Por Luciana Isa *

“Los cuerpos desechados por el neoliberalismo”

Desde hace 13 años, el 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. La fecha fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, para rememorar una fecha argentina: la del 23 de septiembre de 1913, día en el que fuera promulgada la Ley 9.143, primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil.

Es importante subrayar que después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas constituye el negocio transnacional que genera mayores víctimas. Es una forma de esclavitud moderna, que afecta la vida de millones de personas en todo el mundo, violenta los derechos humanos y degrada la dignidad de los seres humanos, cosificándolos y disponiendo libremente de sus cuerpos.

Las víctimas son expuestas a situaciones impensables y denigrantes que incluyen la explotación sexual, la explotación laboral, la servidumbre doméstica, los matrimonios forzados, la mendicidad, así como la extracción de órganos, entre tantas otras formas inhumanas de abusos.

Si bien este delito afecta a todas las personas, no llama la atención que el mayor número de víctimas sean mujeres y niñas, ascendiendo la cifra a 71% a nivel mundial, y 1 de cada 4 son niñas y niños. Sin embargo, también es un dato a considerar que desde 2004 y hasta finales de 2015 en la Argentina se avanzó fuertemente en el diseño e implementación de políticas públicas que, por decisión del gobierno nacional -primero de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner- y como resultado de diversas transformaciones socioculturales, políticas, económicas y la lucha de distintos sectores de la sociedad como movimientos de mujeres, colectivos de la diversidad, minorías sexuales y sociales,  le otorgaron relevancia a las problemáticas de género y de acceso al derecho, trasladándose el debate a las esferas políticas, jurídicas, académicas y ubicándose en los medios de comunicación como un tema de agenda.

Sin dudas la respuesta a estos datos alarmantes podría situarse casi en términos retóricos, si se tiene en cuenta, por un lado, el acelerado y feroz avance del modelo neoliberal en la Argentina, impuesto y legitimado por las políticas económicas de la Alianza Cambiemos, y en otros países de la región por la avanzada de gobiernos de corte liberal, cuyas medidas políticas, económicas y sociales son la respuesta a las recetas emitidas por la Embajada de EE.UU. y los organismos internacionales de crédito, con resultados que no hacen más que acentuar y profundizar los planes de ajuste, que se traducen en más hambre, más despidos, más excluidos y excluidas.

Condiciones materiales que sólo son posibles -o son la consecuencia- de la gestión de un gobierno que hace de la ausencia y el corrimiento del Estado de las áreas sociales más fundamentales y sensibles, una política de Estado.

Un Estado “administrado” por técnicos que velan por una asistencia perfecta ante el FMI, pero marcan su ausencia u omiten ocuparse de las políticas que favorezcan una redistribución más equitativa de la riqueza del país en favor de los sectores más vulnerados de la sociedad. Y en este contexto, son las mujeres, las niñas y los niños quienes resultan más desprotegidos ante este desguace, por ser quienes, históricamente, han sido los cuerpos más violentados, victimizados y disciplinados por ser desechos del capitalismo; un capitalismo que no se comprende por fuera de una estructura patriarcal. 

Y es así que este retroceso en políticas de género y derechos humanos se advierte en términos cuantitativos, pero no por eso menos alarmantes, como lo muestran las cifras sobre el aumento de denuncias de personas desparecidas ante el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia que, sin embargo, se contrapone con la cantidad de víctimas rescatadas.

Bajo esta gestión, en un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%. En 2014 fueron 1.810 personas, explotadas laboral o sexualmente, que recuperaron su vida y su libertad. En 2015 la estadística, basada en datos oficiales, subió a 2.110. Pero en 2016 descendió a 666. Y hasta septiembre de 2017 eran 516. Y es la provincia de Buenos Aires la que registra mayor cantidad de denuncias. Los números son fríos, pero los interrogantes preocupantes.

La Facultad de Periodismo y la lucha por la causa de Johana Ramallo

El 26 de julio de 2017 desapareció de la ciudad de La Plata Johana Ramallo, de la zona de 1 y 63, a 10 cuadras del edificio de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hace 14 meses fue vista por última vez en una estación de servicio y hay sospechas de que fue secuestrada por una red de trata. La historia de su desaparición está profundamente entramada con las transformaciones y ausencias de un Estado que desprotegió y desprotege a Johana y a su familia de muchas maneras.  Desde ese día, ni la gobernadora María Eugenia Vida ni el intendente de la ciudad, Julio Garro, han recibido a su familia.

No obstante, desde el primer día de su desaparición, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y un conjunto de organizaciones sociales, políticas, sindicales y el movimiento de mujeres de La Plata acompañan a su mamá, Marta Ramallo, en su búsqueda incansable y desesperada. Este acompañamiento no es sólo en la causa judicial sino en el abordaje de las necesidades cotidianas básicas que tiene que afrontar la familia de Johana, que se ven vulneradas diariamente, como es su contención psicológica, afectiva y la generación de redes de ayuda que les permita hacer frente al proceso judicial y continuar con la investigación.

La búsqueda de Johana se ha vuelto una lucha testigo en la región, que muestra el carácter de clase y patriarcal que tiene el Estado, donde miles de mujeres fueron desaparecidas en “democracia” y son víctima de las redes de trata para explotación sexual.

En este 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, desde los distintos claustros que integramos esta comunidad académica -docentes, estudiantes, graduadxs y nodocentes- expresamos nuestro firme compromiso con esta causa y brindamos todo nuestro apoyo a Marta Ramallo y a su familia para continuar con el reclamo de justicia  y para que Johana vuelva con vida como se fue aquel 26 de julio.

Por eso decimos #BastadeTrata #DevuelvanaJohana

*Docente e integrante de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP