar trámites, es la falta de documentos de 

identidad y certificados que se perdieron 

durante la violencia o a raíz de que los re- 

gistros civiles fueron destruidos por Sende- 

ro Luminoso.

Entre tanto, los territorios abandonados 

por los Asháninkas se hallaron en peligro 

por la ocupación que de ellos hacen los 

colonos, los narcotraficantes y los explotadores 

de madera.. 

En el estudio sobre los desplazados 

Asháninka, se destacan importantes diferencias 

entre éstos y la situación y características 

de los desplazados de la Sier~a peruana 

y de los desplazados en otros países 

Fenómenos socio-políticos como las guerras 

internas en un país, han ocasionado la 

figura migratoria del desplazado. 92 

Los desplazados migran de manera 

compulsiva, generalmente para salvar su 

vida, sin estructurar una estrategia primaria 

como migrante. Al trasladarse en busca de 

su seguridad, los desplazados generalmente 

cambian radicalmente su hábitat y se someten 

a las condiciones inhóspitas del lugar 

de destino. Por esta razón son sujetos de 

atención de programas de emergencia, que 

les permitan sobrevivir contando con un 

mínimo de alimentación, vivienda, medicinas 

y ropa. Cuando los desplazados se trasladan 

a otro hábitat y viven dispersos en las 

comunidades o pueblos receptores, sufren 

un choque cultural que dificulta su proceso 

de inserción socio-laboral, el que se agudiza 

cuando existen diferencias idiomáticas. Este 

desplazado prototipo, con el tiempo y gracias 

a su inteligencia y esfuerzo, se va socializando 

e incorporando patrones de comportamiento 

y aspiraciones de la cultura 

receptora, despertándole el interés de permanencia 

definitiva en el lugar de destino. 

Cuando el fenómeno del desplazamiento 

compromete a segmentos significativos 

de la población desde el punto de vista 

de volúmenes poblacionales, los gobiernos 

priorizan su atención de estos desplazados 

dentro de sus políticas de corto plazo, diseñan 

programas de emergencia y orientan 

recursos nacionales e internacionales. Estas 

acciones, no siempre responden a estrate- 

gias adecuadas para la población desplaza- 

da. 

Los desplazados, superados los prime- 

ros momentos de angustia al salir de su lu- 

gar de origen, se agrupan y recrean formas 

organizativas, tanto para la mejor conviven- 

cia en su lugar de destino o refugio, como 

para demandar o recibir la ayuda que se les 

preste, o para articularse a las otras organi- 

zaciones locales. Hay múltiples experien- 

cias que demuestran la eficacia de estas 

organizaciones y la capacidad para encon- 

trar vías o respuestas propias a la escala de 

sus necesidades. En la generalidad de los 

casos, los desplazados reconocen que su 

estatus es transitorio y por tal razón deman- 

dan ayuda para trabajar y reinsertarse lo 

más productivamente posible a la nueva 

sociedad que los acoge o para reasentarse 

en su lugar de repoblamiento. 

Los desplazados despiertan senti- 

mientos contrapuestos en la población local 

que los recepciona. Se explican estos com- 

portamientos, sobre todo en sociedades 

donde los niveles de pobreza son crecientes, 

y los desplazados son sujetos de atención y 

apoyo, aunque sea precariamente.. En un 

caso, se despierta el celo y envidia por la 

ayuda recibida, en otros el desprecio y la 

marginación. De esta forma el desplazado 

se convierte en la última categoría social, 

despreciada aún por los pobres. Otro com- 

portamiento frecuente en la población pobre 

es el 'convertirse' en desplazado para ser 

merecedor de los beneficios, tanto durante 

su permanencia en el lugar de destino como 

en el futuro retorno o repoblamiento. 

El fenómeno del desplazamiento 

comporta dos momentos sociales muy im- 

portantes, el referido a la salida del lugar de 

origen y el del retorno o poblamiento en un 

tercer lugar. Al igual que en el proceso de 

partida, el retorno pasa por condicionantes 

individuales, familiares, comunales o gru- 

pales que responden a expectativas sociales,

económicas o políticas de la población re- 

tornante. Además, este proceso esta condi- 

cionado por la voluntad política de los go- 

biernos y la acción de los organismos pri- 

vados de apoyo a este tipo de poblaciones. 

Cuando no se produce una confluencia de 

intereses entre estos actores sociales, el 

retorno se torna caótico, desequilibrado y 

muchas veces injusto para los más afecta- 

dos. 

Dentro de este cuadro general, el des- 

plazamiento en el caso peruano tiene mati- 

ces y variantes, en función de las caracte- 

rísticas socio-económicas del desplazado, 

de su lugar de origen y de la percepción 

política de los organismos de apoyo con 

relación al grupo de desplazados. A lo ante- 

rior se suma la gama de posibilidades que 

se combinan con las formas de migración 

tradicional, provocadas por la cercanía geo- 

gráfica del conflicto interno, que precipita 

una decisión migratoria o la orientación a 

un lugar de destino previamente elegido por 

los antiguos migrantes miembros de esa 

familia. 

De igual forma, el retorno cobra for- 

mas y modalidades que varían en función 

del grupo del que se trate.. Un desplazado 

rural o de un pequeño centro urbano que ha 

tenido como lugar de destino una de las 

grandes ciudades, donde ha logrado sociali- 

zar intensamente, posiblemente prefiera 

permanecer en su nuevo destino y no retor- 

nar o hacerlo temporalmente si es que hay 

algún bien o propiedad que no desea perder. 

La casuística internacional no muestra re- 

tornos masivos exitosos, con esta condi- 

ción de desplazado. 

La composición de la población des- 

plazada, en un alto porcentaje, está confor- 

mada por mujeres y niños o jóvenes en 

temprana edad. Las primeras, justificarán su 

permanencia en aras de estar al lado de sus 

hijos para que estos sigan disfrutando de los 

servicios de educación y salud que no dis- 

ponían en su lugar de origen. Los segundos, 

posiblemente se hicieron jóvenes y aspiran 

a una vida 'más moderna' o quizás forma- 

ron familia y hoy tienen una obligación para 

con sus recientes hijos. Esta característica 

es muy frecuente en la población desplaza- 

da de origen andino. Las condiciones de 

vida en sus lugares de origen, son tremen- 

damente expulsoras de población, en tanto 

no solamente no les ofrece el acceso a los 

servicios básicos sino que tampoco les abre 

las puertas al mercado laboral. Frente a esta 

situación de vieja data, la guerra interna 

sólo fue el detonador de una situación in- 

sostenible 

El caso de los desplazados amazóni- 

cos y particularmente los Asháninkas de la 

Selva Central del Perú, no responden, en su 

totalidad, a las características del desplaza- 

miento antes mencionada^.^^ Frente a la 

guerra interna y a las mafias del narcotráfi- 

co, resistieron a las hordas invasoras hasta 

el límite de sus fuerzas, perdiendo muchas 

vidas, en el intento de permanecer en sus 

territorio. Cuando tuvieron que trasladarse, 

se 'protegieron' dentro de su propio territo- 

rio, concentrándose en las comunidades y 

asentamientos de sus hermanos nativos, con 

el propósito de retornar apenas se den el 

mínimo de condiciones de seguridad. El 

llamado desplazado Asháninka no busca 

socializar en un medio distinto al de él. 

Su cultura y cosmovisión de la vida le per- 

mite reconocer el valor de los elementos 

fundamentales que la naturaleza amazónica 

y su territorio comunal le brinda. 

Por oposición, en la lógica del despla- 

zado andino que migra, se busca no sólo la 

protección de la familia sino también --y tal 

vez aunque de manera no estructurada 

conscientemente-- la de conseguir mejores 

opciones de vida, que él considera a su al- 

cance en el mundo urbano. El desplazado

amazónico reconoce que el mundo urbano o 

rural andino es muy ajeno a su realización 

familiar, razón por la cual, apenas se infor- 

ma que existen las condiciones para el re- 

torno, se organiza con su comunidad para 

efectuar dicha tarea. Esta característica dife- 

rencial permite pensar que el fenómeno del 

desplazamiento amazónico es temporal y 

tiene una alta vocación al retorno. 

En el Mapa 2 se observa el intenso 

desplazamiento de las comunidades Ashá- 

ninkas por efecto de la violencia. En el Ma- 

pa 3 se muestra el proceso de retorno de las 

comunidades desplazadas, destacándose el 

considerable número de éstas que han lo- 

grado reconstituirse, en gran medida por 

esfuerzo propio. Además, se observa que 

diversas comunidades se encuentran aún en 

proceso de retorno y que otras aún no han 

logrado iniciarlo, por inseguridad. En el 

Mapa 4, se observan las recientes concesio- 

nes petroleras que se han otorgado en la 

Selva Central. 

F. Los programas de apoyo a los des- 

plazados 

La situación de marginación y abando- 

no en el que viven los pueblos indígenas 

arnazónicos, con relación a los beneficios y 

servicios ofrecidos por los gobiernos, ha 

hecho que ellos tengan poco conocimiento y 

en consecuencia poca fe en la capacidad 

institucional de los servicios estata~es~~. 

Para entender cabalmente la situación actual 

hay que partir de este antecedente, que ge- 

nera un clima de desconfianza mutua95. Esta 

situación demuestra que no se han hecho los 

esfuerzos necesarios para comprender el 

marco cultural en el que se desenvuelven 

los pueblos indígenas. Las acciones, pro- 

gramas y estrategias que se aplican tanto 

por parte del Estado como de los orga- 

nismos privados de fomento al desarrollo, 

deberán partir de este conocimiento, sino 

corren el riesgo de sembrar falsas expectati- 

vas, fracasos o mayores conflictos. Aún 

cuando hayan sido bien pensados en la lógi- 

ca urbana o andina, no son de aplicación 

automática en el ámbito de la Amazonía. 

La falta de una atención estatal y de 

una comprensión de la sociedad peruana en 

su conjunto es especialmente notoria en 

relación con los Asháninkas, un pueblo que 

se ha sacrificado por defender a su país y 

la integridad territorial de la Selva Central 

frente a la violencia. Es un pueblo que, 

además, rehusa ser comprado para involu- 

crarse en el narcotráfico o la producción 

ilegal de cultivos de la coca. Ambas razo- 

nes, de por sí, darían lugar al diseño de una 

política prioritaria de apoyo a sus derechos 

territoriales como la mejor manera de ga- 

rantizar una presencia viva y perdurable de 

estos ciudadanos. En este sentido, los 

Asháninkas representan un microcosmo de 

la situación vulnerable que enfrentan los 

otros pueblos indígenas de la Amazonía 

peruana.. 

1. El Programa de Apoyo al Repobla- 

mimto, PAR 

El PAR es un organismo descentrali- 

zado que fue creado en octubre de 1993 en 

el marco de la pacificación, inició sus acti- 

vidades a mediados de 1994. La Oficina 

zona1 de Huancayo fue establecida en febre- 

ro de 1995 y su oficina local de Satipo se 

creó recién a fines de 1995. Antes depen- 

diente del Ministerio de la Presidencia, el 

PAR ahora forma parte del Ministerio para 

la Promoción de la Mujer y el Desarrollo 

Humano (PROMUDEH). 

El objetivo del PAR es brindar las 

condiciones Mínimas a la población retor- 

nante y servir de nexo entre el Estado y las 

comunidades beneficiarias. Con ellas elabo- 

ran los 'expedientes técnicos' y de esta 

forma aseguran participación popular.

wA EL DESPLAZAMIENTO INDIGENA POR LA ( 

VIOLENCIA EN LA SELVA CENTRAL 

OIT ... PNUD ... HNOS 

PROYECTO SAT - 1 

PUEBLOS INDIGENAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LA AMAZONKA PERUANA 

SIMBOLO: DESCRiF'CiON: RJENTE: 

AIDESEP & f-!&gaEdem 

Comunidades Nativas 

ANAP 

. Ruta de Despl~~~rmento COMISION DE EMERGENCIA 

de los Indfgenas ASHANINKA (CEA) 

Fuerzas Amiadnts del M 

PROYECM ESPECIAL 

PICHIS-PALCAZlJ 

Autores: 

CEDIA 

"Ovaveriite", Eiercito de Ashanhkas. 

Momátsi ngás y Y i lo 

CARTAS DEL 

. . 1 m Eutod~fensa hKr,, 

m s m 

GEOORAPiCQ NACIONAL 

Dibujo: Escala: Fecha: 

José Avalos F. 1/85o,m Marzo 1997 

Apoyo en Informática: 

DEPAR- 

83 

DE SISTEMAS - GEODATA WGENIERIA

MAPA PROCESO DE RETORNO DE LAS COMUNIDADES 

DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA 

OIT PNUD ... HIVOS f 

PROYECTO SAT - 1 

PUEBLOS INDIGENAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DESCRIPCION: 

Comunidades retornadas 

En proceso de retorno 

Comunidades aún desplazadas 

Base Militar 

AIDESEP 

ANAP 

mWE: 

COMISION DE EMERGENCIA 

ASHANMKA (CM) 

PROYECTO ESPEClAL 

PICHIS-PALCAZU 

CEDIA 

CARTAS DEL. INSTITUTO 

GEOGRAFICO NACIONAL 

"Ovayeriite" o Autodefensa 

Indígena 

Autores: 

Antonio Gonzaies U. Dibujo: Escala: Fecha: 

Guillemo Naco Rosas 

Josd Avalos F. 1/850.000 Marzo 1997 

e 

Apoyo en Informática: 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GEODA'IA INGENIERIA

Como mecanismo de coordinación al necesidades y desafío que plantea la situa- 

- - 

interior del aparato del Estado han creado ción esencialmente diferente del desplazado 

los comités multisectorialesg6 a nivel de- Asháninka, se está fortaleciendo un proceso 

partamental. Hasta la fecha, el financia- de consolidación colonizadora 

miento y atención del PAR ha estado con- 

centrado en la situación del desplazado an- 

dino. Actualmente cuenta con alrededor de 

US$ 50 millones de financiamiento y re- 

cientemente se ha formulado el "Programa 

para un Millón de Campesinos". Como 

reconocen sus propios funcionarios, se ha 

dado muy poca atención a la situación espe- 

cífica de las comunidades de desplazados 

~sháninkas.~' 

Se han realizado algunas actividades 

puntuales de atención de emergencia o de 

'acción cívica'. Estas últimas consisten en 

un acto de convocatoria a varias comunida- 

des de desplazados para la entrega de ali- 

mentos, uniformes, útiles de labranza y 

brindar servicios de salud. A dichos actos 

asisten autoridades regionales, locales y del 

gobierno central, contándose, además, con 

el apoyo y seguridad de parte del Ejército. 

Las organizaciones Asháninkas y las autori- 

dades sectoriales demuestran un interés en 

coordinar acciones; sin embargo, los repre- 

sentantes indígenas insisten que hasta ahora 

éstas tienen un carácter simbólico o son 

insuficientes y no se atienden ni las necesi- 

dades urgentes de emergencia, ni las pro- 

ductivas para asegurar su retorno y viabili- 

dad económica.. 

Asimismo, destacan que en cuanto a 

las acciones del PAR en la Selva Central, se 

han efectuado acciones de retornos organi- 

zados de campesinos andinos que no siem- 

pre corresponden a familias de colonos que 

estuvieron previamente asentados en el 

área. Perciben que el PAR, quizás de mane- 

ra no explícita, pero por falta de una pers- 

pectiva a largo plazo o personal técnico 

debidamente familiarizado en cuanto a las 

Dicho proceso estaría, además, ocu- 

rriendo en un contexto de colonización 

'espontánea' (no necesariamente atribuible 

a acciones estatales explícitas), al haberse 

reducido actualmente en forma significativa 

la presencia de grupos insurgentes armados. 

Sin duda, la penetración de nuevos colonos 

(andinos) es un factor que perturba las con- 

diciones de retorno y asentamiento de los 

Asháninkas en sus comunidades y pone en 

. . 

serio riesgo sus tierras. 

En este sentido, el PAR debería establecer 

con toda claridad una política de 

apoyo prioritario al desarrollo participativo 

de las comunidades Asháninkas, así como 

revisar su política de promover 'retornos' 

de poblaciones organizadas de colonos, 

salvo que éstos tengan antecedentes debidamente 

comprobados de haber habitado 

previamente la zona. De esta manera, el 

PAR y las otras instancias estatales con las 

cuales se coordinan acciones, contribuirían 

al desarrollo sostenible de la Selva Central 

y asegurarían que no se generen futuros 

conflictos. 

4 

Quizá es poco afortunado que el PAR, 

como su nombre lo indica, sea un programa 

de 'repoblamiento', cuando en realidad se 

trata de 'reinserción'. El objetivo debe ser 

facilitar el retorno y apoyar el proceso de 

recomposición del tejido social comunitario 

por parte de los retornantes, locual supone 

también una incorporación a la vida productiva 

en un determinado espacio socioeconómico. 

Por contraste, el repoblamiento es una 

categoría que alude a llenar un espacio, un 

vacío. En el caso de la Amazonía, dicho 

vacío no existe.

2. FONCODES 

FONCODES, creado en agosto de 

1991, en el marco de una estrategia social 

destinada a mejorar las condiciones de vida 

de la población en situación de pobreza, ha 

desarrollado una intensa actividad en numerosas 

áreas donde se evidencian necesidades 

básicas insatisfechas, tales como carencia 

de agua potable, desagüe, energía eléctrica, 

vivienda, desnutrición infantil, analfabetismo. 

La Selva Central no ha recibido de 

FONCODES lo que proporcionalmente 

le correspondería; pareciera que todavía no 

ha alcanzado la prioridad que requiere por 

sus niveles de pobreza y marginación social. 

La violencia ha dificultado la presencia 

de instituciones como ésta, para dotar de 

servicios básicos e infraestructura para incentivar 

la producción en la Selva Central y 

lo poco que se ha hecho hasta la fecha, no 

ha merecido una estrecha coordinación con 

las organizaciones Asháninkas. Una lectura 

muy mecanicista que denota desconocimiento 

de la cultura indígena, es la que rechaza 

trabajar con las organizaciones regionales 

o federaciones porque entienden la 

participación como la articulación exclusiva 

con las comunidades o población de base. 

Para el caso amazónico, las comunidades a 

veces son tan pequeñas que no superan diez 

o quince familias. Este enfoque no puede 

ser válido para los pueblos indígenas que 

reclaman una atención integral dentro de un 

concepto de unidad territorio-población. 

3. Otras instituciones estatales 

Además de estos programas especiali- 

zados de lucha contra la pobreza y apoyo al 

desplazado, se encuentran las acciones 

sectoriales que tienen sus respectivos planes 

de inversión y sus propias prioridades de 

acción en la Selva Central. Lo que se puede 

constatar es que todavía no hay mecanismos 

efectivos de acción concertada dentro del 

aparato del Estado, los esfuerzos del PAR 

son recientes y aún débiles, y la acción del 

FONCODES es aún incipiente en la Selva 

hasta la fecha. Los gobiernos locales no 

están preparados ni equipados para tener un 

rol protagónico. Un indicador positivo, es 

que los Asháninkas y otros pueblos indíge- 

nas cuentan con varios alcaldes propios 

(indígenas) que han sido elegidos en las 

últimas elecciones municipales, y que bus- 

can apoyo para ejecutar obras prioritarias, 

coordinando con sus propias organizacio- 

nes.

CAPITULO VI1 

DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTRATEGIAS LOCALES Y EMPLEO 

PRODUCTIVO 

"Ningún país puede sostener niveles 

elevados de crecimiento económico sin una 

fuerte base de desan~ollo humano", entendido 

como "un desarrollo cuyo eje es el ser 

humano, que considera al crecimiento económico 

como un medio y no como un fin, 

que promueve la participación de las personas, 

la generación de empleo productivo y 

la regeneración del medio ambiente" 

(Simonsen, 1996, pág. 9). 

Al referirse a las experiencias de desarrollo 

sostenible con pueblos indígenas 

amazónicos, uno de los autores del presente 

proyecto, afirma que "en general los proyectos 

con el propósito de me~orar las condiciones 

económicas no son sostenibles,, 

generalmente han sido de corta duración, 

conflictivos e incapaces de producir beneficios 

financieros para las comunidades.. Nos 

preguntamos: ipor qué estos proyectos han 

fracasado.?, ,j han sido pobremente concebidos, 

planeados o manejados?, i han ignorado 

la cultura local.?; jo han fallado por 

no considerar la cultura del mercado.?" 

(Smith 1996b, pág.6). 

Por milenios los pueblos indígenas 

han practicado la so~tenibilidad~~ no como 

"meta de desarrollo" sino como modo de 

vida. En cambio en los tiempos modernos la 

sostenibilidad aparece como una meta tan 

loable como irrealizable. Será tal vez porque 

"la filosofía progresista, secular y materialista 

sobre la que reposa la vida moderna 

-en especial la Civilización Occidental durante 

los últimos trescientos años- es a un 

tiempo equívoca y finalmente destructiva, 

para nosotros mismos y para toda la trama 

de la vida en el planeta" (Worster, 1993, 

pág. 1). 

¿Cómo reconciliar las demandas apa- 

rentemente contradictorias entre la sosteni- 

bilidad y la rentabilidad? El balance hasta 

ahora no augura un futuro promisorio para 

la primera demanda, considerando que la 

diversidad biológica y etno-cultural son 

significativamente afectadas por los reque- 

rimientos de rentabilidad del mercado. Por 

ejemplo, "los recursos genéticos del bosque 

húmedo tropical están desapareciendo a una 

velocidad dramática, aproximadamente 42 

millones de acres de bosques tropicales se 

pierden anualmente para dedicar la tierra a 

la agricultura de subsistencia y la ganade- 

ría." (Frisvold y Condon, 1994, pág. 1). 

A. Los cambios profundos en la Ama- 

zonía 

En las tres últimas décadas el proceso 

de la creciente globalización finalmente ha 

incorporado a la Cuenca Amazónica a las 

esferas económicas y políticas de los Esta- 

dos cuyos límites la atraviesan, dando paso 

a profundos cambios y nuevas realidades 

físicas y socio-económicas. 

La población de la Gran ~mazonía~~ 

se ha triplicado en el lapso de 30 años 

(1960: 9,675 millones; 1990: 29,336 millo- 

nes), con una tasa de crecimiento anual de 

6.42% (Butts y Bogue, 1989, pág. 5 1). En la 

Amazonía peruana, el crecimiento pobla- 

cional revela una tendencia similar, con- 

centrándose durante la última década de 

violencia política principalmente en las 

áreas urbanas.loO Las áreas rurales se han 

visto fuertemente afectadas en este período 

por el asentamiento masivo de colonos, la 

tala indiscriminada de bosques, el mono- 

cultivo comercial, el cultivo de la coca, la

exploración y explotación petrolera y mine- tar con los diversos actores económicos y 

ra . estatales presentes en la Amazonía, contri- 

Hasta los inicios de la década del se- buyendo a una situación desventajosa, to- 

senta, la vida de la mayoría de los pueblos mando en cuenta que existe una ar~aigada 

indígenas amazónicos transcurría dentro del discriminación que se manifiesta cotidia- 

contexto de sus sociedades tradicionales. El namente de muy diversas formas. 

contacto con la economía de mercado era Actualmente, los indígenas tienen el 

muy esporádico Y n~diado Por 10s reto de resistir la tentación de sobre- 

"patrones", reliquias del auge del caucho explotar sus recursos para obtener ganan- 

Algunos pueblos indígenas tenían contacto cias a corto y no repetir los errores 

ocasional con misioneros. Excepto 10s eSp0- destructivos de los colonos, ganaderos, co- 

rádicos internados misionales, no existía caleros, madereros y otros actores economi- 

educación formal Y muy Pocos habkban el COS que han contribuido a una depredación 

español. Nadie 10s reconocía como ciuda- del medio ambiente. 

danos con plenos derechos. 

Hoy en día los contrastes no pueden 

ser más dramáticos. Casi todos los pueblos 

indígenas de la Amazonía producen para y 

negocian directamente con el mercado. 

Mientras los lazos de parentesco son toda- 

vía el fundamento básico que aglutina a los 

asentamientos locales, cada unidad familiar 

ha establecido nuevos tipos de relaciones 

sociales a través de su incorporación a la 

economía de mercado. 

La preocupación central de los pue- 

blos indígenas amazónicos es consolidar 

sus territorios y, a través de dicho proceso, 

participar en la economía de mercado, en 

términos que sean rentables, sostenibles, 

ambientalmente convenientes y con la pre- 

servación de los valores, conocimientos y 

modo de vida de la comunidad. 

En muchas áreas, los pueblos indíge- 

nas se vieron invadidos por el proceso de 

colonización y la incursión de nuevos acto- 

res económicos. Los internados de los mi- 

sioneros han sido reemplazados por las dis- 

persas escuelas de educación rural auspicia- 

das por el Estado, pocas veces a cargo de 

profesores bilingües de las comunidades 

locales. 

Tanto en el campo como en los cen- 

tros urbanos, el idioma español se ha im- 

puesto como la lengua dominante para tra- 

B. La economía indígena amazónica 

Las sociedades indígenas han ocupado 

los bosques tropicales amazónicos por va- 

rios miles de años, desarrollando y difun- 

diendo entre sí estrategias adaptativas que 

les han permitido prosperar en variados y 

frágiles ecosistemas y alcanzar un alto gra- 

do de estabilidad social y sostenibilidad 

ambiental. En la Amazonía evolucionó una 

civilización indígena diferente de aquellas 

de los Andes, Meso-América o Europa. No 

dio lugar a la acumulación material ni al 

desarrollo urbanístico, sino se organizó a 

partir de poblaciones dispersas a lo largo de 

un enorme territorio. Se basó en estrategias 

específicas para el manejo del medio am- 

biente tropical, una visión compartida sobre 

el propósito de la producción y el intercam- 

bio y un orden moral que aseguraba la sus- 

tentabilidad de su civilización. Dicha civili- 

zación generó una extraordinaria diversidad 

cultural y lingüística, reflejando la rica va- 

riabilidad de su entorno físico. Manteniendo 

los asentamientos pequeños y dispersos y 

limitando el poder de cada grupo doméstico 

para dominar a los otros, los indígenas de la 

Amazonía han podido conservar esa diver- 

sidad cultural tal como el bosque ha conser- 

vado la diversidad de sus especies.

Durante siglos, los observadores ex- 

ternos a la Cuenca Arnazónica fueron enga- 

ñados por la aparente uniformidad de su 

composición física; para ellos todo lucía 

semejante y abundante. Pero los pobladores 

indígenas hace mucho tiempo aprendieron 

que cada territorio tiene una diferente com- 

binación de suelos, subsuelo, agua, cobertu- 

ra vegetal, y fauna; y que su dominio re- 

quiere diferentes técnicas y estrategias para 

manejar y usar sus recursos de manera óp- 

tima considerando la fragilidad de los eco- 

sistemas. Ese repertorio de estrategias 

adaptativas, ampliamente compartidas y 

difundidas alrededor de la cuenca, sentó las 

bases para el desarrollo de una civilización 

indígena amazónica. Hoy en día, esta gran 

variabilidad determina en gran parte las 

posibles estrategias a considerar en una 

economía futura más estrechamente ligada 

al mercado, la cual presenta oportunidades 

para la colocación de productos promisorios 

elaborados por los propios pueblos indíge- 

nas. 

Para los indígenas amazónicos, la vida 

económica tiene un profundo propósito 

social: mantiene y reproduce las sociedades 

locales y establece nexos entre ellas. Exis- 

ten agudos contrastes entre 'la economía' de 

los indígenas amazónicos y la de los habi- 

tantes urbanos inmersos en la cultura de la 

economía de mercado. 

En el contexto tradicional, la vida 

económica indígena no persigue una acu- 

mulación de riqueza. Entender este con- 

traste es clave para comprender el complejo 

mundo de relaciones económicas de los 

indígenas amazónicos hoy en día y para 

imaginar un futuro económico sostenible y 

equitativo. 

La economía indígena amazónica tie- 

ne tres componentes fundamentales: 

l. Actividades de subsistencia 

Las actividades económicas para satis- 

facer las necesidades de la vida diaria son la 

agricultura de roza y quema, el manejo fo- 

restal, la cacería, la pesca, y la manufactura 

doméstica. Comúnmente las llamamos acti- 

vidades de subsistencia; pero es importante 

que nosotros entendamos a la subsistencia 

como los requisitos para mantener una for- 

ma de vida, y no simplemente para la so- 

brevivencia física (Gailey, 1987). A través 

de toda la Arnazonía se encuentran ele- 

mentos comunes de conocimiento y herra- 

mientas usadas para estas actividades, pero 

la combinación de los elementos concretos 

está determinada por factores culturales 

como el idioma, la historia, los movimien- 

tos migratorios, los contactos con otros 

asentamientos y pueblos, y por las particula- 

ridades de los ecosistemas locales. 

La vida económica --la producción, 

distribución y consumo-- está organizada a 

través de relaciones y redes de parientes. El 

grupo doméstico, es decir, la pareja de ma- 

rido y mujer, y sus miembros dependientes 

que comparten el fogón, respetando la divi- 

sión de tareas por género y edad, es la que 

se encarga de sus propias actividades pro- 

ductivas; pues cada una tiene su propia cha- 

cra y se organiza para la caza, pesca y re- 

colección. 

El resultado de sus esfuerzos produc- 

tivos es reconocido como suyo para consu- 

mir o compartir a su gusto. Sin embargo, la 

unidad económica de la sociedad indígena 

es el asentamiento local como agrupación 

de unidades domésticas interdependientes, 

estrechamente vinculadas por lazos de pa- 

rentesco. Los miembros de cada asenta- 

miento comparten el manejo de los recursos 

productivos, el producto de sus actividades 

de subsistencia, y los conocimientos necesa- 

rios para su reproducción social.

2. El intercambio mantiene la solidari- 

dad del grupo 

La economía indígena amazónica es 

esencialmente una economía del don, es 

decir, está basada en el intercambio diferido 

de obsequios. La sociedad indígena sociali- 

za en sus jóvenes el fuerte sentido de valor 

y obligación para compartir cualquier bien 

material que posea. Se les enseña el impe- 

rativo moral de recibir lo que les es ofrecido 

y a reconocer la deuda creada. La esencia 

misma de la economía del don es la obliga- 

ción de reciprocar (Mauss, 1990); mantiene 

el flujo de los bienes, entre el que da y el 

que recibe. 

El intercambio es llevado a cabo tanto 

en contextos informales como formales o 

rituales. Una forma común de intercambio 

informal es la distribución de comida, cruda 

o cocida entre las unidades domésticas 

dentro de la unidad económica o, en algu- 

nos casos, el intercambio de trabajo dentro 

del grupo del asentamiento ("cambia- 

manos" o "prestamanos"). El intercambio 

formal toma formas diferentes, pero el co- 

mún denominador es el contexto ritual que 

rodea los actos formales ddl dar. 

