Exigimos simplificar procedimientos para titulación de comunidades campesinas y nativas
La Defensoría del Pueblo exigió la pronta revisión y modificación de la normativa que regula el reconocimiento y titulación comunal, para simplificar los procedimientos que permitan asegurar el derecho de propiedad de las tierras de estas comunidades. El pedido forma parte de las conclusiones del Informe de Adjuntía “El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas”.
El documento resalta que a 8 años de transferida a los Gobiernos Regionales la función de saneamiento físico y legal de comunidades, solo se han titulado 48 comunidades campesinas, restando la titulación 1139, mientras que se logró titular las tierras de 256 comunidades nativas, esperando formalizar la propiedad de 631 de ellas.
Nelly Aedo, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, añadió que si bien en los últimos años se ha fortalecido la rectoría del Ministerio de Agricultura y Riego en materia de titulación de comunidades campesinas y nativas, ha sido insuficiente para asegurar procedimientos rápidos y eficaces que atiendan oportunamente a las comunidades. Por más de 30 y 40 años, estos procedimientos cuentan con más de 20 pasos, que pueden llevar a comunidades a esperar su titulación hasta por 20 años, mientras que otros actores obtienen derechos en cortos periodos, como es el caso del otorgamiento de concesiones forestales, explicó.
En una parte del informe se señala que, con excepción de Puno, los gobiernos regionales no destinan presupuesto exclusivo para la titulación comunal. Aedo indicó que la falta de priorización presupuestal de recursos ordinarios debilita las labores de titulación en regiones con un alto número de comunidades pendientes de titulación, como Cusco, Huánuco, San Martín y Pasco.
Incluso, los recursos del proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3” que beneficia a 10 regiones y que permitirá la titulación de 403 comunidades nativas y 190 comunidades campesinas, aún no ha titulado a una sola comunidad. Diversos problemas en su ejecución ponen en riesgo el cumplimiento de estas metas próximo al año 2020, plazo previsto para su ejecución, por lo que se ha recomendado acelerar su implementación o solicitar una prórroga del plazo, manifestó.
En el marco de su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio de Agricultura, a los gobiernos regionales y otras instancias con colaboran con el reconocimiento y titulación de comunidades campesinas y nativas a redoblar sus esfuerzos para garantizar la propiedad de las tierras comunales, derecho central para la vida, el desarrollo y la seguridad de sus miembros.