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ACCOMARCA, 31 AÑOS TRAS LA JUSTICIA
TELMO HURTADO “EL CARNICERO DE LOS ANDES” EN SU JAULA FINAL
En la madrugada del 1 de setiembre del 2016 se terminó de leer el veredicto judicial donde una decena de militares peruanos fueron sentenciados entre 23 y 25 años por la matanza de Accomarca ocurrida hace 31 años. La Sala Penal Nacional integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú determinó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.
1.
En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Sobre sus labios, el frondoso bigote se desparrama en forma de paraguas a ambos lados de sus carrillos y su marcial camisa de desfiles está impecablemente planchada y en ella se observa galones y condecoraciones. Hurtado tenía 23 años en ese entonces y hoy no luce igual.
En la Sala Penal Nacional al interior del penal Castro Castro donde se lo procesa, Hurtado se exhibe demacrado e indefenso frente a la grita de los familiares de las víctimas de la matanza de Accomarca. “El carnicero de los Andes” como fue bautizado por la prensa, está acusado por el asesinato de 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños, habitantes de aquel paraje en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, un 14 de agosto de 1985. Su abogado, Luis Carmen Choquehuanca, sigue reconociendo que su patrocinado solo había cumplido órdenes encomendadas por sus superiores.
Las profesoras Jo-Marie Burt y María Rodríguez en el árticulo “El largo juicio por el caso de la masacre de Accomarca: El testimonio de Javier Diez Canseco”, Publicado en la página web, Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos en el Perú, 14 de agosto de 2013 y editado luego en: HUARI BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES, AÑO I, Nº 2, afirman puntualmente que: “La demoras en juicios como el de Accomarca se ha vuelto muy común, y ello corresponde a problemas estructurales en cómo se está llevando estos juicios dentro del Poder Judicial”.
Luego, sintetizo, cómo describen las autoras en su trabajo que: “Desde noviembre del 2010 y cada 15 días las audiencias se sumergen en un pantano. La rutina es casi siempre la misma. A las 10 de la mañana, a los acusados, los abogados, los familiares de las víctimas no les permiten ingresar a la sala; “no han llegado los jueces”, les indican. A las 11 arriba una custer del Poder Judicial, desciende el secretario de la Sala cargando los voluminosos fajos del expediente Accomarca, también las juezas María Vidal y Mirtha Bendezú. La espera sigue. El director del Tribunal, juez Ricardo Brousset no llega. Casi al mediodía aparece. Recién se inicia la audiencia, el juez se disculpa por la tardanza. El juicio ya está entrando a sus fases finales, habiendo presentando el Ministerio Público sus testigos y sus evidencias. Ahora, le toca el turno de la defensa. Pero desde hace ya varias sesiones los testigos de la defensa nunca están. Los familiares de Accomarca consideran que es una estrategia de los militares “para dilatar y aburrir”.
Pero la historia va llegando a su fin. Lo rotundo del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ya había posibilitado que el caso fuese reabierto en el 2005 y así, el Poder Judicial volvió a procesar al general Mori Orso, el coronel Nelson Gonzales Feria (jefe de Estado Mayor de la II División de Infantería), Cesar Martínez Uribe Restrepo (G-2), Carlos Delgado Medina (G-3), José Williams Zapata (Jefe de la Compañía Lince), Helbert Gálvez Fernández (Jefe de la Base Contraguerrillas de Vilcashuamán), Ricardo Sotero Navarro (jefe político militar de Vilcashuamán), Telmo Hurtado Hurtado (Jefe de la patrulla Lince 7), Juan Rivera Rondón (Jefe de la Patrulla Lince 6) y los soldados integrantes de la patrulla de Hurtado.
En este nuevo proceso, Telmo Hurtado reconoció haber asesinado a los habitantes de Accomarca y que lo hizo porque se le fue ordenado por el comando militar de la II División de Infantería del Ejército. La investigación duró hasta el 2010. En noviembre de ese año, la Fiscalía acusó a Hurtado, Rivera y a los soldados de la patrulla Lince 7 como autores materiales del crimen. Por su parte, los altos oficiales Mori Orso, Gonzales Feria, Martínez Uribe, Delgado Medina, Williams Zapata, Gálvez Fernández fueron acusados de autoría mediata.
Así, después de casi 5 años, la etapa procesal llegó a su fin y el fiscal superior Landa sustentó la acusación oral contra los involucrados en este caso. La sentencia de la ‘matanza de Accomarca’ está en manos del Tribunal de la Sala Penal Nacional, integrada por Ricardo Brousett Salas (Presidente) y por las juezas superiores Mirtha Bendezú y María Vidal La Rosa.
General del Ejercito Peruano Wilfredo Mori Orzo condenado a 25 años.
2.
A mediados de la década de los ochenta, escuchar en Ayacucho, de fosas comunes y del primer ‘niño bomba’ –como bien recuerda el investigador Walter Quispe en su libro Historia del Perú—, era un asunto de mera cifra estadística. Los peruanos estábamos tan acostumbrados a los asesinatos civiles, que aquel genocidio de Accomarca pertenece a ese evento que los lugareños han llamado “guerra sucia” y hoy queda como un pasaje inadvertido y no forma parte de la conciencia de un país que se desangró con un resultado increíble: 69 mil peruanos asesinados. Telmo Hurtado es uno de sus símbolos y para él la guerra continua. El ex militar es un sujeto osco y hermético. Su ostracismo es tal, que sus visitas son contadas aunque no estuvieron prohibidas en ningún momento.
La mañana del 14 de agosto de 1985, aproximadamente 25 soldados a la orden de Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón llegaron a Llocllapampa, a tres kilómetro de Accomarca, y reunieron a los pobladores en la plaza. Las orden eran la de eliminar cualquier vestigio de la llamadas “escuelas populares” –núcleo de formación de los militante de Sendero Luminoso–. Así, separaron a hombres, mujeres y niños para dirigirlos a tres viviendas que incendiaron y a las que lanzaron granadas, a pesar de las súplicas de los comuneros. Pocos sobrevivieron. En aquel tiempo, Alan García era un presidente de prédica populista y muy pendiente de la opinión pública. Él mismo y ante la crueldad de los hechos, ordenó una investigación que presidió Javier Valle Riestra, la misma que llegó a entrevista a Telmo Hurtado quien diría por única vez: “Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta (…) Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá (…) A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplir para darles un mejor gobierno (…) Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes”, dijo Hurtado sin ningún tipo de remordimiento. Solo así, empezó a ser llamado “El carnicero de los Andes”.
En la celda apartada que lo cobija, Hurtado goza de un ambiente aislado y que él mismo ha sabido proteger. Para las autoridades del Inpe, su conducta es intachable y dice que vive igual que los otros reclusos y por lo tanto no es observado como un interno problemático. Sus compañeros de pabellón apenas han podidos cruzar palabras y ya han pasado ocho meses desde que fue confinado luego de haber estado detenido en los Estados Unidos. Hurtado, en el 2007 era un peruano más en Norteamérica y a finales de marzo de ese año fue apresado no por asesino sino por haber obtenido en su pasaporte un visado con falso testimonio. Es de esa fecha que las autoridades judiciales peruanas solicitaron su extradición inmediata ya que Hurtado estaba “requisitoriado” en el proceso seguido por la Sala Penal Nacional por el delito de asesinato en agravio de Juliana Baldeón y otras víctimas de Accomarca. Su abogado norteamericano presentó una serie de recursos judiciales para evitar su retorno. Todos ellos fueron desestimados debido a las gestiones de la justicia peruana quien coordinó con las autoridades centrales de los EEUU.
Primer aniversario del informe de la CVR. Foto: Walter Hupiu.
3.
Preso en Miami, Hurtado logró enturbiar el proceso de extradición el cual se alargó por cuatro años más. En julio del 2011, fue extraditado gracias a las presiones de diversas organizaciones de derechos humanos y que hoy siguen exigiendo, junto a los familiares de las víctimas, que el tribunal del caso decida con celeridad y probidad lo antes posible. El juicio oral que lleva la Sala Penal Nacional se inició el 4 noviembre y solo se ha interrogado a cinco de los 17 procesados de un total de 28 militares implicados en este caso. El Dr. Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL) y parte de la defensa declaró que: “estamos ante un hecho horrendo como fue el crimen de Accomarca y estamos ante la persona, que según las versiones de los sobrevivientes, de los propios efectivos militares y de los documentos que existen en el expediente, que ejecutó materialmente el crimen y, por lo tanto, estamos ante una persona que de alguna manera ha simbolizado la impunidad en el Perú”.
Rivera Paz recordó que existieron diversas instituciones desde el Estado peruano que permitieron que ese tipo de crímenes queden en la impunidad y que los perpetradores, e inclusive los que dieron las órdenes, tengan una carrera sin ningún tipo de inconveniente al interior de los institutos armados. “Más allá de que Telmo Hurtado fue investigado de manera fraudulenta en la justicia militar, el hecho concreto es que a pesar de que fue supuestamente condenado por el delito de negligencia, Telmo Hurtado siguió una carrera de ascenso en la jerarquía militar y del año 85 cuando tenía el grado de subteniente no se le pudo separar, sino hasta 1999, cuando ya tenía el grado de comandante del Ejército y eso significaba que toda esta pantomima de la justicia militar era una pantalla”, señaló Rivera.
“En Accomarca, asesinaron a mi madre Tomasa Chuchón Castillo así como a 15 primos y sobrinos. Ahora estoy contento porque después de 26 años de sufrimiento, por fin, este criminal pagará todo”, dijo Celestino Baldeón Chuchón (60) Presidente de la Comisión Víctimas de Accomarca. Dice el Dr. Rivera que el crimen solo se pudo conocer casi un mes después de perpetrarse, pero cuando se conoció -por la acción de los sobrevivientes- los que dieron la orden comenzaron a decir que Hurtado seguramente estaba loco. En realidad Hurtado estaba tan cuerdo como los que lo enviaron a Accomarca a destruir la subversión. Por ello, cuando en setiembre de 1985 una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados lo interrogó sobre las razones que tuvo para asesinar a mujeres, niños y ancianos, él solo respondió que lo hacía en defensa de la democracia y para que los que interrogaban estén sentados discutiendo en el Parlamento.
CODA
En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Hurtado comandaba la patrulla “Lince 7” y solo hizo caso al operativo militar “Huancayoc” donde participaron las más altas autoridades del Ejército en Ayacucho quienes diseñaron un aparato organizado de poder que se estructuró sobre la organización militar de la Sub Zona de seguridad Nacional Nº 05”. Cierto, de aquellos años es el proceso seguido a los militares involucrados quienes fueron procesados por la Justicia Militar, tribunal que solo condenó a seis años de prisión al entonces subteniente Telmo Hurtado por los delitos de abuso de autoridad y negligencia, siendo favorecido posteriormente por las Leyes de Amnistía.
La foto está en la memoria de los deudos de Accomarca que así pudieron mirarlo a los ojos y exigirle que pague por sus actos y que denuncie a quienes les ordenaron tamaña crueldad. Inteligencia militar había identificado como delincuentes terroristas a esos peruanos. Hurtado recibió una orden y la cumplió.
LA SENTENCIA HISTÓRICA
Telmo Hurtado, finalmente fue sentenciado a 23 años . Además, por mayoría, la Sala Penal Nacional determinó que el general Wilfredo Mori Orzo dio la orden verbal al subteniente Telmo Hurtado para asesinar a más de 60 campesinos, considerados como terroristas. Afirmó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.
Pasada la medianoche, la Sala Penal Nacional continuaba leyendo la sentencia por la masacre de más de 60 pobladores de Accomarca, en una audiencia que comenzó con casi ocho horas de tardanza. La resolución concluyó que el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1985, Wilfredo Mori Orzo, dio la orden verbal de asesinar a los campesinos, entre los cuales había 23 niños menores de 10 años. Fue condenado a 25 años de prisión.
El tribunal indicó que se trató de una matanza colectiva ejecutada con absoluto desprecio a la dignidad humana. Precisó que al dar esa orden, Mori Orzo desvinculó a las Fuerzas Armadas del ordenamiento jurídico. Más aún cuando el alto mando del Ejército trató de ocultar el crimen cometido por una patrulla militar el 14 de agosto de 1985.
Como se recuerda, semanas después de la incursión militar, el Ejército afirmó que el crimen fue obra exclusiva del subteniente Telmo Hurtado Hurtado, entonces de 23 años, en un arranque de “locura de guerra”. Durante la lectura de la sentencia, se dio detalles sobre cómo fueron detenidos los pobladores, los obligaron a ingresar a dos viviendas, donde fueron acribillados y, luego, los volaron con granadas. Los magistrados resolvieron que está probado que en Accomarca se perpetró un asesinato masivo con crueldad y desprecio contra civiles.
La Sala estuvo integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú quienes recalcaron que este caso es una grave violación de los derechos humanos, compatible con el delito de lesa humanidad. Tras más de cuatro horas, el colegiado, con voto en mayoría, halló responsabilidad en siete acusados como autores materiales, entre ellos al comandante Telmo Hurtado Hurtado, quien en 1985 (cuando era subteniente) lideró la patrulla Lince 7, y a Juan Rivera Rondón, de la patrulla Lince 6, que ejecutaron la matanza. También sentenciaron a los soldados, explicando que eran profesionales.
Además, la Sala determinó que tres de los acusados fueron autores mediatos. Enfatizaron que los hechos evidenciaron “una ilegal política de combate al desviar a su unidad del orden legal”. Los magistrados concluyeron, asimismo, que el Estado mayor operativo participó en la elaboración de la orden aprobada por Mori Orzo. Durante el juicio oral –que duró más de cinco años– Hurtado afirmó que recibió la orden de su comando de aniquilar a los pobladores de esa zona, por considerarlos subversivos. Incluso tuvo un careo con el general Mori Orzo, en el que se reafirmó en su acusación. En declaraciones de abril del 2012, Hurtado se declaró culpable, pero señaló que siguió órdenes de sus superiores, y que en el Ejército las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones.