En la Arnazonía indígena, el inter- 

cambio no significa acumular riqueza mate- 

rial; se trata de unir lazos útiles o alianzas 

entre el donante y el receptor, entre los po- 

bladores de río arriba y río abajo, entre afi- 

nes potenciales, o entre grupos aliados en 

un conflicto. El dar y recibir en tal econo- 

mía del don sirve para reafirmar los lazos 

de solidaridad social. 

3. Orden moral y solidaridad social 

Para asegurar que la economía del don 

funcione, las sociedades amazónicas han 

desarrollado valores culturales que refuer- 

zan en cada uno de sus miembros la impor- 

tancia de dar, recibir y reciprocar. Sin tal 

orden moral la economía del don no funcio- 

naría. Nadie sentiría ninguna obligación de 

dar y si lo hiciera, el receptor no estaría 

obligado a recibir el obsequio o a recipro- 

carlo. 

La generosidad es el valor central en 

este sistema moral y continúa siendo pre- 

miado con mayor prestigio y estatus. La 

sociedad indígena amazónica ve con malos 

ojos el egoísmo o el acumular bienes mate- 

riales de cualquier clase. Cuando un miem- 

bro de un asentamiento local esconde la 

comida o artículos de lujo, recibe el silen- 

cioso desprecio de los demás; si tal com- 

portamiento continúa, el ofensor puede ser 

separado de la vida social por completo. 

Las normas de dar y recibir determi- 

nan cómo los bienes y servicios circulan al 

interior de y entre los asentamientos indíge- 

nas. Reforzado por la autoridad moral de la 

historia oral y de los mitos, el orden moral 

de las sociedades amazónicas regula éstas y 

otras importantes relaciones a fin de asegu- 

rar la correspondencia de la sociedad hurna- 

na con el mundo natural. 

C. La sostenibilidad de la economía 

indígena 

La economía indígena amazónica, se- 

gún las evidencias etnohistóricas y arqueo- 

lógicas, parece haber sido estable desde 

hace cinco o siete mil años gracias a condi- 

ciones sociales y culturales que parecen 

haber permanecido estables durante el 

tiempo. Entre las principales están: 

Bajos y constantes niveles de pobla- 

ción; un patrón de asentamiento dis- 

perso, con pequeños asentamientos 

estratégicamente ubicados cerca de 

los más importantes recursos; una 

gama de estrategias de subsistencia 

extremadamente variada. 

Un modelo de asentamiento disperso, 

haciendo posible el aprovechamiento

de recursos en un área extensa, acce- da. Además, el nuevo régimen hizo posible 

so a los recursos productivos en for- que se estableciera una economía basada en 

ma libre y abierto a todos los miem- la extracción por la fuerza de una renta en 

bros del asentamiento local; y, una especie o en trabajo y luego, a partir del 

tecnología simple y apropiada a las siglo XX, en relaciones de mercado y de 

necesidades de subsistencia. clase. 

e División del trabajo por edad y sexo, 

transmisión intergeneracional de co- 

nocimientos y habilidades necesarias 

para realizar las actividades que les 

correspondían; complementación de 

roles productivos del hombre y la 

mujer . 

e Producción motivada por las necesi- 

dades del grupo local más que por el 

afán de acumular riqueza. Y, final- 

mente, 

e Un orden moral reforzado por el or- 

den cósmico, que aseguraba el balan- 

ce en el sistema global. 

D. Agentes exógenos de cambio en la 

economía indígena amazónica 

El cambio ha estado siempre presente 

en las sociedades amazónicas, pero debido a 

que el ritmo de la innovación era lento, ha- 

bía tiempo de asimilar los cambios positi- 

vos y descartar los negativos, sin que eso 

afectase la estabilidad del sistema global. 

La llegada de los europeos en el siglo 

XVI aceleró el cambio a velocidades verti- 

ginosas, estirando la matriz cultural tradi- 

cional a sus límites. Al inicio, la Cuenca 

Amazónica se vio afectada sólo periférica- 

mente hasta que a fines del siglo XIX la 

voraz demanda del caucho vino a perturbar 

gran parte de la Cuenca. 

Las mercancías europeas llegaron 

junto con un régimen político completa- 

mente nuevo que dominó a las sociedades 

amazónicas que nunca habían estado sub- 

yugadas a una autoridad política centraliza- 

Hasta mediados del siglo XIX, los 

contactos entre europeos e indígenas amazónicos 

se dieron a lo largo de los flancos 

orientales de los Andes, con misioneros de 

órdenes católicas. Estos establecieron grandes 

misiones o "reducciones" donde reorganizaron 

la forma de vida de los indígenas 

constituyendo, en ellas, una especie de empresa 

económica bajo estricto control de los 

sacerdotes. Los objetivos económicos y 

espirituales de estas empresas eran indistinguible~. 

La misión actuaba como única intermediaria 

entre la comunidad y el mercado. 

A partir de la segunda mitad del siglo 

XX, las misiones protestantes iniciaron su 

labor, introduciendo un modelo evangelizador 

diferente, pues se concentraron en la 

conversión individual a través de un proceso 

de adoctrinarniento. La educación formal, 

en muchos casos en el idioma nativo, 

ha jugado un papel importante para estas 

misiones 

El auge del capitalismo industrial a 

comienzos del siglo XIX incrementó la demanda 

de recursos naturales procedentes de 

la Cuenca Amazónica. A inicios del siglo 

XX, unos pocos comerciantes, establecidos 

en poblados y ciudades (Iquitos, Manaos o 

Belén), pasaron a controlar la exportación y 

las extraordinarias ganancias de productos 

como el caucho. Estos comerciantes establecieron 

una forma de transacción conocida 

como "habilitación", que consistía en un 

adelanto en dinero y bienes a subcontratistas 

de pueblos pequeños de la Amazonía 

cercanos a los lugares de producción de la 

materia prima. La cadena de subcontratistas

tenía usualmente cuatro o cinco eslabones, 

terminando en el trabajador indígena que 

estaba en el bosque produciendo la materia 

prima (Chevalier, 1982, pág. 75). 

La habilitación medió este intercambio 

asimétrico entre personas que usan dos 

lógicas económicas distintas (Chevalier, 

1982; Taussig, 1980). Los patrones y comerciantes 

locales buscaban incrementar su 

capital entregando sus artículos por otros 

productos o ser~icios~~'. Los indígenas, 

Tenían una meta muy concreta: poseer los 

artículos comerciales que deseaban, para 

ellos o para usarlos en el contexto de su 

propia economía del don. 

Hasta hace poco, la economía extractiva 

en la Amazonía dependió de este sistema 

de habilitación, cuyo legado cultural 

aún forma parte de la vida de los indígenas 

amazónicos, a pesar de que la mayoría de 

estos 'patrones' se haya ido. Los indígenas 

a menudo fueron estafados y sometidos a 

sistemas de explotación sin ninguna protección, 

al mismo tiempo que sufrían el despojo 

de sus tierras. 

Hasta los años 60's, en que se inicia la 

construcción de carreteras y se impulsa la 

colonización, el Estado tuvo poca presencia 

en la Amazonía.lo2 Las autoridades civiles 

no prestaron ninguna atención a las poblaciones 

indígenas. Recién a inicios de los 

años 70, durante el gobierno del General 

Velasco Alvarado, el Estado empezó a 

atender el justo reclamo por el reconocimiento 

de la propiedad de los indígenas 

amazónicos sobre las áreas ocupadas por 

ellos. 

El Estado ejerce una enorme influencia 

por medio de sus políticas fiscales, de 

importación-exportación, de comercio exterior, 

de inversión pública y sus numerosas 

funciones reguladores. Esta influencia 

afecta a los pueblos indígenas tanto como 

productores como consumidores. 

Sin duda, la construcción de carreteras 

de penetración así como la exploración y 

explotación petrolera han ocasionado pro- 

fundos cambios en las comunidades indíge- 

nas, al encontrarse confrontadas con un 

mundo nuevo de comercio y contratación de 

mano de obra. 

Durante las últimas dos décadas, han 

surgido diversas organizaciones indígenas. 

Actualmente, alrededor del 85% de los ha- 

bitates indígenas de la Cuenca forman 

parte de algún tipo de organización repre- 

sentativa, la mayoría como una federación 

étnica que clama por los derechos territo- 

riales y de autodeterminación y por un pro- 

ceso equilibrado y autónomo de desarrollo 

local. Cuentan con el apoyo de ong's y es- 

tán ligadas a redes regionales, nacionales o 

internacionales de organizaciones similares 

(Smith, l996a). 

El proceso organizativo y de gestión 

de proyectos productivos ha estado fre- 

cuentemente relacionado con la presencia 

de organizaciones no gubernamentales, que 

se constituyen en importantes agentes de 

cambio en las comunidades indígenas. Prin- 

cipalmente han sido proyectos pequeños, 

pero incluso un proyecto de US$5,000 pue- 

de tener un impacto significativo en la eco- 

nomía local de una comunidad indígena 

donde circula poco dinero. 

E. La viabilidad de las iniciativas eco- 

nómicas 

Los indígenas amazónicos tienen poca 

experiencia sobre cómo funciona el merca- 

do, pero ahora que el dinero y el mercado se 

incorporan como parte de su vida cotidiana, 

la sostenibilidad a largo plazo de sus rela- 

ciones con el mercado se vuelve crítica para 

su supervivencia. 

Durante los últimos treinta años, los 

indígenas amazónicos han comenzado a 

experimentar nuevas maneras para relacio-

narse con el mercado incluyendo diversas 

modalidades asociativas. La ganadería entre 

los Amuesha del Palcazu, la producción de 

hamacas y bolsas entre los Huitoto y Bora 

del Ampiyacu, el camión para la comercia- 

lización entre los Aguaruna del Marañon, 

las tiendas comunales entre los Maijuna y 

Huitoto del Putumayo, y la venta colectiva 

de cerámica tradicional entre los Shipibo de 

Ucayali son sólo algunas de las estrategias 

que han puesto en práctica, sin embargo, 

muchas de ellas no fueron bien concebidas 

y tuvieron poco éxito.lo3 

El giro de una economía dirigida por 

el Estado a una de libre mercado ha sido 

particularmente dramático en el Perú. A 

pesar de la idealización (e ideologización) 

del mercado como mecanismo regulador 

perfecto, los mercados son de hecho bas- 

tante imperfectos. Por ejemplo, los pro- 

ductores indígenas se enfrentan a una red de 

intermediarios que ejercen un monopolio en 

el mercado local. Estos intermediarios están 

en la posición de decirle al productor: "Ese 

es mi precio. Si no te gusta, tu fruta puede 

podrirse". 

El éxito de una empresa manejada por 

indígenas está condicionado por el grado de 

aceptación con el cual la sociedad local 

reciba la iniciativa. La discriminación racial 

y cultural hacia los indígenas en el mundo 

de los negocios es una barrera muy com- 

pleja que incide directamente en la viabili- 

dad de un proyecto económico indígena.lo4 

Confrontarla se hace aún más difícil porque 

la sociedad niega que exista dicha discrimi- 

nación. 

Desde una perspectiva étnica e histó- 

rica, el Perú, como otros países de América 

Latina, se ha caracterizado por una gran 

generosidad hacia el inmigrante europeo y 

un continuo desprecio al morador origina- 

rio. En las últimas décadas, en la Amazonía, 

en la medida que se ha dado un proceso 

masivo de colonización, urbanización y 

mayor presencia del Estado, se ha reprodu- 

cido un sistema discriminatorio contra los 

pueblos indígenas amazónicos, quienes 

confrontan problemas para ejercer sus dere- 

chos ciudadanos y hacerse valer en sus rela- 

ciones con el mercado. Se continúa negando 

que los pueblos indígenas tienen un lugar en 

pie de igualdad en el ejercicio de su ciuda- 

danía, de sus derechos, de manejar sus tie- 

rras y recursos, y de contribuir dinámica- 

mente a la propia economía regional de la 

Amazonía. 

Al emprender iniciativas económicas 

los indígenas amazónicos enfrentan estos y 

otros factores externos que desafían la via- 

bilidad de iniciativas económicas propias. 

Como un primer paso, los indígenas ama- 

zónicos necesitan aprender los principios 

básicos de la economía del mercado y de 

como dichas condiciones se expresan lo- 

calmente. Deben preguntarse si las condi- 

ciones del mercado son favorables, si las 

políticas del Estado apoyan o desalientan la 

actividad que proponen y si las condiciones 

económicas o políticas garantizan suficiente 

estabilidad. 

No es suficiente que las iniciativas 

económicas sean viables en términos eco- 

nómicos; deben también ser compatibles 

con la forma de vida de la población donde 

éstas habrán de funcionar. Idealmente, las 

iniciativas económicas deberían apoyar o 

sustentar, en vez de contradecir, los patro- 

nes de la organización social, los valores 

culturales fundamentales y las necesidades 

de la vida cotidiana de los participantes. 

F. Lecciones aprendidas y lineamientos 

estratégicos para el futuro: constru- 

yendo una nueva ética 

Los cambios bruscos de los últimos 

treinta años han producido confusión sobre 

los valores y normas de las comunidades

indígenas. El conflicto más acentuado surge mercado, requiere la articulación de los 

de la presión que ejerce la economía del 

don sobre cada persona para entregar gene- 

rosamente su riqueza y realzar su estatus al 

interior de la comunidad y aquella que pro- 

viene de la economía de mercado en el sen- 

tido de acumular riqueza individual como 

medio para aumentar su estatus personal. 

Atrapados entre estos dos imperativos, los 

miembros de las comunidades indígenas 

frecuentemente se ven confundidos acerca 

de cuál obligación cumplir, de cómo realzar 

de la mejor manera su interés y seguridad 

personal a largo plazo. 

La economia indígena del don es cru- 

cial para satisfacer las necesidades de sub- 

sistencia y por lo tanto para el desarrollo a 

largo plazo de los indígenas amazónicos; 

los valores tradicionales son no solamente 

válidos, sino esenciales para mantener la 

solidaridad y cohesión social en sus comu- 

nidades. Pero la participación en la econo- 

mía de mercado es también importante por- 

que provee los ingresos monetarios necesa- 

rios y otros valores, como el ahorro y la 

iniciativa, son cruciales para el éxito en este 

dominio. Ambos conjuntos de valores son 

válidos, pero son apropiados en contextos 

sociales diferentes. 

Promover la coexistencia como solu- 

ción, sin embargo, se complica por los prin- 

cipios que gobiernan la vida económica 

orientada al mercado. Los modelos que los 

indígenas amazónicos aprenden son aque- 

llos que ven a su alrededor: patrones ines- 

crupulosos, comerciantes de drogas, baro- 

nes de la madera, colonos, etc., cuya meta 

es acumular capital lo más rápido posible, 

sin considerar el costo ambiental o social. 

Los valores positivos como el trabajo, el 

ahorro, la inversión, que permiten crecer al 

sistema capitalista no son reflejados usual- 

mente en esta sociedad fronteriza. 

El reto que enfrentan los pueblos in- 

dígenas amazónicos frente a la economía de 

principios positivos de ambos sistemas eco- 

nómicos: la economia del don y la econo- 

mía capitalista, priorizando aquellos princi- 

pios que facilitan la satisfacción de las ne- 

cesidades de sus miembros. 

G. El manejo territorial como requisito 

de sostenibilidad 

El futuro económico de los indígenas 

amazónicos continúa íntimamente vinculado 

a su acceso seguro a la tierra, los bosques, 

la flora y fauna y el agua. Esta seguridad 

sólo puede ser lograda en la medida 

que el Estado reconozca como propiedad 

colectiva los territorios tradicionales y al 

mismo tiempo garantice y defienda la continuidad 

de este régimen de propiedad indígena 

frente a amenazas externas. 

Es común escuchar que la estructura 

comunitaria de la comunidad nativa es un 

obstáculo al "progreso" y, por lo tanto, se 

plantea promover la titulación de la propiedad 

individual. Como se indicó en el capítulo 

sobre aspectos jurídicos, la reciente 

legislación en materia de tierras refleja esta 

orientación, que siembra confusión e inseguridad 

sobre la tenencia de la tierra, acrecentada 

además, por invasiones o compras 

de tierras comunales por parte de otros actores 

económicos. 

Es urgente e imprescindible que el 

Estado reinicie los esfuerzos para consolidar 

el ordenamiento territorial en áreas indígenas. 

En la gran mayoría de los casos, 

donde los territorios tradicionales han sido 

desmembrados, se necesita diseñar planes 

para la reconstitución y ordenamiento de 

unidades territoriales con área y recursos 

suficientes para garantizar economías sostenible~ 

para sus miembros. Estas unidades 

territoriales pueden ser mosaicos compuestos 

por Comunidades Nativas, Reservas 

Comunales, áreas delimitadas para pobla-

ción no indígena previamente asentada y 

unidades de conservación. La unidad terri- 

torial Machiguenga del bajo río Urubamba, 

y la unidad territorial Asháninka del Pichis- 

Gran Pajonal-Alto Ucayali-Sira, son ejem- 

plos que pueden servir como modelos para 

otros pueblos de la Amazonía peruana. 

Para los indígenas, el derecho al te- 

rritorio comunal conlleva la responsabilidad 

de administrar y manejar los recursos natu- 

rales de forma tal que se proteja el ecosis- 

tema para asegurar la sostenibilidad a largo 

plazo. 

Sin embargo, a pesar de que la Ley de 

Comunidades Nativas impuso un solo ré- 

gimen de propiedad (la comunidad nativa), 

a raíz de las distintas políticas guberna- 

mentales ha surgido una amplia gama de 

situaciones distintas. Por un lado, existen 

pequeñas comunidades como El Palomar 

(Amuesha) con menos de 200 hectáreas, 

rodeada de fundos cafetaleros de no indíge- 

nas. Por otro lado, hay comunidades como 

las de los Machiguenga del bajo río Uru- 

bamba que poseen diez a veinte mil hectá- 

reas cada una, colindando una con otra para 

formar un mosaico territorial de unas tres- 

cientas mil hectáreas. también existen dife- 

rentes regímenes de usufi-ucto, que varían 

desde las comunidades mayoritariamente 

parceladas, como las de los Asháninka del 

Perené, hasta las comunidades que mantie- 

nen el patrón tradicional de usufructo, como 

las de los Mayoruna. 

El diseño para el manejo de 50 mini- 

parcelas familiares y semicontíguas dentro 

de una comunidad nativa frutícola rodeada 

de parcelas no indígenas, tendría que ser 

bastante diferente de otro que tenga como 

objetivo administrar un sólo territorio de 

2,244 hectáréas rodeadas de bosque y ríos y 

habitado por 50 familias (Pucuarquillo Bo- 

ra, río Ampiyacu) o manejar un área de l .3 

millones de hectáreas compuesta de 17 co- 

munidades con título colectivo, reservas 

comunales y unidades de conservación 

(Comunidades Machiguenga de los Bajos 

del río Urubamba). Pese a las diferencias, 

los tres casos comparten un desafío común: 

alcanzar un consenso entre todos para go- 

bernar y manejar su respectiva área, pero 

asegurando el manejo sostenible del medio 

ambiente. 

En este contexto, la clasificación 

existente de uso mayor de los suelos de los 

territorios comunales ha sido elaborada 

principalmente en gabinete, en curnpli- 

miento con la reglamentación de la Ley de 

Comunidades Nativas, pero tiene poca re- 

lación con los conceptos locales de clasifi- 

cación y uso. Los planes de manejo territo- 

rial deberían basarse en una más adecuada 

clasificación de uso mayor, tomando en 

cuenta el conocimiento y uso indígena, así 

como los métodos científicos. 

H. Manejando los espacios privados y 

colectivos dentro de la comunidad 

Como ya se ha mencionado la eco- 

nomía del don, con sus valores básicos de 

compartir, aceptar y reciprocar todo obse- 

quio, refüerza los vínculos sociales de soli- 

daridad. Para los indígenas todos los miem- 

bros del grupo deben tener el mismo acceso 

a los recursos productivos, como también a 

los conocimientos para manejarlos y produ- 

cir con ellos. 

Los miembros de un asentamiento 

(unidad económica) pueden vivir bajo un 

techo comwi dentro de la maloca como los 

Matses; o como unidad doméstica con áreas 

de dormitorio y fogón separados; o pueden 

vivir en viviendas a corta distancia entre sí, 

como los Amuesha y Asháninka. Todas las 

unidades domésticas, comparten y manejan 

Y 

los rec sos productivos del territorio del 

asentamiento sin ejercer derechos de pro- 

piedad privada sobre parte alguna. Dentro

de las normas del cuidado colectivo de los 

recursos de la unidad económica, se respe- 

tan ciertos derechos de cada unidad domés- 

tica, por ejemplo, son generalmente respe- 

tados los derechos de usufructo de las áreas 

cultivadas y el aprovechamiento de pro- 

ductos forestales específicos descubiertos 

por el grupo doméstico. 

Los miembros de las unidades eco- 

nómicas siempre han comprendido que su 

supervivencia depende del manejo colectivo 

de los recursos y del compartir su produc- 

ción. 

A lo largo de las tres últimas décadas, 

presionados por una agresiva y violenta 

penetración de la economía de mercado, la 

mayor parte de los indígenas amazónicos 

han tenido que reagrupar sus asentamientos 

para constituir formas de propiedad comu- 

nal legalmente reconocidas. Los valores de 

solidaridad se convirtieron en la base de los 

movimientos para defender sus territorios y 

recursos. 

Para defender sus tierras restantes, ac- 

ceder a escuelas y centros de salud, al inicio 

de los años 1960, los asentamientos indíge- 

nas, adoptaron una forma esencialmente 

andina de propiedad colectiva de sus territo- 

rios bajo el nombre de "comunidad". A 

partir de la Ley de Comunidades Nativas 

(1974), éstas se conocen como comunida- 

des nativas y reciben reconocimiento ofi- 

cial. En algunos casos, la comunidad nativa 

formalmente reconocida puede correspon- 

der al asentamiento de parentesco tradicio- 

nal y, como tal, a una unidad económica 

tradicional, pero en la mayoría de los casos 

las comunidades nativas constituyen un 

nuevo tipo de unidad. Son agrupaciones de 

varias unidades económicas tradicionales 

(las cuales pueden haber sido aliadas o 

enemigas) con familias "huérfanas" (los 

sobrevivientes del boom del caucho, caso 

común en Loreto, de virulentas epidemias, 

caso común en la Selva Central). 

En las últimas décadas, las organizaciones 

indígenas, trabajando con una combinación 

de promotores, ejecutores y financiadores, 

generaron un proceso colectivo de 

elaboración y ejecución de proyectos con 

una aparente compatibilidad con la función 

social de la economía del don. Como resultado, 

la mayoría de las iniciativas económicas 

promovidas son comunales. 

Una de las conclusiones más sorprendentes 

del estudio realizado por COICA y 

Oxfam América (1995) es que las empresas 

com~nales o cooperativas no han sido viables. 

¿,Por qué no han sido viables estas 

iniciativas colectivas? ¿Significa esto que 

no hay espacio, en la actual economía indígena 

amazónica, para la acción colectiva? 

Si existe algo de confusión y tensión 

en muchas de las comunidades con respecto 

al uso individual de la propiedad colectiva, 

la confusión es complicada al extremo 

cuando la comunidad nativa se convierte en 

dueña de una empresa. El problema no es 

solamente manejar los recursos colectivos, 

sino administrar la producción, la comercialización 

y políticas de inversión, resolver 

asuntos laborales, y otros aspectos complejos 

de las actividades con orientación al 

mercado. Las comunidades actuales no tienen 

tradición de acción económica colectiva 

a ese nivel. La insistencia en tal acción colectiva 

por los promotores, ha llevado a un 

amplio fracaso de las empresas comunales. 

El estudio de Oxfam América y 

COICA sugiere que la producción se debe 

dejar en manos de la unidad doméstica. Sin 

embargo, los grupos de unidades domésticas 

que operan como unidades económicas 

podrían ser la clave para la acción económica 

colectiva en el futuro. Cada una de estas 

unidades económicas ya han desarrollado 

normas para la acción colectiva que podrían 

ser aplicadas en actividades tales como el 

procesamiento y la comercialización de la 

producción local. Antes que desarrollar, por

ejemplo, una empresa forestal comunal o 

multicomunal, el estudio sugiere identificar 

y trabajar con aquellas unidades económi- 

cas que pueden conformar una comunidad y 

desarrollar empresas pequeñas comple- 

mentarias. 

1. Los efectos nocivos de una concep- 

ción del desarrollo basado en crite- 

rios de beneficencia 

El don siempre ha jugado un papel 

simbólico central en cimentar las relaciones 

en las sociedades indígenas amazónicas 

Desde su primer contacto, el don ha sido el 

elemento mediador clave en las relaciones 

entre los indígenas amazónicos y los miem- 

bros de las sociedades europeo-criollas que 

invadieron sus territorios. Irónicamente, el 

desarrollo económico en la Amazonía indí- 

gena se ha vuelto dependiente de "regalos". 

Desde mediados de la década de 1970, 

cuando se introdujo proyectos financiados 

desde afuera, se recreó una doble búsqueda: 

los indígenas amazónicos por obsequios de 

afuera (fondos para los proyectos) y las 

agencias donantes para financiar proyectos. 

Una donación para ejecutar un pro- 

yecto es muy diferente al intercambio de 

dones en la economía tradicional y no debe- 

ría ser confundida con la misma. Para el 

indígena, el intercambio de regalos simboli- 

za la importancia de la relación social entre 

el donante y e1 receptor; y en el curso de la 

relación, ambos son en una u otra ocasión 

donador y receptor, acreedor y deudor. Pero 

cuando un agente externo financia un pro- 

yecto de desarrollo local espera que la co- 

munidad Q la federación use la donación 

responsablemente; pero no necesariamente 

espera que el receptor le entregue algo a 

cambio. Por esta razón, visto desde la eco- 

nomía indígena, no hay lazo de obligación 

recíproca entre el donante y donador. La 

donación no crea solidaridad social. 

La tendencia del Estado, la Iglesia, y 

las agencias financiadoras ha sido trabajar 

con las nuevas instituciones indígenas, co- 

mo la comunidad, una cooperativa, o una 

federación Sin embargo, estas instituciones 

no han desarrollado una ética de responsa- 

bilidad colectiva que permita a sus miem- 

bros ejercer control social sobre el uso de 

los recursos económicos colectivos. No 

estando limitadas por el control colectivo, 

inherente a la responsabilidad personal de la 

economía del don, las donaciones escapan a 

todas las reglas de conducta social 

Los proyectos basados en la benefi- 

cencia no sólo distorsionan la economía 

tradicional sino también las relaciones eco- 

nómicas no tradicionales minando la posi- 

bilidad de viabilidad económica de las ini- 

ciativas orientadas al mercado. La falta de 

preocupación sobre las buenas prácticas 

empresariales entre los indígenas amazóni- 

cos beneficiados con donaciones es una 

actitud aprendida. 

Los que financian deben asumir parte 

de la responsabilidad por esta actitud. La 

beneficencia ha dejado heridas muy profwi- 

das constituyendo una lección difícil de 

aprender tanto por las comunidades como 

por las agencias donantes. 

J. Capitalizando la economía del don 

Los indígenas amazónicos necesitan 

sentir que su empresa les cuesta esfuerzo y 

riesgo. Hay una relación directa entre el 

esfuerzo personal y el cuidado con el que la 

empresa y su capital son manejados. Una 

mayor movilización del ahorro local, de los 

beneficios de la venta, transformación de 

productos con mayor valor agregado y la 

disponibilidad de crédito selectivo podrían 

contribuir al desarrollo más exitoso de em- 

presas locales. 

Los indígenas amazónicos necesitan 

presionar al gobierno y a las instituciones

financieras multilaterales para lograr que el 

crédito se ponga a disposición y sea accesi- 

ble a los pobladores indígenas bajo condi- 

ciones que no pongan en riesgo la base te- 

rritorial común. 

Las agencias financiadoras interna- 

cionales, deben explorar el establecimiento 

de un fondo de crédito común para este 

sector. Dicho fondo debería tener como 

meta crear un vínculo viable entre el ahorro 

y la asignación de crédito a bajo costo. 

Puesto que en general el crédito rural es 

problemático, y porque con relación a los 

indígenas amazónicos no existen fórmulas 

probadas de ahorro y préstamo, este fondo 

debería ser experimental en su primera dé- 

cada. 

En este nuevo marco propuesto, las 

donaciones de todos modos pueden cumplir 

un papel importante en apoyo de iniciativas 

económicas, por ejemplo, para capacitación, 

investigación sobre las condiciones del 

mercado, investigación sobre productos 

promisorios o el intercambio de experien- 

cias. 

La caridad en las sociedades occiden- 

tales surge de los mismos sentimientos de 

solidaridad y generosidad que fundamentan 

la economía del don. Pero la promoción del 

desarrollo local basado en la beneficencia es 

una contradicción'de términos. 

El reto es crear un nuevo tipo de in- 

tercambio entre los que tiene un excedente 

para donar y los que necesitan capital para 

sus iniciativas y no tienen acceso, de tal 

manera que la relación de obligación mutua 

sea reconocida y aceptada. Los indígenas 

amazónicos que reciban fondos para una 

empresa deben manejarlos con cuidado para 

que crezca el capital, permitiéndoles honrar 

su obligación de devolverlos al acreedor. 

Sólo así pueden los donantes y los recepto- 

res romper el paternalismo y crear una nue- 

va relación a base de solidaridad e igualdad 

social. 

K. Salvaguardando la diversidad y la 

economía indígena 

La sostenibilidad del modo de vida 

tradicional amazónico se deriva del domi- 

nio de la gran variedad de alternativas dis- 

ponibles para aprovechar la inmensa diver- 

sidad que se encuentra en la Cuenca Ama- 

zónica y para satisfacer las necesidades dia- 

rias. Como ya se ha indicado, el éxito de 

este sistema de vida está en la combinación 

de estrategias complementarias; ninguna 

estrategia por sí sola es suficiente para 

mantener a las poblaciones humanas en este 

ambiente. 

Las sociedades nacionales mantienen 

prejuicios muy fuertes contra las activida- 

des tradicionales de subsistencia de los 

pueblos indígenas, las cuales son conside- 

radas "primitivas" y un obstáculo para el 

proceso de modernización. El comercio y la 

producción para el mercado son considera- 

dos como señales de progreso; esta actitud 

ha afectado negativamente a muchos indí- 

genas amazónicos, quienes han aceptado la 

ideología dominante que equipara la 

"civilización moderna" con dependencia 

exclusiva del mercado, lo que lleva a un 

serio riesgo de pérdida del conocimiento y 

de la tecnología tradicional de manejo de 

los ecosistemas kples. 

