Y la propuesta de la Defensoría es buena pero parcial
Institucionalidad para prevenir los conflictos
Jaime de Althaus
Para Lampadia

El desarrollo de la minería en el Perú requiere de una institucionalidad que permita convertir los recursos que genera la minería en desarrollo local y regional y prevenir los conflictos sociales que en ocasiones toman la forma de una extorsión que puede hacer inviable la inversión minera. 

Al respecto, la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo acaba de publicar un buen documento de análisis y propuestas sobre los procesos de diálogo y, de otra parte, la PCM emitió el domingo en El Peruano una resolución ministerial que crea la “Zona de Atención Especial” en la provincia de Chumbivilcas, para dar respuesta a los bloqueos allí generados. 

El informe de la Defensoría señala que “Los procesos de diálogo para resolver conflictos sociales se han constituido con los años en un mecanismo legitimado por las partes…”, pero el problema es que “…el incumplimiento de acuerdos debilita los espacios de diálogo, afecta la legitimidad de las entidades estatales, deteriora las relaciones de confianza entre Estado y ciudadanos o profundiza la desconfianza, y abre las puertas al reinicio de acciones colectivas de protesta que podrían intensificarse a partir de la frustración experimentada (p.79). De hecho, al 2019 había 2,050 compromisos pendientes de cumplimiento, lo que representaba el 54.5% de los acuerdos firmados.

El informe constata que no hay en los ministerios ni en los gobiernos regionales procedimientos establecidos para asegurar el monitoreo y cumplimiento de los compromisos, y entonces formula recomendaciones precisas al respecto. Muy bien. Es interesante y alentador que en una entidad pública se analice un problema y se formule propuestas de solución. Deberían implementarse.

Pero el documento tiene una debilidad: da por supuesto que el mecanismo de las mesas de diálogo es el correcto, cuando sabemos que la gran cantidad de las mesas de diálogo generadas, que han producido miles de compromisos que no se cumplen, fueron el último recurso ante conflictos que ya habían escalado, y que justamente por eso producen compromisos muchas veces incumplibles porque las autoridades firman para salir del paso o porque tienen la pistola de la medida de fuerza en la cabeza. Y de allí el círculo vicioso: mesas de diálogo que producen acuerdos que no se pueden cumplir y que, por lo tanto, generan más conflicto. Por supuesto, también hay falta de procedimientos para el seguimiento y cumplimiento de compromisos. 

El asunto, entonces, está en establecer una institucionalidad, una gobernanza, que permita prevenir los conflictos. Porque se da el absurdo que, en las zonas mineras, que son las más pobres y ricas a la vez, el Estado nacional está ausente. Entonces en un lugar como el corredor minero del sur, por ejemplo, debería haber un vice premier encargado de coordinar al Estado en todos sus sectores y niveles para llevar a cabo un plan de desarrollo integral que permita, por ejemplo, convertir los recursos del canon y las regalías en desarrollo. Esto requeriría, de paso, reformar el canon, de modo que pudiera ser ejecutado en parte por un proyecto especial en el cual los alcaldes tengan asiento. Y gestionar el cumplimiento de la ley cuando se cometan delitos.

En lugar de algo como eso, el gobierno ha lanzado, para prevenir mas bloqueos y extorsiones en el corredor minero, la “Zona de Atención Especial Chumbivilcas”, “para efecto de la planificación” de las acciones de desarrollo sostenible que propondrá un Grupo de Trabajo integrado por ¡32 personas!, que en 90 días debe producir una propuesta de desarrollo territorial, intercultural y multisectorial. 

En esa comisión están representantes de 14 ministerios, 14 comunidades, uno del Frente de Defensa, uno del alcalde provincial (no de los distritales), uno del gobierno regional y uno de la empresa. Además, otras comunidades del corredor que lo soliciten podrán ser incluidas. Como son 71 comunidades adyacentes a la carretera, pronto tendremos a una comisión multitudinaria. Eso sin contar, como apunta Raúl Molina, las comunidades de segunda fila, las que están detrás de las ribereñas a la carretera, que también querrán incorporarse. 

Tamaña comisión no puede formular un plan de desarrollo integral en 90 días. Quizá pueda funcionar como un mecanismo de consulta y participación, pero la secretaria ejecutiva, que sería la oficina de gestión de conflictos de la PCM, tendría que tener una formidable capacidad de integración de demandas en una propuesta coherente y viable. Y definitivamente no es el caso. 

La “Zona de Atención Especial”, además, no cuenta con una instancia ejecutiva, y tampoco con una autoridad coordinadora o directiva en el terreno. Esto no va a funcionar. Solo va a despertar expectativas que luego van a generar frustración y más conflicto. Quizá lo que se busca es darles protagonismo a dirigentes locales con vistas a las elecciones. Ojalá nos equivoquemos. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

A pesar de su paupérrima gestión, el Presidente Martín Vizcarra (MV) en su discurso de 28 de julio de 2020, no fue tímido al enumerar un listado interminable de promesas y proyectos, haciendo énfasis en el esquema a utilizar para la ejecución de dichos proyectos: gobierno a gobierno. En su discurso dijo que eso permitiría que el Estado peruano “adquiera la experiencia de gestión de proyectos de los países de primer mundo”. Entre los proyectos bajo este esquema estarían la Reconstrucción (con Cambios) del Norte y las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

En su entrevista del 11 de octubre de 2020 con Rosana Cueva en Panorama – y posteriormente en Cuarto Poder, MV negó las acusaciones de corrupción contra él (entre miles de “o sea”), alegando que él fue un simple impulsor y facilitador del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Indicó que fue la UNOPS quien lideró el proyecto, tanto en la parte técnica como en la licitación, y que esta última fue hecha con total reserva y sin compartir información al Gobierno Regional de Moquegua. Dichas declaraciones ya sabemos son falsas, no sólo por una respuesta formal de UNOPS, sino también lo deja explícito el exrepresentante de UNOPS en el Perú en su entrevista a El Comercio en 2019 en contexto de los Juegos Panamericanos: “Es muy importante que la gente sepa también que todo se hace compartiendo la información correspondiente al gobierno local del país, porque siempre hubo un mito de que los procesos hechos por los organismos internacionales son hechos totalmente cerrados.”

La ilusión de que estos acuerdos con organismos internacionales y gobiernos están libres de corrupción, es muy peligrosa, pues más que evitar la corrupción, la potencian. Fungen de sello de “buen comportamiento” para el gobierno (central o local) que lo utilice. Sin embargo, en sendas ocasiones han servido de careta para esconder robos y corrupción. Casos enigmáticos como

• el caso Guvarte donde, bajo un acuerdo de ayuda crediticia entre los gobiernos peruano y español, el Estado peruano firmó un contrato con la empresa Guvarte para la construcción y equipamiento de penales -totalmente sobrevalorados, obras inconclusas y ministros que huyeron de sus responsabilidades.
• En tiempos más recientes, tenemos el famoso satélite Cateriano, adquirido bajo modalidad gobierno a gobierno con Francia, compra muy cuestionada a pesar del archivamiento de su respectiva investigación. 
• En el 2012, OAS, en conjunto con otras empresas, se adjudicó casi 200 millones de soles para la construcción del Hospital Lorena –que está recién al 60% de avance (más de 8 años después) y ahora el gobierno francés se encargará de terminarlo con una inversión de 230 millones de soles adicionales! En dicho caso OAS confesó haberse coludido con autoridades locales, así como con funcionarios de la UNOPS, con una coima de casi US$1 millón.

Muy sospechosamente, el gobierno de López Obrador en México está usando a UNOPS en varios nuevos proyectos de consultoría y asesoría en proceso de licitaciones. El más criticado: la compra de medicamentos por más de US$4,000 millones, donde UNOPS se hará del 1.25% del monto de dichas licitaciones.

El gobierno actual se jacta de prácticamente haber inventado estos esquemas en el Perú, cuando ya hemos visto múltiples ejemplos, no sólo en el ámbito local, sino en todo el mundo. Lo más preocupante es que estas modalidades de contratación y gestión triangulada, se han vuelto favoritos por gobiernos locales y regionales. Un documento elaborado por la Contraloría del Perú en 2015 analizó las contrataciones a través de estos mecanismos entre los períodos 2011-2014. El crecimiento anual promedio en dicho período en adjudicaciones por este tipo de contrataciones fue de 94%, pasando de US$85 millones en 2011 llegando a más de US$500 millones en el 2014, del que 40% corresponde a gobiernos regionales y otro 40% al gobierno nacional, siendo la OIM y UNOPS las organizaciones que concentran la mayoría de contratos.  En ese mismo reporte, la Contraloría establece que si bien los contratos con estas organizaciones sí están dentro del ámbito de supervisión de este órgano de control -al haber recursos que se trasladan desde el Estado a las organizaciones-, lo que estas organizaciones hacen luego no está dentro de su control. Asimismo, por más de que la ley sí establece que lo que sucede dentro de estos contratos debe ser registrado en SEACE, en la mayoría de casos no se hace o se hace de manera incompleta.

Fuera del consenso que pueda haber para suplir las deficiencias técnicas y de conocimientos de los gobiernos centrales y regionales, los acuerdos gobierno a gobierno y contrataciones de organismos internaciones parecen haber dejado “puntos ciegos” para que la corrupción campee. Muchos dirán que este tipo de situaciones se dan por unas pocas “manzanas podridas”, pero más parece haber un sistema perverso, tras el cual se esconden intermediarios y operadores corruptos. La crisis actual es el escenario perfecto para impulsar el cambio, ya sea desde el Congreso o la Contraloría, pues claramente el Ejecutivo no lo hará. Lampadia

Fuentes:

https://larepublica.pe/politica/1478824-oas-confiesa-haber-pagado-sobornos-operador-oficina-onu-hospital-requena-unops-lava-jato/

https://convoca.pe/agenda-propia/metro-de-lima-modalidad-de-gobierno-gobierno-evitara-casos-de-corrupcion-en-las-obras

https://ladobe.com.mx/2020/10/unops-y-la-licitacion-para-comprar-medicamentos-sin-corrupcion/

http://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/reportes/2015/Reporte_N07-2015-CG_EST.pdf

https://diariocorreo.pe/peru/cusco-gobierno-regional-se-habria-coludido-con-unops-para-favorecer-a-oas-601639/

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La pésima estructura política de la descentralización lleva largos años dañando la salud de la nación y postergando el bienestar de los ciudadanos y empresas a lo largo y ancho del país.

En buena medida, los gobiernos regionales y locales se han hecho notorios por su incapacidad administrativa, su falta de sintonía con los intereses de la población y por una frecuente presencia de corrupción.

Esto no es casualidad. Se debe al pésimo diseño de la descentralización, que desarticuló el país y feudalizó la gestión pública. Se establecieron espacios de gobierno sin conexión con el gobierno central en la gestión. Las relaciones entre unos y otros se refieren a las transferencias de recursos, pero no al proceso de toma de decisiones o gobierno. Los gobiernos regionales y locales son en esencia espacios autónomos de gestión, que rompen la naturaleza unitaria de la República, establecida por la Constitución.

Los principales errores de diseño de la descentralización son:

Autonomías de gestión

Los gobernantes regionales y locales tienen poder absoluto para tomar decisiones, puesto que cuentan, por ley, con mayorías en sus cuerpos de gobierno (los locales), sus decisiones no están sujetas a una segunda instancia y no se les exige una adecuada rendición de cuentas.

Por ello es que, en muchísimas ocasiones, sus gobiernos se muestran abusivos, arbitrarios y corruptos.

Formación de mayorías

Con el afán de facilitar la toma de decisiones de los gobiernos locales, el triunfador de las elecciones municipales, así gane con una proporción pequeña de los votos de la población, tiene derecho a contar con la mayoría de los regidores.

Por lo tanto, en la gran mayor parte de dichos gobiernos terminamos con minorías que no tienen una adecuada representación ciudadana, controlando los espacios de gobierno.

Ausencia de segundas instancias

Las decisiones de las autoridades regionales son prácticamente incontrastables. Sus decisiones no están sujetas a una segunda instancia, una institución primordial de las democracias.

Esto abunda en el abuso, y hasta en las extorsiones que las autoridades practican corrientemente. La única manera de cuestionar una decisión es recurrir al espacio judicial, que como sabemos no es funcional a procesos de gestión dinámicos.

Falta de mecanismos de rendición de cuentas

Los gobiernos regionales y locales tampoco están sujetos a buenos mecanismos de rendición de cuentas. Algo que en la práctica les permite tomar decisiones caprichosas e interesadas, ejercer en ambientes clientelistas y recurrir impunemente a la corrupción.

En esencia, las autoridades regionales y locales tienen exceso de poder. No nos olvidemos de la máxima que dice que: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

En general, los gobiernos deben estar al servicio de los ciudadanos y empresas, facilitar el trabajo y la inversión, y velar por el progreso y el bienestar general. Pero con las reglas que imperan en el Perú, estos gobiernos se convierten, en gran medida, en plataformas de gestión de intereses económicos y políticos.

En resumen, podemos decir que el país está fracturado y sujeto a decisiones de gobierno disfuncionales, que perjudican el desarrollo de la vida de los ciudadanos y las empresas.

Es hora de poner este tema en la agenda nacional y de enfrentar a los futuros postulantes al ejecutivo y al congreso, con la necesidad de hacer definiciones al respecto. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de julio de 2020
Para Lampadia

El viejo Einstein decía: “Las crisis son la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progresos”. Y agregaba: “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”.

