Tierra

Indígenas de tierras bajas piden
respeto a los derechos adquiridos

Chiquitanos, guaraníes y comunidades campesinas del oriente boliviano desmitifican la idea de que en los llanos ellos se benefician con abundante cantidad de tierras.

Orlando Socore es cacique de la ACISIV (Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco), que representa a más de 120 comunidades con 22 mil habitantes en el departamento de Santa Cruz. Para este hombre de origen chiquitano, uno de los aspectos primordiales a ser tomado en cuenta en una nueva ley de tierras es el referido a la planificación de nuevos asentamientos.

Él asegura que hasta la fecha no existe un plan de asentamientos  porque no hay un programa de gobierno que contemple aquello. “Por decir, si asentamos a 15 comunidades, esas comunidades necesitan cubrir necesidades básicas: salud, agua, caminos… y eso no está previendo el Estado, por ejemplo, está llevando gente a nuestro territorio, a nuestro municipio; pero según el censo de población nuestro gobierno municipal tiene determinada cantidad de recursos que ya no alcanzará para muchos. Entonces eso tendríamos que definir en la política agraria, si se tienen que hacer asentamientos, que se los haga con un plan”.

La demora y la burocracia en el proceso de saneamiento también es otra de sus preocupaciones. Su propuesta es clara: que en la nueva ley de tierras se resuman los pasos para realizar este trámite, de esa manera ahorrar tiempo y dinero porque hacer las gestiones conlleva una erogación económica. Sin embargo, en lo que más énfasis pone es en pedir seguridad jurídica para las tierras tituladas o saneadas en favor de los indígenas: “Queremos que se respete porque en la ley dice claramente que la tierra es primero para los originarios y después, lo que sobre, es para otras personas”.

Socore también señala que uno de los problemas que aún no se resuelve es la escasez de tierras, que genera tensión entre los pobladores: “Tengo 47 comunidades con tierra insuficiente y, por ejemplo, una de ellas tiene 70 familias dentro de la comunidad pero sólo tiene 123 hectáreas de tierra, esta cantidad es totalmente insuficiente”, sostiene y explica que “ya no es posible ampliar el espacio de cultivo porque alrededor existen empresarios o hacendados ganaderos con sus derechos propietarios consolidados y documentados, entonces no hay a dónde ir”.

Con la misma demanda, Antonia Vaca, subalcaldesa del distrito Sapocó en San Miguel de Velasco, se acerca a nosotros y asegura que la escasez de áreas cultivables se da tanto en su comunidad como en varias regiones del departamento. “En mi comunidad cultivamos maíz, plátano, fréjol, yuca, zapallo, caña, todo eso se produce; pero ya no nos alcanza la tierra para cultivar, necesitamos otras tierras más para producir. En todo lado pasa esto no solamente en esa comunidad”.

Para finalizar, Orlando Socore menciona que es importante el incentivo económico para fortalecer la producción agrícola, esto se deberá materializar en equipo con una tecnología acorde a los tiempos para optimizar la producción en las comunidades. “En la ley debería preverse que de algún modo se vea la parte del desarrollo productivo de la comunidad porque es el sustento vital”, acota.

Guaraníes sin tierra
Doña Edith Cuarto, presidenta interina de APG (dic. 2011) señala que las comunidades guaraníes del Chaco confrontan una aguda escasez de tierra. La superficie demandada en la titulación de las TCO tituladas no fue satisfecha. Propone que se termine de sanear antes de discutir la nueva ley de tierras. Las tierras fiscales existentes en la región tienen que dotarse a las comunidades indígenas, que confrontan una aguda escasez de tierra. Ejemplo que en algunas comunidades guaraníes en el municipio de Yacuiba, la escasez de tierra llega al extremo de que una familia sólo tiene lotes de 25 por 50 metros y para subsistir tienen que alquilar tierra a otras personas.

“Venden tierras tituladas”
En nuestro recorrido por tierras bajas también conversamos con Jimmy Esteban Oporto, responsable de control social en el municipio El Puente, ubicado a 400 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la provincia Guarayos de ese departamento.

Un hecho central que menciona Oporto es la venta de tierras por parte de quienes ya las han saneado y titulado, él señala que la nueva ley de tierras debe contemplar un estricto control contra los traficantes de tierras “porque después de haber vendido su tierra se declaran sin tierra y avasallan en otra comunidad, eso es un negocio, ellos lo han hecho un medio de vida un medio de sustento que debe ser penado por las leyes”, protesta.

El entrevistado también sostiene que el saneamiento simple de oficio es muy ventajoso porque los beneficiarios tienen título individual, lo que les permite acceder a créditos, por ejemplo.