Todas las sociedades indígenas están 

interesadas en adquirir las mercancías que 

ofrece la economia de mercado y la mayoría 

han elegido participar activamente en esa 

búsqueda. Como resultado, la economía 

emergente en la Amazonía indígena combi- 

na estrategias tradicionales de subsistencia 

con estrategias orientadas al mercado, pero 

la supervivencia a largo plazo de este mo- 

delo, dependerá de que éste se asiente en las 

estrategias de la economía del don como 

una alternativa para enfrentar los altibajos 

del mercado.

Las comunidades amazónicas necesidad amazónica. Por eso, es importante que 

tan reflexionar sobre la importancia de los participen activamente en el debate actual 

intercambios alimentarios recíprocos en su sobre los derechos de propiedad intelectual 

interior. No pueden permitir que las presio- 

nes de la economía de mercado eliminen la 

práctica de la economía del don. Las redes 

de intercambio se han reducido drástica- 

mente desde el punto de vista de su alcance 

e importancia, siendo reemplazadas por 

comerciantes fluviales, y centros urbanos. 

La importancia del intercambio tradicional 

radica, más en el mantenimiento de la co- 

municación y alianzas inter-comunitarias e 

inter-étnicas, que en su contribución en 

términos estrictamente económicos. En gran 

medida, las nuevas organizaciones indíge- 

nas (federaciones y organizaciones nacio- 

nales de indígenas amazónicos) han llenado 

ese vacío y se han convertido en los media- 

dores. Sin embargo, la carencia de meca- 

nismos y ritos de intercambio que simboli- 

cen las obligaciones recíprocas enfrentan a 

las federaciones con el reto de reconstituir a 

mediano plazo los antiguos nexos de comu- 

nicación con nuevas modalidades y técni- 

cas, y consolidar el movimiento para resta- 

blecer alianzas inter-comunitarias e inter- 

étnicas. 

Uno de los recursos tradicionales más 

valiosos que tienen los indígenas amazóni- 

cos es su conocimiento sobre la etnobiolo- 

gía, y el manejo y uso de una enorme diver- 

sidad de especies del bosque. Este recurso 

está adquiriendo un gran valor de mercado 

en los países industrializados, donde la 

preocupación sobre la desaparición de la 

diversidad biológica ha reorientado las prio- 

ridades de investigación en las ciencias na- 

turales y posibilita una gran demanda de 

productos naturales de los bosques tropica- 

les del mundo 

Los indígenas deben beneficiarse en 

lo posible de las ganancias generadas a par- 

tir de su conocimiento sobre la biodiversi- 

y conocimiento tradicional de los pueblos 

indígenas, especialmente con respecto a 

productos farmacéuticos comerciales desa- 

rrollados y patentados a--partir del conoci- 

miento indígena. 

De esta manera pueden contribuir en 

la formulación de un marco legal nacional 

dirigido a salvaguardar los derechos de la 

propiedad intelectual indígena, incluyendo 

el desarrollo de nuevos conceptos y meca- 

nismos de protección. 

L. La búsqueda de productos promiso- 

rios para los pueblos indígenaslo5 

El tema de los recursos promisorios 

para los pueblos indígenas de la Amazonía 

ha sido muy poco sistematizado hasta la 

fecha. Por lo general, los trabajos existentes 

muestran la extraordinaria biodiversidad de 

la Amazonía, resaltan la importancia de 

determinados recursos para la farmacopea o 

para la industria, y el gran potencial econó- 

mico, sin detenerse a responder la pregunta: 

¿para quiénes es promisoria la explotación 

económica de estos recursos? 

Hasta la fecha, en todos los casos de 

explotación de los recursos biológicos ama- 

zónicos (caucho, quinina, coca, castaña, uña 

de gato, etc.), los pueblos indígenas ocupan 

una posición subordinada respecto a los 

agentes externos quienes, rápidamente, 

controlan la nueva actividad, pues, quienes 

controlan el mercado controlan los puntos 

de acumulación de los valores económicos. 

Por lo tanto, es necesario precisar las 

condiciones para que algunos de los pro- 

ductos de la Amazonía peruana se convier- 

tan en productos promisorios para los pue- 

blos indígenas. Lo promisorio implica que 

los pueblos indígenas manejen el producto 

directamente en el mercado, obteniendo el

mayor beneficio posible tanto de la produc- 

ción como de la comercialización. 

Se puede señalar otras condiciones 

tales como: 

(a) la calidad y cantidad de recursos 

existentes en el territorio indígena; la rela- 

ción poblaciónírecursos para establecer el 

balance existente entre oferta ambiental y 

demanda productiva; 

(b) la presencia o ausencia de econo- 

mías externas para establecer sus reales 

posibilidades para poner en valor sus poten- 

cialidades; 

(c) el nivel de organización de las co- 

munidades nativas para establecer sus capa- 

cidades de gestión interna y para interactuar 

con las instancias del mercado para el pro- 

ducto; y 

(d) la tenencia segura sobre los recur- 

sos en cuestión. 

El medio natural de la Amazonía pre- 

senta muchas limitaciones para desarrollar 

productos novedosos. Por ejemplo, los 

suelos son muy variables y frágiles lo cual 

reduce la posibilidad de soportar cultivos 

permanentes o muy densos, con las consi- 

guientes repercusiones, debido a la disper- 

sión, sobre los costos de acopio, aprovisio- 

namiento y de asistencia técnica. 

Para formular con éxito proyectos so- 

bre recursos promisorios, deberá tenerse en 

cuenta la aplicación de tecnologías simples, 

ahorradoras de energía, que vayan al en- 

cuentro de los productores (incluso los lu- 

gares donde ellos producen) para que los 

bienes o productos obtenidos logren densi- 

dad económica (elevado valor agregado) y 

para que su transporte a los lugares de con- 

sumo no sea gravoso. 

Las tecnologías a emplear deberán ser 

lo suficientemente eficaces como para hacer 

rentables los procesos de transformación 

pero, a su vez, suficientemente sencillos 

para que sean efectivamente controlados 

por los pueblos involucrados, para guardar 

relación con la forma en que se organizan 

para producir y con su grado o nivel de or- 

ganización comunal. 

Tomando en cuenta las condiciones 

existentes, se destaca la promesa económica 

de los siguientes productos y se recomienda 

mayor inversión en el desarrollo de estas 

posibilidades: la crianza del majaz (paca o 

liebre amazónica), el cultivo del pijuayo o 

chonta (palmera) y del camu (fmta), la re- 

colección de la castaña, el cultivo del lla- 

mado café orgánico, la crianza en pozas de 

diversos recursos hidrobiológicos como la 

gamitana, el paco, sábalo cola roja y otros 

peces. 

Por otra parte, se destacan las posibi- 

lidades de promover actividades de ecotu- 

rismo, turismo científico y de aventura, 

considerando que las perspectivas de éstas 

en los próximos años son de un gran auge. 

En este campo, las experiencias en el Perú 

no han sido muy positivas para los pueblos 

indígenas amazónicos. Hay empresas turís- 

ticas que tratan a los indígenas como un 

objeto de curiosidad folklórica; en estos 

casos, la participación indígena es mínima y 

no contribuye de manera positiva a su eco- 

nomía ni a su autovaloración cultural. 

Bien concebidas y mejor implementa- 

das, especialmente lográndose mejores tér- 

minos de negociación y participación de las 

propias comunidades nativas, las activida- 

des turísticas podrían poner en valor el es- 

fuerzo de los pueblos indígenas para con- 

servar los recursos naturales y generar em- 

pleo e ingresos en su propio medio. En este 

contexto, es necesario que el Estado propi- 

cie una adecuada reglamentación y meca- 

nismos de negociación entre éste, las em- 

presas turísticas y las organizaciones de los 

pueblos indígenas.

Un ejemplo interesante es el "joint 

venture" establecido entre la Comunidad 

Nativa de Infierno y la empresa Rain Forest 

S.R. Ltda. en la Zona Reservada Tambopa- 

ta-Candamo cerca a Puerto Maldonado. 

Según el contrato firmado, el 60% de las 

utilidades netas del negocio le corresponden 

a la comunidad y luego de vencido dicho 

contrato (1 7.5 años), la comunidad recibirá 

en propiedad el 60% de los bienes muebles 

e inmuebles de la asociación. 

Un ejemplo sostenido de turismo ma- 

nejado directamente por una población in- 

dígena durante más de una década es el 

proyecto de la comunidad Ayrnara de la Isla 

Taquile en el Lago Titicaca, el cual puede 

ser estudiado por las organizaciones indíge- 

nas amazónicas para explorar si en su pro- 

pio contexto local podría ser un modelo 

viable. La comunidad ha realizado impor- 

tantes inversiones en infraestructura básica 

(opera-ción y servicio de transporte lacustre 

para los turistas, agua potable, servicios 

sanitarios, etc.); ha propiciado que las fa- 

milias ofrezcan alojamiento y alimentación 

en sus propias casas; y ha efectuado un 

permanente esfuerzo de capacitación en la 

gestión y manejo comunal de dicho pro- 

yecto. Resalta esta experiencia por la ma- 

nera en que ha contribuido a generar ingre- 

sos a las familias, a fomentar el fortaleci- 

miento de la organización comunal y la 

identidad cultural, y la producción y revalo- 

rización de la producción artística (tejidos, 

instrumentos musicales, etc.). 'O6 Más re- 

cientemente, a través de un apoyo técnico 

de la Universidad Nacional de ingeniería 

(UNI), los Taquileños han introducido el 

uso de energía solar para uso doméstico y 

comunal, destacándose el acceso a la televi- 

sión, calefacción de agua y otras facilida- 

des. 

Otra actividad de gran potencial es la 

recolección de plantas con fines medicina- 

les, sobre la base del conocimiento etnobotánico 

de los pueblos indígenas, la cual 

ofrece muchas posibilidades económicas, 

siempre y cuando se logre una protección 

sustantiva de los derechos de propiedad 

intelectual de los pueblos indígenas, en base 

a acuerdos participativos de compensación 

económica no sólo por las plantas recolectadas 

sino por el propio conocimiento tradicional 

sobre el uso de las mismas por parte 

de los pueblos indígenas amazónicos. 

Un reciente ejemplo de negociación 

que representa un gran avance en esta dirección 

es el contrato suscrito por las federaciones 

de los pueblos Aguaruna (OCAAM, 

FECONARIN y FAD, con el apoyo de 

CONAP)'~~ y la Compañía farmacéutica 

Searle and Company, subsidiaria de la empresa 

Monsanto. también participan en dicho 

acuerdo la Washington University de 

St. Louis (Missouri, USA,"^ e1 Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y la Universidad 

Cayetano Heredia, contándose con la asesoría 

jurídica del doctor Brendan Tobin y 

Mercedes Manrique, destacados abogados 

de la Sociedad Peruana de Derecho Arnbiental 

y de CONAP, respectivamente. 

Es un interesante ejemplo de una negociación 

tripartita entre pueblos indígenas, 

una empresa farmacéutica e instituciones 

académicas por medio de la cual se logró: 

(1) un acuerdo sobre la colecta de material 

biológico que ha tenido un uso medicinal 

histórico por parte de los indígenas, el cual 

se investigaría para su posible aplicación en 

el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos; 

y (2) un segundo acuerdo sobre el 

acceso al conocimiento y uso tradicional de 

dicho material biológico por parte de los 

pueblos indígenas. 

A diferencia de otros acuerdos que 

compensan comunidades indígenas con una 

suma fija y única por concepto de colecta de

sus recursos, los Aguaruna demandaron Un producto farmacéutico que ha tecompensación 

por la colecta de material nido un enorme auge en los últimos años a 

biológico y por el conocimiento tradicional nivel nacional e internacional ha sido la uña 

sobre el uso del mismo, en razón de que era de gato. En el Perú hay más de una docena 

éste el recurso de mayor valor.109 de empresas farmacéuticas que ofrecen dicho 

producto bajo diferentes marcas y de 

variada calidad. La uña de gato es una 

planta muy comúnmente utilizada por los 

pueblos Asháninka, Ashéninka y otros de la 

Selva Central para diversos usos medicinales. 

La súbita demanda por la materia prima 

ha generado una tendencia depredadora de 

dicho recurso, sin mayor previsión para 

asegurar su sostenibilidad. 

Bajo el primer contrato, las institucio- 

nes académicas de investigación tienen el 

acceso a la recolección de muestras, con la 

obligación de pagar un monto por cada 

muestra ("sample fee") y una suma mínima 

anual por adelantado por concepto de las 

muestras recolectadas ("annual advance 

payment for sample ,fees"). El período de 

recolección de muestras tiene una duración 

de 4 años. Bajo el segundo contrato, sus- 

crito entre la empresa farmacéutica y las 

tres federaciones Aguaruna, se regula una 

compensación ("know-how licensefee") por 

el acceso al conocimiento y experiencia 

indígena durante el proceso de investiga- 

ción, desarrollo y marketing de los produc- 

tos. A través de este último acuerdo, cuando 

la empresa inicia la investigación clínica 

aplicada, se compromete a efectuar un pago 

de regalías por adelantado ("advance ro- 

yalty payments "). Una vez obtenido el pro- 

ducto y ofrecido comercialmente, la empre- 

sa abonará los correspondientes derechos de 

regalía estipulados en el acuerdo. 

Además de lo anteriormente mencio- 

nado, un importante beneficio de este pro- 

yecto puede ser el establecimiento de un 

fondo común, producto de las diversas 

compensaciones económicas contempladas 

en los contratos suscritos, como una forma 

de autofinanciamiento, que permitiría supe- 

rar un sistema de donaciones por proyectos, 

sistemas de crédito oneroso o la dependen- 

cia que se genera a través de prácticas asis- 

tencialistas por parte de diversas instancias 

(estatales, ong's , iglesias o empresas).l10 

Por su novedad, el mencionado proyecto 

deberá ser estudiado en sus diversas etapas 

de ejecución. 

Un reciente ejemplo de negociación 

sobre el acceso y comercialización de la uña 

de gato es el acuerdo logrado entre Labora- 

torios Hersil (Lima) y el Consorcio Ashá- 

ninka, que aglutina a diversas comunidades 

de la Selva Central para la producción de 

"Uña de Gato VIBE (marca registrada). 

Promovida activamente en los medios de 

publicidad por su calidad, se explicita que 

el 50% de las utilidades pertenecen a las 

comunidades Asháninkas. No se conoce el 

contenido del contrato ni los términos en 

que se negoció el mismo. Sin embargo, 

representa una experiencia que deberá ser 

tomada en cuenta a la luz de la experiencia 

Aguaruna citada anteriormente y de los de- 

rechos que amparan a los indígenas en la 

legislación nacional e internacional. 

El desarrollo de actividades promiso- 

rias para los pueblos indígenas no está 

exento de riesgos. A pesar de las pocas ex- 

periencias exitosas hasta la fecha, una' op- 

ción es la posibilidad de negociar joint 

ventures con empresas privadas que les 

permita participar activamente desde el 

momento en que se inicia una inversión. 

Otra opción es la negociación de acuerdos 

genéricos de reconocimiento y compensa- 

ción desde el inicio de un proceso de inves- 

tigación aplicada, como puede ser el caso

del uso del conocimiento tradicional para la 

elaboración de productos farmacéuticos. 

Otra posibilidad interesante es el desarrollo 

de proyectos de producción de bienes y 

servicios enteramente en manos de las co- 

munidades nativas, como es el caso de la 

industria turística a pequeña escala. 

Sin duda, para las situaciones arriba 

mencionadas, el acceso a la tecnología in- 

formática y de comunicaciones abre im- 

portantes posibilidades de prospección de 

mercados e intercambio de experiencias. 

Un buen ejemplo del uso de esta tecnología, 

que puede estar al servicio de las propias 

poblaciones indígenas, es el caso de la co- 

munidad Asháninka de Marankiari Bajo, la 

cual ha creado un "home page" (Internet) 

gracias al apoyo y capacitación de la Red 

Científica Peruana (RCP). 

En todos estos casos, se presentan im- 

portantes desafíos para los pueblos indíge- 

nas en la negociación, manejo y gestión de 

proyectos que requieren de una capacitación 

constante. Dicha formación deberá estar 

estrechamente ligada a la dinámica del mer- 

cado y al manejo de información y tecnolo- 

gías compatibles con su propio contexto 

cultural. Los pueblos indígenas de la Ama- 

zonía peruana se encuentran involucrados 

en una urgente búsqueda para mejorar sus 

condiciones de vida e inserción en el mer- 

cado, como un proceso que no está reñido 

con su permanente necesidad de afianzar su 

identidad cultural. La riqueza de sus cono- 

cimientos sobre el bosque y su biodiversi- 

dad forma parte de un patrimonio, que de- 

bidamente respetado, les permitirá proyec- 

tarse hacia un futuro mejor en un mundo 

globalizado.

A. Hacia la seguridad jurídica de los 

pueblos indígenas amazónicos como 

colectividades y ciudadanos. 

l. De carácter general 

El Perú es un país multiétnico y plu- 

ricultural. Así lo reconoce formalmente la 

Constitución Política de 1993. Reconoce 

además, la existencia legal de los pueblos 

indígenas y otorga la condición de personas 

jurídicas a las comunidades campesinas y 

nativas, garantiza el respeto a la identidad 

cultural de las mismas, instituye el ejercicio 

del derecho consuetudinario y afirma el 

derecho a una educación bilingüe e inter- 

cultural. 

Asimismo, el Perú ha ratificado ins- 

trumentos internacionales vinculantes como 

el Convenio núm. 169 y otros que forman 

parte del ordenamiento jurídico nacional, 

destacándose que las propias normas cons- 

titucionales en materia de derechos huma- 

nos deben interpretarse con sujeción a los 

tratados y acuerdos internacionales ratifica- 

dos por el Perú sobre las mismas materias 

(art. 4 de las disposiciones finales y transi- 

torias de la Constitución política vigente). 

No obstante el reconocimiento cons- 

titucional, este parecería aplicarse sólo a un 

sector restringido de la población indígena 

constituido por aquellas poblaciones reco- 

nocidas y registradas como comunidades 

nativas. Para un amplio sector de comuni- 

dades y asentamientos indígenas, que no 

han alcanzado este requisito formal, el Es- 

tado debería desarrollar políticas y progra- 

mas de atención en cumplimiento de los 

compromisos constitucionales e internacio- 

nales adquiridos. 

El reconocimiento del derecho a la 

identidad étnica y cultural de los pueblos 

CAPITULO VI11 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

indígenas debe ser visto también en relación 

con el derecho al ejercicio pleno de los de- 

rechos civiles y políticos como ciudadanos 

En este sentido, los pueblos indígenas y sus 

miembros, claman por un reconocimiento 

de estos derechos generales y especiales, 

individuales y colectivos, y que sean efecti- 

vamente salvaguardados por el Estado y la 

sociedad civil. 

La vasta diversidad cultural que cons- 

tituye patrimonio de la Nación peruana no 

es una cara arcaica, del pasado, sino forma 

parte viva de su presente y proyección futu- 

ra. Los pueblos indígenas amazónicos tie- 

nen un carácter permanente y perdurable. 

La modernización tiene caminos diversos y 

el Estado y la sociedad en su conjunto debe- 

rán asegurar las condiciones de un desarro- 

llo sostenible, respetuoso de la diversidad. 

La Constitución Política del Perú se- 

ñala que "la defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado" (artículo 1). 

Frente a intereses económicos inmediatos, 

resulta lógico esperar una priorización a la 

defensa y protección de los pueblos indíge- 

nas amazónicos como un asunto de alto 

interés público y nacional. Esto se deberá 

atender con mayor razón aún, por la estre- 

cha interrelación entre la biodiversidad y los 

pueblos indígenas arnazónicos que han ju- 

gado hasta hoy un papel activo en su con- 

servación. 

2. Situación de vulnerabilidad, jurídica 

La revisión de la legislación especial 

relacionada con los pueblos y comunidades 

indígenas, permite descubrir que los dere- 

chos y garantías de los indígenas y los co- 

rrelativos deberes del Estado y de la socie- 

dad civil, son de carácter declarativo y ge-

neral, y en su mayor parte no han sido desa- 

rrollados a través de normas explícitas y 

operativas que comprometan la acción del 

Estado y los sectores sociales no indígenas 

en el debido respeto de los derechos espe- 

ciales de dichas colectividades y de sus 

miembros 

Es frecuente que en el ordenamiento 

jurídico nacional vigente, los instrumentos 

relacionados directa o indirectamente con 

los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, advierten serias contradicciones 

de unos textos con otros, ambigüedades en 

su redacción o en los criterios a tomar en 

cuenta en la atención de los asuntos indíge- 

nas, lo cual dificulta y contradice el cum- 

plimiento de sus derechos fundamentales. 

En la definición y adopción de políti- 

cas de Estado dirigidas a las regiones tradi- 

cionalmente ocupadas, y las tierras y terri- 

torios que los pueblos indígenas y sus co- 

munidades reclaman como su hábitat tradi- 

cional, los ordenamientos que disponen 

tales políticas o los programas que procuran 

ejecutarlas, con frecuencia desconocen o 

hacen caso omiso de la existencia de dichas 

colectividades, y del otorgamiento de dere- 

chos especiales que el mismo Estado ha 

efectuado a éstas en tales espacios. 

Es urgente que se promueva una dis- 

cusión y consulta para la adopción por parte 

del Congreso de una Ley de Pueblos Indí- 

genas de la Amazonía Peruana y Comuni- 

dades Indígenas, como han estado propo- 

niendo las organizaciones indígenas y orga- 

nizaciones de promoción.'" Al mismo 

tiempo, se deberá revisar y adecuar la le- 

gislación en consonancia con la normativa 

constitucional vigente y el Convenio núm. 

169 de la OIT. 

3. La normativa sobre la tierra 

Se han realizado en el Perú algunos 

esfuerzos significativos, en el reconocimiento 

legal de tierras a las comunidades 

indígenas amazónicas . Sin embargo, se de- 

be señalar que, haciendo una interpretación 

exegética de las normas constitucionales e 

internacionales que han comprometido al 

país en esta materia, el modelo de unidades 

de tierras entregadas hasta hoy a las comu- 

nidades indígenas no representa una plena 

garantía que pueda asegurar la superviven- 

cia física y cultural de estas poblaciones a 

largo plazo 

Existe aún, un alto número de comu- 

nidades indígenas (alrededor del 30%) que 

carecen de títulos sobre sus territorios tradi- 

cionalmente ocupados. La mayoría de estas 

se encuentran en las regiones selváticas más 

distantes y, entre ellas, los pueblos aislados 

y los no contactados, que mantienen formas 

de supervivencia nómada. Los avances de la 

coIonización más o menos generalizada que 

va ocupando estos territorios, y las nuevas 

políticas de concesiones para la explotación 

de recursos naturales en la Amazonía, pue- 

den representar un serio riesgo para la su- 

pervivencia de estos pueblos, mucho más si 

no hay decisión para ofrecerles seguridad 

jurídica y real de sus territorios tradiciona- 

les. 

En las diversas áreas naturales prote- 

gidas habitan un alto número de pueblos y 

comunidades indígenas que comprenden 

una población significativa. Se han adopta- 

do normas que formalmente les habilitan 

para recibir el pleno reconocimiento de sus 

derechos de posesión y de propiedad de las 

tierras que ocupan. No obstante ello y el 

largo tiempo transcurrido desde su adop- 

ción, ninguna de estas comunidades ha sido 

adecuadamente atendida en sus reclamacio- 

nes. No está demás señalar que el recono- 

cimiento legal de estos espacios no sólo 

vendría a satisfacer el reconocimiento de un 

derecho, sino a crear y fortalecer las condi- 

ciones para asegurar la imprescindible par- 

ticipación de las comunidades en la admi- 

nistración y manejo de dichas áreas.

Entre las comunidades indígenas be- 

neficiarias de titulación, existen numerosos 

asentamientos-antiguos o recientes- de 

campesinos no indígenas (colonos), cuya 

presencia, en muchos casos, representa un 

factor de perturbación para la vida de las 

comunidades o constituye una amenaza por 

la capacidad de acaparamiento de tierras 

que estas personas no indígenas pueden 

representar. 

Existen mecanismos legales que permiten 

resolver estos problemas, pero es 

necesario que el Estado asegure los recursos 

necesarios, de persona! y financieros, para 

conseguirlo. Por ejemplo, urge establecer 

con claridad, que la incursión de terceros en 

las tierras indígenas tituladas, en posesión o 

en trámite de titulación, será drástica y eficazmente 

sancionada. Dicha acción deberá 

estar acompañada de una efectiva fiscalización 

cuando autoridades estatales a nivel 

local o regional consientan en ilegales incursiones, 

extiendan certificados de posesión 

sin previa constatación o cometan otras 

Además, con el apoyo de las propias 

organizaciones indígenas, ong's e institu- 

ciones donantes dispuestas a facilitar recur- 

sos complementarios, el Gobierno podría 

promover programas de compra de tierras a 

colonos y su reubicación en áreas aledañas, 

lo cual permitiría reducir situaciones de 

conflicto. 

Finalmente, el Gobierno, a través de 

las autoridades locales y regionales, podría 

tomar un rol más activo encaminado a pro- 

piciar acuerdos de mutua tolerancia y con- 

ciliación de intereses entre las organizacio- 

nes indígenas y las de los colonos legíti- 

mamente asentados. 

Parte significativa de las tierras titula- 

das a favor de las comunidades nativas tie- 

nen el carácter de tierras en uso o usufructo. 

con fundamento en la Ley de Comunidades 

Nativas (1 978), que señalaba esta modali- 

dad de titulación para las llamadas tierras de 

vocación forestal. Sin embargo, las dispo- 

siciones del Convenio núm. 169, que reco- 

nocen la plena posesión y dominio de los 

territorios a favor de las comunidades, ha- 

cen forzosa la revisión de este modelo de 

entrega de tierras con doble carácter 

(propiedad y uso o usufi-ucto), que soslaya 

una responsabilidad del Estado y expone a 

los indígenas a riesgos de usurpación y des- 

pojo de sus espacios tradicionales. 

De la revisión de las disposiciones 

que fijan procedimientos de reconocimiento 

y titulación de a las comunidades 

nativas, y de la experiencia práctica 

de aplicación de dichas normas, también se 

irregularidades. 

concluye que el actual sistema resulta ex- 

Sin duda, la mejor solución a estos tremadamente largo, recargado de instanproblemas 

sería que el Gobierno agilice la cias y trámites, costoso, y lesivo de las legítitulación 

pendiente de tierras comunales, timas aspiraciones de las comunidades. 

aprovechando la disponibilidad de rubros en Estas deben esperar durante años la legalifondos 

o préstamos especiales para titula- zación de sus tierras y frecuentemente ven 

ción del sector agrario en general. frustradas sus expectativas con resoluciones 

negativas o equívocas. En estos trámites 

destaca la ausencia de opciones que faciliten 

la participación de las propias comunidades 

en el estudio y definición de sus demandas 

territoriales.. 

Se recomienda una reforma a fondo de 

este modelo de titulación, con el fin de agi- 

lizar la culminación de las demandas en 

curso, de corrección de los numerosos casos 

de reclamaciones que han sido presentadas 

al Estado y de atención a las comunidades 

que aún no han sido atendidas.

La Ley de Promoción de la Inversión los recursos naturales de sus tierras, salvo 

Privada en el Desarrollo de las Actividades expresa reserva por parte del Estado o dere- 

Económicas en las Tierras del Territorio chos exclusivos o excluyentes de terceros, 

Nacional y de las Comunidades Campesinas lo que en su conjunto vulnera el derecho de 

y Nativas (Ley 26505) lleva a la conclusión propiedad amparado en el artículo 70 de la 

que ésta podría hallarse en abierta contra- Constitución o los derechos contenidos en 

dicción con el espíritu y texto de algunas la Ley de Comunidades Nativas y la Ley 

normas constitucionales y del Convenio Forestal y de Fauna Silvestre, así como la 

núm. 169, que aseguran a los pueblos y posible incompatibilidad con disposiciones 

comunidades indígenas la capacidad de del Convenio núm. 169. 

mantener y desarrollar, de acuerdo a su voluntad 

y a su mejor conveniencia, sus formas 

de organización comunal, y el acceso a 

sus espacios tradicionales de uso. 

Por lo tanto, se sigue manteniendo un 

régimen de indefinición y ambigüedad en el 

caso de las comunidades indígenas, respecto 

a su dominio sobre los recursos natu- 

Los riesgos que podría representar la rales renovables de sus territorios, en espeaplicación 

de dicha Ley, hacen recomenda- cial de los bosques. 

ble que, en lugar de buscar su reglamentación, 

se piense en su estudio y revisión, con 

la participación de las comunidades camPesinas 

y nativas, para asegurar una plena 

compatibilidad con las disposiciones de la 

Constitución y los instrumentos internacio- 

Dicha ambigüedad favorece: (a) la 

frecuente adopción de medidas gubernamentales 

de los poderes centra]es, regionales 

y locales, y la acción de los particulares, 

que ocasionan serias perturbaciones entre 

comunidades y les sustraen, 

nales adoptados por el país. 

sin compensación, los bienes que pueden 

4. La normativa sobre recursos naturales 

ser esenciales para su supervivencia; y, (b) 

posibles determinaciones de los órganos 

jurisdiccionales que desconocerían o limitarían 

los derechos de los pueblos indígenas 

sobre los recursos naturales renovables y no 

renovables. 

En relación con el tema de los recur- 

sos naturales, sería útil revisar los artículos 

17 y 18 de la reciente Ley Orgánica de 

Aprovechamiento de los Recursos Natura- 

les, a la luz de la normatividad existente y 

del Convenio núm. 169. Cabe señalar que 

dicha Ley afecta los derechos de los pueblos 

indígenas sobre los recursos naturales 

(forestales y de fauna) existentes en sus 

territorios comunales. El artículo 17 ya no 

garantiza un uso exclusivo sobre dichos 

recursos sino sólo como un derecho de pre- 

ferencia en el uso, el cual termina cuando el 

Estado otorgue los recursos naturales mate- 

ria del beneficio. Tratándose de recursos 

naturales existentes en territorio comunal 

titulado, el artículo 18 señala que las comu- 

nidades campesinas y nativas tienen prefe- 

rencia en el aprovechamiento sostenible de 

También se registra una gran arnbi- 

güedad sobre la capacidad y los límites de 

uso y aprovechamiento que puedan tener los 

indígenas sobre los recursos naturales de 

sus territorios, lo mismo que sobre el ám- 

bito de participación que puedan tener en la 

administración de los mismos. Algunas 

disposiciones de gran claridad y sin duda de 

posible utilidad como orientación en estas 

materias, son las que recoge el Convenio 

núm. 169, Sin embargo, estas disposiciones 

no han sido traducidas a normas nacionales 

operativas ni tampoco incorporadas en los 

ordenamientos nacionales relacionados con 

el tema.