Bueno pues, al margen de expresar nuestra admiración por las expresiones del gran científico alemán – e inspirados en su manera positiva de ver las crisis – hay que formularnos las siguientes preguntas: ¿Cuándo pase la crisis de la pandemia… vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Nada va a cambiar en las instituciones de la salud pública? ¿Vamos a seguir con el Ministerio de Salud tal cual… y con los Gobiernos Regionales politizando la gestión de los hospitales del Estado?

• ¿Acaso los municipios provinciales y distritales seguirán manejando las empresas de agua y saneamiento?
• ¿Seguiremos pasivos frente a las mafias municipales que promueven las invasiones de tierras y las viviendas de esteras en todo el país?
• ¿Seguirán los mercados de abastos en manos municipales, si ni siquiera cuentan con baños… ni las más elementales condiciones de higiene y seguridad?

Y yendo más allá de los temas sanitarios y urbanísticos ¿seguiremos con las numerosas instituciones estatales que – supuestamente – están para promover inversiones en infraestructura pública; pero que en la práctica no promueven nada? Llámense PROINVERSIÓN para inversiones en infraestructura en general, PRONIS para inversiones en infraestructura de salud, PRONIED para inversiones en infraestructura educativa, PROVÍAS NACIONAL y PROVÍAS DESCENTRALUZADO para inversiones en infraestructura vial. Y por si fuera poco ¿seguiremos con las numerosas Direcciones Regionales de Infraestructura que no fueron capaces de reconstruir la infraestructura dañada por El Niño Costero del 2017?

Ahora bien ¿cómo reacciona el Gobierno ante tamaña inoperancia? Pues recurriendo a otros Gobiernos – de otros países – para que se hagan cargo de nuestros fracasos.

Efectivamente, tal es el caso del reciente acuerdo de Gobierno a Gobierno – entre el Gobierno Peruano y el Gobierno Británico – para que éste último se haga cargo de la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero del 2017. Es decir, pasados más de tres años del desastre natural, el Gobierno Peruano – reconociendo su fracaso – [avance de solo 24% de lo programado], recurre al Gobierno Británico para que éste asuma la responsabilidad de la reconstrucción de las carreteras y puentes, hospitales y postas médicas, escuelas, e infraestructura hidráulica dañada por El Niño.

Pero hay más. Para terminar la construcción de los hospitales Antonio Lorena de Cusco y Sergio Bernales de Lima, el Gobierno Peruano acaba de suscribir otro convenio parecido con el Gobierno Francés, para que éste se encargue de terminar la construcción de ambos hospitales.

Ante todo ello cabe preguntarnos ¿vamos a seguir con las instituciones que fracasaron en la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero, y con las que debieron terminar la construcción de los hospitales de Cusco y Lima?

En mi opinión, para que las cosas no sigan como están – y mejoren en el futuro – hay que hacer cambios radicales en la estructura institucional del Estado. El Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales NO deben seguir manejando la salud pública en nuestro país. Los municipios NO deben seguir manejando las empresas de agua y saneamiento. Y menos… los procesos de desarrollo urbano. Incluso, PROINVERSIÓN y todas sus derivadas, NO deben seguir gastando la millonada que vienen gastando… por las puras. ¡Han fracasado! No pretendamos que las cosas mejoren, si seguimos haciendo lo mismo.

De allí la propuesta – contemplada en la Constitución – de crear Organismos Autónomos para la salvaguardia del Estado de Derecho y la mayor eficiencia de la salud pública, el desarrollo urbano, y la infraestructura pública en nuestro país. Y – lo más importante – que no dependan de ninguno de los poderes del Estado. Tipo BCR. Tipo Juegos Panamericanos Lima 2019. Cero clientelismos. Cero corrupciones. Cero politiquerías. Profesionalismo, carrera pública, meritocracia, gestión enfocada en resultados… y todo lo demás.

Pero no… parece que todo seguirá tal cual después de la crisis. ¡Lamentablemente! ¡Ojalá me equivoque! Pero de ser así – contrario a lo que decía el viejo Einstein – esta habría sido una crisis sin ningún provecho. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 28 de febrero de 2020
Para Lampadia

Empecemos por las buenas. El Banco Central de Reserva (BCR) es – por lejos – la mejor institución estatal del país. Incluso, internacionalmente se le reconoce como uno de los mejores bancos centrales del mundo. Los indicadores macroeconómicos peruanos – aquellos que dependen de la gestión del BCR – hablan por sí solos.

Inflación bajísima. Moneda local estable. Reservas internacionales sólidas y crecientes. Balanza comercial superavitaria. Impecable manejo de la deuda externa. Estadísticas transparentes y oportunas. Confianza total y absoluta. Eso – y mucho más – es el BCR del Perú. Un ejemplo de manejo público autónomo, íntegro, estable, súper profesional, y meritocrático. ¡Un orgullo nacional!

Al BCR ningún político lo puede tocar. Los ministros pueden entrar y salir del gabinete – incluso los de Economía y Finanzas – pero el BCR se mantiene firme y eficiente. Ni el Presidente de la República puede meter su cuchara en sus decisiones. Ya se imaginarán el hambre que le tienen algunos congresistas.

¡Qué diferencia con otras instituciones estatales autónomas que – realmente – están pal gato! Por ejemplo… muchos gobiernos regionales y municipales. Veamos a qué me refiero.

Agua potable y alcantarillado. Basura y residuos sólidos. Tráfico vehicular. Ahí van tres funciones municipales… fallidas. Salvo honrosísimas excepciones, las municipalidades de todo el país – sobre todo las distritales – han fracasado estrepitosamente en brindar esos tres servicios básicos: agua potable, limpieza pública, y tráfico fluido y seguro.

Y en el caso de los Gobiernos Regionales, la situación es parecida. Me refiero a las dos funciones principales de estas instituciones regionales autónomas, como son la salud y la educación de la población. Pregunto: ¿alguien podría decir que la salud pública va por buen camino? ¿O que los Gobiernos Regionales están mejorando la educación en al ámbito regional?

¡Nada que ver! La salud pública en todo el país va de mal en peor. ¡Corrupción a tope! Y la educación, igual. Los Gobiernos Regionales autónomos – también – han fracasado estrepitosamente. El fracaso regional es muy parecido al fracaso municipal. ¡No podemos tapar el sol con un dedo!

Ahora bien ¿por qué al BCR le va tan bien, y a los Gobiernos Regionales y Municipales les va tan mal? ¿Qué tiene el BCR que no tienen los demás? O al revés: ¿qué no tiene el BCR que tienen los demás? Y la respuesta se cae de madura: la política.

Efectivamente, la política, solo la política, y nada más que la política es la responsable del fracaso estrepitoso de los Gobiernos Regionales y Municipales en nuestro país. Ciertamente, me refiero a la mala política. A la política corrupta y clientelista. Esa es la causa del fracaso regional y municipal.

En realidad, todas las instituciones estatales dominadas por la política – de la mala – han fracasado. Ahí están los ministerios. La Policía y las Fuerzas Armadas. El Poder Judicial. Ahí está también el más grande fracaso del Estado peruano: el Congreso de la República. Ahí donde la política corrupta y clientelista se ha metido, ahí ha fracasado el Estado.

Aprendamos del BCR. Autonomía institucional, pero con profesionalismo, integridad y meritocracia. Carrera pública respetada y promovida. Cero injerencias políticas. Nada de militancias partidarias, clanes familiares y / o tarjetazos de recomendación. Al BCR sólo ingresan los mejores estudiantes de las mejores universidades.

¿Algún día aprenderemos? Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una vez más la noticia son los huaicos, derrumbes e inundaciones. Pero esa noticia ha venido junto con otra, que se vuelve criminal ante tanta catástrofe: que se dejaron de gastar 1,072 millones de soles en prevención de desastres el 2019. Y fueron los gobiernos regionales los que menos ejecutaron en el programa denominado “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. De los 883 millones de soles asignados, gastaron solo 472 millones, apenas el 54%. Del presupuesto total, incluyendo los tres niveles de gobierno, se ejecutó un 67%.

Esta defección nos sirve para llamar la atención sobre una falla clara del régimen descentralizado en el Perú. Y es que el gobierno central no tiene vías claras para intervenir y hacerse cargo cuando un gobierno subnacional no es capaz de ejecutar un programa prioritario o de brindar de manera adecuada un servicio social vital. 

La Constitución establece que el gobierno es unitario y descentralizado, pero no indica que pueda intervenir en el caso de que un gobierno subnacional esté fallando en sus responsabilidades con riesgo económico o social. José Escaffi y Roberto Abusada, sin embargo, argumentan que el ordenamiento legal sí establece claramente una función rectora del Poder Ejecutivo, que éste sencillamente no asume.

En efecto, el artículo artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo:

1. “Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”.

Y luego, en el artículo 22.2°, se indica que:

“Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas”

El problema es que también se indica que ello se logrará mediante “mecanismos de coordinación” que, siendo claramente insuficientes, por lo general ni siquiera están bien montados. No obstante, el artículo 23.1 de la LOPE va más allá de la labor meramente coordinadora al establecer que es función de los ministerios, entre otras:

“…Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente”

Pero no se ha regulado cómo un ministerio sanciona a un gobierno o autoridad subnacional que no cumpla o deje de ejecutar parcial o totalmente una política nacional o sectorial. En las leyes de organización y funciones de los ministerios –los pocos que las tienen- no se especifica facultad sancionadora alguna. De fecho, no ha existido sanción jamás.

La medida que sí ha sido aplicada en un par de ocasiones, es la suspensión de entrega de fondos por parte del MEF, según lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30115 que a la letra señala:

“53.1 La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalente en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados, a la sola solicitud del titular de los siguientes organismos: Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior”.

El abogado Jorge Danós nos recuerda que dentro de este marco legal “la Contraloría solicitó al MEF, el 31 de marzo del 2014, la suspensión temporal de operaciones de las cuentas bancarias del Gobierno Regional de Ancash y, el 22 de abril, de las cuentas bancarias del Gobierno regional de Tumbes”.

Pero esa es una disposición que no viene acompañado de la posibilidad de intervenir directamente en la administración sub-nacional asumiendo temporalmente la gestión sea del manejo económico o de los servicios. Eso es lo que está faltando.

No obstante, José Escaffi discrepa. El considera que el Ejecutivo sí puede intervenir, en aplicación de la siguiente modificatoria de la Ley N° 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales:

“Artículo 90-A.- Situaciones extraordinarias y sostenibilidad fiscal. Se dictan medidas temporales y extraordinarias en materia económica y financiera, conforme al inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización. El Congreso tomará conocimiento de dichas medidas y adoptará las decisiones que le correspondan, de acuerdo a la Constitución y la Ley.”

El inciso 19 del artículo 118 de la Constitución dice que corresponde al Presidente de la República:

“Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso…”

Podríamos conceder que al amparo del artículo 90-A de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sería posible que el gobierno central asuma directamente el programa de prevención de desastres naturales que es motivo de esta nota, porque dicho artículo lo permitiría “cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos”. Hasta allí está claro, y se podría aplicar incluso a cualquier servicio, pero a continuación el texto del artículo agrega otra causal concurrente: “y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización”. Causal muy difícil de satisfacer, que prácticamente mata el artículo.

Siempre es posible dar un decreto de urgencia, sin embargo. Pero el propio inciso 19 del artículo 118 de la Constitución restringe los decretos de urgencia a “materia económica y financiera”. Escaffi, no obstante, insiste en que eso cubre también cualquier servicio o función deficitarios, porque las normas presupuestales, que son materia económica y financiera, se refieren a niveles de servicio y a estándares de desempeño y resultados, por más que estemos en un sector de servicios. Ese artículo sí habilitaría al gobierno central a intervenir en un gobierno regional cuando hubiese una notoria falencia en el desempeño de alguna función.

Nunca ha ocurrido, sin embargo. Acaso porque la norma no es suficientemente clara. O por temor de las autoridades nacionales a asumir el papel que les corresponde.

Quizá esta deba ser materia de la agenda legislativa del congreso complementario. Si le alcanza el tiempo. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Parece un chiste, pero es realmente trágico. En el Perú tenemos 25 gobiernos regionales, alrededor de 190 provinciales y cerca de 1890 distritales, todos con autoridades elegidas, autonomía de gestión y ausencia de capacidades técnicas en la mayoría de estas más de 2100 administraciones.

Por otro lado, vemos con ‘ternura’ el afán del Presidente de la República y su gabinete de empoderar a estos gobiernos descentralizados para la ejecución de sus mandatos y seguir transfiriendo más y más dinero cada vez que necesita aumentar su popularidad…

Lo anterior sería plausible si contáramos con un plan y mandatos claros de gobierno, debidamente alineados, técnicamente planteados y orgánicamente ejecutados por agentes debidamente capacitados.  Pero no, el Perú que, según el diario Gestión, ha hecho un esfuerzo inicial de formar a unos 400 profesionales para ponerlos a disposición de estas dependencias, ha logrado colocar en solo 77 de estas más de 2100 entidades, a 100 con cargos gerenciales y otros 100 con rangos menores.

Acorde con su “origen descentralizado”, tanto el Presidente como muchos de sus ministros y grupo cercano, privilegian la descentralización, que de por sí no tendría nada de malo, salvo que se ha puesto la carreta delante de los caballos.