Extranjeros en la Chiquitanía
Más tarde trasladamos nuestras preguntas a HermógenesTorrico, secretario general de Tierra y Territorio de la provincia Vallegrande, que colinda con el departamento de Cochabamba, al suroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La primera observación que hace es la escasez de tierras para los bolivianos y, paradójicamente, la existencia de grandes extensiones pertenecientes a extranjeros, a quienes “se debería despachar a su país”, sostiene.

“Ya no podemos acceder a más tierra porque todo tiene dueño, las tierras ya son delimitadas, hay titulación desde la época del general Banzer, cuando tuvo esa voluntad toda la gente tenía títulos; pero hoy en día yo estoy optando por una parcelita que nos toque en la Chiquitania porque  hemos visto que en la Chiquitania hay bastante tierra y está ocupada por los extranjeros, entonces si esas tierras nos pertenecen habría que recuperarlas de alguna forma y que se nos doten a nosotros, como bolivianos”.

Reafirma que la nueva norma debe priorizar a todos los bolivianos sin excepción ni discriminación, que tanto hombres como mujeres tengan la misma posibilidad de acceder a la propiedad de tierras.

No hay dotación
Más adelante dialogamos con Ever Justiniano, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.

Justiniano arranca con un planteamiento y una demanda urgente: sostiene que en la nueva ley debería estar contemplada la dotación de tierras a través de asentamientos dirigidos orgánicamente. Esto consiste en que se proceda a una titulación en coordinación entre el INRA y las organizaciones que agrupan a los trabajadores campesinos.

“La ley dice que va a haber dotación, pero esa dotación no la estamos sintiendo porque cómo vamos a hablar de dotación si recién están terminando de sanear, no podemos dotar mientras no termine el saneamiento, que está establecido hasta el 2013, sin embargo creemos que no se va a terminar hasta esa fecha, con lo que quiere decir que vamos a quedar muchos más años sin dotación los hermanos campesinos que no la tenemos o que la tenemos insuficiente.

Vamos a plantear que se formalice en la ley lo que nosotros como Federación ya estamos ejecutando: que la tierra se dote primero a través del asentamiento dirigido orgánicamente, nosotros las organizaciones sociales somos los responsables de ver cuánto de base tenemos sin tierra y cómo podemos acceder a ello, es decir, darles soluciones a los problemas de nuestras bases. Yo creo que el INRA es una estructura muy chiquita que no conoce nuestras necesidades y demandas, por lo tanto, los que tenemos el deber de solucionar los problemas de nuestras bases somos la dirigencia en ejercicio de algunas organizaciones, en este caso de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos”.

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La CIDOB defiende las TCO y denuncia favoritismo hacia colonos y cocaleros

Por último, Fundación TIERRA también estuvo presente en la IV Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), llevada a cabo en Trinidad, Beni en el mes de julio de 2011.

Cabe mencionar que la CIDOB tiene como misión “defender los derechos de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia a través de la representación ante instancias públicas y o privadas”.

En la reunión efectuada en Trinidad se preparaba la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). En principio, se debe decir que la CIDOB no está de acuerdo con las políticas del gobierno nacional porque “contradice los derechos reconocidos en la Constitución”. En ese marco, se opuso a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que según el proyecto gubernamental atravesaría el corazón del TIPNIS y porque el Gobierno inició la ejecución de ese proyecto sin cumplir con el requisito establecido en la Constitución: la consulta previa.

Según esta organización, el Gobierno tiene un interés secundario que llegará tras la conclusión de la carretera anunciada, se trata de “atender a sectores que son sus bases electorales favoreciendo a colonos y cocaleros con el acceso a nuevas tierras”, y esas tierras les pertenecen a los pueblos indígenas, por tanto, asumió una férrea defensa de los territorios saneados hasta el momento como TCO.

Si la propiedad colectiva del TIPNIS es afectada con la construcción de ese tramo carretero, lo mismo puede ocurrir con otras TCO, ese es el razonamiento que impulsó la movilización. Lógica reforzada por el hecho de que el proyecto de la nueva ley de tierras –propuesto por la CSUTCB– tiene entre sus propósitos la reducción de las TCO como propiedad colectiva. Entonces la posición indígena estará orientada a garantizar la integridad de la TCO y a su férrea defensa.

Hasta aquí hemos mostrado diversas demandas y posiciones de quienes habitan lo que en Bolivia se ha denominado tierras bajas. Si se elabora una nueva ley de tierras será vital que en ella se reconozcan y articulen las demandas de unos y otros, con la participación de todos los sectores involucrados; entre tanto ello no suceda, los procesos de reconducción agraria quedarán incompletos, como ha ocurrido hasta ahora desde 1953.