Entre los ordenamientos legales del 

país, no se encuentran disposiciones claras 

de carácter nacional y operativo, que contri- 

buyan a salvaguardar los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas de los 

riesgos que pueden ocasionar la explotación 

intensa y en gran escala de los recursos 

naturales en los territorios indígenas por 

empresas nacionales o internacionales. 

Existe una clara desprotección legal e ins- 

titucional de los indígenas frente a las em- 

presas que explotan recursos forestales, 

minerales de distinta clase e hidrocarburos. 

112 

Los pueblos indígenas de la Región 

Amazónica, presentan, aún en décadas re- 

cientes, un largo historial de pérdida de 

vidas humanas, cercenamiento de sus espa- 

cios vitales, desarraigo y pérdida de sus más 

elementales derechos, que ameritan una 

seria reflexión en este campo. 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos '13 

no garantiza de manera explícita los dere- 

chos de las comunidades indígenas en la 

eventualidad de actividades de este tipo en 

tierras que les pertenezcan. Algunas nor- 

mas de esta Ley se refieren de manera bas- 

tante genérica a la responsabilidad de las 

empresas petroleras en la conservación del 

medio ambiente (arts. 14 y 33). El art. 82 se 

refiere al respeto que deberán tener éstas 

con los derechos de terceros, cuando vayan 

a hacer uso del agua, la madera y demás 

elementos necesarios para sus operaciones, 

y de la posibilidad de gestionar las servi- 

dumbres que sean requeridas, debiendo 

indemnizar a los propietarios de las tierras 

'los perjuicios económicos' que lleguen a 

ocasionar. 

La condición de terceros y dueños o al 

menos poseedores u ocupantes legales de 

las tierras que tienen los indígenas, les 

otorga sin duda la capacidad de invocar 

estas disposiciones para reclamar compen- 

sación por daños o pérdidas en su patrimonio. 

Pero esta posibilidad resulta seriamente 

limitada desde el momento en que la misma 

Ley de Comunidades Nativas (1978, art. 3 1) 

grava con servidumbres de distinto tipo las 

tierras entregadas o susceptibles de entrega 

legal a las comunidades, lo cual podría ser 

entendido que el ejercicio de este gravamen 

tendría que ser soportado sin compensación 

por las tierras indígenas. 

En relación con el manejo y control de 

los impactos potenciales de las grandes 

obras publicas que ejecuta el Estado directa 

o indirectamente, así como en relación a las 

actividades de prospección, extracción y 

explotación de recursos naturales por parte 

de las empresas privadas, cabe señalar las 

deficiencias de los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA), así como los mecanismos 

aún poco perfeccionados o adecuados para 

su aprobación y previa difusión. Se deberá 

tomar en cuenta la necesidad de que los 

pueblos indígenas y sus organizaciones 

puedan acceder a ellos oportunamente y 

realizar las observaciones sobre aspectos 

que les afecten directamente. Asimismo, 

estos pueblos deberán participar en el diseño, 

ejecución y evaluación de los planes de 

manejo ambiental de las áreas y territorios 

que habitan. 

Asimismo, en relación con el art. 7 de 

la Ley de ~ierras,"~ sobre la necesidad de 

acuerdo previo para la servidumbre, si bien 

dicha norma no menciona de manera explícita 

a las comunidades indígenas, sin duda 

comprende también el caso de sus tierras, 

representa un parcial avance en relación con 

las normas hasta entonces vigentes, en relación 

especial con las responsabilidades de 

indemnización previa de posibles impactos 

negativos en las tierras y otros bienes de los 

indígenas. Sin embargo, cabe resaltar que 

los pueblos indígenas deberán contar con la 

posibilidad de obtener la necesaria informa-

ción y asesoramiento jurídico para negociar 

con las empresas petroleras. 

Debido a la debilidad, ambigüedad e 

imprecisión de las disposiciones señaladas, 

en cuanto se refiere a la seguridad de los 

derechos de las comunidades indígenas 

frente a las actividades de explotación pe- 

trolera,'I5 es urgente que se desarrolle una 

reglamentación adecuada para salvaguardar 

dichos derechos, viabilizar mecanismos 

apropiados de consulta y efectuar el moni- 

toreo ambiental bajo la responsabilidad de 

organismos independientes. Dicha regla- 

mentación deberá además asegurar la parti- 

cipación real y efectiva de los pueblos indí- 

genas en todos estos aspectos. 

El Perú ha suscrito el Convenio núm.. 

169, que contempla disposiciones especia- 

les sobre derechos de las comunidades indí- 

genas para acceder al uso y aprovecha- 

miento de los recursos naturales, medidas 

de precaución contra los riesgos de su ina- 

decuada explotación por terceros así como 

las responsabilidades de compensación por 

daños, y participación en los beneficios que 

pudieran producirse como resultado de las 

actividades exploratorias o de extracción o 

transformación de recursos provenientes de 

los territorios indígenas. 

Sin embargo, tales disposiciones no 

han tenido un desarrollo normativo de ca- 

rácter operativo que contribuyan a asegurar 

la garantía y vigencia de los derechos con- 

templados en el ordenamiento supranacio- 

nal. Se han dictado disposiciones dispersas 

que regulan algunos posibles conflictos, 

pero no hacen referencia a las especificida- 

des de los derechos indígenas y a las parti- 

cularidades de las culturas de estos pueblos; 

tampoco forman un todo ordenado y cohe- 

rente que se constituya en un ordenamiento 

integral y eficaz para orientar al Estado, a 

las comunidades, las empresas y otras enti- 

dades relacionadas. 

5. Los factores de perturbación del do- 

minio, uso y administración de la tie- 

rra y los recursos naturales 

Haciendo uso de tres categorías, podría 

intentarse una enumeración de los factores 

que regularmente impiden, perturban 

o limitan a las comunidades nativas el acceso 

legal, la posesión y el aprovechamiento 

de las tierras tradicionales y de los recursos 

que éstas contienen. Estos factores, sin 

perjuicio de que puedan señalarse otros 

también importantes son (a) los avances de 

la colonización espontánea o incentivada 

por el Estado; (b) la violencia política y el 

narcotráfico, (c) las actividades extractivas 

de recursos naturales y obras publicas 

(car~eteras, proyectos hidroeléctricos, etc ).. 

La existencia, intensidad y modalida- 

des de impacto que puedan tener estos fac- 

tores se encuentran condicionados y aún 

determinados por razones de carácter eco- 

nómico, social y político. Sin embargo, en 

el ámbito jurídico, es necesario puntualizar 

que la debilidad en los ordenamientos jurí- 

dicos viene haciendo posible que dichos 

factores tengan una mayor y más drástica 

incidencia en la vida y la vigencia de los 

derechos de las comunidades. Existe debili- 

dad tanto en los ordenamientos que definen 

el modelo de relación del Estado y la Socie- 

dad Nacional con las comunidades nativas, 

así como en la definición de las normas que 

señalan el ámbito de la autonomía de go- 

bierno propio de las comunidades. 

Prevenir los riesgos y corregir los da- 

ños en perjuicio de las poblaciones indíge- 

nas, que regularmente implican los factores 

señalados, impone la conveniencia de reco- 

nocer a las comunidades un mayor poder de 

manejo y control de sus propios espacios y 

decisión de sus asuntos, principios que es- 

tán claramente dispuestos en el Convenio 

núm. 169

6. Autogobierno una ley de desarrollo constitucional que 

No obstante que la Constitución polí- 

tica del Perlí, los instrumentos internacio- 

nales y otras disposiciones legales naciona- 

les, garantizan a los pueblos y comunidades 

indígenas su existencia legal y la personería 

jurídica para actuar en derecho-con la 

capacidad de hacer valer las garantías que 

les asisten y de contraer obligaciones en el 

giro ordinario de su vida comunal, entre 

otras-los ordenamientos operativos pre- 

vistos para asegurar la vigencia de estas 

disposiciones comportan tan excesivo cú- 

mulo de trámites y exigencias de orden bu- 

rocrático, que el derecho al ejercicio del 

gobierno propio y autónomo queda conver- 

tido en un simple enunciado formal. 

La facultad de autogobierno de las 

comunidades indígenas se encuentra enun- 

ciada en ordenamientos generales y espe- 

ciales; sin embargo, es frecuente que las 

autoridades administrativas, legislativas y 

jurisdiccionales de los ámbitos local y re- 

gional, cumplan una labor de intervención e 

interferencia ante las autoridades comuna- 

les, las cuales se ven con frecuencia com- 

pelidas a tomar decisiones que contravienen 

los intereses y las costumbres comunales 

reconocidos en los mismos ordenamientos 

legales. 

7. La administración de justicia y el de- 

recho consuetudinario 

Atendiendo al mandato constitucional 

del artículo 149 cuyo texto atribuye a las 

autoridades de las comunidades campesinas 

y nativas 'yunciones jurisdiccionales dentro 

de su ámbito territorial ", es necesario 

procurar un rápido desarrollo de dicha nor- 

ma constitucional a fin de posibilitar en la 

práctica que las comunidades indígenas 

ejecuten sus facultades jurisdiccionales, 

como su derecho consuetudinario 

Por lo mismo, resulta urgente promulgar 

coordine esta jurisdicción indígena especial 

con las instancias del poder judicial. 

La rigidez en cuanto a una adecuada 

valoración del derecho consuetudinario, se 

manifiesta en la reticencia de los profesio- 

nales en derecho, magistrados y operadores 

jurídicos, para validar la vigencia y ámbito 

de los sistemas normativos tradicionales 

que practican los pueblos indígenas. El 

desarrollo del artículo 149 de la Constitu- 

ción, una mayor incorporación de indígenas 

como jueces de paz no letrados y otras in- 

novaciones, podrían redundar en afianzar 

un Estado de derecho especialmente en una 

región tan extensa y carente de servicios 

como la Amazonía peruana. 

Las Universidades, Facultades de De- 

recho y Colegios de Abogados, así como las 

ong's especializadas en la promoción de los 

derechos humanos, podrían promover, en 

coordinación con el Poder Judicial, el Mi- 

nisterio Público y la Defensoria del Pueblo, 

programas de difiisión y capacitación sobre 

los contenidos y alcances de la temática de 

los derechos indígenas, y en particular, de la 

importancia de conocer y respetar la juris- 

dicción especial ya señalada. 

8. Los instrumentos procesales de defen- 

sa de los derechos de los indígenas 

como comunidades y personas 

Los instrumentos legales para asegu- 

rar el pleno reconocimiento y la vigencia de 

los derechos que tienen los indígenas, como 

sociedades culturalmente distintas y como 

personas puéden agruparse en dos catego- 

rías diferenciadas: (a) las normas sustanti- 

vas, representados por las leyes que decla- 

ran los derechos de los indígenas como per- 

sonas y como comunidades; y (b) las nor- 

mas procesales que regulan, de un lado, el 

acceso a la administración pública, y de 

otro, el acceso a la tutela jurisdiccional 

frente al Poder Judicial.

En relación a los procedimientos ad- 

ministrativos de reclamación ante la admi- 

nistración pública, procede señalar que re- 

gularmente no existen en dicho sector ofici- 

nas especializadas en la atención de los 

problemas específicos de los indígenas. Y 

no es infrecuente que esta carencia deterrni- 

ne la falta de atención a las reclamaciones o 

una inadecuada o equivocada respuesta a 

los asuntos planteados. Algunos Estados en 

América Latina, han optado por la creación 

de organismos especializados con amplias 

atribuciones de atención a las demandas 

indígenas. Otros han creado oficinas espe- 

ciales en las distintas dependencias publicas 

para el mismo efecto. En el Perú, no se ha 

optado con claridad por ninguna de las dos 

alternativas, y es reiterada la expresión de 

descontento y frustración de las comunida- 

des por la frecuente desatención a sus re- 

clamaciones. 

Respecto de las normas procesales so- 

bre tutela jurisdiccional, es indispensable 

señalar que el sistema de administración y 

sus diversas instancias han sido definidos y 

puestos en funcionamiento, pensando en 

una sociedad no indígena, ordenada y arti- 

culada bajo los parámetros de la propiedad 

privada individual, la economía de mercado 

y los ordenamientos éticos y políticos occi- 

dentales, careciendo de mecanismos espe- 

ciales que salvaguarden la protección de los 

derechos indígenas. 

Por lo tanto, tales instancias u orga- 

nismos de decisión no han representado una 

opción de respuesta a los múltiples y fre- 

cuentes conflictos que se han visto obliga- 

dos a enfrentar los pueblos y comunidades 

indígenas, en razón de la violación de sus 

derechos fundamentales, tales como su de- 

recho a la tierra, la pérdida de sus recursos 

naturales o la negación de la debida aten- 

ción del Estado. Tampoco se puede sefialar 

alguna tradición de los altos tribunales de 

justicia que haya dado origen a una juris- 

prudencia constante y esclarecedora en el 

manejo de esta temática, con la excepción 

de la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Agrario, hoy extinto. 

9. Acceso a los servicios básicos de salud 

y educación 

El Estado Peruano ha definido y 

puesto en marcha algunos programas de 

educación bilingüe en las comunidades in- 

dígenas. Sin embargo, estos han revestido 

un carácter mas bien experimental y de ín- 

fima cobertura. Con excepción de este pe- 

queño esfuerzo y de los realizados por al- 

gunas organizaciones indígenas y entidades 

privadas, la población en edad escolar que 

consigue acceder a los servicios de la edu- 

cación básica, continúa siendo educada con 

sujeción a los modelos de la educación ur- 

bana, de contenidos y con instrumentos 

ajenos a su cultura y sus necesidades. 

En los ordenamientos que regulan la 

prestación de los servicios básicos de salud, 

o en los planes y programas que los desa- 

rrollan, tampoco se han contemplado dispo- 

siciones que habiliten a las unidades de 

servicio en la prestación de una atención 

especial para los pueblos y comunidades 

indígenas. 

Se hace necesario recordar, que el 

Estado Peruano, por razón de sus compro- 

misos constitucionales y los que dispone el 

Convenio núm. 169, debe definir programas 

de educación y de salud adecuados a las 

características culturales y a los requeri- 

mientos especiales de las comunidades in- 

dígenas. Como una primera y apremiante 

medida en la atención de estos compromi- 

sos, se demanda el esfuerzo compartido con 

las propias comunidades indígenas de estu- 

dio, formulación y adopción de ordena- 

mientos básicos en materia de salud y de 

educación, que determinen los principios, 

fines, estrategias y metodologías, con suje- 

ción a las cuales deberían manejarse las

elaciones entre Estado y comunidades in- 

dígenas. 

B. La actividad de exploración y explotación 

de hidrocarburos en las tierras 

indígenas 

El sector de hidrocarburos está conociendo 

un momento de auge que está destinado 

a continuar en las próximas décadas. 

Dada su importancia para la economía y el 

futuro del país , es necesario definir reglas 

y procedimientos claros y transparentes que, 

manteniendo el estímulo a las inversiones 

nacionales y extranjeras, aseguren un aprovechamiento 

sostenible de los recursos de 

hidrocarburos tanto en términos medioambientales 

como sociales. 

Los pueblos indígenas de la Amazonía 

representan el sector social mayormente 

afectado por las actividades petroleras. La 

gran mayoría de los lotes recientemente 

concedidos por el gobierno para actividades 

de prospección o explotación de hidrocarburos 

ocupan, en efecto, tierras indígenas. 

La actividad hidrocarburífera, sobre 

todo en la etapa de explotación, es una actividad 

de largo plazo y alto riesgo. La naturaleza 

y magnitud de su impacto ambiental 

y social varían en función de un conjunto de 

factores (carácter de las actividades, tipo de 

tecnología empleada, seguridad de la tenencia 

de la tierra de las comunidades afectadas, 

capacidad de diálogo y concertación 

del Estado, de las empresas y de los propios 

pueblos indígenas y sus organizaciones) 

Cuanto más débil es la articulación de 

las comunidades ihdígenas con la sociedad 

y economía n~ioíiales (indígenas aislados o 

no contactados), tanto mayor puede ser el 

impacto. 

Los problemas y situaciones de conflicto 

que han surgido en relación con las 

actividades petroleras guardan una estrecha 

relación con los siguientes aspectos: 

(a) existen vacíos y ambigüedades en 

el ordenamiento jurídico; 

(b) no hay una instancia estatal que 

articule a las diferentes entidades del sector 

público que se vinculan directa e indirectamente, 

y en distintos niveles, con las operaciones 

petroleras y los pueblos indígenas de 

la Amazonía; dicha instancia debería desarrollar 

una política en materia de actividades 

petroleras en territorios indígenas; 

(c ) existe una ausencia de acuerdosmarco 

que regulen las relaciones entre el 

Estado, las empresas y las organizaciones 

indígenas y fijen las obligaciones y responsabilidades 

correspondientes, los niveles y 

áreas de negociación, así como los procedimientos 

a seguir en materia de consultas, 

compensación y distribución de los beneficios 

que se deriven de la actividad petrolera; 

(d) hay la necesidad de desarrollar 

mecanismos de consulta y diálogo tripartitos 

entre el Estado, las empresas y las comunidades 

y organizaciones indígenas en 

los diferentes niveles (local, regional y nacional); 

(e) la débil capacidad de negociación 

de las comunidades indígenas y sus organizaciones 

representativas se deriva, entre 

otras cosas, de la escasez de recursos humanos 

capacitados y de los medios financieros 

que les permitan contar con servicios 

de asesoramiento técnico y legal; 

(f) a nivel de las empresas petroleras, 

existe la necesidad que se adopten directrices 

y pautas claras en materia de consulta, 

compensación y participación de las comunidades 

indígenas afectadas, así como en el 

monitoreo del impacto ambiental y socioeconómico 

de las diferentes actividades 

hidrocarburíferas en las distintas etapas, 

incluyendo los beneficios que se deriven de 

ellas;

(g) en materia de compensación, pre- 

domina un enfoque cortoplacista y de tipo 

asistencia1 que privilegia acciones puntuales 

dirigidas a satisfacer demandas inmediatas 

de las comunidades afectadas, en vez de 

medidas que puedan contribuir a sentar las 

bases para un desarrollo local participativo 

v sostenible: 

tierras ya están tituladas como a aquellas 

cuya titularización está en trámite o no haya 

sido iniciada aún. La titulación previa a 

cualquier actividad de prospección debería 

ser un requisito indispensable. 

De conformidad con lo establecido en 

el Convenio núm. 169, una política en la 

materia debe reconocer y proteger los siguientes 

derechos de los pueblos indígenas 

afectados: 

(a) El derecho a la consulta previa y al 

acceso, durante todas Y cada una de las eta- 

Pas del proceso de d~~arrollo petrolero, a 

(h) las entidades estatales no cuentan 

con el personal suficiente y el equipo técnico 

adecuado para hacer frente a los problemas 

específicos que aquejan a los pueblos 

indígenas como consecuencia de las actividades 

hidrocarburíferas en sus distintas 

etapas, especialmente entre las comunida- 

Una información fidedigna, completa Y 

comprensible; 

des aisladas y no contactadas. 

(b) El derecho a una compensación 

De lo anterior se desprende la necesidad justa y adecuada por servidumbre, por los 

de formular una política nacional en materia daños u otros perjuicios ocasionados por las 

de operaciones hidrocarburíferas y pueblos actividades hidrocarburíferas, así como por 

indígenas que defina los principios básicos el uso de sus tierras u otros recursos por 

y los procedimientos, especifique las fun- parte de las empresas; 

ciones y responsabilidades de los diferentes 

actores involucrados, así como los mecanismos 

de fiscalización y sanción. 

(c ) El derecho a participar en los beneficios 

económicos que se deriven de las 

actividades hidrocarburíferas; 

La premisa que debería fundamentar dicha 

política es que todo crecimiento económico, 

para ser duradero, debe redundar 

en beneficio de todos los grupos sociales y 

de todos los ciudadanos. En esta óptica, las 

actividades de prospección y explotación 

petrolera no deben limitarse a prevenir y 

mitigar posibles efectos negativos para el 

medio ambiente y las comunidades indígenas, 

sino que deben contribuir a un mejoramiento 

de las condiciones de vida y las 

oportunidades de desarrollo de estas últimas. 

(d) El derecho a ser representados, en 

las diferentes etapas de desarrollo petrolero, 

por instancias libremente escogidas por las 

comunidades afectadas. 

En la perspectiva de lo expuesto previamente, 

sería útil que las autoridades establezcan 

los procedimientos y mecanismos 

de articulación y coordinación interinstitucional 

para evitar la superposición de competencias 

y las dificultades en el diálogo. En 

particular, sería conveniente establecer, en 

consulta y concertación con las empresas 

petroleras y organizaciones indígenas repre- 

Una condición indispensable para que 

dicha política se concrete es el reconocimiento 

y respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas, como ciudadanos y colectividades, 

especialmente en materia de 

tierras y recursos naturales Esto se aplica 

tanto a las comunidades indígenas cuyas 

sentativas, el contenido y el alcance de un 

Acuerdo Marco Tripartito que defina y regule 

las obligaciones y relaciones entre las 

diferentes partes durante la fase previa, así 

como todas y cada una de las etapas del 

proceso de desarrollo petrolero. Dicho 

acuerdo, que serviría de guía para la nego-

ciación de acuerdos específicos, cubriría los 

aspectos siguientes: (i) las diferentes instan- 

cias y niveles de interlocución, incluyendo 

la determinación de las modalidades de 

consulta previa; (ii) la participación indíge- 

na en la formulación de los términos de 

referencia de los estudios de impacto am- 

biental y en la realización de los mismos; 

(iii) tipo y magnitud de las compensaciones 

por servidumbre de paso en el territorio 

indígena, incluyendo las reservas comuna- 

les, por el uso de tierras y otros recursos 

naturales y por perjuicios u otros daños oca- 

sionados por la actividad petrolera; (iv) 

participación de las comunidades afectadas 

en los beneficios derivados de las operacio- 

nes hidrocarburíferas; (v) valor legal de los 

acuerdos específicos y mecanismos de fis- 

calización y sanción, en caso de incumpli- 

miento; (vi) objetivos, funcionamiento y 

manejo de un Fondo independiente finan- 

ciado por las empresas petroleras que pro- 

porcione los recursos necesarios para la 

realización de las consultas con las comuni- 

dades y organizaciones indígenas a nivel 

local, regional y nacional; la preparación de 

los estudios de impacto ambiental y social; 

y la prestación de servicios de asesoría legal 

y técnica a las comunidades afectadas y sus 

organizaciones representativas. 

También sería conveniente establecer 

reglas de publicidad y difusión adecuadas 

sobre los resultados y recomendaciones de 

los estudios de impacto ambiental que posi- 

biliten a los sectores sociales afectados y la 

ciudadanía en general, tener acceso directo 

a ellos y formular sus observaciones o 

reclamaciones de orden técnico o jurídico. 

En el caso específico de las comunidades y 

organizaciones indígenas, esto implica ga- 

rantizarles los medios para examinar y dis- 

cutir entre sí, y con suficiente antelación, 

los estudios de impacto, antes de que se 

realice las audiencias. 

Con respecto a las empresas petroleras, 

podría ser útil crear, como parte de la prepa- 

ración de la fase de prospección, un Fondo 

de Pre-Inversión Social para financiar la 

formulación de los estudios de impacto 

ambiental y social, la realización de las 

consultas de las comunidades y organiza- 

ciones indígenas entre sí y con las empresas 

y las entidades publicas pertinentes; y la 

prestación de servicios de asesoría técnica y 

legal, calificados e independientes, a las 

comunidades y organizaciones indígenas 

Similarmente, sería útil crear, como 

parte del paquete de compensaciones y mi- 

nimización de impactos, un Fondo de Ca- 

pital Social, de por lo menos 5 años de du- 

ración, independiente de una etapa posterior 

de explotación petrolera, para financiar ac- 

tividades de capacitación, de generación de 

ingresos y de construcción de infraestructu- 

ra socio-económica u otros rubros que deci- 

dan las comunidades afectadas. La magni- 

tud del Fondo, su funcionamiento y manejo, 

los requisitos y modalidades de aprobación 

de las propuestas generadas por las comu- 

nidades, deberían ser objeto de un acuerdo 

previo entre las partes involucradas.. En 

caso de iniciarse la fase de explotación, la 

duración, la magnitud y el enfoque del Fon- 

do deberían ser reconsiderados. 

Sería conveniente también armonizar, a 

nivel interempresarial, directrices y pautas 

en materia de consulta, compensación, 

rehabilitación socio-económica y participa- 

ción de las comunidades indígenas afecta- 

das en los beneficios originados por la acti- 

vidad petrolera. 

De igual manera, el reconocimiento 

como interlocutores válidos y legítimos a 

las instancias indígenas que las propias co- 

munidades afectadas designen como sus 

representantes, contribuiría a evitar dificul- 

tades. Un posible modelo sería la constitu- 

ción de instancias indígenas que cuenten

con un representante de cada nivel (local, 

regional y nacional). 

Con respecto a las organizaciones indí- 

genas, sería útil mejorar su capacidad de 

negociación con las empresas petroleras y el 

Estado. Esto incluye la adquisición de co- 

nocimiento acerca de sus derechos, según el 

ordenamiento jurídico nacional e interna- 

cional, y de los procedimientos correspon- 

dientes para exigir su aplicación; familiari- 

zación con los propósitos, alcance, técnicas 

y métodos empleados en la preparación de 

los estudios de impacto ambiental y social 

para asegurar su participación y aportes 

más significativos en las consultas corres- 

pondientes; conocimiento de las tecnologías 

y normas más avanzadas en materia de mi- 

nimización de impactos de las actividades 

hidrocarburíferas sobre el medio ambiente; 

y formación en estrategias y técnicas de 

negociación. 

Podría ser conveniente también fortale- 

cer y desarrollar alianzas, a nivel nacional e 

internacional, con sectores de la sociedad y 

asociaciones interesadas en la conservación 

y manejo sostenible de los recursos natura- 

les, así como en la promoción de los dere- 

chos humanos en general y de los derechos 

de los pueblos indígenas en particular. 

También sería útil reforzar el diálogo e 

intercambio de experiencias y estrategias 

entre las propias organizaciones indígenas, 

especialmente a nivel nacional, con miras a 

alcanzar puntos de convergencia y definir 

una plataforma de acción común que re- 

fuerce su capacidad y poder de negociación 

frente al Estado y las compañías petroleras. 

Finalmente, sería de gran utilidad que 

las organizaciones desarrollen sistemas 

propios de documentación de las consultas 

y acuerdos alcanzados con los diferentes 

actores en las diversas etapas del proceso de 

exploración y explotación de hidrocarburos, 

así como de las consecuencias directas e 

indirectas derivadas de dichas actividades. 

C. La situación de especial vulnerabili- 

dad del pueblo Asháninka 

La vulnerabilidad del pueblo Ashá- 

ninka se origina en su condición de pobla- 

ción rural indígena en un ámbito que erró- 

neamente es considerado 'vacío' de pobla- 

ción e inexplotado en sus recursos. Como 

resultado, dicho pueblo ha sido víctima 

permanente de la marginación social, políti- 

ca jr cultural, y del despojo de sus ter~itorios 

y de los recursos naturales por diversos 

agentes externos, incluyendo colonos y ex- 

tractores de recursos naturales que han ac- 

tuado en el marco de una legislación con- 

tradictoria siempre entendida y aplicada en 

perjuicio de los pueblos indígenas.. 

La condición básica de la estabilidad y 

posibilidades de reconstrucción de las comunidades 

Asháninkas es la tierra. El fenómeno 

de la violencia subversiva ha generado 

un masivo y forzado desplazamiento 

de sus asentamientos habituales hacia comunidades 

indígenas de la misma región, lo 

cual es una constatación de su compromiso 

e identificación con su hábitat y cultura. La 

reconstrucción del tejido social del conjunto 

del pueblo Asháninka supone que las familias 

y sus comunidades puedan retornar a 

sus comunidades de origen, abandonadas 

por la emergencia del conflicto armado. 

Se observa con profunda preocupación 

que los territorios tradicionales de los 

Asháninkas han sido, en muchos casos, 

ocupados por terceros durante el mismo 

conflicto y que actualmente, inclusive con 

apoyo estatal o de ciertas autoridades locales 

y regionales, se está promoviendo el 

afianzamiento de ocupantes ir~egulares o de 

nuevos migrantes de otras regiones del 

país. El Estado, como un acto de respeto a 

la legalidad y a la justicia, deberá asegurar 

el pronto y pacífico reasentamiento de los 

indígenas en los territorios que tradicional y 

legalmente les pertenecen, reivindicando el

enorme esfuerzo que el pueblo Asháninka 

ha realizado en favor de la pacificación de 

la región y del país . 

Existe una población considerable que 

se desplazó a zonas más alejadas en la 

misma Selva Central, por el impacto de la 

violencia senderista, especialmente No- 

matsiguengas de Pangoa y Asháninkas. Di- 

chos grupos no han sido reconocidos como 

comunidades ni han recibido títulos que 

reconozcan la propiedad de sus tierras. 

En cuanto a reservas comunales, los 

Asháninkas demandan a través de sus fede- 

raciones y otras organizaciones, que el Es- 

tado les reconozca, en calidad de reservas 

comunales y con la premura necesaria, el 

área de la cordillera del Sira, el proyecto de 

reserva comunal de Vilcabamba (para las 

comunidades del río Tambo, Ene y Apurí- 

mac) y el llamado "santuario" natural de 

Cutivireni. La creación de dichas reservas 

comunales es la última oportunidad para 

que el pueblo Asháninka pueda consolidar 

su territorio y así asegurar su sobrevivencia 

en condiciones que les permita conservar 

los recursos naturales. 

Asimismo, los Asháninkas, así como 

otros pueblos de la Selva, insisten en la 

necesidad de contar con un apoyo coherente 

de parte del Estado para preservar la biodi- 

versidad y el equilibrio ecológico a través 

de planes y programas de protección y ma- 

nejo medio ambiental formulados por sus 

propias organizaciones. En este contexto, 

están dispuestos a constituir unidades co- 

munales de gestión que les permita partici- 

par en la producción y explotación racional 

de los recursos naturales con el consecuente 

beneficio de la generación de ingresos. 

En relación con las medidas mencio- 

nadas, es necesario desarrollar una política 

de tierras que permita una respuesta clara y 

oportuna a las diversas necesidades que en 

esta materia se presentan entre los distintos 

sectores de la población Asháninka: titula- 

ción para las comunidades que aún no han 

sido atendidas, la ampliación de tierras para 

comunidades donde la actual dotación es 

limitada, agilización de trámites en curso y 

apoyo a la compra de mejoras realizadas 

por terceros o colonos en tierras indígenas. 