Cuando hablamos de corrupción, tema especialmente cercano al pensamiento guía de este gobierno, nadie piensa en la fuente de esta (mayoritariamente municipalidades lejanas), ni el hecho que estos alcaldes no quieren tener gerentes profesionales que los controlen y les limiten la posibilidad de hacer sus cuchipandas y consecuentemente, si se los imponen, los hostigan hasta que renuncian al cargo.

En nuestro país, los alcaldes distritales debieran ser gerentes profesionales, proporcionados por Servir y que estén alineados a los planes y programas de los alcaldes provinciales. Caso contrario, jamás lograremos algún progreso en la administración pública descentralizada. El Presidente del Consejo de Ministros insiste en que “van a fortalecer la descentralización y empoderar a los gobiernos locales y regionales”.

Nadie se opone al concepto de descentralización y regionalización, pero;  ¿por qué desde los gobiernos locales y regionales se oponen tanto a la profesionalización de las gerencias desde el programa Servir?  ¿Por qué se hostiliza hasta el hartazgo a los gerentes que Servir destaca para esos roles?

Lo natural sería asegurar un proceso de profesionalización de la administración pública descentralizada con participación activa de Servir, para gradualmente ir “entregando la posta” de la gestión y gerencia a las autoridades locales, luego de haber establecido estándares de gestión. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 11 de octubre de 2019
Para Lampadia

El Estado peruano ha crecido descontroladamente. El sistema de contrataciones de servicios personales se ha desnaturalizado por completo. Los contratos administrativos de servicios (CAS), los servicios de terceros, y las consultorías – entre otras formas de contratación de servicios personales – han crecido… y siguen creciendo sin control.

Las duplicidades de funciones están en todos los niveles del Estado. Los ministerios realizan funciones redundantes con las de los gobiernos regionales. En vez de descentralizar, la regionalización ha replicado la burocracia del Gobierno Central, en las 25 regiones del país. Y la articulación entre las múltiples dependencias del Estado es casi nula.

Tenemos alrededor de 1,800 distritos en todo el país. Somos uno de los países con más distritos per cápita a nivel mundial. Y todos los años se crean más distritos. Hasta antes de su reciente disolución, el Congreso estaba tramitando la creación de 120 nuevos distritos. Eso significa más alcaldes, más regidores, más burocracia, más plata… y “todo lo demás”.

Tenemos 19 ministerios que ocupan instalaciones enormes, muchas de ellas alquiladas en las zonas más lujosas de la Capital. Gastan una millonada… innecesariamente. Los ministerios – a su vez – tienen diversos Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), los cuales – también – cuentan con oficinas, dependencias, burocracia… y “todo lo demás”. A todo ello se suman decenas de Programas Sociales, los cuales – una vez más – tienen locales, dependencias, burocracia… y “todo lo demás”.

El problema es que ese “todo lo demás” se traduce – casi siempre – en maltrato a la ciudadanía… y corrupción. ¡Cómo no va a haber maltrato y corrupción! si la mayor parte de esa burocracia inoperante proviene – básicamente – del enfermizo clientelismo político que se ha enquistado en casi todas las instituciones del Estado.

La situación es de extrema gravedad. Una gran cantidad de burócratas están donde están porque – en su momento – militaron en los partidos de los gobiernos de turno, o porque fueron amigos o familiares de padrinos como congresistas, ministros, alcaldes, gobernadores, periodistas, regidores, etc. Ningún mérito académico o laboral los ampara. Incluso, muchos – ¡sabe Dios cuántos! – sustentaron sus hojas de vida con títulos académicos falsos. Y por ahí que muchos certificados de trabajo también son truchos. O sea, muchos funcionarios públicos no tienen ni los estudios ni la experiencia que dicen tener. ¡Son unos viles estafadores! Así las cosas ¡cómo no va a haber maltrato y corrupción en el Estado!

Depuremos al Estado de tantas burocracias – ineptas y corruptas – que nos cuestan un montón de plata a los peruanos. Eliminemos las duplicidades funcionales en el Estado. Si descentralizamos, eliminemos las burocracias ministeriales. Pero no nos quedemos con las burocracias ministeriales y regionales… ambas haciendo lo mismo.

Digitalicemos – al máximo – los procesos de compras y contrataciones del Estado. Digitalicemos – también – las emisiones de licencias y certificados. No hay derecho que nos hagan perder tanto tiempo y dinero – en colas interminables – por servicios que bien pueden gestionarse de manera virtual, a través de Internet.

Y a la corrupción… ¡démosle de alma! Y dado que los órganos de control no funcionan como debieran, la ciudadanía empoderada – con el apoyo de la prensa – debemos desenmascarar a los corruptos. Caiga quien caiga.

¡No al Estado desintegrado, elefantiásico, inoperante… y corrupto! ¡Sí al Estado unitario, eficiente, solidario… y honesto! Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Sin duda el año 2018 ha sido un año sumamente agitado en lo político lo que ha generado altos niveles de incertidumbre. El sector minero no es ajeno a las implicancias sociales y políticas de estas incertidumbres.  Por ello se justifica analizar qué perspectivas se abren a la minería este año y qué impactos los diversos actores políticos podrían tener sobre el sector.

El Poder Ejecutivo:

El presidente de la República sale de los conflictos políticos del 2018 sumamente fortalecido. Un referéndum que legitimó su mandato, una prensa hegemónicamente favorable, un congreso en jaque frente a las acciones judiciales y amenazas de cierre, la principal líder opositora en la cárcel y un Poder Judicial que va a entrar en un proceso de reformas a ser digitado en función a las propuestas del Ejecutivo. Sin duda esto implica una fuerte acumulación de capital político e institucional en la figura del presidente. Ello implica que el presidente dispone de “profundidad estratégica” en caso él decida utilizar su fuerza política para impulsar proyectos mineros que enfrenten resistencia social. Un presidente con baja aprobación difícilmente estará dispuesto a arriesgar una parte del poco capital político del que dispone en apoyar un proyecto minero, lo opuesto ocurre en el caso de Vizcarra el cual puede arriesgar parte de su capital político con consecuencias que no le serán críticas.

Por otro lado, si bien el presidente ha construido una poderosa coalición que sostiene su alta popularidad esta coalición no se encuentra cohesionada de manera sólida con el presidente sino más bien por la existencia de enemigos comunes y el deseo de acceso a recursos públicos.

El presidente no se sostiene en un aparato partidario, un alineamiento ideológico o un liderazgo político carismático. Más bien, el presidente tiene como pilar de su capital político a un conjunto de actores (como la prensa, ONGs, gobernadores regionales, una izquierda no hostil, sectores de la judicatura) que no le responden jerárquicamente. Por ello un conflicto social prolongado implica para el presidente el incurrir en el riesgo de que parte su coalición actual, en especial la ideológicamente más a la izquierda, pase a la oposición en caso el presidente polarice contra una resistencia social sistemática.