También, decidieron absolver al general Williams Zapata, quien fue jefe de la Compañía Lince en 1985, y a otros 16 acusados. Solo Zapata y Telmo Hurtado asistieron a la lectura de la sentencia. El colegiado señaló que hay dificultad para determinar el número de víctimas, ya que al haber sido voladas con explosivos, no se pudo hallar todos los cuerpos. Al final, habló de 61.
Asimismo, los jueces resaltaron que la pena debe ser mayor porque el Estado es corresponsable de los acontecimientos. Añadió que el estrés que se vivía en los años de violencia política generaba una situación que propiciaba el desvalor de la vida y expresaron que la matanza cortó el proyecto de vida de los niños asesinados y ocasionó un daño irreparable a decenas de familias.
Desde temprano, más de 80 personas, entre familiares, periodistas y defensores de derechos humanos, esperaban el inicio de la audiencia, prevista para las 11 de la mañana. Sin embargo, solo pudieron ingresar 33 personas poco después de las 7 de la noche, en que empezó la diligencia.
Finalmente, más de 8 horas tuvieron que esperar abogados, deudos y periodistas, en el Penal Castro Castro, para que la Sala Penal Nacional iniciara la lectura de sentencia. La sala citó a las 11 a.m. pero sus integrantes llegaron a las 7 de la noche.
ENTRE 23 Y 25 AÑOS
las 2 y 17 am del 1 de setiembre se termina la lectura de la sentencia del caso Accomarca en sala de audiencias de penal Castro Castro.
–Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina condenados a 25 años
–Juan Rivera Rondón condenado a 24 años
–Telmo Hurtado condenado por unanimidad a 23 años de prisión, descontada la que purgó, faltan 13 años 8 meses
–Gral. Mori Orzo condenado a 25 años
–Según los jueces: siete de los acusados son autores materiales y tres autores mediatos y hubo “Grave violación de los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad”
–Williams Zapata absuelto de acusación fiscal por improbanza de asesinato y daños contra el cuerpo y la salud
–Once encausados no han comparecido al juicio, dos son contumaces
–Reparaciòn civil. 150,000 soles a los herederos de cada una de las víctimas de Accomarca.
–Fiscal interpone recurso de nulidad respecto de responsables d hechos 13 de sep de 1985, cuando mataron a sobreviviente
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Ranking ubica al Perú entre los países con menos libertad de prensa en Sudamérica
Nuestro país solo supera a Venezuela, que vive bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Este viernes 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que conmemora la valentía y compromiso de muchos periodistas en ofrecer las noticias de la manera más imparcial posible, arriesgando muchas veces su vida.
Durante los últimos años este oficio ha sido atacado tanto desde las calles como de los escaños de algunos parlamentarios que no quieren que los hombres de prensa indaguen sospechosas negociaciones o esos apretones de mano realizados por debajo de la mesa.
Al respecto, el ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras ha revelado que en el Perú es el país con menor libertad de prensa en Sudamérica solo por detrás de Venezuela que como todos saben viene siendo liderada por el régimen autoritario de Nicolás Maduro.
Reporteros Sin Fronteras publicó su lista actualizada correspondiente al año 2024, que da cuenta de una caída de 15 posiciones de nuestro país respecto a la versión del año pasado.
Bajo parámetros políticos, económicos, legislativos, sociales y de seguridad, Perú fue ubicado en el puesto 125 de un total de 177. A detalle, tuvimos una calificación de 47, 76 puntos, muy lejos de las naciones con el contexto ideal (91,89 unidades por parte de Noruega, primero a nivel mundial).
En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras dilucida los siguientes problemas en el país: “A pesar de que la libertad de prensa está garantizada por la legislación, los periodistas son objeto de frecuentes agresiones y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad. El periodismo de investigación se mantiene en medios digitales, y aumenta el uso de redes sociales para coberturas en vivo, mientras que la desinformación persiste”, señaló.
En cuanto al tema de seguridad a los comunicadores, Reporteros Sin Fronteras aludió que la caída de nuestro país -de 48 puestos en dos años- responde a que a partir del 2022 la “policía intensificó el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas” que documentan detenciones arbitrarias, muertes y golpizas durante protestas.
En el continente sudamericano, Uruguay es la nación con mejores condiciones para los hombres de prensa. “Tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país”, dijo el organismo internacional.
Así quedó la lista a nivel Sudamericano:
- Uruguay (Puesto 51)
- Chile (Puesto 52)
- Argentina (Puesto 66)
- Brasil (Puesto 82)
- Colombia (Puesto 119)
- Ecuador (Puesto 110)
- Paraguay (Puesto 115)
- Bolivia (Puesto 124)
- Perú (Puesto 125)
- Venezuela (Puesto 156)
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Congreso aprueba iniciativa para duplicar plazo de prescripción del delito de omisión de pensión de alimentos
Modificatoria precisa que se aumenta el plazo en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos.
El pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, la iniciativa de ley que duplica el plazo de prescripción del delito por omisión de pensión de alimentos.
El texto sustitutorio aprobado establece que “en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales el plazo de prescripción se duplica, así como en los casos del delito previsto en el artículo 149 del Código Penal”.
Al sustentar el dictamen, la congresista Martha Moyano Delgado (FP), presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, señaló que la norma establece mayor plazo para accionar y hacer efectiva la tutela jurisdiccional en materia de prestación de alimentos.
Además, agregó que fomenta el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, lo que permitirá que se mitigue el nivel de afectación actual que recae sobre todo en niños y adolescentes, y que afecta severamente el interés superior de estos seres humanos en desarrollo.
A su turno, hizo lo propio el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo (PL), quien dijo que el dictamen tiene como fin atender las más de cien mil denuncias sobre omisión de asistencia familiar, y evitar a través de las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial que muchos menores queden desprotegidos.
En otro momento, el congresista Edgard Reymundo Mercado, autor de una de las iniciativas del texto sustitutorio, señaló que el proyecto que presentó estaba orientado a la imprescriptibilidad porque en muchos casos se pretende “sacar la vuelta” en procesos por omisión por asistencia familiar.
“Existiendo ya una sentencia judicial, a pesar de ello, se busca la prescripción por eso me parece oportuno hacer esta reivindicación por el interés superior del niño y adolescente“, dijo Reymundo, quien se mostró de acuerdo con el dictamen aprobado en las comisiones de Justicia y Constitución.
El dictamen recaído en los proyectos de ley 4394 y 4900, que modifica el último párrafo del artículo 80 del Decreto Legislativo 635 — Código Penal, obtuvo 86 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
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Gustavo Adrianzén se encuentra en París y rindió honores al ‘Soldado Desconocido’ en el Arco del Triunfo
El Presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén se encuentra en Francia acompañado del Canciller Javier González-Olaechea, para participar en el evento, cuyo lema es ‘Cocrear el proceso de cambio’, que se llevará a cabo el 02 y 03 de mayo.
El Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, llegó a París (Francia) para participar en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la exposición del tema ‘Caminos creíbles hacia el Crecimiento Sostenible en las Crisis Globales Interrelacionadas’.
Dicho viaje, en el que también lo acompaña el ministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea, fue autorizado mediante la Resolución Suprema N° 117-2024-PCM.
Mediante su cuenta de ‘X’, el premier informó:
“Fui invitado la tarde de hoy a encender la llama en honor al Soldado Desconocido en el Arco del Triunfo de París, con ocasión de conmemorar el 80.° aniversario de la Liberación de dicha ciudad en la Segunda Guerra Mundial”, escribió Adrianzén.
El evento se llevará a cabo el 02 y el 03 de mayo del 2024, bajo el lema ‘Cocrear el proceso de cambio: liderar el debate global a través de un enfoque objetivo y fiable hacia un crecimiento sostenible e inclusivo’.
Gustavo Adrianzén intervendrá en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la OCDE, en donde junto con otros ministros de diversos países explorarán el camino para una respuesta global coordinada para promover el desarrollo sostenible e inclusivo.
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Chat probaría que alcalde distrital pidió a César Combina que le devuelva su dinero
Alcalde de Jauja exigió al exparlamentario César Combina que cumpla el “trato” acordado, según se lee en el chat de WhatsApp y que no estaba dispuesto a perder sus S/50 mil soles.
La periodista de Exitosa Huancayo, Lina Cuba, mostró una conversación de WhatsApp del 22 de diciembre de 2020 entre el excongresista César Combina y el exalcalde distrital de la provincia de Jauja que probaría el “trato” que habrían tenido.
En el programa Hablemos Claro, Cuba mostró la captura del diálogo donde el burgomaestre le exige al exparlamentario Combina que cumpla con el trato acordado entre ambos.
Según escribió el alcalde, César Combina debía llamarlo un día sábado; sin embargo, ante el incumplimiento de la llamada, el alcalde le pidió que le devuelva “su dinero” (S/ 50 mil) y quedar como “amigos”.
“Congresista, buenas tardes, le escribe el alcalde. La última vez quedamos que usted me llamaría el sábado para tener una audiencia con su persona y hasta hoy no me ha llamado. Quedamos en un trato. Si no se pudo, creo que lo mejor es que se quede ahí y se me devuelva el dinero, que es lo más justo, y quedamos como amigos”, se lee en parte del chat.
Incluso, en vista que no tenía respuestas del excongresista Combina, la autoridad municipal le recordó que tenía en su posesión la grabación de una llamada telefónica donde participaba el exlegislador.