Es importante considerar que dichas accio- 

nes no comprometen sólo al Estado, ya que 

en este esfuerzo existe la experiencia y vo- 

luntad de las propias organizaciones indíge- 

nas, de ong's y de fuentes de financiamiento 

externo. Sin embargo, el Estado deberá es- 

tablecer un marco institucional que favorez- 

ca este trabajo y que asegure la debida par- 

ticipación de estas instancias. 

En el tratamiento que se otorga a los 

desplazados indígenas amazónicos no debe- 

ría tratárseles como individuos o familias 

aislados sino como parte de una comunidad 

o de un pueblo identificado con su hábitat. 

Esto implica la realización de un esfuerzo 

que contemple el apoyo al restablecimiento 

y reconstrucción de la estabilidad del grupo 

comunitario en su conjunto y, asimismo, la 

paz y garantías necesarias en el entorno para 

asegurar la supervivencia y estabilidad del 

asentamiento al que pertenecen. 

No existe hasta ahora ninguna deci- 

sión estatal para compensar o indemnizar a 

los deudos de Asháninkas que fallecieron 

en combate contra los grupos armados, 

cumpliendo una labor cívica de responsabi- 

lidad y defensa de la legalidad. 

Actualmente, un crecido número de 

viudas y huérfanos Asháninka atraviesan 

una situación muy grave de penuria econó- 

mica y moral como resultado del conflicto 

armado. Como destaca el Informe Deng, no 

existe hasta ahora ningún programa especial 

de atención a estas familias afectadas por la 

violencia, no obstante que la normatividad 

pertinente, en este caso, el Código de los 

Niños y Adolescentes (DL 26102 de 1992,

art. 39 y concordantes), señala muy claras 

responsabilidades del Estado en estas 

eventualidades. 

Hoy en día, un considerable número 

de indigenas Asháninka, sufren graves li- 

mitaciones en el ejercicio de sus derechos 

fundamentales, entre ellos el derecho al 

libre tránsito y el derecho a formular peti- 

ciones ante las autoridades, por la destruc- 

ción o la pérdida de sus documentos de 

identidad a consecuencia de la violencia. 

Las comunidades reclaman una pronta in- 

tervención de las autoridades, para remediar 

los inconvenientes, confusiones y riesgos 

que padecen muchos indígenas como con- 

secuencia de esta necesidad no atendida. 

Tomando en cuenta la vulnerable si- 

tuación arriba descrita y al mismo tiempo, 

el compromiso que los Asháninkas mani- 

fiestan con su territorio y sus comunidades 

de origen, el PAR deberá establecer una 

política prioritaria de apoyo al pueblo 

Asháninka. 

Deberá incorporar a las representacio- 

nes indígenas en sus órganos de asesoría y, 

en lo posible, en los de dirección, a fin de 

lograr su participación en el planeamiento, 

priorización, supervisión y ejecución de 

programas de reinserción. 

Para impulsar el desarrollo de las ca- 

pacidades locales, es necesario enfatizar 

prioritariamente la educación bilingüe e 

intercultural, así como fortalecer la organi- 

zación local y empresarial de carácter aso- 

ciativo, asegurando la participación de la 

población en el marco de sus patrones cul- 

turales. 

Tienen los Asháninkas una larga tra- 

dición de relaciones comerciales y de venta 

de su fuerza de trabajo con distintos agentes 

del mundo externo. En este proceso de so- 

cialización, se han establecido variantes 

tecnológicas en las formas de producción y 

se han modificado sus patrones de consumo 

tradicional. Puede señalarse que hoy en día 

la economía Asháninka no es de simple 

subsistencia, sino un modelo que combina 

sus actividades productivas tradicionales 

con el consumo de bienes de otras regiones 

adquiridos en el mercado con los ingresos 

obtenidos de la venta de productos de la 

tierra, la caza, la pesca y la artesanía. 

D. Desarrollo sostenible, estrategias 

locales y empleo productivo 

l. De carácter general: 

Los pueblos indígenas de la Amazonía 

han desarrollado sistemas de conocimiento 

etnobiológico de los recursos de su hábitat, 

que constituyen, en la mayoría de los casos, 

una garantía de manejo sostenible de los 

ecosistemas amazónicos caracterizados por 

su fragilidad. 

El uso y respeto de dichos sistemas 

de conocimiento pueden constituir la base 

de una de las ventajas comparativas para la 

inserción, en mejores condiciones, de los 

pueblos indigenas en la economía de mer- 

cado. 

En el actual contexto de globaliza- 

ción, la Amazonía se ha convertido en un 

intenso escenario de intereses económicos, 

frecuentemente contrapuestos a las necesi- 

dades de un manejo sostenible del medio 

ambiente y de los recursos naturales. Es 

necesario superar la concepción de la Ama- 

zonía como un espacio vacío o virgen, cuya 

naturaleza ha permanecido intacta sin la 

intervención humana. A lo largo del proce- 

so histórico de su inserción en el mercado, 

dicha región ha sufrido procesos depredato- 

rios muchas veces de un carácter irreversi- 

ble que al mismo tiempo ha puesto en ries- 

go la sobrevivencia de los pueblos indíge- 

nas. 

Nuevamente surge la necesidad de en- 

carar el futuro de la Amazonía como una 

responsabilidad compartida para salvaguar- 

dar su desarrollo sostenible.

2. Rol del Estado: 

En atención a sus responsabilidades 

constitucionales y compromisos internacio- 

nales de protección a los pueblos indígenas, 

el Estado debe asumir la urgente tarea de 

salvaguardar la propiedad intelectual de 

estos pueblos, especialmente de conformi- 

dad con el mandato legal de levantar un 

régimen especial de protección y de ser el 

caso, un registro de los conocimientos tra- 

dicionales de propiedad de las comunidades 

campesinas y nativas, según lo estipula la 

Ley de Propiedad Industrial vigente (1996, 

art. 63). 

Atendiendo a las tendencias de la co- 

mercialización de la biodiversidad, los pue- 

blos indígenas de la Amazonía peruana tie- 

nen una oportunidad para el aprovecha- 

miento ventajoso de recursos promisorios 

de su propio espacio en el mercado interna- 

cional. Para ello, el Estado deberá colabo- 

rar con las organizaciones indígenas, las 

ong's y centros de investigación científica 

aplicada para estimular la investigación y 

experimentación de dichos recursos. Igual- 

mente, deberá brindarse apoyo a los pueblos 

indígenas para la creación de empresas bajo 

la modalidad de contratos de riesgo- 

beneficio compartido (joint ventures); sin 

embargo, se deberá proceder con la máxima 

cautela para asegurar el respeto a su integri- 

dad cultural y territorial, así como su ade- 

cuada participación en el proceso de la toma 

de decisiones. 

Asimismo, el Estado deberá apoyar la 

apertura de mercados nacionales e interna- 

cionales a los recursos amazónicos produci- 

dos por los indígenas como una categoría 

especial. 

Se deberá estimular la apertura de 

fuentes de crédito solidario, a miembros y 

grupos de comunidades indígenas, a bajo 

interés, con acompañamiento técnico- 

administrativo continuo, procurando la co- 

laboración cercana a organizaciones indíge- 

nas y ong's , y orientado a estimular la 

acumulación e inversión a través de activi- 

dades sostenibles a largo plazo. En este 

propósito, debería restringirse cualquier 

iniciativa de garantizar estos préstamos con 

respaldo de la tierra, por el riesgo que dicho 

procedimiento puede representar para el 

pueblo indígena en su conjunto. 

Se deberá proveer medidas eficaces en 

el ordenamiento de la industria y la comer- 

cialización de la madera, procurando que 

sólo se aproveche la extracción de bosques 

manejados y que se fortalezca el control 

sobre el comercio ilegal de este producto y 

sobre la corrupción de los funcionarios que 

lo permitan. 

El Estado deberá mantener el régimen 

de exención de impuestos a las comunida- 

des indígenas, como lo establecía la Ley de 

Comunidades Nativas. 

En el contexto de las medidas men- 

cionadas, se debe reconocer la necesidad de 

establecer políticas que brinden apoyo a las 

actividades de subsistencia y seguridad ali- 

mentaria tradicional de la economía indíge- 

na, para asegurar su desarrollo sostenible. 

3. Responsabilidades de los bancos mul- 

tilaterales y otras fuentes de financia- 

miento 

Deberán abrir líneas de donación para 

financiar en una primera etapa experimental 

la apertura de crédito solidario a miembros 

y grupos de comunidades indígenas, toman- 

do en cuenta los requerimientos y condicio- 

nes específicas mencionados anteriormente. 

Y asimismo, deberán colaborar con las or- 

ganizaciones indígenas y las ong's en el 

financiamiento y estímulo a la investigación 

aplicada sobre recursos promisorios. 

Se deben implementar medidas espe- 

ciales de protección y apoyo, que procuren 

asegurar los derechos de propiedad colecti- 

va de los indígenas sobre sus tierras y terri-

torios, en zonas afectadas por proyectos de invasiones y despojos territoriales, al reclu- 

desarrollo financiados por la institución. tamiento forzoso de mano de obra y a otros 

factores, estos pueblos buscaron nuevas 

4. Responsabilidades de las organizacio- formas organizativas de resistencia y, a ve- 

nes indigenas y las ONG's ces, de rebelión. 

Deberán desarrollar actividades de ca- 

pacitación en administración y gestión pro- 

ductiva, economía indígena y su papel para 

el desarrollo sostenible a largo plazo, eco- 

nomía de mercado y cómo obtener un ma- 

yor valor agregado compatible con las acti- 

vidades de subsistencia y seguridad ali- 

mentaria. Para ello es importante esclarecer 

las contradicciones y conflictos entre los 

fines y valores de las dos economías 

(mercado-/subsistencia) y cómo convivir 

con ellos. 

Se deberán desarrollar programas de 

asesoría e investigación para el estableci- 

miento y puesta en marcha de planes comu- 

nales de manejo sostenible y conservación 

de recursos naturales. 

Se deberá trabajar con el Estado y las 

agencias de financiamiento para experi- 

mentar con nuevas fuentes de crédito a in- 

dígenas o grupos de comunidades dentro de 

las condiciones posibles de crédito a las 

cuales se aludió anteriormente; de manera 

paralela, se deberá promover la investiga- 

ción y búsqueda de productos promisorios 

para los pueblos indígenas y comercializa- 

ción en condiciones de mayor rentabilidad, 

explorándose la conformación de esquemas 

de joint ventures en la inversión, con el 

debido acompañamiento y asesoría legal. 

E. La dinámica organizativa indígena 

El proceso organizativo de los pueblos 

indígenas amazónicos como ciudadanos y 

actores sociales del Perú, es muy reciente. 

Históricamente, estuvieron organizados 

como grupos étnicos adaptados a la com- 

plejidad y diversidad de los ecosistemas de 

la Arnazonía. Frente a la agudización de 

El proceso organizativo ha sido cua- 

litativamente diferente durante las tres últi- 

mas décadas. El surgimiento progresivo de 

las organizaciones indígenas a nivel federa- 

tivo, y más tarde, a nivel nacional e interna- 

cional, respondió a la creciente presencia 

de nuevos agentes económicos en la Ama- 

zonía, para la defensa de sus tierras y de los 

recursos naturales. Asimismo, el Estado 

cobró mayor presencia en la región. 

La base fundamental del proceso or- 

ganizativo de aquellos niveles ha sido y 

sigue siendo la comunidad. Es importante 

destacar que el propio Estado jugó un signi- 

ficativo rol propiciador, especialmente al 

expedir la Ley de Comunidades Nativas 

(1974) y sus reglamentos, al establecer con 

mayor claridad un reconocimiento de sus 

derechos como ciudadanos y colectividades, 

y al proceder con la titulación de tierras 

comunales. En este contexto, muchos 

asentamientos se convirtieron en comuni- 

dades nativas formalmente reconocidas. Sin 

embargo, hasta hoy en día, el Estado y la 

sociedad en general, ha tratado con los in- 

dígenas en tanto comunidades nativas, des- 

conociendo la dimensión que tienen como 

pueblos con identidades y valores supraco- 

munales muy diversos. Asimismo, se igno- 

ra que existen muchos indígenas no necesa- 

riamente organizados como comunidades 

nativas registradas pero autoidentificados 

como personas o grupos pertenecientes al 

pueblo Shipibo, Asháninka, Harambkut u 

otro. 

En el transcurso, las organizaciones 

constituidas se convirtieron en instancias 

reivindicativas de carácter más integral, en 

defensa de sus tierras y territorios, la pro- 

moción de educación bilingüe, programas

de salud, empresas asociativas para la co- 

mercialización y otras actividades. El ca- 

rácter integral de sus demandas demostró 

una extraordinaria energía, a su vez pro- 

ducto de la afirmación de su identidad como 

pueblos, con demandas comunes e integra- 

les. 

Gracias a su propio esfuerzo se dieron 

múltiples contextos de capacitación en la 

práctica de negociar con el Estado y otros 

actores concretos de la sociedad. Conside- 

rando un período de menos de tres décadas, 

el proceso organizativo indígena ha logrado 

una extraordinaria cobertura de comunida- 

des, federaciones y organizaciones de ca- 

rácter inter-étnico. Además, como personas 

jurídicas, las comunidades y sus líderes, a 

través de sus organizaciones, están afian- 

zando una amplia conciencia y práctica del 

ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

No obstante otros logros, como la res- 

puesta organizada frente a la violencia de 

grupos subversivos en la Selva Central, la 

incursión política en los gobiernos munici- 

pales y procesos electorales de manera or- 

ganizada, la defensa de los bosques tropi- 

cales y la biodiversidad y su mayor articula- 

ción con las redes indígenas de carácter 

internacional, surgen nuevos retos y la ne- 

cesidad de desarrollar nuevas estrategias de 

fortalecimiento interno, así como mecanis- 

mos más adecuados de interlocución con la 

sociedad y el Estado. 

La globalización económica y las 

presiones de ésta sobre el Estado, así como 

la incursión de empresas extractivas y otros 

agentes económicos, crean un contexto 

cualitativamente diferente al pasado inrne- 

diato. Para el Estado y la sociedad peruana, 

la dinámica organizativa de los pueblos 

indígenas ya no es la de hace tres décadas. 

Hoy en día ésta se encuentra estrechamente 

ligada al afianzamiento de una sociedad 

más democrática, con justicia\social y res- 

peto a la naturaleza, cimentada en un desa- 

rrollo sostenible.

NOTAS 

' Asociación Asháninka del Valle del Pichis 

o ApatyawakaNampitsi Asháninka Pichis. 

Federación de Comunidades Nativas del 

Río Corrientes ver-oriente del Perú). 

3 Particular atención en dicho estudio se dio 

a la situación de la población de los bosques 

tropicales, concluyendo que estas se enfrentaban 

con amenazas cada vez más graves para su 

existencia como entidades étnicas, culturales y 

económicas con derecho a su propia identidad. 

4 Véase en particular los debates de la Comi- 

sión en la Segunda Reunión de la Comisión de 

Expertos en Trabajo Indígena (OIT, 1954, pág. 

467-489). Asimismo, vale la pena destacar un 

importante libro sobre las poblaciones indígenas 

del mundo que todavía constituye una valiosa 

fuente de referencia (OIT, 1953) y el estudio 

que sirvió de base para las consultas y adopción 

del Convenio núm. 107 (OIT, 1956). 

La Reunión de Expertos en 1986, convoca- 

da por el Consejo de Administración de la OIT, 

concluyó que el enfoque integracionista del 

Convenio núm. 107 era obsoleto y que su apli- 

cación era perjudicial en el mundo moderno 

(OIT, 1988, Anexo 1). 

El Convenio núm. 169 fue aprobado por el 

Perú mediante Resolución Legislativa No. 

26253 del 2 de diciembre de 1993. Ratificado 

por el Poder Ejecutivo el 17 de enero de 1994 

y depositado en la OIT (Ginebra) el 2 de febre- 

ro de 1994. Para el Perú entró en vigencia el 2 

de febrero de 1995. 

7 La cual contiene el Capítulo 26 sobre el 

Rol de la Comunidades Indígenas y la Conser- 

vación del Medio Ambiente (Naciones Unidas, 

1992). 

8 "Campa" era un nombre impuesto al pue- 

blo Asháninka por los misioneros, colonos y 

otros, considerado peyorativo. La afirmación de 

la identidad del pueblo Asháninka, por lo tanto, 

no solamente implicó fortalecer su organización 

social, recuperar sus mitos y su propia historia 

interpretada por ellos mismos, no sobre la base 

de lo que otros les contaban cuál fue "su" histo- 

ria, sino también llamarse a si mismos Aperso- 

nas humanas" o "familia grande" (significado 

del término Asháninka). Así se pueden encon- 

trar muchos otros ejemplos de pueblos indígenas 

amazónicos que reclaman su identidad, exigien- 

do ser llamados por sus nombres colectivos 

propios. 

Dicha cifra incluye a una población nomi- 

nalmente censada de 239,674 personas y una 

población estimada de 59,544 personas, esta 

última ubicada, según el Censo, en comunidades 

distantes y de difícil acceso a las que no se pudo 

llegar (INEI, 1994 , Tomo 1, pág. 1 1 5). 

'O Al respecto resalta el nivel organizativo 

que lograron los Yáneshas y Asháninkas. Se 

rebelaron en 1742 bajo el liderazgo de Juan 

Santos Atahualpa, para recuperar sus territorios 

después de la primera invasión de los hacenda- 

dos tarmeños; asimismo, impidieron las incur- 

siones hasta 1852, cuando se inició la entrada 

masiva de colonizadores (Barclay, 1989, pág. 

54-62). Frente a la agresión de los caucheros, se 

dieron levantamientos indígenas de forma conti- 

nua en el Putumayo. Por otra parte, los Cocama- 

Cocamillas se rebelaron durante los Siglos XVII 

y XVIII, destruyendo la misión jesuítica de La- 

gunas (hoy capital del distrito del mismo nom- 

bre), replegándose sus líderes a la zona de Paca- 

ya- Samiria, donde fueron asesinados por expe- 

diciones punitivas (Stoks, 1989). Los Aguaru- 

nas, Huambisas, Shuar, Achual y otros pueblos 

pertenecientes a la familia Jíbaro, tuvieron éxito 

en la defensa de sus territorios, en parte por la 

menor presión colonizadora, y el temor que 

infundían por su trayectoria como guerreros 

altamente organizados. 

11 Para un resumen sobre los orígenes del 

proceso organizativo, el cual se ha consultado 

como fuente básica, ver Grupo de Trabajo Ra- 

cimos de Ungurahui (1995). Para una historia 

del Perené, ver Ortiz (1978). 

l2 FECONADIC, Federación de Comunida- 

des Nativas del Distrito de Cahuapanas; 

FESHAM , Federación Shapra del Río Morona; 

ONAPAA, Organización Nativa Aguaruna de la 

Provincia del Alto Pastaza; OSHDEM, Organi- 

zación Shuar del Río Morona.

l3 FECONAU: Federación de Comunidades 

Nativas del Ucayali y afluentes; de ésta, más 

tarde se escindió la Federación de Comunidades 

Nativas del Bajo Ucayali ( FECONBU). 

l4 Por ejemplo, en el Nor-Oriente (Marañón) 

trabajó el llamado Grupo DAM (Grupo de De- 

sarrollo del Alto Marañón) constituido por des- 

tacados profesionales españoles jóvenes (Pedro 

García Hierro, Emilio Romero, Manuel García y 

Daniel Martínez y otros) que concentraron su 

apoyo en varias cuencas. Asimismo, en la Selva 

Central, Richard C. Smith, principalmente entre 

los Amuesha. 

l5 Las organizaciones fundadoras de CONAP 

han sido FECONAYA (Federación de Comuni- 

dades Yaneshas); OCAAM (Organización de 

Comunidades Aguarunas del Alto Marañón); 

CECONAMA (Central de Comunidades Ma- 

chighengas); y CART (Central Asháninka del 

Río Tambo). 

l6 COICA tuvo su sede en Lima durante casi 

una década. Actualmente tiene su oficina regio- 

nal en Quito. Entre sus importantes logros figu- 

ran: 

--Participación en las reuniones del Grupo de 

Trabajo de Poblaciones indígenas de la Sub- 

Comisión de Prevención de la Discriminación 

y Protección de Minorías de las Naciones Uni- 

das (Ginebra) desde 1984, para la elaboración 

del proyecto de Declaración Universal de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 

asuntos. 

--Promoción de consultas en los países y par- 

ticipación como observadora en las reuniones de 

la Comisión encargada de adoptar el Convenio 

núm 169 (Conferencias Internacionales del 

Trabajo, Ginebra, 1988 y 1989). 

--Participación en las propuestas y reuniones 

preparatorias relacionadas con la Conferencia 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(Río, 1 9%!), capítulo 26 de la Agenda 2 1, Con- 

venio sobre Biodiversidad y otros acuerdos entre 

los Estados. 

--Establecimiento de alianzas, por ejemplo, la 

Alianza del Clima con más de un centenar de 

municipalidades europeas (1 99 1); Alianza In- 

ternacional sobre el Medio Ambiente entre or- 

ganizaciones indígenas y ong's ambientalistas 

(Iquitos, 199 1); la Alianza de los Pueblos de las 

Selvas Tropicales del Mundo (1992), etc. 

--Participación en las reuniones preparatorias 

para la creación del Fondo de Desarrollo para 

los Pueblos Indígenas de América Latina y el 

Caribe (1991-2). Para estos y otros detalles, ver 

Smith (1 996a). 

l7 Por ejemplo, el Congreso de Comunidades 

Amueshas, después de lograr la titulación de la 

mayoría de sus comunidades afiliadas, formó el 

Comité Agroyanesha para promover la comer- 

cialización de la producción asociativa de las 

comunidades; luego creó un Centro Cultural 

Amuesha, como una forma de recuperar y rea- 

firmar su identidad cultural colectiva; más tarde 

estableció el Comité de Maestros Bilingües para 

mejorar y ampliar la educación primaria en cada 

comunidad; por último, el Comité de Promoto- 

res de Salud, para mejorar y dar mayor cobertura 

de servicios en las postas de salud de las comu- 

nidades. Este camino lo han seguido paralela- 

mente muchas otras federaciones. 

l8 Una prioridad generalizada y aún vigente, 

agravada por la violencia en algunas zonas 

(Selva Central), sigue siendo el acceso a una 

partida de nacimiento, a una libreta electoral y 

otros documentos, para lo cual diversas organi- 

zaciones establecieron programas especiales de 

registro civil mediante convenios con los orga- 

nismos estatales raponsables. 

19 Ver Márquez Calvo (1995, pág. 13 1-1 86); 

Portocarrero y Achá (1 990, pág. 13-6 1). 

20 Dirigentes indígenas entrevistados indica- 

ron que en muchos casos reciben respuestas 

como: "Ustedes son ignorantes"; "no conocen"; 

"ustedes (los líderes) no representan a sus ba- 

ses"; "no saben lo que quieren"; "tienen que 

capacitarse mejor"; "¿quiénes son ustedes para 

hablamos así?"; "no son de confiar".. Por otro 

lado, hemos podido constatar ciertas expresiones 

por parte de algunas autoridades o funcionarios 

de la zona que aun piensan que la mejor manera 

de desarrollar la selva es traer colonos de la 

sierra o agricultores de otros países. 

21 Esto se ha expresado en algunos casos so- 

bre acusaciones de malos manejos financieros u 

otras tendientes a cuestionar la legitimidad de 

los alcaldes elegidos.

22 Algunos líderes se identificaban con algu- 

nas ong's, mientras que otros intentaron desa- 

rrollar una línea menos depaidiente 

23 Bar~eales: suelos inundables de manera 

permanente o gran parte del año. 

24 "Se desconoció el sujeto real del derecho 

territorial indígena -es decir, el pueblo indígena- 

descomponiéndolo en unidades (comunidades 

nativas) que, en aquel entonces, no hubieran 

podido ser explicadas por casi ningún indígena" 

(García Hierro, 1995, pág. 37-38) 

25 Ley No 26505, Ley de Promoción de la In- 

versión Privada en el Desarrollo de las Activi- 

dades Económicas en las Tierras del Territorio 

Nacional y de las Comunidades Campesinas y 

Nativas, 18 de julio, 1995. 

26 La Constitución de 1933 dispone que "La 

propiedad de las comunidades es zmprescripti- 

ble e inenajenable, salvo el caso de expropia- 

ción por causa de utilidad pública, previa in- 

demnización Es, asimismo, inembargable." 

(art. 209). La Constitución de 1979, en cuanto a 

este mismo punto, dispone que "Las tierras de 

las Comunidades Campesinas y Nativas son 

inembargables e imprescriptibles También son 

inalienables, salvo ley fundada en el interés de 

la Comunidad, y solicitada por una Mayoría de 

los dos tercios de los miembros cal@cados de 

Ésta, o en caso de expropiación por necesidad y 

utilidad pública En ambos casos con pago 

previo en dinero." 

27 D.L. NO 22 175 de 1978 y su Reglamento 

(D.S No 003-79-AA de 1979). 

Incluso esta contradicción da lugar a un 

conflicto de leyes, toda vez que el Convenio 

núm. 169, por disposición constitucional, es 

derecho positivo nacional 

29 Diversos juristas e investigadores han for- 

mulado cuestionamientos a dicha Ley. Por 

ejemplo, García Hierro (1995); Del Castillo, 

Gallo y Monge (1995). 

30 Después de casi dos años de haberse expe- 

dido la nueva Ley de Tierras, el 13 de junio de 

1997 se publicó el Reglamento correspondiente 

(DS 0 1 1 -97-A6). En el art.2 de dicho Regla- 

mento, se aclara que la ley se aplica a las tierras 

de uso agrícola y de pastoreo, a las tierras con 

aptitud agropecuaria y en general a todo predio 

o susceptible de tener uso agropecuario, aña- 

diendo que las tierras con aptitud forestal y de 

fauna se rigen por sus propias normas. Tomando 

en cuenta que este tipo de tierras son las que 

conforman en su gran Mayoría el territorio de 

las comunidades nativas, se corrige la ambigiie- 

dad de la Ley de Tierras que definió de una 

manera tan amplia las tierras agrarias. Uno de 

los principales objetivos del Reglamento parece- 

ría ser el tema de las tierras eriazas. El art. 9 

declara que las tierra's eriazas son de dominio 

del Estado, salvo aquellas sobre las que existe 

título de propiedad privada o comunal. Al res- 

pecto, cabe tomar en cuenta que un número 

significativo de comunidades campesinas y nati- 

vas no han terminado de sanear la titularidad de 

sus tierras, especialmente las que tradicional- 

mente han venido ocupando y, en esos casos, 

podría interpretar se que la propiedad podría 

pasar al dominio del Estado según lo estipulado 

en dicho Reglamento. En el art. 10 se encarga 

al QJRENA la elaboración de los planos en base 

a los cuales se procederá a la subasta pública de 

tierras eriazas del Estado, a través de la COPRI 

(Comisión Nacional de Promoción de la Propie- 

dad Privada). Una vez publicados los planos de 

las tierras eriazas, el art. 11 señala que si algún 

particular o comunidad encuentra sus tierras 

entre las tierras a ser subastadas, podrá plantear 

su oposición dentro del plazo de 15 días útiles y 

que dicha oposición deberá basarse en pruebas 

instrumentales. Al respecto vale la pena destacar 

que el plazo es muy estrecho y que supone que 

la propiedad deberá estar en regla, lo cual coloca 

a las comunidades campesinas y nativas en es- 

pecial desventaja. Considerándose el énfasis del 

Reglamento en el tema de las tierras eriazas de 

la Costa, se supone que se expedirá en el futuro 

un Reglamento específico sobre las tierras de las 

comunidades de la Sierra y de las comunidades 

nativas de la Selva y Ceja de Selva. 

31 SU Reglamento (DS 003-79-AA) y la Re- 

solución Ministerial (0064-84-AG). 

32 Ley de Reforma Agraria del 24 de junio de 

1969. 

33 Ley de Promoción de las Inversiones en el 

Sector Agrario del 1 de agosto de 1991. Título 

N: De las Tierras de Selva y Ceja de Selva

34 Cap. 111, arts,. 8 a 13, D L No 757, art. 51 y 

demás normas concordantes. 

3 5 (Art. 3 1): "Las tierras de la Selva y Ceja de 

Selva, además de las servidumbres ordinarias, 

quedan sujetas a las siguientes: (a) de libre trán- 

sito por los puentes, oroyas y caminos existentes 

y aquellos que se construyan en el futuro; (b) de 

libre paso de oleoductos, gasoductos, instalacio- 

nes para la exploración minera y petrolera, ins- 

talaciones para el servicio público de telecomu- 

nicaciones, líneas de transmisión de energía, 

vías de comunicación y de toda especie, obras 

para irrigación y drenaje establecidas o que sea 

necesario establecer, así como las que demanden 

su operación y mantenimiento." En el art. 3 1 del 

Reglamento (DS 003-79-AA), se establece que 

estas servidumbres "no dará lugar al pago de 

indemnización alguna a favor del propietario del 

pvedio sirviente. En caso de que la servidumbre 

afectara la explotación de la integridad del pre- 

dio, el propietario o el poseedor tendrá derecho 

a ser reubicado en el asentamiento más cercano 

que efectúe la Dirección Regional respectiva, 

sin perjuicio de que el ejecutante de la obra le 

abone el valor de los bienes que hubiese intro- 

ducido." 

36 Decreto SupremoNO 046-EM de 1993 

3 7 Artículos 88, 89 y 149 de la Constitución, y 

Artículos 6 y 15 (inciso 2) del Convenio núm.. 

169. 

38 Cabe destacar que la Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales (Ley No,. 26821, publicada el 26 de 

julio de 1997) está diseñada como una "Ley 

marco" que establece los parámetros básicos 

para el desarrollo de la legislación posterior. Es 

necesario mencionar que los artículos 17 y 18 

contenidos en el Título 111 ("De los recursos 

naturales de libre acceso") merecerá un detenido 

estudio, ya que podrían vulnerar seriamente los 

derechos de uso y manejo de los recursos natu- 

rales en tierras y territorios indígenas, reconoci- 

dos en la Ilegislación vigente (Decreto Ley No. 