En el caso del Ollanta Humala el conflicto Conga llevó a la pérdida de múltiples aliados, a la caída de dos Primeros Ministros y a una amplia caída en la aprobación presidencial. Para un presidente sin bancada y sin partido, como Vizcarra, participar en un conflicto a gran escala podría implicar correr un alto riesgo político.

En caso se de un escenario de nuevas elecciones congresales ello disminuiría la disposición del ejecutivo a asumir costos políticos por apoyar a la minería. Ello sería así por que el gobierno requeriría de salvaguardar al máximo su aprobación popular con el fin de obtener un parlamento con una composición favorable. Un conflicto social a larga escala implicaría posibles pérdidas de aprobación presidencial y alienarse regiones enteras contra el gobierno central, esto es un fuerte desincentivo a que un gobierno apoye un proyecto minero con alta resistencia social.

Los Gobiernos Regionales y las Alcaldías:

Las elecciones de octubre y diciembre del 2019 llevaron a la victoria de múltiples autoridades con discursos hostiles a la inversión privada y a la inversión minera en particular, lo cual es sin duda un factor de riesgo relevante para las empresas mineras. Los gobiernos regionales y los alcaldes disponen de recursos económicos, comunicacionales y de representatividad política que pueden ser desplegadas en acciones hostiles al sector extractivo. En algunas regiones mineras las nuevas autoridades electas afectan de manera clara la correlación de fuerzas en favor de los anti-mineros.

Las victorias electorales de Zenón Cueva en Moquegua, Walter Aduviri en Puno, Elmer Cáceres en Arequipa, y Vladimir Cerrón en Junín implican el ascenso de gobernadores regionales que han incorporado en mayor o menor grado el discurso anti-minero dentro de su proyecto político. El nivel de hostilidad que manifiesten hacia el sector minero se verá influenciado por el sistema de incentivos políticos y económicos que se deriven de su accionar. Las posturas del Gobierno Nacional respecto a la minería influenciarán en forma significativa ese sistema de incentivos.

Aquellos gobernadores regionales que tengan intenciones presidenciales se verán inclinados a asumir una actitud más hostil hacia la minería puesto que la confrontación anti-minera y frente al gobierno central resultan mecanismos útiles de posicionamiento político a escala nacional y facilitan la formación de un liderazgo de tipo “contestatario” lo que puede resultar crítico si se desea ser un candidato presidencial dentro del espacio político antisistema.

El tratamiento que reciba un gobernador por parte de la prensa nacional también resulta importante, mientras mayor y más afín la cobertura de un gobernador conflictivo, este considerara que su conducta le genera el posicionamiento deseado.

En este contexto la conducta del gobierno central hacia los gobernadores regionales resulta ser sumamente importante, puesto que, si el gobierno central prioriza su alianza política con los gobiernos regionales por encima del impulso a la inversión privada, no se daría ningún grado de condicionalidad del acceso de recursos de los gobiernos regionales independientemente de si los mismos se encuentran destinados a facilitar o a hostilizar a la inversión minera, bajo estas condiciones el gobierno central renunciaría a infringir costos al activismo anti-minero apoyado con fondos públicos.

Sin embargo, la posición radical por sí misma no es suficiente para darle relevancia nacional a un gobernador regional. Vladimir Cerrón ha sido Presidente Regional de Junín en el pasado, su postura de extrema izquierda filo-castrista no le brindó un resultado electoral favorable cuando fue candidato a la presidencia y tuvo que retirarse de las elecciones del 2016 puesto que se mostró inviable mantener la inscripción electoral. Diferente fue el caso de Gregorio Santos quien desde la prisión consiguió más de un 4% a pesar de estar en la cárcel y mínimos recursos de campaña. La diferencia entre ambos casos se encuentra en que el primero no operó en una región con un movimiento social contestatario fuerte mientras que el segundo si. Un gobernador regional radical puede fortalecer y apoyar un movimiento social conflictivo y capitalizar políticamente sobre el mismo. Pero por otro lado un gobernador regional inclusive, si es radical, no puede generar un movimiento social hostil a pesar de los claros retornos políticos que esto le tendría. El caso reciente de Cajamarca lo ilustra. Gregorio Santos no logró reactivar el movimiento anti-minero que lo llevó al poder y su candidato (Porfirio) se quedó en el tercer lugar en las elecciones regionales.

El Congreso de la República:

El congreso está pasando por un proceso de reconfiguración de las bancadas producto de la crisis de Fuerza Popular. Se está pasando de un patrón de bloque dominante a uno disperso en el que se tendrá un congreso con diversas facciones en alianzas coyunturales para la aprobación de legislación que sea de su interés. Esto representa un incremento en la capacidad de grupos congresales hostiles a la minería para avanzar su agenda ideológica. Ello sería así porque la necesidad de formar mayorías coyunturales implicaría llegar a acuerdos con los partidos anti-mineros (Como el Frente Amplio). Esos partidos podrán entonces negociar sus votos con otras fuerzas a cambio de la aprobación de leyes que forman parte de su proyecto de largo plazo.

El caso de la aprobación de la Ley de Cabeceras de Cuenca o el Acuerdo de Escazu nos señala la forma clara como, aún con una fracción del congreso, agrupaciones ideologizadas minoritarias pueden avanzar su agenda en un congreso en el que los sectores pro inversión son mayoría. Ello ocurre porque los sectores pro-inversión no dedican la misma importancia a esos temas y están dispuestos a facilitar el avance de la agenda anti-minera a cambio de votos útiles en las disputas de poder al interior del congreso. En un congreso atomizado como el que se viene las ocasiones para que se den negociaciones negativas se incrementan notablemente.

Por otro lado, la dinámica política actual implica un incremento notable en la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, por lo que posibles esfuerzos del Ejecutivo por impedir la emisión de esta clase de leyes podrían ser más efectivas.

La Judicatura:

El Poder Judicial afecta el desarrollo de la minería en la medida de que sea un garante de sus derechos de propiedad y castigue las acciones de violencia ligadas a la conflictividad social. En esa medida las acciones del Poder Judicial han mostrado severas deficiencias a lo largo de los años dándose una intensa impunidad para quienes han impulsado acciones violentas al interior de movilizaciones de protesta.

Además, los futuros cambios en el Poder Judicial posiblemente demorarán los procesos judiciales puesto que los magistrados necesitan tener más en claro las consecuencias de sus fallos sobre sus carreras en un Poder Judicial con una jerarquía renovada.