Chat de conversación de WhatsApp de César Combina con alcalde de Jauja.
El modus operandi de César Combina
Tras la revelación de esta conversación de WhatsApp, la conductora de Exitosa Huancayo Lina Cuba dio más detalles del modus operandi que habría realizado César Combina. Según la periodista, Edgar Paul Nestares Coronación, hombre de confianza del excongresista de APP, se contactó con los alcaldes elegidos en 2018 para ofrecerles y trasmitirles la oferta de Combina.
Fiscal de la Nación denunció a César Combina por presuntos cobros a alcaldes a cambio de obras
Las revelaciones de la periodista Lina Cuba se dan luego de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentara una denuncia constitucional contra César Combina, acusándolo de haber ejercido el presunto delito de tráfico de influencias agravado, por haber recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes para que sus proyectos sean incluidos en la Ley de Presupuesto del 2021.
En el documento dirigido al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, el titular del Ministerio Público (MP) indicó que Combina Salvatierra es acusado por supuesto tráfico de influencias en el marco de su actuación como integrante de la representación nacional.
“Interpongo denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su actuación como congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario, ilícito previsto y sancionado en el artículo 400 (primer y segundo párrafo) del Código Penal, en agravio del Estado”, se lee en el documento de la denuncia.
Denuncia Constitucional contra excongresista César Combina por tráfico de influencias.
La tesis fiscal, sustenta que Combina Salvatierra habría alardeado a los exalcaldes Cruger Miranda Rosales (Yanacancha), José Luis Cerrón Nastares (Colca) y Wilmer Felicio Catay Trucios (San Marcos de Rocchac), tener influencias en el Parlamento y habría ofrecido interceder sobre su “compadre” Héctor Acuña, expresidente de la Comisión de Presupuesto, para el financiamiento de obras, a cambio de S/50 mil soles por proyecto.
En la denuncia constitucional también se adjunta un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que reveló que César Combina recibió un depósito de S/45 mil soles por parte del exalcalde de Colca, Cerrón Nastares en octubre de 2020, justo cuando en el Congreso se debatía la Ley de Presupuesto 2021.
Justamente, sobre el exburgomaestre José Luis Cerrón Nastares, César Combina aseguró que “él creó esta noticia falsa, no con un ánimo de justicia, sino con la voluntad de manchar una honra”. Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que el excongresista “no explica la razón o motivo por el cual una persona con la que no tuvo ningún vínculo, como es el caso de Cerrón Nastares, le haya depositado S/45 mil soles a su cuenta personal bancaria”.
Denuncia del Fiscal de la Nación será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
¿En qué cosiste el caso Combina?
Se debe recordar que, en el 2020, la página Portal Central informó que el entonces congresista de Alianza para el Progreso (APP) habría pedido y luego recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes de Junín, Huancavelica y Pasco y de empresarios de la construcción, a cambio de beneficiar con financiamiento a los proyectos ediles y que fueran incluidos en la Ley de Presupuesto del 2021.
No obstante, tras los pagos, Combina no habría cumplido con su parte conforme a los acuerdos, lo que originó la ira de los alcaldes y empresarios implicados. Este sería el motivo real de su exilio en España, aunque él se defendía y sostenía que todo se trataba de una persecución política por parte del partido Perú Libre.
Sin embargo, luego Combina Salvatierra retornó al Perú y fue precandidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, por Fuerza Popular (FP), ya que abandonó el país con un discurso de hostigamiento un año atrás.
César Combina responde que acusaciones en su contra son parte de un ‘acoso político’
El excongresista de APP se pronunció en su red social X y tildó la denuncia del fiscal de la Nación como parte del “acoso político” al que es sometido. “Lamento que coincidentemente la Denuncia Constitucional se haya elaborado de forma exprés y presentada el día que entregué 29,800 firmas ante el JNE para inscribir un movimiento político”, escribió Combina.
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Abraham Siles rechaza el cargo en la JNJ: “No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera arbitraria e inconstitucional”
El abogado Abraham Siles envió una carta al presidente de la JNJ Antonio de la Haza, manifestándole que lamenta su respuesta, pero que no está disponible para ocupar la vacante, porque es “arbitraria e inconstitucional”.
El abogado Abraham Siles Vallejos envió una carta el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, informándole que no aceptará asumir el cargo como nuevo miembro de dicho colegiado; esto tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspendió la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) y restableció la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello.
“Lamento que mi respuesta tenga que ser no”
Siles Vallejos respondió hoy al Oficio N° 105-2024-PRE-JNJ, que fue enviado a su vivienda el lunes 29 de abril, y en el que le convocan a cubrir una plaza vacante en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Carta enviada por Abraham Siles al presidente de la JNJ, en la que rechaza el puesto.
