El viernes 29 de enero, el ingeniero Jorge Pazos Holder no cabía en su gozo. Tras largas gestiones, finalmente en una ceremonia especial recibió de manos del Presidente del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), Luis Carpio Ascuña la Resolución que Institucionaliza a la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas (UPCI) como universidad autónoma. Es decir ahora la UPCI puede otorgar títulos a nombre de la Nación y puede ejercer todos sus derechos como universidad privada.

Lo curioso del hecho es que no fue el rector de la UPCI, Héctor Vilca Palacios, quien recibió la distinción, sino más bien su dueño (aunque él prefiere el título de promotor), Jorge Pazos Holder.

La ceremonia era sin duda, una forma de resarcir el sinsabor y la preocupación que le debió causar a Pazos Holder el enterarse que la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) había solicitado al titular de la Cuarta Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, Luis Arellanos Martínez, que se de “inicio de investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, con dinero proveniente del TID [Tráfico Ilícito de Drogas]” contra él y sus empresas: Corretajes Inmobiliarios Profesionales SA, Corretajes Generales SA, Asociación Educativa Cultural Cesca y Cisex Special English Institute.

El pedido entregado el 4 de diciembre último se efectuó mediante el oficio Nº 6049.12.2009-Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V y se basa en el Informe Nº 379-12-2009- Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V

En el citado informe se sostiene que el 24 marzo del 2009 la Dirandro elaboró el informe 150-05-2009-Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V, en los que se encontraron indicios razonables de que “supuesta organización criminal integrada entre otros, por María del Rosario Hernández Zumba, Pedro Ray Gonzalez Junco y Jorge Pazos Holder, este último como presunto testaferro; habiendo resuelto la autoridad fiscal abrir investigación preliminar contra la primera de los citadas y respecto de los demás continuar las indagaciones”.

Al hacerse dichas indagaciones se descubrió que Pazos Holder había sido investigado anteriormente por lavado de activos cuando Tula Vela Rojas fue capturada con 29 kilos de cocaína en abril del 2002. Con ella, Pazos Holder “mantuvo una relación sentimental y actualmente está sentenciada y cumpliendo condena en el penal de Santa Mónica por tráfico de drogas”.

A pesar que en dicha oportunidad se lo liberó de toda responsabilidad, las indagaciones efectuadas por el comandante PNP Boris Valer Fernández, jefe del Departamento N°5 de la Dirandro reseñadas en el citado informe (Nº 379), detectaron “indicios razonables que hacen presumir que el precitado [Jorge Pazos Holder]] “está incurso en el delito de lavado de activos, habiendo sido utilizado como testaferro por una organización criminal para ocultar y transformar dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas a través de empresas legalmente constituidas, lo cual habría generado considerables ganancias económicas”.

Una de los temas que señala el informe es que resulta sospechoso que Pazos Holder fue exculpado sin que se efectuara un peritaje contable sobre sus finanzas y las de sus empresas.

Cuando Pazos Holder se enteró de la existencia del Informe Policial y del pedido de que se le investigue por lavados de activos, contrató un aviso a página en un diario local. Publicado el 19 de enero pasado, el dueño de Cesca sostuvo en él que el mencionado documento remitido a la Cuarta Fiscalía “tiene firmas falsificadas tanto del Comandante PNP Boris Valer Fernández, como del mayor Carlos Valer Cruces y del Coronel Juan Olivera García”.

Enterado de semejante acusación, el adjunto del Fiscal Arellanos, José Castellanos Jara, remitió el oficio Nº 50-210 (i128-2009- 4º Fecor- Lima-MP-FN) al jefe de la División de Lavado de Activos (DIVILA) para que responda sobre el particular.

El 25 de enero, el coronel Juan Olivera contesta al Fiscal mediante el oficio del 2010-02-17 en el que niega la versión de Pazos Holder. “La naturaleza de las firmas suscritas del informe --- tanto del instructor Mayor Carlos Valer Cruces, es conforme. Comandante Boris Valer Fernández y del suscrito, son originales de puño y letra”.

Está claro que Pazos Holder mintió para salvar su reputación. Con semejantes antecedentes, el titular de la Cuarta Fiscalía debería abrir investigación lo antes posible, pues cuanto antes se debería determinar si instituciones educativas están siendo usadas para lavar activos.