22175, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así 

como los artículos 13, 14 y 15, inciso 2, del 

Convenio núm. 169). El artículo 17 sólo se 

refiere a un beneficio gratuito y sin exclusividad 

sobre los recursos naturales del entorno adya- 

cente a sus tierras, "siempre que no existan de- 

rechos exclusivos o excluyentes de terceros o 

reserva del Estado", lo cual minimiza el posible 

beneficio a las comunidades indígenas. Por otro 

lado, la referencia en dicho artículo al recono- 

cimiento de las modalidades ancestrales de uso 

de los recursos naturales "Siempre que no con- 

travengan las normas sobre protección del am- 

biente" revela un desconocimiento sobre dichas 

modalidades tradicionales que han persistido 

hasta hoy precisamente por su racionalidad am- 

biental. El último párrafo de dicho artículo ter- 

mina por condicionar y supeditar dicho benefi- 

cio sin exclusividad, al señalar que el mismo 

"no puede ser opuesto a terceros, inscrito, ni 

reivindicado". señala además que dicho benefi- 

cio "termina cuando el Estado otorga los recur- 

sos naturales materia del beneficio", lo cual 

coloca las posibilidades de supervivencia física 

y cultural de los pueblos indígenas en una situa- 

ción de extrema vulnerabilidad. De acuerdo con 

la legislación especial vigente y el Convenio 

núm. 169, se debería reconocer y salvaguardar 

el derecho de usufructo sobre los recursos natu- 

rales en las tierras que tradicionalmente ocupan 

las comunidades indígenas, así como el derecho 

de preferencia en el otorgamiento de concesio- 

nes de recursos naturales ubicadas en sus tierras, 

sujetándose dicho derecho a las condiciones y 

plazos que establezca la legislación especial del 

recurso en cuestión. 

39 D. L. No 22175 de 1978. 

40 D. S. No 003-79-AA de 1979.. 

4 1 El art. 152 de la Constitución establece que 

"Los Jueces de Paz provienen de elección po- 

pular ....." 

42 El art. 48 otorga el carácter de idiomas ofi- 

ciales al castellano y, en las zonas donde tengan 

predominio, al "quechua, el aimara y las demás 

lenguas aborígenes según la ley".. 

43 Decreto Supremo 002-96-ED. 

44 Artículos 26 al 3 1 del Convenio núm. 169. 

45 Uno de los casos registrados es el de un 

grupo de geólogos de la IPC que en julio de 

1967 se encontraba en una misión de reconoci- 

miento del alto río Manu (al oeste de Madre de 

Dios) y que tuvo un encuentro violento con un

pequeño grupo de indígenas aislados, fallecien- 

do cerca de veinte Amahuacas (Varese, 1967, 

pág. 92-93). 

46 Subsidiaria de Standard Oil que operó en el 

Perú desde 19 14 y que durante un largo período 

tuvo una intensa actividad petrolera en la Costa 

norte y en la Selva. 

47 Subsidiaria de Gulf Western Producing 

Company. 

48 Dicha empresa adquirida por Peruvian Oil 

and Minerals, en 1974 fue nacionalizada por el 

gobierno del General JuanVelasco Alvarado 

49 Ley 1 178 (Ley de Petróleo) y nuevo Códi- 

go de Minería. Para mayores detalles, ver Cam- 

podónico ( 1986),. 

50 El Presidente Belaúnde habrá renegociado 

con la IPC las condiciones de explotación de La 

Brea y Pariñas, de manera que este yacimiento 

fuera transferido al Estado que lo operaría a 

través de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF). Sin 

embargo esta negociación no logró consenso 

nacional y figura entre los motivos principales 

del golpe de Estado del General Juan Velasco 

Alvarado del 3 de octubre de 1968. A los 6 días, 

-el nuevo gobierno anuló el contrato con la IPC y 

la expropió. 

51 Que había implementado Chevron en 1962. 

52 También se construyeron importantes obras 

de infraestructura, incluyendo las refinerías de 

Iquitos y Pucallpa y el OleoductoNor-peruano. 

53 Las compañías asumían los costos de ex- 

ploración y desarrollo de hidrocarburos, el Esta- 

do, a su vez, asumía las cargas impositivas para 

finalmente dividir toda la producción de acuerdo 

a una fórmula acordada 

54 En ese entonces, los lotes bordeaban, cada 

uno, el millón de hectáreas. 

55 El caso de los indígenas Yora es singular- 

mente lamentable.. Contactados en 1984 por el 

límite oriental del entonces Lote 42, donde se 

realizaba la exploración sísmica para Shell, 

resultaron afectados por enfermedades, infec- 

ciones respiratorias agudas y tos ferina introdu- 

cidas por madereros que habían ganado acceso a 

su territorio a través de las trochas extendidas 

para las líneas sísmicas.. Análisis médicos pro- 

porcionados por funcionarios del Parque Nacio- 

nal del Manu y de la CORDEMAD corrobora- 

ron la difusión de epidemias de tos ferina, in- 

fluenza y dermatosis. Los estimados de muertes 

varían según las fuentes y todas tienen infonna- 

ción parcial,. El Instituto Lingüístico de Verano 

(ILV) reportó 200 personas atendidas y 25 

muertos entre la población menor; Zarzar (1987) 

proporcionó una cifra de 40-60 muertos; Re- 

ynoso y Helberg (1986) estiman en más de 300 

Yora fallecidos entre 1984 y 1986; Wahl 

(1990) indica que en 1986 se perdieron un pro- 

medio de 2 a 3 personas en cada familia, según 

los sobrevivientes entrevistados. Posteriormente, 

la Shell se retiró de la zona en 1988, al no Ile- 

gar a un acuerdo con el Gobierno del Presidente 

Alan García Pérez. También ver Moore 

(1984a, 1984b) y Daggett (1 984). 

56 Sistema Nacional de Movilización Social, 

organismo del Gobierno del General Juan Ve- 

lasco Alvarado encargado de la promoción y 

apoyo a las organizaciones socales. 

57 El caso de los Amarakaeri, un subgrupo 

Harakmbut en Madre de Dios, fue difundido 

como un ejemplo ilustrativo de estos problemas 

(Moore, 1975). 

58 En el Lote 47, operado por Cities Service, 

en los últimos días de diciembre y primeros días 

de enero de 1973-74. Trabajadores de Geophy- 

sical Services Intercontinental (GSI), el subcon- 

tratista sísmico, reportaron un ataque por 'indios 

salvajes' en la Quebrada de los Mashcos y se 

declararon en huelga. Autoridades de Madre de 

Dios y misioneros del Instituto lingüístico de 

Verano (ILV) acudieron a la zona para evaluar 

la situación. Resultó que las denuncias sólo 

intentaban llamar la atención sobre la situación 

de las condiciones de trabajo de los obreros 

quienes laboraban desprovistos de mosquiteros, 

botas y buena alimentación (Varese, 1967). GSI 

confirmó, sin embargo, haber tenido contacto 

con indígenas aislados, descritos como feroces, 

pero sin que hubieran actuado de manera agre- 

siva contra su personal Wills, 1975). 

59 Mediante la Ley 2323 1. 

60 Las reservas de gas del Camisea en el Lote 

42 se estimaron en 15.6 billones de pies cúbi- 

cos de gas seco, además de casi un billón de 

pies cúbicos de condensados. Ver Icaza Napuri 

(1989, pág.. 138).

La Ley de Hidrocarburos hace referencia 

únicamente a los "perjuicios económicos", des- 

conociendo otro tipo de impactos, como los 

sociales y culturales. 

62 Este instrumento, en su arvtículo 6, se refie- 

re a la obligatoriedad de consultar apropiada- 

mente a los pueblos indígenas cuando "se pre- 

vean medidas legislativas o administrativas sus- 

ceptibles de afectarles directamente"; y en el 

artículo 15, consagra el derecho de los nativos a 

"participar en la utilización, administración y 

conservación" de los recursos naturales que 

existan en sus territorios y a ser consultados para 

determinar "si esos pueblos serían perjudicados 

y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explota- 

ción de los recursos existentes en sus tierras", y 

del derecho a ser indemnizados por cualquier 

daño que resulte de esas actividides. 

63 Cuando los responsables de las bodegas 

cuentan con excedentes, suelen hacer obsequios 

a los indígenas.. Fácilmente se generan relacio- 

nes de mendicidad y, en casos extremos, se pro- 

ducen robos.. Los incidentes de violencia entre 

petroleros e indígenas pueden agravarse por la 

introducción de armas de fuego y10 alcohol en 

territorio indígena. Las mujeres indígenas suelen 

resultar. víctimas de agresiones cxuales. 

64 Sería interesante contar con una evaluación 

sistemática sobre la manera cómo las empresas y 

sus contratistas en el Perú están aplicando di- 

chas técnicas. 

65 Para un valioso informe y recomendaciones 

sobre el impacto socio-económico y ambiental 

de las actividades hidrocarburíferas en áreas 

tropicales del mundo, ver Rosenfeld, Gordon y 

Guerin-McManus (1 997). 

66 Por ejemplo, las muertes de indígenas en el 

río Manu en 1967, la experiencia de los Ha- 

rakmbut con Cities Services y GSI en los años 

1973-75 en su territorio y el caso de los Yora en 

1984 ya referido anteriormente. 

67 "Reglamento de participación ciudadana 

mediante el procedimiento de audiencias públi- 

cas en el trámite de aprobación de Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA)", Resolución Minis- 

terial No 335-96-EWSG (publicado el 28 de 

julio, 1996). 

Algunas compañías petroleras han conside- 

rado la problemática de los pueblos indígenas 

con mayor Énfasis en sus Estudios de Impacto 

Ambiental. En este sentido, destacan las empre- 

sas Chevron ( Lote 52) y Shell (Lotes 88A y 

88B.. Esta última dedica un capítulo denomina- 

do "Programa de Consulta" con los actores no 

indígenas e indígenas de la zona (ERM, 1996a). 

69 Un precedente a destacar en relación al 

concepto de tutela ambiental es la ejecutoria de 

la Corte Suprema que confirmó la sentencia de 

la Corte Superior que amparó la demanda de 

habeas data en el proceso seguido por la Socie- 

dad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en 

nombre de la comunidad Llacuabamba, distritos 

de Parcoy y Pías, La Libertad, contra el Minis- 

terio de Energía y Minas. Frente a la negativa de 

la compañía minera Retama S.A. y del Ministe- 

rio de brindar información respecto de la cons- 

trucción de depósitos de relaves mineros, cuyo 

derrumbe ocasionó la muerte de ocho personas 

de la comunidad y de la grave contaminación 

del río Parcoy y de la laguna pías, dicha ejecuto- 

ria reconoce el derecho que le asiste a todo ciu- 

dadano de acceder a información pública, de 

acuerdo a la Constitución vigente. Véase El 

Comercio, 27 al 29 de diciembre, 1996. 

70 Por ejemplo, en un informe, el Instituto 

Indigenista Peruano recomienda a la Compañía 

Petrolera Mobil: "Trato directo con las comuni- 

dades nativas involucradas . . . Evitándose la 

participación directa de la FENAMD, como 

interlocutor válido, pues, las comunidades nati- 

vas descon$an (de) esta organización", 

"Diagnóstico de las poblaciones indígenas del 

Departamento de Madre de Dios y el impacto 

social que generará la exploración y explotación 

de hidrocarburos" (IIP, 1996, pág. 66). 

7 1 Por ejemplo, la Federación Nativa del Río 

Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD. ha 

insistido que su organización deberá ser escu- 

chada como una instancia de interlocución 

frente al Estado y la Mobil, llamando particular 

atención sobre los riesgos para los varios pue- 

blos indígenas aislados o no contactados en los 

Lotes 77 y 78. En este sentido, han planteado la 

creación de una comisión integrada por repre- 

sentantes de la Dirección General de Hidrocar-

uros del Ministerio de Energía y Minas, de 

FENAMAD y de la Mobil. Su labor ha sido 

hace poco reconocida internacionalmente al 

otorgársele el premio Bartolomé de las Casas 

(1997), por "su continua defensa a favor de los 

pueblos indigenas hermanos 'no contactados' o 

'voluntariamente aislados'. . . de El Alto Rio Las 

Piedras del Amazonas Peruano"(Jurado del 

Premio Bartolomé de las Casas, 1997). 

72 En 1996, la Comisión Indígena por la Vida 

y los Recursos Naturales del Valle del Urubam- 

ba, creada en febrero, comenzó a presionar a 

Shell para ser considerada como interlocutora 

válida y representativa de las mencionadas fede- 

raciones y las comunidades nativas en la zona.. 

Se recoge así la experiencia de 1988, en que 

CONAP promovió varias reuniones sobre el 

tema del gas de Camisea y constituyó la Comi- 

sión Interétnica del Urubamba para la Defensa 

de los Pueblos indígenas del Urubamba que 

pudo negociar algunos términos del contrato con 

representantes de Shell. Esta empresa abandonó 

el proyecto pues no llegó a un acuerdo con el 

Gobierno y se desarticuló la Comisión. 

73 Se ha suscitado una particular controversia. 

Según la Federación de Comunidades Nativas 

del Río Tigre, FECONAT y la Federación de 

Comunidades Nativas del Río Corrientes, 

FECONACO, los derrames y contaminación en 

los ríos Tigre y Corrientes ocurridos en el pasa- 

do, tienen un carácter acumulativo de efectos 

dañinos al medio ambiente, la salud humana, la 

pesca y la caza en la zona. En este contexto, el 

alcalde indígena del distrito municipal de Trom- 

peteros (Río Corrientes), Loreto, interpuso una 

denuncia por daños ecológicos contra la empre- 

sa hace un año, ante el Ministerio Público, Li- 

ma. 

74 La Occidental, al iniciar sus actividades 

exploratorias en el Lote 4 (reciente contrato 

ubicado en las cuencas de los ríos Morona y 

Pastaza, provincia Alto Amazonas, Loreto), 

encontró una compleja situación con el pueblo 

Candoshi, muy diferente a su experiencia en los 

ríos Corriente y Tigre, cuando iniciaron sus 

trabajos hace 25 años. Los Candoshi, organiza- 

dos en la FECONADIP, tienen una larga tra- 

yectoria de defensa de su territorio, titulación 

de tierras y de enlace con otras federaciones, 

incluyendo una organización regional inter- 

étnica (Organización Regional de San Lorenzo), 

que abarca a 11 federaciones. Los Candoshi, 

han planteado con vehemencia que su territorio 

no deberá estar expuesto a riesgos impredeci- 

bles, en especial la Laguna Rimachi, que no 

sólo es un valioso recurso económico para su 

sobrevivencia sino un lugar sagrado y fuente de 

su espiritualidad. Temerosos de otras experien- 

cias, junto con AIDESEP efectuaron una cam- 

paña de denuncias sobre los riesgos que repre- 

sentaba la presencia petrolera en su territorio.. 

Occidental concluyó su exploración sísmica y 

perforó un pozo decidiendo suspender sus ope- 

raciones, según sus funcionarios, al no encontrar 

viabilidad económica, actualmente, no tiene 

presencia física en la zona, pero el contrato se 

mantiene vigente mientras cumplan con su Plan 

de Abandono del área. 

75 En marzo de 1996, Mobil firmó contratos 

con el Estado para la exploración de los Lotes 

77 y 78. Mobil y Grant prefirieron tratar con el 

IIP y contratar directamente a personal indígena 

de algunas comunidades. Los dirigentes de la 

Federación Agraria Departamental de Madre de 

Dios, FENAMAD, en la XVII Asamblea Nacio- 

nal de AIDESEP en Lima (agosto, 1996), expu- 

sieron la problemática de la presencia de la Mo- 

bil en la zona de Madre de Dios e intercambia- 

ron información y puntos de vista sobre expe- 

riencias en otros lotes. En este mismo mes, 

representantes de Mobil asistieron al foro orga- 

nizado por el Concejo Municipal de Tambopata, 

FENAMAD y FADEMAD, y posteriormente 

respondieron por escrito las inquietudes de al- 

gunos de los participantes al Foro. Esto ayudó a 

crear un ambiente favorable al diálogo. 

76 Para los trabajos iniciales de prospección 

sísmica en el lote 52, río Urubamba, Chevron 

contrató a un antropólogo, especialista en la 

Selva Peruana, para asesorar en las relaciones 

con los Machiguengas.. Dichas comunidades, 

casi en su totalidad, están tituladas, conforman 

un territorio continuo y están afiliadas a tres 

importantes federaciones indígenas con tradi- 

ción organizativa de varios años. En febrero de 

1996, estas constituyeron la Comisión Indígena

por la Defensa de la Vida y los Recursos Natu- 

rales del Valle del Urubamba. Chevron se ha 

reunido con las tres federaciones y posterior- 

mente con la Comisión Indígena. Shell y ELF 

también han contratado a antropólogos para 

organizar su programa de relaciones comunita- 

rias. Sin embargo, la mayoría de las empresas se 

dirigen a los pueblos indígenas a través de sus 

encargados de relaciones públicas. 

77 Partiendo de la consideración fundamental 

que "participar de una lengua es participar de un 

modo de pensar" (Heise, Tubino y Ardito, 1992, 

pág. 8). 

78 En enero de 1984, durante preparativos pa- 

ra un viaje de reconocimiento del Presidente 

Belaúnde a la zona en la cabecera del río Manu, 

donde se realizaba la exploración sísmica para 

Shell, un oficial de aviación de la Marina de 

Guerra disparó sobre un grupo aislado de indí- 

genas Yora matando a dos de ellos, según ver- 

sión de un indígena Matsiguenga que acompa- 

ñaba al oficial en dicho vuelo. La prensa nacio- 

nal prefirió destacar la situación de un herido 

mestizo, alcanzado por una flecha en la apalda. 

79 Frente a las tratativas del Estado con la 

Mobil, la directiva de FENAMAD comenzó a 

evaluar la complejidad de las relaciones con esta 

empresa. En diciembre de 1995 realizó su IX 

Congreso profundamente preocupada por la 

presencia de Mobil y la grave situación de con- 

taminación ocasionada por la presencia de mine- 

ros informales y empresas auríferas en su región 

y por los posibles riesgos para los frágiles eco- 

sistemas de la zona y para los pueblos indígenas 

aislados o no contactados. A este efecto, invitó 

a personal de dicha empresa y sus subcontratis- 

tas para efectuar una presentación general sobre 

la naturaleza de su trabajo. En marzo de 1996, 

Mobil firmó los contratos para la exploración de 

los Lotes 77 y 78 prefiriendo tratar con el Insti- 

tuto Indigenista Peruano (IIP) y contratar direc- 

tamente a personal indígena de algunas comuni- 

dades. La FENAMAD expuso la problemática 

de la presencia de la Mobil en la zona de Madre 

de Dios en la XVII Asamblea Nacional de 

AIDESEP (Lima, agosto, 1996), esta preocupa- 

ción fue compartida por las federaciones de 

otras zonas amazónicas. En este mismo mes, 

representantes de Mobil asistieron al Foro or- 

ganizado por el Concejo Municipal de Tarnbo- 

pata, FENAMAD y FADEMAD (Federación 

Agraria Departamental de Madre de Dios), al 

cual se invitó a representantes de ong's, la Uni- 

versidad, varias entidades estatales. Posterior- 

mente, Mobil respondió por escrito las inquietu- 

des de algunos de los participantes que asistie- 

ron al Foro, lo que ayudó a crear un ambiente 

favorable al diálogo. En octubre de 1996, Mo- 

bil sostuvo conversaciones con dirigentes de 

FENAMAD, reconociendo la validez de su 

representación en el ámbito de los lotes 77 y 78, 

además de su derecho a defender los intereses 

de los indígenas aislados . En relación con los 

planes de la Mobil, ver Winston y Dávila 

(1 996). 

A mediados de 1990, la compañía Texas 

Crude pretendió firmar un contrato con Petro- 

perd para llevar a cabo una prospección petrole- 

ra en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, Lo- 

reto, una de las áreas de mayor riqueza ictiológi- 

ca en el Perú, habitada por diversas comunida- 

des nativas Cocama. Algunas ong's, organiza- 

ciones locales y el Gobierno Regional, con el 

apoyo del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP), iniciaron una cam- 

paña de resistencia en coordinación con los 

principales gremios, las organizaciones indíge- 

nas y FEDECANAL, que agrupa a indígenas y 

agricultores no indígenas. después de dos años, 

la Comisión de Medio Ambiente y la amazonía 

del Congreso (CCD., anunció que se oponía a la 

firma del contrato. Pocos días después, Texas 

Crude retiró su oferta y, por ahora, el Ministerio 

de energía y Minas no ha asignado otra conce- 

sión en dicha Reserva. 

" Occidental, que viene trabajando en la Sel- 

va norte del Perú desde 1972 y que actualmente 

contribuye con alrededor del 60% de la produc- 

ción nacional, afirma que durante veinticinco 

años ha atendido las demandas de las comuni- 

dades nativas adyacentes a sus zonas de trabajo, 

y que nunca tuvieron conflictos con ellos. Citan 

que regularmente apoyan a las comunidades con 

provisión de medicamentos, con transporte aé- 

reo en situaciones de emergencia y otras facili- 

dades.

82 LOS dirigentes de FECONACO y 

FECONAT señalan que en las pocas reuniones 

sostenidas con la Occidental, los representantes 

empresariales han expresado reiteradamente 

que dicha empresa atiende las demandas de las 

comunidades Sin embargo, a criterio de los 

líderes indígenas, estos beneficios son escasos y 

muy puntuales, y que en cambio la empresa no 

demuestra flexibilidad para considerar un marco 

más integral de negociación y consdta. 

83 En 1994, representantes de Mobil llegaron 

a Madre de Dios para iniciar sus Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) y adelantar el pro- 

grama WARP de exploración sísmica, antici- 

pándose a la firma de su contrato. Tomaron 

contacto con FENAMAD y acordaron que di- 

cha organización regional brindaría apoyo en la 

selección de personal para el trabajo en la zona 

de exploración y guías para el trabajo en áreas 

de indígenas aislados. Sin embargo, posterior- 

mente, el subcontratista (Grant Geophysical, 

exploración sísmica), procedió a seleccionar a 

otras personas y sólo consultó con FENAMAD 

la contratación de los guías. 

84 La creciente difusión internacional, que 

también tuvo eco en la prensa limeña, resalta la 

cada vez mayor preocupación de la opinión 

pública nacional e internacional por la situación 

de los pueblos aislados en el río las Piedras y 

áreas aledañas en la medida que proseguían los 

trabajos de ingreso de personal y de la explora- 

ción sísmica. 

85 Las "correrías" fueron un método estimula- 

do por los grandes señores caucheros, consis- 

tente en dotar de armas de fuego a miembros de 

una comunidad indígena ofreciéndoles recom- 

pensa por capturar indígenas de otro grupo, para 

utilizarlos como esclavos en la extracción de 

caucho. 

86 OIRA (Organización Indígena de la Región 

de Atalaya) ganó las elecciones municipales de 

noviembre de 1995 sobre la base de una intensa 

campaña y plataforma electoral constituida por 

el Movimiento Indígena de la Amazonía Perua- 

na (MIAR) La Municipalidad de la Provincia 

de Atalaya es una de las más extensas del país 

Precisamente 10 años antes, como se mencionó 

en la Introducción, se había constatado en esa 

zona la existencia de graves violaciones de los 

derechos humanos indígenas y formas de servi- 

dumbre laboral por parte de los patrones locales 

(García Hierro, 1996, pág. 4-7). 

Es significativo que a OIRA le fue concedido 

el premio anual de la Sociedad Anti-Esclavitud 

de Londres el 23 de octubre de 1996, por sus 

esfuerzos en lograr la titulación de cerca de un 

millón y medio de hectáreas, el registro de más 

de ciento treinta comunidades y en reconoci- 

miento a la elección de autoridades Asháninkas 

a la alcaldíaprovincial de Atalaya 

87 Dicho decreto, como se vio en el resumen 

jurídico inicial del presente informe, "rompe la 

integridad territorial comunal y define que las 

áreas del territorio cuya capacidad mayor sea 

forestal o de protección (la mayor parte de las 

tierras amazónicas), sólo se concede en uso, mas 

no en propiedad" (García Hierro, 1995, pág. 

39). 

En ese entonces de reciente origen. 

89 La creación de dicha comisión guberna- 

mental se debió a la observación y solicitud 

directa emitidas en 1986-1987 por la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Re- 

comendaciones de la OIT, en relación con la 

aplicación de los Convenios núm. 105 

(abolición del trabajo forzoso) y núm. 107 

(poblaciones indígenas). 

90 Estas comunidades fueron las más extensas 

en dominio territorial y sirvieron como refugio 

de la población indígena expulsada del Alto 

Perené (área de Chanchamayo) años antes por 

la colonización impulsada por la Peruvian Cor- 

poration y sus filiales, así como por el Estado. 

9 1 Llamados así por el Ejército y posterior- 

mente en la terminología de reglamentos y leyes 

específicas 

92 Las guerras internas en un país, han oca- 

sionado la figura migratoria del desplazado, y se 

considera así a "Las personas que, debldo a 

fundados temores de ser perseguidas por moti- 

vos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 

a un grupo social determinado u opinión políti- 

ca, se encuentran fiera de su lugar de residen- 

cia, pero dentro de su propio país, y no pueden 

o, a causa de esos temores, no quieren regresar 

a su lugar de residencia"(Montes, 1986).

93 El desplazamiento Asháninka siempre tuvo 

sus propias características, si se revisa la historia 

se constata que el indígena amazónico no migró 

masivamente a otros lugares fuera de su hábitat 

por razones de escasez, generalmente lo hizo 

para salvarse de la persecución esclavizante 

desplegada por los aventureros, colonizadores o 

empresarios explotadores de los recursos natu- 

rales de la ~gión. 

94 En una entrevista a Alberto Vida1 y Palo- 

mino, Presidente del Gobierno Regional de 

Ucayali, en una primera visita (hecho en sí re- 

velador) a la zona fronteriza de Purús con el 

Brasil, expresa que "no existen políticas para 

apoyar a comunidades nativas de frontera ... una 

política específica para comunidades nativas no 

existe [tampoco] en la región. Se da apoyo a 

Través del Instituto Regional de Desarrollo de 

Comunidades Nativas del Gobierno Regional 

pero dentro de un plan de lucha contra la pobre- 

za. Sin embargo, a partir de este viaje creo que 

debemos diseñar una ...,.[ los pueblos indígenas] 

son naciones de las que hay que recoger sus 

vivencias para entender bien lo que necesitan y 

encontrar, junto a ellas, sus prioridades." El 

periodista, revelando una típica percepción de la 

amazonía desde fuera, luego pregunta sobre la 

teoría de fronteras vivas y si se impulsaría la 

colonización.. . .(El Comercio, 7 de diciembre, 

1996, pág. A25). En este contexto, recordemos 

que durante el conflicto entre Perú y Ecuador 

(1995), muy poco se mencionó sobre la existencia 

(e identificación como ciudadanos) de los 

pueblos indígenas en el Cenepa; sin embargo, se 

plantearon promesas de otorgar tierras a colonos 

y soldados para crear una "frontera $va". 

95 Curiosamente, se está reconociendo algo 

tardíamente que la confianza mutua es una base 

fundamental para el desarrollo y crecimiento 

económico. Al respecto, véase la novedad que 

implica para muchos el nuevo libro de Francis 

Fukuyama (1996) o su reciente ponencia en la 

Conferencia Anual de Empresarios (CADE'96, 

Arequipa), El Comercio, 7 de diciembre, 1996, 

pág. E10. 

96 LOS Comités Multisectoriales están conformados 

por los directores regionales de los 

sectores públicos que trabajan en la región, las 

autoridades edilicias distritales y provinciales, la 

Fuerza Armada y representantes de organizaciones 

indígenas, coordinadas por el PAR. 

97 En un estudio realizado por el PAR, por 

ejemplo, se reconoce que: "La población que 

requiere apoyo de emergencia prioritaria son las 

comunidades nativas desplazadas y retornantes; 

y la población refugiada en otras comunidades 

Asimismo requiere la ate~ción especial el grupo 

detectado de niños huérfanos, viudas e inválidos, 

como consecuencia de la violencia" Por 

otra parte, se señala que "Los desplazamientos 

de las comunidades nativas por efecto de la 

violencia se efectuaron en forma masiva y sin 

dispersión de sus miembros [énfasis nuestro], de 

una comunidad afectada a otra de refugio; es 

decir, no en la forma histórica de migración 

campo-ciudad. " (PAR, 1995, pág. s.n.). 

98 En el presente documento se ha utilizado el 

concepto de sostenibilidad como la armonización 

entre las actividades económicas requeridas 

para mantener a un pueblo y el reconocimiento, 

respeto y promoción de la diversidad biológica y 

etno-cultural. El desar~ollo sostenible implica 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones 

de atender sus propias necesihdes. 

99 

Incluyen las regiones amazónicas de Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; 

sin embargo, Surinam, Guyana y Guyana 

Francesa también deben considerarse como 

parte de la Cuenca Amazónica. 

100 

Según el Censo de 1993, entre los centros 

urbanos de mayor credimiento en el Perú entre 

1981-93 figuran Puervto Maldonado (NO 1 en el 

rango con 7.8% de tasa anual), Tarapoto (NO 3 

en rango con 6.9% de tasa anual) y Pucallpa (N" 

4 en rango con 5.6% de tasa anual) (INEI 1994). 

'O' La economía del don también ha sido elemento 

mediador clave en las relaciones entre los 

indígenas amazónicos y los miembros de las 

sociedades europeo-criollas que invadieron sus 

ter~itorios. Los artículos manufacturados utilizados 

como obsequios tienen una fuerte atracción. 

Desde el momento en que los indígenas amazónicos 

vieron las herramientas de metal y escopetas, 

ellos las quisieron, cuanto más tiempo 

pasaron en contacto con foráneos más creció su

lista de productos de afuera codiciados local- 

mente. El dilema era, y es, cómo obtener esos 

artículos.. ¿Qué tenían que ceder al hombre 

blanco para atraerlo y asegurar que guarde reci- 

procidad con el bien deseado? (Hugh-Jones, 

1992; Chevalier 1982).. Las consecuencias de 

esta relación casi siempre han sido desastrosas 

para los indígenas,. 

'O2 Algunas instituciones estatales realizaron 

programas de desarrollo en áreas indígenas; sin 

embargo, gran parte de estas iniciativas no res- 

pondían a las formas de vida y economía de 

estos. Por ejemplo, los Proyectos Especiales 

Pichis Palcazu y Alto Mayo para las Comunida- 

des Nativas de la Selva Central y el Alto Mayo 

(Smith, 1983). 

'O3 El estudio realizado por COICA - OXFAM 

América (1995) demostró que, en el contexto 

del mercado, ni los indígenas amazónicos ni los 

promotores del desarrollo están particularmente 

preocupados por la 'sostenibilidad' o por 'el 

largo plazo' de los proyectos económicos que 

promueven. 

'O4 ~n 1980 el taller de cerámica de Tsachopen 

en la selva central abrió una pequeña y atractiva 

tienda de cerámica en la cercana población de 

Oxapampa, en un esfuerzo por desarrollar un 

mercado local para sus productos. Varios ami- 

gos del taller advirtieron que el paso era 

'socialmente' riesgoso pues era el primer nego- 

cio perteneciente a indígenas en el pueblo. 

Cuando el propietario descubrió que sus nuevos 

inquilinos eran indígenas de la comunidad de 

Tsachopen, los echó del local arguyendo que no 

deseaba tener nada que ver con los indios. 