“Lamento que mi respuesta, ciertamente, tenga que ser «no». No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia”, se lee en la carta que envió al presidente de la JNJ, este martes 30 de abril.
Siles Vallejos explicó que lamenta su respuesta negativa, porque considera que la vacante generada en la JNJ tras la inhabilitación de Tello y Vásquez, es “arbitraria e inconstitucional” y que se da en un contexto de “grave deterioro democrático”.
Para el abogado, “la extrema gravedad de las presentes circunstancias” se debe a “la intervención del Tribunal Constitucional, que viola de modo flagrante la Carta Fundamental de la cual es el guardián último”.
“El TC afecta la esencia misma de la jurisdicción constitucional -tutelar los derechos fundamentales y garantizar los límites en el ejercicio del poder-, desvirtuando su propia razón de ser como órgano de cierre del sistema constitucional peruano”, indica Siles Vallejos.
También refirió que el TC no tiene una debida argumentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos que se requiere para otorgar de la medida cautelar, “en favor del Congreso de la República”. Por ello, “Dejan en evidencia la orfandad de su razonamiento”, agrega.
“Algunos operadores políticos o gestores de intereses subalternos parecen torcer las razones del Derecho y la justicia para alcanzar ellos o sus mandantes posiciones de poder ilegítimo (…) Toca ahora al Poder Judicial, ser el último bastión del orden constitucional y democrático peruano”, concluyó.
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Congreso agilizó el debate del retiro del 100% de la CTS, tras críticas de despilfarro de dinero
¿Control de daños? Ante las innumerables criticas de la ciudadanía y tras una moción de un grupo parlamentario que pidió dejar sin efecto el reciente aumento de ingresos para los legisladores, la Junta de Portavoces acaba de priorizar el debate del retiro de la CTS en el Pleno para este jueves 2 de mayo.
Tras los cuestionamientos que afronta en estos momentos el Congreso de la República, tras el reciente aumento de sus ingresos que aprobó la Mesa Directiva y que serán gravados a sus gastos de representación; la Junta de Portavoces ha medido el impacto negativo que ha significado dicha medida y solo hace un par de horas acordó por unanimidad priorizar para la sesión de Pleno de este jueves 2 de mayo, el debate del dictamen que propone la ley que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre del 2024.
Desde hace dos semanas el Congreso ya se había apresurado en impulsar el proyecto de ley que ordena la liberación del 100% de la CTS y por ello aprobaron el dictamen en dos comisiones importantes, como lo son, la de Trabajo y de Economía.
Junta de Portavoces priorizaron debate del retiro de la CTS para este jueves 2 de mayo.
Y como para ejercer un “control de daños”, tras la iniciativa que aprobó la Mesa Directiva acordando aumentar la asignación por representación para los congresistas en más de tres mil soles; es decir, de S/7,617.20 a S/11,000 por su función congresal, vemos este rápido acuerdo de los legisladores.
¿Acaso en el Congreso pretenden ‘lavarse la cara’, luego de que la ciudadanía ha tomado dicho aumento como una burla a los peruanos?
Esta noticia también se da luego que la bancada de Cambio Democrático-JP presentó una moción de Orden del Dia que pretende dejar sin efecto la reciente decisión de la Mesa Directiva, sobre tan cuestionado aumento para la asignación por representación a cada legislador.
Moción de orden del día presentada por la bancada de Cambio Democrático-JP.
Actualidad
Exalcaldesa de Mórrope es detenida por ser la presunta cabecilla de ‘Los lecheros de la construcción’
El JNE hace solo un mes vacó del sillón municipal en Mórrope a Janet Morales Pasache, por las graves acusaciones en su contra que la sindican como lideresa de una red criminal que operaba en ilegales adquisiciones de materiales de construcción.
Apenas hace un mes, (22 de marzo) la exalcaldesa del distrito de Mórrope, Janet Morales Pasache, fue vacada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del cargo de burgomaestre, en la comuna de Mórrope en Lambayeque y durante la madrugada de este martes 30 de abril, ha sido detenida por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusada de ser la presunta cabecilla de ‘Los lecheros de la Construcción’.
La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) realizó la intervención a la casa de Morales Pasache, así como a los inmuebles de otros 7 exservidores públicos.
Según las pesquisas, la función de la exalcaldesa de 25 años de edad consistía en ubicar a funcionarios de su confianza para que logren concertar a través de pagos de sobornos con empresarios de la localidad y ofrecerles beneficiarlos con obras y servicios y convertirlos en proveedores.
Janet Morales con 24 años, participó en las elecciones municipales del 2022 y luego se convirtió en alcaldesa de Mórrope.
Actualmente, Janet Morales Pasache viene siendo investigada por 8 actos delictivos:
-Servicios de consultoría para la elaboración del estudio preinversión a nivel de ficha técnica estándar, el cual fue denominada como creación del servicio de movilidad urbana en diferentes calles del distrito de Mórrope.