Conclusiones

El rol del Ejecutivo es crítico puesto que tiene capital político para invertir en el apoyo al sector minero tanto frente a conflictos sociales como frente al parlamento, también tiene mecanismos de influencia sobre los gobiernos regionales y sobre el poder judicial. Dependerá que la prioridad del Ejecutivo por el crecimiento económico sea considerada más importante que la popularidad que su postura pueda darle. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado ninguna instancia en que el presente gobierno demuestre estar dispuesto a poner en riesgo su capital político en favor del crecimiento económico, y menos en pro de la inversión minera. Observando su manejo en 2018, se puede afirmar que se tiene un gobierno con una baja propensión a poner en marcha proyectos mineros con conflictos sociales complejos.

Se enfrenta el riesgo de gobernadores regionales antisistema que tratan de posicionarse hacia el 2021 mediante la conflictividad. El éxito o fracaso de esos gobernadores antisistema dependerá de la condicionalidad presupuestal que el Ejecutivo presente a los gobiernos regionales y la presencia de movimientos sociales fuertes operando en la zona.

En el legislativo se puede esperar múltiples iniciativas de legislación que erosione el ambiente de negocios para la minería. En buena medida dependerá del Ejecutivo que dicha legislación pueda terminar siendo aprobada, o no. Mientras tanto, el Poder Judicial seguirá ofreciendo condiciones de impunidad a la violencia de los grupos anti-mineros, pero en plazos aún más dilatados que los actuales. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 12 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

¿Qué es gobernar, sino servir bien a la población? ¿Qué es gobernar, sino combatir con fuerza a la corrupción? Pero de verdad… no de la boca para afuera como ocurre con muchas autoridades. Además, si hubiera presupuesto regional, gobernar sería – también – hacer grandes obras de infraestructura. Pero no… ese no es el caso de los gobiernos sub-nacionales. Las grandes obras de infraestructura las hace el Gobierno Central… no los Gobiernos Regionales o Municipales.  

He ahí un error muy generalizado. Mucha gente cree que los Gobiernos Regionales y los Municipios son los responsables de las grandes obras: carreteras, puertos, reservorios, hospitales, etc. ¡Error! Las grandes obras de infraestructura – incluso la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño pasado – las hace el Gobierno Central.

Entonces… reitero. Gobernar es tratar bien a la población. Y para ello hay que confrontar – y sancionar – a la corrupción. Eso es gobernar.

Pues bien, cuando asumimos la gestión del Gobierno Regional – en enero del 2015 – encontramos la siguiente situación:

• Colas de amanecida en todos nuestros hospitales.
• Crueldad y maltrato descarado a los pacientes.
• El temible Dengue aparecía en toda la región. Renombrados epidemiólogos vaticinaron lo peor respecto a la propagación de la enfermedad.
• Había coimas por doquier – y maltrato a más no poder – en el otorgamiento de licencias de conducir.
• Huacachina – el emblema de Ica – se había convertido en un charco agonizante, y los areneros se habían apoderado del balneario. ¡Huacachina daba lástima!
• La presencia iqueña en el medallero olímpico escolar – a nivel nacional – era exigua y desmoralizante.
• La relación con Huancavelica – por el tema del agua – era confrontacional e inconducente.
• En los últimos 70 años no se había construido ni un solo reservorio en las cabezadas de nuestras cuencas.
• La corrupción y la impunidad campeaban a lo largo y ancho del Gobierno Regional.
• Y varios etcéteras más. Así era el Gobierno Regional de Ica en enero del 2015.

Bueno pues, Ica ha cambiado en los últimos años. Mejor dicho, ha mejorado.

• Ya no hay colas en nuestros hospitales a pesar de haberse triplicado las atenciones.
• El Dengue está totalmente controlado.
• La Hermandad del Agua entre Ica y Huancavelica es una hermosa realidad.
• Hemos triplicado el medallero olímpico escolar.
• Y Huacachina está preciosa… los areneros ya no circulan por el balneario.
• Las mafias de los brevetes han sido eliminadas y sancionadas como corresponde. Las licencias de conducir se entregan en el día – una vez aprobados los exámenes de manejo – sin coimas de por medio.
• Y en cuanto a la corrupción – si bien no hemos terminado con ella – hemos destituido o suspendido a cerca de 300 funcionarios – léase… corruptos – que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Ciertamente, hemos cometido errores que hubiéramos querido evitar. También estamos conscientes de que – para lograr el nivel de bienestar que merecen los iqueños – aún queda un largo camino por recorrer. Pero que hemos mejorado… hemos mejorado. Aunque nunca faltan los amargados de siempre que dicen que no hemos hecho nada. En fin… ¿para qué hacerles caso?

Ahora – con Javier Gallegos de Gobernador Regional – sigamos hacia adelante. Pero siempre vigilantes para que los vicios del pasado no vuelvan – jamás – al Gobierno Regional de Ica. Lampadia

Todos los ciudadanos tenemos muy presente la incidencia de la corrupción en múltiples gobiernos regionales y municipales, así se refleja en los medios de comunicación y en los debates pre electorales. Pero se nos está escapando la arbitrariedad y la prepotencia con la que muchas de estas autoridades se conducen día a día, sin importarles en lo más mínimo las opiniones de los ciudadanos a los que deben servir.

Desde que los cargos regionales y locales se empoderaron con la deficiente descentralización y desde que sus presupuestos se multiplicaron por la recuperación de la economía de principios de siglo; estos se han tornado en un botín que cada día atrae más elementos perniciosos.

Para colmo de males, como hemos explicado con anterioridad en Lampadia, los gobiernos regionales y locales no están sujetos a instituciones básicas de las democracias funcionales. Por ejemplo:

• Las decisiones de los gobernadores y alcaldes no están sujetas a la ‘doble instancia’. Sus decisiones solo pueden ser contrastadas judicialmente.
• Los mecanismos de ‘rendición de cuentas’ son muy débiles y alejados de la ciudadanía.
• No hay ‘balance de poderes’ en los municipios, pues el poder se concentra artificiosamente, sin reflejar las opciones electorales. 

Dado que las decisiones de estas autoridades cubren prácticamente todas las relaciones de los ciudadanos con el Estado, éstas deberían guardar todos los respetos necesarios para cautelar las necesidades ciudadanas.

Lamentablemente, sucede lo contrario. Las normas, ordenanzas y las respuestas a los trámites de los ciudadanos se resuelven frecuentemente con arbitrariedad y prepotencia. Se imponen caprichos. Se hacen y rehacen obras. Se desperdicia recursos valiosos en obras sin sentido.

Ni el Ejecutivo, ni el Congreso han querido corregir la normativa correspondiente, con efecto para el inminente proceso electoral. En estas circunstancias, solo queda invocar a los lectores que hagan un esfuerzo especial para estar alertas sobre los síntomas de corrupción de los candidatos, así cómo sobre los síntomas de caracteres abusivos y prepotentes.

