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Alberto Fujimori: historia del expresidente más polémico de Perú

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Alberto Fujimori es probablemente el político peruano más controversial. Su posible nueva salida de prisión ha puesto el foco sobre este expresidente que gobernó al país andino entre el 1990 y el 2000. En ese tiempo, su gobierno estuvo marcado por su lucha contra el terrorismo, el autoritarismo y la corrupción. Son múltiples las acusaciones que lo señalan de cometer crímenes de lesa humanidad, fomentar el paramilitarismo e instigar masacres y esterilizaciones forzadas a mujeres pobres.

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El expresidente Alberto Fujimori es probablemente la figura política peruana más controversial de las últimas décadas. El exmandatario es amado y odiado  por los peruanos y la reciente aprobación del Tribunal Constitucional de este país para sacarlo de prisión ha vuelto ha encender la llama de la polémica. Crímenes de lesa humanidad, autoritarismo o corrupción son algunos de los escándalos que marcaron su gobierno entre el año 1990 y el 2000.

Alberto Fujimori llegó al poder en un momento crítico para Perú. Para finales de la década de 1980, el país andino sufría una de las hiperinflaciones más elevadas del planeta y estaba envuelto, desde hacía décadas, en un conflicto armado contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que había dejado decenas de miles de víctimas. Una crisis que este ingeniero de ascendencia japonesa supo aprovechar postulándose como un candidato diferente a los partidos tradicionales de Perú.

Su llegada a la presidencia se produjo en un momento crítico para Perú

Su principal reto a su llegada a la presidencia fue mejorar la situación económica peruana. Con una política neoliberal comenzó a privatizar empresas clave del sector público peruano para atraer inversión extranjera y logró reducir la hiperinflación que azotaba al país desde hacía años. Los resultados elevaron su popularidad entre la población.

El otro punto fuerte de sus políticas de gobierno fue la lucha contra el terrorismo. Fujimori endureció el combate contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru con el objetivo de terminar con su influencia. El operativo tras el secuestro de la embajada de Japón en Lima por este último grupo en 1997, en el que murieron los 14 terroristas es un ejemplo de su actuar para con las guerrillas.

Una postura dura que hizo que el grupo armado retrocediera, pero que también se utilizara violencia de Estado contra miles de personas. El Gobierno de Fujimori financió y armó a grupos paramilitares que operaban como escuadrones de la muerte contra todo civil sobre el que hubiera una sospecha de colaboración con la guerrilla.  

Masacres y autoritarismo

Algunas de estas acciones fueron actos de violencia indiscriminados contra inocentes. El 3 de noviembre de 1991 se produjo la masacre de Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas que estaban en una reunión vecinal y en julio de 1992 nueve alumnos y un profesor universitario fueron asesinados en La Cantuta por tener supuestos nexos con Sendero Luminoso. Las sospechas por crímenes de lesa humanidad contra Fujimori comenzaron a rondar durante estos años, pero el mandatario se escudó en la tolerancia cero con los terroristas.

Desde un comienzo, Alberto Fujimori mostró tener un carácter con tendencia al autoritarismo. Algo que se confirmó en 1992. El 5 de abril de ese año el mandatario se dio un auto golpe de Estado en el que, con ayuda del Ejército, se tomó el Congreso y las sedes judiciales.

Fujimori no controlaba el órgano legislativo y sus leyes eran constantemente bloqueadas, algo que sirvió como pretexto para esta intervención aprovechando el descredito que sufría la política tradicional entre la sociedad. Tras el ‘fujimorazo’ su poder aumentó y fue reelegido en 1995.

Reelección y denuncias por esterilizaciones forzadas

Su segundo mandato comenzó con un plan de salud pública que fomentó la esterilización entre mujeres de bajos recursos con el objetivo de frenar la pobreza en el país. Una medida polémica que lo fue más cuando se empezaron a denunciar esterilizaciones forzadas en condiciones infrahumanas a mujeres indígenas y pobres de áreas especialmente rurales.

Los datos son contradictorios, pero se estima que durante su Gobierno se esterilizaron alrededor de unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres, pero no se sabe con exactitud cuántas fueron forzadas.

Caída y detención

Sin embargo, ninguna de las polémicas mencionadas consiguió tumbar al presidente Fujimori. Entre denuncias de fraude electoral fue reelegido para un tercer mandato en el año 2000. Todo indicaba que aún quedaban cinco años más de fujimorismo por delante, hasta que a los pocos meses salieron a la luz videos en los que se veía a gente del círculo íntimo de Fujimori sobornar a políticos y empresarios.

La privatización de empresas de años anteriores fue de la mano junto con un clientelismo y corrupción que enriqueció a Fujimori y su entorno durante una década. Y esto sí terminó con su Gobierno. El 19 de noviembre emitió un fax de renuncia desde Tokio y se refugió en Japón para no ser perseguido por las autoridades.

Su exilio en Japón levantó mucha polémica, pero en 2005 fue detenido en Santiago de Chile durante un viaje tras una orden de arresto internacional. Este fue el inicio de su periplo carcelario. En septiembre de 2007 fue extraditado a Perú y comenzaron varios juicios e investigaciones en su contra. Fujimori tuvo condenas por allanamiento de morada, corrupción y robo de fondos públicos. Aunque el más importante de todos fue por crímenes de lesa humanidad.

Fujimori entro en prisión con la perspectiva probable de pasar el resto de su vida ahí. Pero no fue así. Desde el inicio de su condena, el sector político fujimorista, encabezado por su hija Keiko, pidió su indulto humanitario por su progresivo deterioro físico y su avanzada edad. Peticiones que fueron desoídas hasta que en 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski decidió ponerlo en libertad. Una medida polémica que tumbó la justicia, devolviéndolo a prisión en 2019.

Tres años después el indulto parece volver a hacerse efectivo a pesar de la controversia que implica y de que Fujimori siga teniendo casos pendientes en su contra. Una situación que puede contribuir a la ya volátil crisis política que sufre Perú desde hace años.

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