Accomarca: la masacre detrás de la histórica condena de cárcel contra “El carnicero de los Andes” y otros 9 militares en Perú

Los sacaron uno por uno de sus viviendas, separaron a las mujeres y niños de los hombres y los ancianos, los encerraron en tres casas, les dispararon, les lanzaron granadas y prendieron fuego al lugar, carbonizando los restos.

Así hizo la patrulla Lince 7 desaparecer prácticamente del mapa la comuna campesina de Accomarca, en el departamento de Ayacucho, en el sur de Perú.

Era el 14 de agosto de 1985 y los 18 militares peruanos, encabezados por el entonces teniente del ejército Telmo Hurtado -que pasaría a ser conocido como "El carnicero de los Andes"-, habían llegado al lugar en busca de miembros de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

Plan Huancayok se llamaba la operación y los soldados tenían órdenes de "capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la quebrada" con ese mismo nombre.

Sin embargo, según señaló en su día la Comisión de la Verdad y la Reconciliación -creada en 2001 para elaborar un informe sobre la violencia armada interna de Perú entre 1980 y 2000-, "no se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso".

Y la jornada terminó con 61 muertos, según cifras oficiales, 23 de ellos niños. Los familiares reclaman que fueron hasta 71, pero al quedar los restos carbonizados esto no se pudo verificar con muestras de ADN.

Otros 189 niños quedaron huérfanos.

Fue una matanza colectiva que demostró "un profundo desprecio por la vida", "una grave violación de los derechos humanos, compatible con el delito de lesa humanidad" determinó este jueves, 31 años después de la masacre, la Sala Penal Nacional de Perú.

Los magistrados concluyeron que el plan fue una "ilegal política de combate al terrorismo".

Y condenaron a 10 miembros del ejército involucrados en la matanza a entre 10 y 25 años de prisión.

Fallo histórico

Es la primera vez que un tribunal civil se pronuncia sobre los crímenes perpetrados por el ejército de Perú durante la década de los 80, en la lucha "contra el terrorismo" del primer gobierno de Alan García.

El general Wilfredo Mori, el teniente Juan Rivera Rondón y el subteniente Hurtado fueron considerados autores mediatos, como se llama en derecho a quienes causan un resultado sirviéndose de otra persona como medio o instrumento para realizar la ejecución.

Así, los dos primeros deberán cumplir 25 años de cárcel y el tercero 24.

También deberán pasar un cuarto de siglo entre rejas Nelson Gonzales Feria y Carlos Pastor Delgado Medina.

El tribunal determinó que estos fueron los autores materiales, junto a los entonces soldados Clider Venancio Ramírez, Vicente Chupan Herrera, Pedro Amaya Miranda, Daniel Salas Arenas y Francisco Marcañaupa Osorio, para quienes la pena es de 10 años.

Por lo tanto, los magistrados concluyeron que el crimen no se debió a decisión individual de Hurtado, sino a una orden superior cuya cadena de mando pudo se identificada.

"El carnicero de los Andes", por su parte, admitió haber cumplido fielmente la misión y reconoció haber sido el autor de la muerte de 30 de las víctimas.

El abogado de los familiares, Carlos Rivera, informó que existe una orden de captura vigente contra todos los condenados que les impide salir del país.

Seis procesados fueron absueltos por falta de pruebas; entre ellos, el general José Williams Zapata.

La sentencia exige, además, que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales paguen a cada una de las víctimas y sobrevivientes unos US$44.000 de reparación.

Seis años de juicio

Carlos Rivera, el abogado de los familiares de las víctimas, dijo estar satisfecho con la resolución, aunque añadió que se esperaban penas más duras.

Y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), la consideraron una "sentencia ejemplar".

Sin embargo, costó más de tres décadas y seis años de juicio cerrar el caso.

Fue, pues, hasta ahora ejemplo de la impunidad militar.

Efectivamente, un mes después de la masacre, una comisión especial del Congreso investigó lo ocurrido y tomó declaración al teniente Hurtado, quien justificó las muertes sin ningún signo de arrepentimiento.

"Yo considero que mi decisión ha sido correcta (…). Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen experiencia, ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tienen que vivir", argumentó entonces el militar.

En febrero de 1993, el ya conocido como "El carnicero de los Andes" o "El monstruo de la comarca", fue condenado a seis años de prisión por abuso de autoridad y por dar falso testimonio en conexión con su participación en la masacre.

Y junto al resto de militares fue absuelto de los cargos de homicidio, negligencia y desobediencia.

Dos años después se acogió a la Ley de Amnistía promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori, por lo que su condena fue anulada y no fue sentenciado criminalmente por la matanza.

Recibió cuatro condecoraciones y ascendió hasta el grado de mayor.

Huída y extradición

En 2002, tras la caída del régimen fujimorista, la justicia ordinaria reabrió el caso Accomarca por mandato de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante ello, con la amnistía revocada, Hurtado huyó a Estados Unidos.

Pero mientas estaba en custodia por una violación de las leyes de inmigración, dos sobrevivientes de la masacre presentaron una demanda en su contra.

Hurtado fue detenido en el año 2000 en Miami, Florida, y tras un largo proceso legal lo extraditaron a Perú en 2011.

Durante ese periodo, en 2008 un juez de Miami dictaminó que Hurtado era responsable de la matanza y le ordenó pagar US$37 millones a sus víctimas.

El juicio penal por el caso comenzó en 2011, 26 años después de la matanza.

Incluso el propio Alan García participó en él como testigo, y calificó el hecho de "crimen atroz".

Y la sentencia definitiva e histórica llegó este jueves, 31 años después.

De momento, Hurtado es el único preso. De la pena impuesta le queda por cumplir 13 años y 8 meses, dado el periodo que pasó en la cárcel en EE.UU.

Los campesinos pobre de los Andes fueron los que más sufrieron la guerra interna de Perú (1980-2000), y fueron carne de cañón tanto para el ejército como para la guerrilla.

Así lo señaló en su informe la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y contabilizó a 69.000 muertos a causa del conflicto.

Sendero Luminoso está prácticamente desmantelado y las mayoría de sus líderes presos.

Sus remanentes operan en un valle de la selva central del país, aliados con el narcotráfico, según las autoridades.