Io5E1 resumen sobre este tema se basa ma- 

yormente en el estudio realizado por Jaime Llo- 

sa Larrabure (consultor). 

'O6 "LOS Taquileños han demostrado que el tu- 

rismo, al menos en pequeña escala, no necesita 

estar en manos ajenas a la comunidad ni ser 

culturalmente destructivo. ...( ellos) continúan 

desarrollando una industria comunitaria basada 

en la participación popular y la distribución 

equitativa de los beneficios " (Healy y Zorn, 

1993, pág. 224). 

'O7 Organización Central de Comunidades Na- 

tivas Aguarunas del Alto Marañón (OCCAAM), 

Federación de Comunidades Nativas del Río 

Nieva (FECONARIN), Federaciones de Comu- 

nidades Aguarunas del Río Dominguza (FAD), 

Confederación de Nacionalidades de la Amazo- 

nía Peruana (CONAP). 

108 La ICBG (International Biodiversity Group 

Program) otorgó al Profesor Walter Lewis de 

Washington University, el financiamiento para 

el proyecto en el Perú (en la región Nororiental 

del río Marañón, con los pueblos Aguaruna), 

uno de los cinco proyectos que dicho programa 

está apoyando a nivel intermcional.. 

109 Por otro lado, resaltan diversas situaciones 

de un virtual saqueo o despojo de material bio- 

lógico originario de áreas indígenas del mundo.. 

Asimismo, se han dado casos de registro de 

patentes en países industrializados del Norte; 

por ejemplo, de la A,yahuasca, variedades de 

algodón nativo del Perú y otros. Véase, por 

ejemplo, CEPES (1997, pág. 1); Davis y Ebbe 

(1995). 

110 Se agradece especialmente la información 

proporcionada por el Dr. Brendan Tobin (Lima) 

sobre los términos de la negociación entre las 

organizaciones Aguarunas, la Compañía Searle 

y las instituciones acdémicas.. 

"'Ver especialmente CAAAP (1996, pág. 

23 1-236). 

'12 Conforme a las disposiciones de la Consti- 

tución de la OIT, y con base en los informes 

escritos que el Gobierno debe proporcionar a los 

órganos de control de la OIT (Comisión de Ex- 

pertos en Aplicación de Convenios y Recomen- 

daciones), éstos se pronunciarán próximamente, 

definiendo con claridad las incompatibilidades 

entre la legislación vigente y el Convenio 

núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes (1 989). 

Il4 con la reforma que le introdujo la Ley No 

26570 del 21 de diciembre de 1995. 

La Ley de Hidrocarburos reconoce única- 

mente los "perjuicios económicos", sin aludir al 

impacto social, cultural u otros factores que se 

pudieran ocasionar en sus territorios.

Barclay, F 1989 "La colonia del Perené", en 

Debate Amazónlco 4 (Lima) 

Barclay, F 1990 "Hacia una revisión de las imá- 

genes de la realidad agraria de la Selva", en 

Perú el problema agrarlo en debate, SEPIA, 

Vol 111 (Lima, Seminario Permanente de In- 

vestigaciones Agrarias, SEPIA y Centro de 

Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las 

Casas) 

Benavides, M 1992 "Autodefensa Asháninka, 

organizaciones nativas y autonomía indíge- 

na", en Perú el problema agrarro en debate 

SEPIA, Vol 111 (Lima, Seminario Perma- 

nente de Investigaciones Agrarias, SEPIA y 

Centro de Estudios Rurales Andinos Barto- 

lomé de las Casas) 

Butts, Y ; Bogue, D J 1989 Internatronal Ama- 

zonza rts human srde (Chicago, Social De- 

velopment Center) 

Campodónico, H 1986 La polítrca petrolera 

1970-1985 (Lima, DESCO) 

Campodónico, H 1996 El ajuste petrolero po- 

lítlcas empresarrales en Amérrca Latrna de 

cara al 2000 (Lima, DESCO) 

CEA 1995 La Voz Indígena, edición especial 

(Lima, Comisión de Emergencia Asháninka, 

CEA) 

CEPES, 1997 Alerta Agrarra 1 15 (Lima, Centro 

Peruano de Estudios Sociales) 

Chevalier, J 1982 Civrlrzatron and the stolen 

g$ caprtal krng and cult rn eastern Peru 

(Toronto, University of Toronto Press) 

COICNOXFAM América 1995 Amazonía eco- 

nomía zndígena y mercado, los desafios del 

desarrollo autónomo (Quito y Lima, Coordi- 

nadora de Organizaciones Indígenas de la 

Cuenca Amazónica, COICA y OXFAM 

América) 

Comisión de Derechos Humanos, 1996 Derechos 

Humanos éxodos en masa y personas despla- 

zadas Informe del Representante del Secreta- 

rio General de las Naciones Unidas (Francis 

Deng) Comisión de Derechos Humanos 

(Ginebra. Naciones Unidas) 

BIBLIOGRAFIA 

Daggett, J 1984 "Some questions focused on in the 

first six months afier contact with an isolated 

ethnic group: Yarinacocha Manuscrito (Lima) 

- 1991 "Dilemas que se presentan en los primeros 

contactos con un grupo étnico aislado", Amazo- 

ni'a Peruana, vol 1 1, núm 20 (Lima) 

Davis, S ; Ebbe, K 1995 (comp) Traditional 

knowledge and sustainable development 

(Washington, D C , World Bank) 

Defensoría del Pueblo, CAAAP y OIT 1996 Estu- 

dio-diagnóstico sobre la situación de los pueblos 

indígenas y comunidades nativas de la Amazonía 

Peruana Informe de cooperación técnica 

(Lima) 

Del Castillo, L.; Gallo, M.; Monge, C 1995 Ley 

2650.5 la nueva Ley de Tierras, análisis y co- 

mentarios (Lima, CEPES /CIPCA/COINCIDE/- 

SEWSURCO) 

Douglas, J.A 1920 "Geological sections through the 

Andes of Perú and Bolivia: from the por1 of Mo- 

llendo to the Inambari river", Quarterly Journal 

oj the Geological Society 76 (London) . 

- 192 1 "Geological sections through the Andes of 

Perú and Bolivia: from the port of Callao to the 

River Perené", Quarterly Journal oj the Geolo- 

glcal Society 77 (London) 

- 1932 "The geology of the Marcapata River in 

eastern Peru", Quarterly Journal of the Geologi- 

cal Society 89 (London). 

E & P Forum 1992 "Guía de operaciones de la in- 

dustria petrolera en bosques húmedos tropicales" 

(traducción del original en inglés, "Oil industry 

operating guidelines for tropical rainforests"), 

Oil Industry International Exploration and Pro- 

duction Forum (Londres, E & P Forum) 

ERM 1996a Campaiia de perforación exploratoria de 

Camisea: estudio de impacto ambiental Informe 

final presentado a la Dirección General de Hidrocarburos, 

Ministerio de Energía y Minas, por 

Shell Prospecting and Development, Perú y ERM 

Perú S A (Lima) 

- 1996b Camisea: mayor capital social Documento 

de Síntesis (Lima, Shell Shell Prospecting 

and Development, PeW y ERM Perú S.A.)

Frisvold, G B ; Condon, P 1994 "Biodiversity 

conservation and biotechnology development 

agreements", Contemporary Economic Poli- 

cy, vol 12, núm 3 (Huntington Beach, Wes- 

tern Economic Association) 

Fukuyama, F 1996 Trust (New York, Free 

Press) 

Gailey, C.W. 1987 Kinship to kingship> gender 

hierarchy and state formation in the Tongan 

Islands (Austin, University of Texas Press) 

García Hierro, P 1995 Territorios indigenas y la 

nueva legislación agraria en el Perú (Lima, 

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asun- 

tos Indígenas, IWGIA y Grupo de Trabajo 

"Racimos de Ungurahui") 

- 1996 "Atalaya, una historia en dos tiempos", en 

Asuntos Indígenas 2 (Copenhagen, Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indí- 

genas, IWGIA) 

GEMA 1994 Estudio de impacto ambiental (EIA), 

prospección sísmica, sector Tambopata 

(Thrustbest), Ríos Tambopata-Inambari 

(Departamento de Madre de Dios y Puno) 

Informe presentado por Servicios Geográfi- 

cos y Medio Ambiente (GEMA) a la Direc- 

ción General de Hidrocarburos por Mobil 

Exploration and Producing, Peru, Inc 

(Lima) 

Gómez García, R. 1995a "Contaminación ambiental 

en la Amazonía Peruana", en Documento 

Técnico 20 (Iquitos, Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana, IIAP). 

- 1995b "Diagnóstico sobre la contaminación 

ambiental en la Amazonía Peruana", Documento 

Técnico 1.5 (Iquitos, Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana, IIAP) 

Gray, Andrew 1986 And after the gold rush 7 

Human rights and selJ-development among 

the Amarakaerl of southeastern Peru': 

IWGIA Document No. 55 (Copenhagen, In- 

ternational Working Group of Indigenous 

Affairs, IWGIA) 

Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui 1995 

Estudio sobre el movimiento indígena perua- 

no Informe preparado para IBIS, Dinamarca 

(Lima) 

Healy, K ; Zorn, E 1993 "Turismo controlado por 

campesinos en el Lago Titicaca", en C. Kleyme- 

yer, C , comp La expresión cultural y el desa- 

rrollo de base (Washington, D C y Quito, Fun- 

dación Inter americana y Ediciones Abya-Yala) 

Heise, M.; Tubino, F ; Ardito, W 1992 Intercultu- 

ralidad, un desafío (Lima, Centro Amazónico de 

Antropología y Aplicación Práctica, CAAAP). 

Hugh-Jones 1992 "Yesterday's luxuries, tomorrow's 

necessities: business and barter in northwest 

Amazonia", en Humphrey S y Hugh-Jones. S 

Barter, exchange and value un anthropolog~cal 

approach (Cambr idge, Cambr idge University 

Press) 

Icaza Napuri, J 1989 "El proyecto de desarrollo de 

gas natural de PetroperV, en Campodónico, 

comp., Recursos energéticos para el desarrollo 

nacional (Lima, DESCO). 

IIP 1996 Diagnóstico de las poblaciones indígenas 

del Departamento de Madre de Dios y el impacto 

social que generará la exploración y explotación 

de hidrocarburos (Lima, Instituto Indigenista Pe- 

ruano) 

INEI 1994 Perú Resultados definitivos, comunida- 

des indígenas, Censos Nacronales 1993 (IX de 

Población y IV de Vwienda (3 tomos) Dirección 

Nacional de Censos y Encuestas (Lima, Instituto 

Nacional de Estadística e Informática) 

Jochnick, C ; Normand, R 1994 Violaciones de 

derechos en la Amazonía Ecuatoriana las con- 

secuencias humanas del desarrollo petrolero 

(Quito, Ediciones Abya-Yala) 

Jurado del Premio Bartolomé de las Casas 1997 

Acta de la reunión del Jurado del Premio Barto- 

lomé de las Casas, Sexta Reunión, 17 de enero 

(Madrid) 

Kimmerling, J 1991 Amazon crude (New York, 

Natural Resources Defense Council) 

La Torre, L. 1996 "Situación general de las activi- 

dades petroleras en la Amazonía Peruana", 

Asuntos Indígenas, núm 2 (Copenhagen, Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indíge- 

nas, IWGIA). 

Márquez Calvo, J 1995 "(Des)iguales ante la ley: 

reivindicaciones e'tnicas y derechos humanos en 

la lucha por la ciudadanía indígena", en Allpan- 

chu, vol 27, núm 46 (Lima)

Matthews, R. 0. 1976 "Peru: the political eco- 

nomy of oil exploration in the Amazon Ba- 

sin", en Davis. S.H. y Mathews, R.0 , comp., 

The Geological Imperative (Carnbridge, 

Massachusetts, Anthropology Resource Cen- 

ter). 

Mauss, M. 1990 The giji forms and functions oj 

exchange in archaic societies (New York, 

Norton) . 

Meggers, B. J. 1971 Amazonia man and culture 

in a counterfeit paradise (ChicagoiNew 

York, Aldine-Atherton) 

Mills, A. 1975 "AGSI crews explore Madre de 

Dios", en The Grapevine, vol.. 3 1, núm 2 

(Dallas, Texas Instruments Inc ). 

Montes, S. 1986 El Problema de los desplazados 

y refugiados salvadoreños (San Salva- 

dor,Universidad Centroamericana, UCA). 

Moore, T 1975 "El petróleo y los nativos de la 

Selva", El Comercio, 5 de septiembre, pág. 

139- 142 (Lima) 

- 1984a "Peru: parks, people and petroleum", 

Cultural Survival Quarterly, vol 8, núm. 1 

(Cambridge, Massachusetts, Cultural Survi- 

val). 

- 1984b "Peru: Manu National Park and indi- 

genous peoples endangered", IWGIA News- 

letter, núm.. 37 (Copenhage, International 

Working Group on Indigenous Affairs, 

IWGIA). 

Mora, C.; Bernex, N. 1994 Tipología espacial de 

los procesos de ocupación y exploración del 

espacio amazónico peruano (Lima, Tratado 

de Cooperación Amazónico y Centro de In- 

vestigaciones de la Amazonía Peruana, CI- 

PA) . 

Naciones Unidas 1992 Agenda 21, Conferencia 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarro- 

llo, Rio de Janeiro (Nueva York, Naciones 

Unidas). 

Oilwatch 1996 Boletín (Quito, Oilwatchl Acción 

Ecológica) 

OIT 195 3 Poblaciones rndígenas Condiciones 

de vida y de trabajo de los pueblos autócto- 

nos de los países independientes (Ginebra) 

1954 "Segunda Reunión de la Comisión de Ex- 

pertos en Trabajo Indígena", en Revista Interna- 

cional del Trabajo, vol. 70, núm. 5 (Ginebra). 

1956 Condiciones de vida y de trabajo de las 

poblaciones indígenas en los países indepen- 

dientes, Informe VI11 (l), Conferencia Interna- 

cional del Trabajo, 39a Reunión (Ginebra, OIT). 

1984 Social and economic effects oj petroleum 

development programmes (Ginebra, OIT). 

1988 Revisión parcial del Convenio sobre po- 

blaciones indígenas ,y tribuales, 19.57 (núm 

107), Conferencia Internacional del Trabajo, 76a. 

Reunión (Ginebra, OIT) . 

Ortíz, D 1978 El Perené reseña hrstórica de una 

importante región de la Selva Peruana (Lima, 

Imprenta Editorial San Antonio). 

PAR 1995 Información básica para la atención de 

emergencia de los Asháninkas de Río Tambo y 

Ene (Lima, Proyecto de Apoyo a la Repobla- 

ción, Ministerio de la Presidencia) 

Petroperú 1995a Estado de la Actividad Petrolera 

en la Amazonía (Lima, Petroperú) 

- 1995b "Régimen de hidrocarburos: Ley 26221 

y la promoción de la inversión", El Peruano, 7 

de noviembre 

Portocar~ero, G ; Achá, E 1990 Violencra Estructu- 

ral en el Perú (Lima, Asociación Peruana de 

Estudios e Investigación para la Paz, APEP) 

Rodriguez Vargas, M 1993 "Los Asháninka: tiempo 

de cambios", en América Indígena, Vol LVII, 

Núm 4 (México, Instituto Indigenista Interame- 

ricano) 

Rosenfeld, A.B ; Gordon, D.L ; Guerin-McManus 

1997 "Reiventing the well: approaches to minimizing 

the environmental of social impact of oil 

development in the tropics", Conservation International 

Policy Papers vol 2 (Washington, 

D.C.). 

San Román, J 1994 Perfiles histórrcos de la Amazonía 

Peruana (Iquitos, Centro de Estudios 

Teológicos de la Amazonía, CETA) 

Sieder, R. 1997 Derecho consuetudrnario y transi- 

ción democrátrca en Guatemala (Guate-mala, 

FLACSO) 

Simonsen, J 1996 "El desarrollo humano en el Pe- 

rú", El Comercio (Revista Dominical, 27 de oc- 

tubre) (Lima)

Smith, R.C. 1983 Las comunidades nativas y el 

mito del gran vacío amatónico (Lima, Aso- 

ciación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana, AIDESEP)., OIT 

- 1996a "Las políticas de diversidad, COICA y 

las federaciones ktnicas de la Amazonía", en 

S. Varese, comp., Pueblos indios, soberanía 

,y globalismo (Quito, Ediciones Abya Yala). 

- 1996b Estrategias para desarrollo sostenible 

y el empleo productivo en los pueblos indí- 

genas de la Amazonia Peruana. Informe de 

consultoría (Lima, OIT) . 

Stoks, W.,A 1989 Los nativos invisibles 

(Lima).Taussig, M. 1980 The devil and 

commodiiy fetishism in South America 

(Chape1 Hill, University of North Carolina 

Press). 

Varese, S. 1967 "La nueva conquista de la Sel- 

va", Amaru 3 (Lima). 

Vizcanio Reynoso, P.; Helberg Chávez, H. 1986 

"Primer estudio etnográfico del grupo étnico Yu- 

rá o Nahua". Manuscrito (Lima). 

Wahl, L. 1990 "El Manu, los Nahua y Sepahua 

fiente a la madera: ideología y producción", Perú 

Indígena, vol. 12, núm. 28 (Lima, Instituto Indi- 

genista Peruano). 

Winston, J.; Dávila, G.H. 1996 Contingency plan for 

contact with voluntarily isolated natives, Lot 77, 

Las Piedras (Lima, Mobil Exploration and Pro- 

ducing, Perú, Inc.). 

Worster, D. 199.3 "The shaky ground of sustainable 

development", en D. Worster, The wealth of' 

nature (Oxford, Oxford University Press). 

Zarzar, A. 1987 "Radiografía de un contacto: los 

'Nahua' y la sociedad nacional", Amazonía Pe- 

ruana núm. 14 (Lima).

ANEXOS

CUADRO A-1: EVOLUCION HPSTORICA DE LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS 

PERUANAS 

ARO SELV.4 

CESTRAL 

1975 

COkIChíIDASES 

AMLZSHAS 

COWXIDADES 

hATIVAS DE LA 

SELVA CESTRAL 

ICECOUSECi 

CONGRESO DE 

COML% CAMPA 

DEL PlCHlS 

1951 FED DE COM SAT 

YAESHAS 

(FECONAYA) 

(reemplaza al Con!. 

UCAYALI 

hlAROTl SHOBO 

- -- 

ORGAN DE 

DESARROLLO SHlPlBO 

(ORDESH) (Reeniplaza 

en el alto Ucayali 

a Maroii shobo) 

FED COM NAT 

AMUESHA DEL 

UCAYAL 1 

(BFECONAU) 

(Reemplaza a 

Marotr Shobo) 

AMAZOiUIA 

NOR ANDiNA 

ORGANIZ CENTRAL 

DE COMNS NAT 

DEL ALTO MARANON 

(OCCAM) 

Comite Central de 

Prod Y Comerc - Imaza 

CONCEJO AAGUARUSA 

Y HUAMBISA (CAH) 

AhfAZONLi 

NORTE 

IJUMBAU CHAPI 

SHIWAG 

ICHAPI SHIWAG) 

FED DE COM NAT 

DEL PUTUMAYO 

(FECONAPU) 

FED DE COM 

NAT COCAMA. 

COCAlIlLL A 

(FEDECOCA) 

CONCEJO 

CHANKUAP 

AMAZOKW 

SUR 

CENTRAL DE COMNs 

XAT MACHIGUEN- 

GAS ICECONAMA) 

I 1 

NACIONAL E 

INTERNO 

COCONASEP 

(Coiigreso Aiiiiieslia 

Coiigreso Cainpa 

CAH 

CECONSEC 

Maroti Sliobo) 

AIDESEP 

(Reemplaza 

COCONASE P)

SELVA 

CENTRAL 

ASOCIACION DE 

COMUN NAT DEL 

PICHIS (ACONAP) 

Reemplaza a cong 

de com campa 

del pichis 

FED DE COM 

YA1 CAMPA 

ASHANINKA 

iFECONACAI 

CENTRAL 

ASHANINKA 

DEL RIO TAMBO 

(CART 

APATYAWAKA 

NAMPITSI ASHA- 

NINKA PICHIS 

(ANAP) (Reemplaza 

al Congreso Campa 

del Pichis) 

OAGP 

(Gran Pajonal) 

ORG IND DE LA 

REGION DE 

ATALAYA (OIRA) 

UCAYALI 

FED DE COM NAT DEL 

BAJO UCAYALI 

(FECOMBU) 

(reemp a Maroti shobo 

en el Bajo 

Ucayaii esta 

queda como comer 

de artes shipiba) 

AhlAZONIA 

NOR ANDINA 

ORGAN AGUARUNA DEL 

ALTO MAYO (OAAM) 

ORG NAT AGUARUNA 

DEL ALTO AMAZONAS 

(ONAAPA) 

AMAZOATA 

NORTE 

FED DE COMUN 

NAT DE MADRE DE 

DIOS (FENAMAD) 

ORG ACHUAR 

CHAYAT 

(ORACH) 

(reemplaza al 

concejo chankuap) 

FED DE 

COM NAT DEL 

BAJO NAPO Y EL 

BAJO AhMZONAS 

(FECONABA-BAM) 

ORGANIZ 

KICHUARUNA 

WANGURINA 

(ORKIWAN) 

FED DE COM 

NAT. FRONT 

DEL PUTUMAYO 

(FECONAFROPU) 

(sust a feconapu) 

-- - 


DEL AMPIYACU 

(FECONA) 

FED SHAPRA DEL 

MORONA (FESHAM) 

AMAZONIA 

SUR 


YINNES (FECONAYI 

i-- 

NACIONAL E 

COORD IND. DE 

LA CUENCA 

AMAZONICA 

(COICA)** 

CONFED DE 

NACION AMAZO- 

NlCAS DEL PERU 

(CONAP) (FECO- 

NAYA OCAAM 

CECONAMA CART)

SELVA 

CENTRAL 

UNION DE 

NACIONAL IDADES 

ASHANINKAS 

YAhTSHAS (UNAY) 

ORG AN 

ASHANINKA DEL 

RIO APL'RIMAC 

(OARA) 

FED NAT DE 

COL1 CACATAIBOS 

iFENACOCA) 

ORG DE COM NAT 

DEL YURUA 

(ORCONAY \Y) 

ORG DE COM NAT 

)EL DISTR DE IPARIA 

(ORDECONADIP) 

ORG DE COM NA7 

DEL DlST DE 

TAHMNIA 

IORDECONADIT ) 

FECOSAPP (PURUS) 

AMAZONIA 

NOR ANDINA 

ORG REG DE 

SAN IGNACIO (ORASI) 

ORG IND DEL ALTO 

MAYO (Surge de OAAM) 

FED DE PUEBLOS IND 

ECHUAS DE LA REGION 

SAN MARTIN 

(FEPIKRE-SAM) 

AMAZOMA 

NORTE 

FED DE COM NAI 

CANDOSHIS DEL 

DISTR DE PASTAZP 

(FECONACADIP) 

FED IND 

QUECHUA 

DEL PASTAZA 

(FEDIQUEP) 

FECOCONABABAN 

(REACT ) 

FED DE PUEBLOS 

YAGUAS DEL 

BAJO AMAZ 

Y BAJO NAPO 

(FEPYBABAN) 

FED DE COM KAT 

DEL hlEDlO NAPO 

(FECONAMN) 

FED DE COM NAI 

)EL RIO CORRENTE 

(FECONACO) 

FED DE COhi NAT 

DEL TIGRE 

(FECONAT ) 

FEPYBABAN 

RE ACTIVADA 

FED DE COM 

NAT SECOYAS DEL 

ALTO PUTUMAYO 

(FECONASAP 

surFe de orkiwan 

y feconafro-pu) 


CHAYAHUITA DEL 

PARANAPURA 

(FECONA-CHAP) 


DEL RIO N AW 

(FECONARI-NA) 


LNDOSHIS DEL DlST 

DE PASTAZA 

(FECONACADIP) 

OR SHUAR DEL 

IORONA (OSHDEM) 

\SOC IND DE DES 

COKS DEL SAMIRIA 

(AIDECOS) 

AMAZ0.W 

SUR 

CONCEJO 

MACHIGLTNGA 

DEL RIO 

URUBAMBA 

(COMARU) 

NACIONAL E 

JNTERN.

SELVA 

mRAL 

COMISION DE 

EMERGENCIA 

ASHANINKA, 

CEA 

(Org de carácter 

regional para la 

atención del pueblc 

asháninka victima 

del terrorismo) 

UNION IND 

ASHANINKA Y 

IOiMT SIGUEYG 

DEL PANGOA 

(KANJA) 

reemplaza 

a CONOAP 

FED DE COM 

NAT DE 

PUERTO INCA 

(FECONAPI) 

UNIFÍCACION 

NDIGENA DE LA 

;ELVA CENTRAL 

(CIJNISECP) 

UCAYALI AMAZONIA WONIA 

NOPANDiNA 1 NORTE 

FED. DE COM. NAT. 

DEL RIO SANTiAGO 

(FECONARSA) 

ORG. DE COMRONT. 

DEL CENEPA (ORDECO- 

FROC) 

ASOC. DE DES. Y 

CONS. DEL PACAYA 

( ADECOP) 

FED. DE COM. 

N& DE JEBEROS 

(**) COICA SE ORGANIZO CON LAS FEDERACIONES NACIONALES SIGUIENTES: 

m ASOCIACION INTERETNICA DE LA SELVA PERUANA (ADESEP-PERÚ) 

- CENTRAL INDIGENA DEL ORIENTE BOLIVIANO (CIDOB-BOLIVIA) 

- CONFEDERACION DE NACIONALIDADES MDIGENAS DEL ECUADOR (CONFENAIE-ECUADOR) 

. ORGANIZACION NACIONAL MDIGENA DE COLOMBIA (ONIC-COLOMBIA) 

UNlON NACIONAL lNDIGENA (UNI-BRASIL) 

ELAtlORADO POR ANTONIO GONZALEZ URDAY 

FUENTES: ARCHIVOS DE ADESEP 1 RACIMOS DE UNGURAHUI 

CONCEJO) 

HARAKMBUT 

NACIONAL E 

INTERN.

CUADRO A-2: RELACION DE LAS ORGANIZACIONES EN LA AMAZONIA PERUANA, 

UBICACIÓN Y SITUACION LEGAL 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACION 

APATYAWAKA NAMPITU 

ASHANINKA PICHIS 

CONCEJO AGUARUNA Y 

HUAMBISA 

FEREDACION ASHANINKA 

DEL RIO TAhlBO 

FEDERACION DE COMU- 

NIDADES AGUARUNAS 

DEL RIO DOMlNGUlZA 

FEDERACION SHAPRA DEL 

MORONA 

FEDERACION DE 

COMUNIDADES NATIVAS Df 

BAJO NAPOY BAJO 

AMAZONAS 

ORGANIZACION ACHUAR 

CHAYAT 

FEDERACION IE 

COMUNIDADES COCAMA 

COCAMILLAS 

SIGLA PUEBLO INDIGENA SEDE FECHA DE 

CREACION 

CART 

FAD 

FESHAM 

ORACH 

FEDECOCA 

ASHANINKA VALLE DEL 

PICHIS. PASCO 

AGUARUNAS \ 

HUAMBISAS 

VALLE DEL ALTO 

MARANON, REGION 

NOR ORIENTAL DEL 

A ARA NON 

ASHENINKAS VALLE DEL RIO 

TAMBO. JUNlN 

AGUARUNAS 

SAHAPRAS O 

CONDOSHIS 

TICUNAS, YAGUAS 

BORAS Y 

HUITuiOS 

ACHUAR (GENTE 

DE AGUAJAL) 

COCAMAS. COCAUII.LAS 

Y URARINAS 

RIO WMINGUIZA 

REGION NOR 

ORIENTAL DEL 

MARANON 

VALLE DEL RIO 

MORONA. LORETO 

ENTRE IQUITOS Y 

LETICIA. LORETO 

RIOS HUASAGA, SEWII 

HUAGRAMONA Y 

PURANCHIN, LORETO 

BAJO HUALLAGA \ 

RIO URITOYACU 

LORETO 

PUERTO BERMUDEZ 1973-CONGRESO 

CAhlPA DEL PICHIS 

1982-ACONAP 

1986-ANAP 

C. N. URACUZA 

C.N. BETHANIA 

SATIPO 

1979 

ESTATUS LEGAL CCNN 

IlEhIBROS 

ASOClAClON CIVIL SIN 

FINES DE LUCRO. 

ASIENTO 1, FOLIO 228, 

TOMO 11 1990, LIBRO DE 

ASOCIACIONES. 

L.T. 91T4239 

ASOC. SIN FINES DE 

LUCRO INSCRITA EN 

EL TOMO II DEL REGISTRO 

DE ASOCIACIONES, 

XIV AS. l. FOLIO ISI, 

CHACHAPOYAS-93 

RECONOCIDA LEGAL 

MENTE EN 1979 

C.N. UNANCHAY RECONOCIDA LEGAL- 

MENTE E INSCRITA EN LOS 

REGISTROS PUBLICOS DE 

YURIMAGUAS 

1983 

REACTIVADA 

1989 

C.N. WASHIENTSA 1981 CONCUO 

CHANKUAP 

1983 ORACH 

C.N. ACHUAL 

TIPISHCA 

1980 

EN PROCESO DE 

INSCRIPCION 

INSCRITA EN ELTOMO IV, FOLIO 

251, PARTIDA LV, ASIENTO 01 EN El 

REGISTRO DEL LIBRO DE 

ASOCIACIONES, IQUITOS, 1983 

TOMO 2 FOLIO 671-PARTIDA CII 

ASIENTO 01 DEL REGISTRO DE 

ASOCIACIONES. IQUITOS 

82 CCNN 

24 ANEXOS 

l l POR TITULAR

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACION 

ORGANIZACION AGUARUNA 

DE SAN IGNACIO 

FEDERACION DE 

COMUNIDADES NATIVAS 

FRONTERIZAS DEL 

PUTUMAYO 

FEDERACION DE 

COMUNIüADES NATIVAS DEL 

AMPIYACU 

FEDERACION DE 

COMUNIDADES NATIVAS DEL 

BAJO UCAYALI 

CENTRAL DE COMUNIDADES 

NATIVAS DE LA SELVA 

CENTRAL 

SIGLA 

IRASI 

'UEBLO INDIGENA SEDE FECHA DE 

CREACION 

ECONAFROPU OCAINAS. BORAS, 

HUITOTOS, SECOYAS 

MAIHUNAS, COCAMSA 

TlCUNAS Y QUECHUAS 

ECONA 

FCONBU 

YJUMBAU CHAPl SHIWAG IHAPI-SHIWAG 

ORGANIZACION AGUARUNA 

DEL ALTO MAYO 

ORGANIZACION REGIONAL 

INDIGENA DEL ALTO MAYO 

ORGANIZACION INDIGENA C 

LA REGION ATALAYA 

ORGANIZACION NATIVA 

AGUARUNA DEL ALTO 

AMAZONAS 

FEDERACION NATIVA DE 

COMUNIDADES CACATAIBO: 

BORAS. 