La reciente prohibición de que los gobernadores y alcaldes puedan postular a la reelección, solo empeora las cosas. En primera instancia impide que los ciudadanos puedan preservar y premiar una buena gestión (que las hay); y, en segundo lugar, dados los privilegios indicados líneas arriba, alienta que los malos elementos se hagan del poder para provecho personal y de grupo, gozando de grandes espacios de impunidad.

Algo que agrava más esta indeseable estructura del espacio de las autoridades políticas en las regiones y municipios, es la devaluación de los partidos políticos, que solo tienen representaciones menores y, por lo tanto, en la gran mayoría de gobiernos regionales y municipales (dirigidos por independientes) no pueden ejercer un freno a las malas gestiones en aras de cuidar el prestigio partidario.

Es evidente pues que todo esto deviene de una desastrosa normativa y de la crisis de los partidos políticos. Razón suficiente para que la reforma política, que se pretende llevar a referéndums, deba ser enfrentada con muchísima ponderación, análisis, debates y cuidados.

Es evidente que la reforma judicial no puede esperar, y que hoy tenemos la mejor oportunidad de avanzar de manera importante en el diseño de la estructura del conjunto del Sistema Judicial; pero la reforma política debe recién aplicarse para las elecciones generales del 2021 y, por lo tanto, debe hacerse con mucha seriedad, a no ser, claro, que alguien pretenda acelerar indebidamente, el calendario electoral.

En cuanto a las próximas elecciones regionales y locales, por ahora solo queda santiguarse como dice Fernando Cillóniz, el actual gobernador de Ica: “En el nombre del agua… la salud… la educación… y la justicia…”. Lampadia

El esfuerzo de reconstrucción de los daños del ‘niño costero’, parece encaminarse a repetir la historia de frustraciones que hemos vivido muchas veces después de desgracias naturales. La semana pasada colapsó la estructura de comando organizada por el gobierno, coincidiendo con otras sensibles bajas en las filas del mismo.

Qué semana tan mala para el gobierno del Perú, la del 22 al 27 de octubre pasado. En pocos días el Estado perdió tres funcionarios clave.

• El Viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha, que estuvo llamado a desarrollar una nueva estrategia para enfrentar la conflictividad socio-política. Dejó el cargo sin haber logrado ningún avance.
• El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, despedido aceleradamente por la primera ministra, Mercedes Araoz, después de los variados escándalos generados a raíz del último censo, descargando así su responsabilidad, en vez de pedir cuentas ante la ciudadanía y luego hacer los ajustes necesarios.
• El jefe de la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, luego de haber generado una reacción de protesta por parte de las autoridades regionales y locales de las zonas más afectadas por el ‘niño costero’.

En el caso de la llamada Reconstrucción con Cambios, lamentablemente, el gobierno, con la soberbia que lo ha caracterizado muchas veces, prefirió seguir a ciegas con un esquema desestructurado y basado en lo que en la banca tradicional se conocía como ‘namelending’ (préstamo por el nombre), y se contentó con nombrar a cargo una suerte de Zar, un personaje (Pablo de la Flor), que sería suficiente para organizar y conducir un proceso muy complejo, que obviamente, se lo tragó.

Fuente: andina.com.pe/

¿Acaso no sabíamos que, desde la apurada e irresponsable descentralización de Toledo, luego acelerada por García II, se había fracturado el país, y era muy difícil emprender un proceso que debía coordinar los esfuerzos de varias regiones y del gobierno central?

¿Acaso no sabíamos que, en muchas de nuestras regiones, no se habían instalado capacidades de gestión que permitieran emprender actividades complejas y mantener relaciones constructivas con el gobierno central?

La emergencia del norte, era justamente, una buena ocasión para superar dichas limitaciones y generar una estructura de comando integradora, que sirviera luego de inspiración para la reforma de la descentralización.

Con el afán de permitir el diseño de un esquema de trabajo efectivo, el 27 de marzo pasado, publicamos en Lampadia: Después de la desgracia – Hagamos las cosas bien, para un Perú Grande.

Entonces, preocupados con las limitaciones del Estado en este tipo de emprendimientos, y con el apuro del Presidente de la República, al hablar de un ‘Zar’, quisimos poner a disposición del país una de las mejores experiencias de reconstrucción de nuestra historia, la de la ‘Junta de RehabilitaciónyReconstrucción de Arequipa’, organizada después de los terremotos de los años 1958 y 1960.

En el artículo enfatizamos algo muy importante, el involucramiento de la sociedad civil:

En nuestra opinión, la lección más importante de la experiencia arequipeña es el involucramiento de la sociedad civil, tanto en la promoción de los esfuerzos de reconstrucción, como en su propia ejecución. En consecuencia, para enfrentar la actual situación, tal vez debiéramos pensar en identificar e involucrar a los ciudadanos notables de cada zona a apoyarse, e inclusive, en la organización nacional que debiera ser liderada por la sociedad civil y no solamente por funcionarios del Estado.

Absurdamente, el gobierno diseñó un esquema que estaba llamado a fracasar.

• No se involucró a la sociedad civil. No se convocó a los ciudadanos notables de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote.
• Se tomó mucho tiempo en hacer planes.
• No se desarrollaron acciones de emergencia que generaran el alivio a los más afectados y la validación del proceso de reconstrucción.
• No se fijaron reglas para el manejo del proceso que superaran los designios de la descentralización, si era necesario mediante leyes de emergencia que hubieran salido sin problemas, dada la sensibilidad que embargaba a toda la nación.
• Se jugó a mostrar escrúpulos morales y actos discriminatorios en la selección de las empresas constructoras, antes de pensar en la efectividad del proceso.
• No se contrató el diseño de un plan general con expertos internacionales.
• Se tasajearon las actividades de reconstrucción en miles de proyectos, dificultando su manejo, en vez de hacer consolidaciones.
• En vez de que la superestructura asumiera las responsabilidades del manejo del proceso, este se delegó a los gobiernos regionales y locales, y se estableció, que ‘en el caso de que hubiese dificultades, intervendría el comando central’.

Por supuesto que hubo dificultades y, lamentablemente, Pablo de la Flor, hizo declaraciones desafortunadas que desataron una ola de rechazo desde las regiones, debidamente atizada por inquinas predecibles.

Ahora estamos a fojas cero, con una gran frustración a cuestas. Y el gobierno se apresta a nombrar a ‘Nicolás II’, un nuevo Zar, que solo puede terminar de hacer colapsar el proceso de reconstrucción.

Lo que se necesita es un pequeño espacio de reflexión sobre cómo perfeccionar el esquema de reconstrucción. Hoy no es tarde. No se podrá decir lo mismo en unos meses. ¡Cuidado! Lampadia