Cajamarca: Más de 30 directivos en gobiernos regionales y municipalidades no acreditaron cumplir requisitos académicos y de experiencia

Cajamarca.- La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública”. En Cajamarca se supervisaron 21 entidades públicas en las cuales se pudo verificar que 33 directivos de libre designación y remoción pertenecientes a gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades.

 

Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

 

Con este operativo, en Cajamarca se desplegaron 53 auditores distribuidos en 21 comisiones de control que intervinieron en el Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación, trece municipalidades provinciales y seis municipalidades distritales. Las comisiones de control revisaron legajos de 221 directivos de libre designación y remoción, de los cuales 191 corresponden al segundo nivel organizacional (gobiernos regionales y locales) y 30 al tercer nivel organizacional (gobiernos regionales).

Según el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, en los 21 informes de control se revelaron un total de 57 situaciones adversas. 

 

En relación al cumplimiento de requisitos mínimos para acceder al cargo de directivos públicos, el operativo de la Contraloría permitió determinar que 33 directivos públicos de libre designación y remoción en doce entidades supervisadas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia, según lo establecido en la Ley N° 31419 y su reglamento y/o los documentos de gestión de las entidades supervisadas.

 

Los auditores de la Contraloría también encontraron que en nueve entidades públicas no se acreditó haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la normativa aplicable para la designación de cargos directivos y en diez no se acreditó haber efectuado consulta alguna en las plataformas y registros para la verificación previa de impedimentos, en relación al acceso a la función pública de sus directivos públicos de libre designación y remoción.

 

Otro hallazgo relevante es que en once entidades intervenidas durante el operativo nacional no se actualizaron los instrumentos de gestión referidos al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Clasificador de Cargos, tal como lo dispone Ley Nº 31419 lo que provocaría el riesgo de no contar con directivos que cumplan requisitos acordes con la naturaleza y especialidad de cada entidad.

 

También se advirtió que 16 entidades públicas supervisadas en el operativo no cuentan con procedimientos formales de verificación de perfiles. 

 

Además, se identificaron a dos entidades con directivos públicos que no tenían la condición de “habilitados” en sus respectivos colegios profesionales. Esta situación ocasiona el riesgo de carencia de legalidad en los actos propios del desempeño de sus funciones. 

 

Finalmente, en tres entidades se identificaron deficiencias en el ordenamiento, archivo y custodia de documentos en los legajos personales de directivos públicos, lo que significa un riesgo que puede afectar la integridad de la información que sustenta la designación de esos directivos públicos.

 

En base a estos resultados, la Contraloría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evaluar la pertinencia de brindar acceso a las plataformas de debida diligencia del sector público a los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, lo cual permitirá contribuir a las labores de control gubernamental.

 

Mientras que a SERVIR se le recomendó que, en el marco de la Ley N° 31419 y su reglamento, evalúe la emisión de una normativa actualizada con relación a la gestión de legajos de las entidades públicas, puesto que el Manual Normativo de Personal N° 005-94-DNP “Legajo de Personal” se encuentra desactualizado. 

 

Asimismo, en el marco de sus atribuciones, se le sugirió realizar las acciones de supervisión que correspondan para asegurar el cumplimiento de los requisitos de directivos públicos establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento por parte de las entidades comprendidas en el presente informe, y así minimizar los riesgos advertidos e identificados durante el operativo. 

 

Finalmente, se recomendó fortalecer las acciones de monitoreo y supervisión a las entidades públicas para prevenir el eventual incumplimiento del límite legal de cargos de confianza, que en ningún caso deberá ser mayor al del 5% del total de cargos o puestos existentes para las designaciones de servidores de confianza o el número máximo de 50.

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