HUITOTOS ,OCAINAS 

ROV SAN IGNACIO 

EGlON NOR 

RIENTAL, MARANON 

10 PUTUMAYO, 

ORETO 

,MPIYACU (IQUITOS) :N 

'UCAURQUILLO 

;AJO UCAYALI :. N. PAOYAN 

ECONSEC ASHANINKA IALLE DEL PERENE Y 

5.4TiPO. PASCOY JUNlN 

OAAM 

OlRA 

ONAAPA 

ACUARUNA llOS POTROY 

dANSERICHE. 

'ROVINCIA DE ALTO 

\MAZONAS. LORETO 

AGUARUNA dOYOBAhlBA, SAN 

blARTlN 

AGUARUNA MOYOBAMBA, SAN 

llARTlN 

ASHANINKAS,YlNNES 

(PIR0S)AMAHUACAS. 

YAMINAHUAS. 

Y SHlPlBOS 

AGUARUNA 

ESTATUS LEGAL 

:.N LOS NARANJOS 1989 

TOMO 2, FOLlO 167, ASIENTOOI. 

PARTIDA XIX DEL REGISTRO DE 

ASOCIACIONES, JAEN 1989 

:.N. EL ESTRECHO 1980 FECONAPU 

198s ADQUIERE 

EL NOMBRE 

ACTUAL 

LA MERCED 

SATiPO 

1987 

TIENE PERSONERIA JURIDICA: 

INSCRITA EN LOS REGISTROS 

PUBLICOS DE MAYNAS EN ABRIL DE 

1991 

TOMO S. FOLlO 361, PARTIDA 

LXXXVll ASIENTOOI- REGISTRO DE 

ASOCIACIONES. IQUITOS 1987 

REGISTROS PUBLICOS ASIENTO OS 

FOJAS 21, FOLlO I0,TOMO 111 1978. 

RECONOCIDA POR EL MINIST. DE 

ACR., R.D. No.U)7-80 D.R VI! 

HUANCAYO 

:.N. SANTA ROSA TOMO 3. FOLlO 1390 PARTIDA N" 

CXXXVII.ASIENT0 1, IQUITOS, 1986 

C.N. BAJO 

NARANJILLO 

ATALAYA-PUCALLPA ATALAYA 

FENACOCA CACATAIBOS Y SHlPlBOS C.N. MARISCAL 

CACERES 

1985 (SE 

ESCINDE EN 1992 

y NACE ORlAM ) 

TOMO No I FOLlO 195, PARTIDA 

CXXXIII. ASIENTO No 1, 

MOYOBAMBA. 

C.N. SHAMPUYACU TOMO2, FOLlO 241, PARTIDALXXII. 

ASIENTO NoOI, RECON. POR EL MIN. 

ACR.. CON LA R. D. N0234-94 RShl. 

NOVIEMBRE DE 1991 

LORETO C.N SACHAPAPA REG. N" 63496, TOMO 3. FOLlO 171. 

PARTIDA XLIII. ASIENTO OI IQUITOS 

1987 

CCNN 

IIEMBROS 

11 CCNN 

70 ANEXOS 

- 48 EN EL 

PERENE 

-37 EN SATIPO

NOMBRE DE LA 1 SIGLA 1 PUEBLO INDIGENA 

1 ORGANIZACION 

FEDERACION DE FECONACO 

COhlUNlDADES NATIVAS 

DEL RIO CORRIENTES 

ASOClAClON INDIGENA DE AIDECOS 

DESARROLLO Y 

CONSERVACION DEL SAMlRlA 

ACHUAR, URARINAS, 

MURATOS 

1 

l 

ASOClAClON DE DESA- ADEcOp 

COCAMA COCAMILLA. 

RROLLO Y CONSERVACION SHlPlBOS Y RIBERENOS 

DEL PUINAHUA 

FEDERACION DE PUEBLOS 

YAGUAS DEL BAJO 

AMAZONAS Y BAJO NAPO 

FEDERACION DE 


MEDIO NAPO 

ORGANIZACION KICHUA. 

/ RUNA, WANCURINA 

FEDERACION DE FECONAU 


UCAYALI 

ORCANIZACION ASHENINKA OAGP 

DELCRAN PAJONAL 

FEDERACION DE 

COMUNIDADES NATIVAS DE 

MADRE DE DlOS 

RIO CORRIENTES. 

LORETO 

COCAMA COCAMILLA RIO SAMIRIA (R.N 

PACAYA SAh1IRIA) 

LORETO 

FECONAMN QUICHUAS, TICUNA. 

YAGUAS, HUITOTOS, 

MAIHUNAS (ORUONES) 

1 SHIPIBOS 

FENAMAD HARAMBUK. AMARAKER 

TOYOERI. SAPATERI. 

HUACHIPAERI, ARASAERI 

ESE-DA, MACHIGUENGA! 

YINNES (PIROS) 

l I 

ORGANIZACION ASHANINKA OARA 

ASHANINKAS, 

DEL RIO APURIMAC MACHICUENCAS 

CANAL DEL PUINAHUA. 

BAlO UCAYALI 

(R N. PACAYA SAMIRIA) 

LORETO 

SEDE ESTATUS LEGAL 

CCNN 

CREACION 

FECHA 1 MIEMBROS 

C N. VALENCIA 

C.N. SAN MARTIN 

DE TlPlSHCA 

CUENTA CON PERSONERIA 

IURIDICA, INSCRITA EN LOS 

REGISTROS PUBLICOS DE MAYNAS 

EN 199? 

C.N. VICTORIA CUENTA CON PERSONERIA 

JURIDICA, INSCRITA EN LOS 

REGISTROS PUBLICOS DESDE 

NOVIENBRE DE 1992 

C.N. VIflORIA 

C.N. NEGRO URCO 

MAYNAS, LORETO C N. ANGOTEROS, 

NAPO 

NO CUENTA 

1984 TOhlO 3. FOLIO SS, PARTIDA XIII. 

ASIENTO 1. IQUITOS. 1986 

UCAYALI PUCALLPA Tiene pmoneria jurídica 

GRAN PAJONAL, 

UCAYALI. PASCOY 

IUNIN 

MADRE DE DlOS PUERTO 

hlALDONAD0 

SAN FRANCISCO 

AYACUCHO 

C.N. 

SAMPANTUARI 

Tiene prrsonena jurídica 

TOMO I FOLIO 291, LIBRO DE 

ASOCIACIONES 

MADRE DE DlOS 1992

NOMBRE DE LA 

FEDERACION DE 

C0MUNII)ADES 

CHAYAHUITAS DEL 

PARANAPURA 

CENTRAL DE C0MUNII)AI)ES 

NATIVAS MACHIGUENGAS 

"JUAN SANTOS 

ATAHUALLPA" 

ORCANIZACION SHUAR DEL 

MORONA 

FEDERACION DE 


CANDOSHI DEL DISTRITO 

DEL PASTAZA 

OllGANlZAClON DE 


DELY URUA 

ORCANIZACION DE 

DESARROLLO SHlPlBO 

FEDERACION DE COMU- 

NIDADES NATIVAS DEL 

DISTRITO DE CAHUAPANAS 

FEDERACION INDIGENA 

QUECHUA DEL PASTAZA 

FEDERACION DE 


RlO SANTIAGO 

CONCHO MACHIGUENGA 

DEL RIO URUBAMRA 

FEDERACION DE 


JEBEROS 

FECONACHAP 

CECONAh1A 

OSHDEM 

FECONACADIP 

ORCONAY 

ORDESH 

FECONADIC 

FEDIQUEP 

FECONARSA 

COM ARU 

FECONAJE 

PUEBLO INDIGENA SEDE FECHA DE 

ESTATUS LEGAL 

CCNN 

CREACION 

LIIEMBROS 

CHAYAHUITAS YURIMAGUAS. 

LORETO 

MACHIGUENGAS. YINNES 

(PYROSI 

BAJO URUBAMRA 

CUZCO 

SHUARS RIO MORONA, ALTO C.N. SANCHEZ 

AMAZONAS, LORETO CERRO 

CHAYAHUITASY 

AGUARUNAS 

RlOS CHAPULI, 

CHUINDAY 

HUiTOYACU, 

AFLUENTES 11% RIO 

PASTAZA ALTO 

AMAZONAS, LORETO 

YURUA, UCAYALI C.N. NUEVA LUZ 

C.N. BALSAPUERTO TOMO 01 PARTIDA X, FOLIO 49. 

LlRRO DE ASOCIACIONES 

YURIMAGUAS 1992 

PERSONERIA JURIDICA, INSCRITA 

EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE 

YURIMAGUAS EN 1992. 

TIENE PERSONERIA IURIDICA. 

INSCRiTA EN LOS REGISTROS 

PUBLICOS DE MAYNAS EN 

NOVIEMBRE DE 1992 

UCAYALI PUCALLPA TOMO 1, FOLIO 273. No 52-1. 

ORDEN 749. PUCALLPA 1980 

SAN LORENZ0,YURIMA. 

CUAS. LORETO 

QUECHUA C.N. ALIANZA 

CRISTIANA 

RIO SANTIAGO, 

REGION NOR OHENTAL 

[)EL MARANON 

TIENEN PERSONERIA JURlUlCA 

INSCRITA EN LOS REGISTROS 

PUBLICOS DEYURlhlAGUAS EN 19 

TIENE PERSONERIA JURIDICA. 

INSCRiTA EN LOS REGISTROS 

PUBLICOS DE YURIMAGUAS EN 

AGOSTO IE 1993 

C.N. GALILEA ASIENTO No l. FOJAS I25,TOMO O: 

LIBRO DE ASOCIACIONES 

MACHICUENGAS URUBAMBA. CUZCO TIENE PERSONERI A JUKII)ICA 

RIO JEBEROS, BAJO 

HUALLAGA, LORETO 

C.N. JEBEROS

NOMBRE DE LA 

ORGANlZAClON I 

FEDERACION DE 


LA PROVlNCiA DEL PURUS 

FEDERACION DE PUEBLOS 

KECHWAS DE LA REGION 

SAN MARTIN. 

FEDERACION DE 

COMUNIDADES NATIVAS DE1 

RIO NANAY 

FEDERACION DE 


SECOYAS DEL ALTO 

PUTUMAYO 

FEDERACION COMUNIDADE 

NATIVAS DEL TIGRE 

PUEBLO INDIGENA UBlCACION SEDE FECHA DE 

CREACION 

NAHUA, YAMINAHUA, 

AMAHUACAS. CULINA 

FEPIKRESAM 1 KECHWAS DE LAMAS 1 TARAPOTO. SAN 1 C.N. HUAYCO. 

LAMAS 

FECONARINA HUI'íWiüS IQUITOS, LORf30 

-- 

RlOS HUITOYACU Y C.N. WlSUN 

MANCHAR1 EN EL 

ALTO PASTAZA, Y RIO 

SHlTUSl EN EL ALTO 

FECONASAP 1 SECOYAS 1 ALTO PUTUMAYO 

1991 SURGIO DE 

ORKIWANY 

FECONAFROPU 

FECONAT QUICHUA RIOTIGRE, LORETO PAMPA HERMOSA 

ORGANIZACION DE DISTRITO DE [PARIA, 

COMUNIDADES NATIVAS DEL MEDIO UCAYALI. 

ORGANlZAClON DE ORDECONADIT DISTRITO DE 


DISTRITO DETAHUANIA 

UNlON DE NACIONALIDADES I UNAY 

1 ASHANlNKASY YANESHAS 

TAHUANIA, UCAYALI 

PACHIIEA, HUANUCO PUERlü AMISTAD 

FEDERACIONDE COMUNI- 

DADES NATIVAS CAMPA 

ASHANINKA 

FECON AC A ASHANINKAS SATIPO 

ESTATUS LEGAL 1 CCNN 

MIEMBROS 

C.N. CANTA GALLO 1992 

S.I. 

1992 

1992 

1992 NACE DE 

FECONAU 

SALE DE 

FECONAU y DE 

OlRA 

ASHANINKASY YANESHAS 1 1 Tiene prrsonena jurídica I I2 

CONCEJO ASHANINKA Y 

NOMATSIGUENGA DEL 

PANGOA 

CONOAP ASHANINKAS Y SATlPO 

NOMATSIGUENGAS 

1

NOMBRE DE LA 

ORGANlZAClON 

UNlON INDIGENA ASHANIN- 

KAY NOMATSIGUENGA DEL 

PANGOA 

ORGANlZAClON CENTRAL 

DE COMUNIDADES NATIVAS 

AGUARUNAS DEL ALTO 

MARANON 

FEDERACION DE 

COMUNIDADES DEL RIO 

NIEVA 

FEDERAClON COMUNIDADE 

NATIVAS DEL DISTRITO DE 

IPARIA 

ORGANlZAClON DE 

DESARROLLO DE LAS 

COMUNIDADES FRONERIZI 

DEL CENEPA 

SIGLA 

KANUJA 

OCCAAM 

FECONARIN 

CONCEJO HARAKMBUT COHAR 

FEDERACION DE CCNN DEL 

CHAMBIRA 

CENTRAL ASHANINKA DEL 

RIOTAMBO 

TOTAL 

PUEBLO INDIGENA UBlCAClON 1 SEDE FECHA DE 

CREACION 

ASHANINKAS Y 

NOMATSIGUENGAS 

AGUARUNAS 

AGUARUNA 

FECONADIP DISTRITO DE IPARIA IPARIA 

ESTATUS LEGAL CCNN 

MIEMBROS 

PANGOA, SATIPO C.N. BOCA KlATARl 

EN PROCESO 29 

I 

4 en iramiir 

1 1 sin lilulo 

CHlRl ACO 


MARANON 

ORDECOFROC AGUARUNA RIO CENEPA, REGION C.N. MAMAYAQUE 


MARANON 

FECORCHA 

CARE ASHANINKA 

- - 

HARAKMBUT, 

Ahí ARAKAERI, TOYORERI. 

PUKIRIERI Y WACHlPAERl 

Fuentes: Archivos de AIDESEP: Gmpo de Trabajo Racimos de Ungunhui. 

Cuadro elaborado por M. Antonio González Urday. 

RlOS INAMBlRl, C.N. SHINTUYA 

KARENE Y ALTO 

MADRE DE DIOS 

RlO CHAMBIRA C.N. SANTA MARTA 

RIO ENE 

QUEMBlRl 

RECONOCIDA JURIDICAMENTE E 

INSCRITA EN REGISTROS PUBLICOS 

DE PUERTO MALDONADO EN 1995 

1215 (no incluye 

cc.nn. dt: 3 

Federaciones)

NORMAS LEGALES 

PUEBLOS INDÍGENAS 

EN LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

1. Antecedentes Constitucionales 

Constituciones Políticas de 1920, 1933 y 1979 

2. Normatividad Nacional General 

Constitución Política de 1993 

Código Civil de 1984 

Código Procesal Civil de 1993 

Código Penal de 199 1 

Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1993 

3. Normatividad Nacional Especial 

Ley de Comunidades Nativas, Decreto Núm. Ley 20653, 1974. 

Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, 

Decreto Ley Núm. 22175, 1978. 

Ley General de Comunidades Campesinas Núm. 24656, 1987. 

Reglamento del Decreto Ley No 22175, Decreto Supremo 003-79-AA . 

Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades Campesinas, Ley Núm. 24657. 

4. Normatividad Internacional 

Convenio Núm. 169 de la OIT, ratificado por Decreto Legislativo No. 26253 del 2 de diciembre de 

1993. 

Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por Resolución Legislativa NO26 18 1 del 12 de 

mayo de 1993. 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992. 

Declaración Universal de Derechos Humanos.

5. Leyes Marco 

Decreto Legislativo No. 611: Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promulgado el 7 

de setiembre de 1990, modificado por Decreto Legislativo No. 613, septiembre de 1990. 

Decreto Legislativo No. 653: Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, promul- 

gada el 1 de agosto de 1991. Título IV De las Tierras de Selva y Ceja de Selva. 

Decreto Legislativo No. 757: Dictan Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada. Título 

XI "De la Seguridad Jurídica en la conservación del medio ambiente", 13 de noviembre de 199 1. 

a) Normatividad sobre Tierras 

Ley No. 26505: Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en 

las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Publicada en El 

Peruano, 18 de julio de 1995.. 

Resolución Ministerial No. 0364-95-Ag: Dictan disposiciones referidas a la aplicación de la 

Ley de promoción de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las 

tierras del territorio nacional, 26 de julio de 1995. 

Ley No. 26570: Sustituyen artículo 7 de la Ley No. 26505 referido a la utilización de tierras 

para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, 4 de enero de 1996. 

Ley No. 26681 Sustituyen texto de disposición complementaria de la Ley de Promoción de la 

inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio 

nacional y de las comunidades campesinas y nativas, 10 de noviembre de 1996. 

Decreto Legislativo No. 885: Ley de Promoción del Sector Agrario, 10 de Noviembre de 

1996.. 

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos No. 094-96. Ponen en 

vigencia el Reglamento de Inscripciones de la Sección especial de Predios Rurales del Registro 

de Propiedad Inmueble, 30 de mayo de 1996. 

Decreto Legislativo No. 889: Modifican la Ley del Registro de Predios Rurales. Medidas 

tomadas para impulsar el proceso de titulación y registro de tierras rurales en todo el país, con 

excepción del departamento de Lima. 

Decreto Supremo No. 011-96-AG: Determinan zonas de protección ecológica de la región de 

selva (de conformidad con el artículo 12 de la Ley No. 26505), 19 de julio de 1996.

Decreto Legislativo No. 838: Facultan al Ministerio de Agricultura para que adjudique pre- 

dios rústicos a favor de personas y comunidades ubicadas en áreas de población desplazada, 

publicado en el Peruano el 15 de agosto de 1996. 

Decreto Supremo No. 018-96-AG: Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo No. 838, 

mediante el cual se facultó al Ministerio para adjudicar gratuitamente predios rústicos en zonas 

de economía deprimida, publicado en El Peruano el 3 1 de octubre de 1996. 

b) Normatividad sobre Aguas 

Decreto Ley No. 17752: Ley General de Aguas, 24 de junio de 1969. 

Decreto Supremo No. 261-69-AP Reglamento de los Títulos 1, II y 111 del Decreto Ley No. 

17752, Ley General de Aguas, 12 de diciembre de 1969. 

Decreto Supremo No. 037-89-AG: Reglamento de Organización de Usuarios de Agua, 26 de 

mayo de 1989. 

Decreto Supremo No. 003-90-A:Reglamento de Tarifas y Cuotas de Aguas. 

Resolución Ministerial No. 0186-93-A: Red Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

Decreto Legislativo No. 653: Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, Título 

V De las Aguas. 

Ley No. 26737: Disponen que la Autoridad de Aguas controle la explotación de materiales que 

acarrean y depositen las aguas en sus alveos o cauces, publicada el 5 de enero de 1997. 

C) Normatividad sobre Hidrocarburos 

Decreto Legislativo No. 613: Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promulgado 

el 7 de setiembre de 1990. 

Decreto Legislativo No. 655: Eliminan todo monopolio o exclusividad por parte de Petroperú 

y sus filiales respecto a comercialización de Hidrocarburos, publicado el miércoles 7 de agosto 

de 1991. 

Decreto Legislativo No. 757: Dictan Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada. 

Título XI "De la Seguridad Jurídica en la conservación del medio ambiente", 13 de noviembre 

de 1991.

Decreto Ley No. 25763: Establecen que el cumplimiento de las obligaciones relacionadas a las 

actividades mineras, de electricidad y de hidrocarburos, podrán ser fiscalizadas a través de 

Empresas de Auditoría e Inspectoría, 11 de octubre de 1992. 

Ley No. 26221: Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocahuros en el territorio 

nacional. 20 de agosto de 1993. 

art 82: Las personas que desarrollen actividades de Hidrocarburos, podrán gestionar derechos 

de servidumbre, uso de agua y derecho de superficie sobre terrenos públicos o privados, que 

resulten necesarios para que lleven a cabo sus actividades. Los perjuicios económicos que 

ocasionase el ejercicio de tales derechos deberán ser indemnizados por las personas que oca- 

sionen tales per:juicios . 

Decreto Supremo No. 046-93 EM. Reglamento para la protección Ambiental en las activida- 

des de Hidrocarburos, publicado el 12 de noviembre de 1993, modificado por el DS N 09-95- 

EM y DS NO. 29-94-EM. 

Artículo 12: Cuando un proyecto pueda afectar a comunidades nativas o campesinas, se in- 

cluirán en el Estudio de Impacto Ambiental las medidas necesarias para prevenir, minimizar o 

eliminar los impactos negativos sociales, culturales, económicos y de salud. 

Decreto Supremo No. 055-93-EM. Aprueban el reglamento de las Actividades de Explora- 

ción y Explotación de Hidrocarburos, del lunes 22 de noviembre de 1996.(Anexo B: Derechos 

de uso, servidumbre y expropiación). 

Decreto Supremo No. 09-95-EM. Modifican el Reglamento de Medio Ambiente para las Ac- 

tividades de Hidrocarburos. Mayo 13, 1995. 

Resolución Directora1 No. 030-96-EM/DGAA. Aprueban los niveles máximos permisibles 

para efluentes líquidos producto de actividades de explotación y comercialización de hidrocar- 

buros líquidos y sus productos derivados publicado el 7 de noviembre de 1996. 

Ley No. 26734. Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía-OSINERG, publicado 

el 3 1 de diciembre de 1996. 

Vinculación entre la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Inversión en las Tierras 

Ley No. 26505: Ley de la Inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en 

las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, publicada en El 

Peruano, 18 de julio de 1995.

Resolución Ministerial No. 0364-95-AG, Disposiciones referidas a la aplicación de la Ley de 

promoción de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras 

del territorio nacional, publicado el 26 de julio de 1995. 

Ley No. 26570: Sustituyen arzículo 7 de la Ley No. 26505 referido a la utilización de tierras 

para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, 4 de enero de 1996. 

Art 7: La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos 

requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre 

que se precisan en el Reglamento de la presente ley. 

Decreto Supremo No. 017-96-AG. Aprueban el Reglamento del artículo 7 de la Ley N 26505, 

referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocar- 

buros, publicada en El Peruano con fecha 19 de octubre de 1996. 

Artículo 1: La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, 

así como para el transporte de hidrocarburos y minerales por ductos, requiere acuerdo previo 

con el propietario de las tierras o la culminación del procedimiento de servidumbre. 

Artículo 7: El establecimiento de servidumbre sobre tierras para las actividades de exploración 

y explotación de hidrocarburos se regirá por las disposciones contenidas en el Anexo B del 

Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por 

DS NO. 055-93-EM. 

d) Impacto Ambiental 

Decreto Legislativo No. 613: Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1990. 

Ley No. 26410: Ley del Consejo nacional del Ambiente, publicada el 22 de diciembre de 1994.. 

Ley No. 26631: Dictan normas para efecto de formalizar denuncia por infracción de la legisla- 

ción ambiental, publicada el 21 de junio de 1996. 

Resolución Ministerial No. 335-96-EM-SG: Reglamento de Participación Ciudadana me- 

diante ek procedimiento de audiencias públicas en el trámite de aprobación de estudios de 

impacto ambiental, publicado en El Peruano el 28 de julio de 1996. 

Resolución Ministerial No. 143-92 EM-VMMM: Crean el Registro de entidades autorizadas 

a realizar estudios de Impacto Ambiental en el Sector Energía y Minas. Julio 13, 1992. 

Decreto Supremo No. 011-96-AG. Determinan zonas de protección ecológica de Selva, julio

e) Normatividad sobre Minería 

Decreto Legislativo No. 109, Ley General de Minas. 

Decreto Legislativo No. 708 Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero publicado 

el 14 de noviembre de 199 1. 

Decreto Supremo No. 014-92.EM. Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, 4 de 

junio de 1992. 

Resolución Ministerial No. 315-96-EMNMM: Aprueban niveles máximos permisibles de 

elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes de las unidades mine- 

ro-metalúrgicas, Julio, 1996. 

f) Normatividad sobre Flora y Fauna Silvestre 

Decreto Ley No. 21147: Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 15 de mayo de 1975. 

Decreto Supremo No. 161-77-AA. Reglamento de Extracción y Transformación Forestal. 

Decreto Supremo No. 012-96-AG, Declaran a superficie de terreno ubicada en el departamen- 

to de Madre de Dios como el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, del 17 de julio de 1996. 

Decreto Supremo No. 013-96-AG, Veda la extracción forestal de maderas y deja en suspenso 

contratos y permisos de extracción en cuencas y bosques del 22 de agosto de 1996. 

g) Normatividad sobre Pesca 

Decreto Ley No. 25977, Ley General de Pesca, 22 de diciembre de 1992. 

h) Normatividad sobre Propiedad Intelectual 

Decreto Legislativo No. 823, Ley de Propiedad Industrial, publicado el 24 de abril de 1996. 

Art 63. Por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones, podrá establecerse un régimen especial de protección y, de ser el caso, un regis- 

tro, de los conocimientos de las comunidades nativas y campesinas. 

Decreto Supremo No. 008-96-ITINCI: Reglamento de Protección a los derechos de los 

obtentores de variedades vegetales, publicado el 3 de mayo de 1996.

i) Normatividad sobre Municipalidades 

Ley No. 23853 Ley Orgánica de Municipalidades, 8 de junio de 1984 

j) Normatividad sobre la Defensoría del Pueblo 

Resolución Defensorial No. 008-96D. Aprueban Reglamento de coricurso por invitación para 

la 5elección y designación de Defensores especializados, 6 de setiembre de 1996 

Resolución Defensorial No. 001-97DP Designan Director del Programa Especial de Co- 

munidades Nativas, publicada el 22 de enero de 1997. 

k) Normatividad sobre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano 

Decreto Legislativo No. 866. Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Promoción 

de la Mujer y del Desarrollo Humano, publicada el 29 de octubre de 1996. 

Disposición Complementaria: transfiérase al Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarro- 

llo Humano, las hnciones de g) Instituto Indigenista Peruano. Concluido el proceso de transfe- 

rencia, las referidas organizaciones quedarán disueltas. 

Decreto Legislativo No. 893: Modifican la Ley del Ministerio de Promoción y del Desarrollo 

Humano, publicado el 10 de noviembre de 1996. 

Resolución Suprema No. 004-96, Promudeh: Constituyen Comisión encargada de la transfe- 

rencia de los bienes y personal de los proyectos, programas y organismos públicos incorpora- 

dos al Promudeh, publicado el 15 de Noviembre de 1996.. 

Decreto Legislativo No. 831, Crean el Programa Nacional de Apoyo a la Repoblación, publi- 

cado el 9 de julio de 1996. 

Resolución Ministerial No. 023-97. Promudeh: Reglamento de Organización y Funciones del 

Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia PAR, 28 de febm 

so de 1997. 

1) Normatividad sobre Educación 

Decreto Ley No. 19326: Ley General de Educación, del 21 de marzo de 1972. 

Decreto Ley No. 19602: Ley Orgánica del Sector. Educación, del 7 de noviembre de 1972

Decreto Ley No. 22417: Ley Orgánica del Sector Educación, del 16 de enero de 1979. 

Decreto Supremo No. 014-87-ED: Dirección General de Educación Bilingüe, 9 de diciembre 


Decreto Legislativo No. 566: Modifica la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, del 4 de 

abril de 1990. 

Decreto Ley No. 25762: Ley Orgánica del Ministerio de Educación, del 1 de octubre de 1992. 

Decreto Legislativo No. 135: Ley Orgánica del Ministerio de Educación del 12 de junio de 198 1. 

Decreto Supremo No. 004-93-ED: Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Educación. del 25 de enero de 1993. 

m) Normatividad sobre Orden Interno (Ministerio del Interior) 

Decreto Legislativo No. 114: Ley Orgánica del Ministerio del Interior, del 12 de junio de 

1981. 

Resolución Ministerial No.150-84-INíDGG: Reglamento de Organización y funciones de las 

Prefecturas, Sub-Prefectos, Gobernaciones y Tenencias de Gobernación, del 6 de septiembre 


Resolución Ministerial No. 0629-91-IN/GI: Crea la Oficina de Derechos Humanos, del 3 1 de 

julio de 199 1. 

Ley No. 24571: Ley de Rondas Campesinas, del 24 de octubre de 1986. 

Decreto Supremo No. 012-88-IN: Reglamento de las Rondas Campesinas, del 15 de mayo de 

1988. 

Decreto Supremo No. 004-91-IN: Aprueba Reglamento de Organización y Funciones de las 

Autoridades Políticas, del 5 de noviembre de 1991. 

Resolución Ministerial No. 0396-92-INDM: Aprueba Reglamento de Organización y Fun- 

ciones del Sistema de Derechos Humanos del Sector Interior; del 20 de abril de 1992.

n) Normatividad sobre Bienestar Familiar 

Decreto Legislativo No. 118: Ley del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, del 12 de junio 


Decreto Ley No. 26102: Código de los Niños y Adolescente, del 28 de diciembrede 1992. 

o) Normatividad sobre Trabajo 

Decreto Ley No. 25927: Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción Social de di- 

ciembre de 1992. 

p) Normatividad sobre Agricultura 

Decreto Supremo No. 853-92-AG: Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Agricultura. 

Decreto Supremo No. 018-96-AG: Aprobación Reglamento del D. Leg. No. 838 del 30 de 

octubre de 1996 

Decreto Supremo No. 029-93-AG: Incluye al Instituto Indigenista Peruano a la estructura del 

Ministerio de Agricultura del 4 de agosto de 1993. 

Decreto Supremo No. 045-93-AG: Faculta la constitución de Empresas Comunales y 

Multicomunales de Servicios Agropecuarios por iniciativa de Comunidades y Rondas Campe- 

sinas, Comunidades Nativas y otros Centros Poblados Rurales, del 28 de diciembre de 1993. 

q) Miscelánea 

Decreto Legislativo No. 837,: Creación del Registro Provisional de Identidad, 5 de agosto de 

1996. 

Decreto Ley No. 25891: Transfieren las funciones y actividades comprendidas en la Ley Ge- 

neral de Comunidades Campesinas y en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agra- 

rio en las Regiones de Selva y Ceja de Selva, 9 diciembre de 1992. 

Ley No. 26655: Crea Comisión encargada de proponer al Presidente de la República la concesión 

de indulto a personas condenadas por delitos de ter~orismo o traición a la patria, del 15 de 

agosto de 1996.

Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana y Desarrollo Sostenible

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