-Servicios de alquiler de un camión cisterna para el abastecimiento de agua para el consumo humano en el centro poblado Cruz del Médano y anexos.
-Adquisición de calaminas onduladas galvanizadas para brindar asistencia a las familias damnificadas y afectadas por el ciclón Yaku en el distrito de Mórrope.
-La reparación y mantenimiento del mobiliario urbano e infraestructura del parque principal del distrito de Mórrope.
-Servicios de pintado en exterior e interior del Palacio Municipal del distrito de Mórrope.
-Servicio de alquiler de un camión cisterna para el abastecimiento de agua para el regado de áreas verdes en las calles y avenidas del distrito de Mórrope.
-Adquisición de materiales para el servicio de pintado del exterior de esta comuna.
-La adquisición de 40 kits de ayuda humanitaria para riesgos y desastres de las intensas lluvias que se registraron por el fenómeno del Ciclón Yaku.
Exalcaldesa de Mórrope suscribiendo un contrato con Electronorte S.A. en octubre de 2023.
Fue detenida junto a sus 7 funcionarios de confianza
Los exfuncionarios que trabajaron con la exburgomaestre de Mórrope también fueron detenidos por el personal de la Diviac.
Entre los implicados en la organización de corrupción en Mórrope están:
Janet Morales Pasache
Denis Faustino Calero Ríos
Norma Regina Bances Coronado
Luis Felipe Martínez Coyco
Richard Jimmy Chávez Torres
José Faustino Tuñoque Llontop
Edwin Chappa Arévalo
Joe Querebalú Supo
Nadia Cabrejos Bermeo
Jaime Navarro Ventura
Ángel Bustamante Bustamante.
Jean Pierre Morante Cumpa
José del Carmen Baldera Chapoñán
Amílcar Lizana Bances
Raúl Alfonso Latorraca Ríos
Jorge Perales Pérez
Jesús Fernández García
Abraham García Moreno
Actualidad
En Ucayali: Defensor ambiental Miguel Guimaraes viene recibiendo amenazas de mafias de minería y tala ilegal
Desconocidos dejaron un intimidante mensaje en uno de los muros de su vivienda: “No vivirá”.
Los defensores ambientalistas de nuestra selva peruana tienen que convivir entre amenazas y atentados contra su vida o la de su familia. El pasado miércoles 24 de abril, el domicilio de Miguel Guimaraes, líder del pueblo Shipibo – Konibo y vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía del país— sufrió un ataque en la comunidad Flor de Ucayali, en el distrito de Yarinacocha, Ucayali.
El acto ocurrió cuando individuos desconocidos dejaron un mensaje intimidante en la fachada de su hogar, advirtiendo que “no viviría”, mientras él estaba en Chile, representando a Perú en la COP3 del Acuerdo de Escazú, desarrollada del 22 al 24 de abril.
De acuerdo al portal El Foco, en los días previos a la agresión, se reportó que personas desconocidas interrogaron a los vecinos sobre el retorno de Guimaraes de Santiago de Chile.
Aidesep ha condenado enérgicamente estos actos, enmarcándolos dentro de un ciclo de violencia sistemática contra los defensores indígenas en Perú.
Mafias de tala y minería ilegal estarían detrás de las amenazas
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de su directora del programa Biodiversidad y Pueblo Indígenas, Silvana Baldovino, ha hecho eco de la urgencia de proteger a Guimaraes y otros líderes en situaciones de riesgo.
“Frente a esta situación resulta urgente implementar las medidas necesarias para su protección, y corresponde al Poder Ejecutivo la adecuada implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras”, exhortó la especialista.
En cuanto a las personas detrás de las amenazas, las primeras investigaciones de las autoridades sostienen que estas podrían estar vinculadas a presuntos grupos ilegales dedicados a mafias de la tala y minería ilegal, de acuerdo a Latina.
El líder indígena acusó a las autoridades de ser cómplices de la deforestación de más de 7 mil hectáreas de bosques primarios —aquellos que contribuyen a la mitigación directa del cambio climático—, poniendo en riesgo el modo de vida y la supervivencia de comunidades nativas.
Más de 30 defensores ambientales han sido asesinados en la última década
De acuerdo a la Aidesep —conformada por 9 organizaciones indígenas amazónicas descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana— en los últimos 10 años han sido asesinados 33 defensores de sus territorios y bosques, contabilizado hasta diciembre del año pasado.
Sobre este mismo hecho, se sabe que, según el informe de la ONG Global Witness, 15 defensores ambientales fueron asesinados entre los años 2021 y 2022. Por tal razón, hoy, el Perú se sitúa entre los países de mayor índice de crímenes de este tipo a nivel mundial.
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