Importancia de la privatización de empresas públicas deficientes

Autor: Aníbal Salazar Trigoso

Hasta la actualidad, el desarrollo del Perú se ha visto perjudicado por empresas estatales deficientes, que producen servicios de baja calidad por gestiones corruptas, como fruto de la politización de las empresas del Estado y la falta de supervisión y control, so pretexto de la autonomía que gozan. Este problema se caracteriza por generar desequilibrios fiscales e ineficiencias que afectan el desempeño de la economía peruana, al generar inflación y endeudamiento externo, absorbiendo recursos que pueden ser utilizados más eficientemente para mejorar las condiciones de vida de la población, coadyuvando de esta manera, con el desarrollo integral de la nación.

El problema de las empresas públicas deficientes, incompetentes y corruptas es latente en la actualidad y es fruto de la politización de las empresas del Estado y la falta de supervisión y control por parte del Fonafe y de los entes reguladores competentes, bajo pretexto de la autonomía que gozan. Establecido en su ley de creación y sus estatutos, escapan de dichas acciones, lo que permite que su directorio tome decisiones en función a sus intereses y para favorecer a terceros que están ligados por un cordón umbilical con el Gobierno de turno y políticos que buscan lograr sus intereses personales o de grupo, perjudicando significativamente a la población y al desarrollo del país.

Por todos es conocido que las empresas públicas tienen una gran importancia a nivel nacional, regional y local habida cuenta de la gran cantidad de recursos públicos que gestionan y del hecho de brindar servicios esenciales que influyen en la vida de todos los habitantes de la nación.

Por otro lado, la existencia de las empresas públicas se sustenta en el hecho de que los Gobiernos desean servir a sus ciudadanos aumentando la riqueza y la calidad de vida en sus respectivos países mediante la prestación de servicios fundamentales, la estimulación del desarrollo económico, la atracción de inversores y la protección de recursos estratégicos.

En el pasado, muchas empresas públicas deficientes fueron privatizadas con el objeto de mejorar la calidad de sus servicios y ampliar sus operaciones, mejorar su eficiencia operativa y desafectar recursos al erario nacional para utilizarlos con otros fines esenciales en beneficio de la población.

La privatización de bienes públicos o empresas públicas se produce cuando se vende una empresa propiedad del Estado o propiedad municipal a una empresa privada, nacional o multinacional.

La privatización es un mecanismo existente en la economía mediante el cual el gobierno hace que una industria o una actividad deje de formar parte del ámbito público, siendo transferidas o traspasadas desde el Estado hacia empresas u organizaciones privadas.

Se llama “privatización” al proceso jurídico y económico de

sector privado, lo cual equivale a su puesta en venta por parte del Estado y subsiguiente compra por parte de intereses privados. Se considera en ese sentido lo contrario de la estatización o expropiación.

La privatización permite reducir el tamaño del Estado, disminuir el déficit fiscal, prestar mejores servicios y proveer al Estado de unos recursos inmediatos, los cuales serían utilizados para cancelar la deuda de corto plazo e invertir en la infraestructura o el gasto social.

La privatización aspira a gestionar ciertos bienes y servicios públicos. Las virtudes de la privatización tienen que ver con el incremento de la liquidez del Estado y la liberación del mismo de deudas y pasivos, lo cual puede ser clave en momentos de necesidad económica severa.

Efecto de las privatizaciones sobre los trabajadores, se produce

una reducción de personal, el proceso de tercerización de varios sectores de la producción permite a las empresas reducir los costos laborales y debilitar la unidad de los trabajadores, los usuarios sufren por el cambio de régimen en la prestación de los servicios, por posibles incrementos de los respectivos costos al pasar al régimen privado y la mejor calidad.

La privatización es un mecanismo existente en la economía, mediante el cual el Gobierno hace que una empresa pública productora de bienes o servicios deje de formar parte del ámbito público, siendo transferidas o traspasadas desde el Estado hacia empresas u organizaciones privadas.

A menudo suele relacionarse el concepto de “privatización” con herramientas de mejora de la competencia, que ayudan a las empresas a mejorar su estructura de costes, permitiendo que los bienes o servicios puedan tener mayor calidad y a precios menores, favoreciendo al consumidor.

Dado que la privatización reduce la participación del Estado en la economía, se identifica con políticas capitalistas. Esta herramienta es opuesta a la nacionalizacióno estatización.

Gracias al fenómeno económico de la privatización, los agentes individuales y colectivos del espectro privado de un país pueden participar en la administración, el control y la propiedad de diferentes industrias y sectores de la vida económica. Así, mejoran el nivel competitivo de la nación y el abanico de empresas presentes en el mercado.

Al mismo tiempo, la privatización supone la reducción de poder que el Estado tiene en el día a día financiero y empresarial, dando mayor peso a los agentes privados y el gobierno se encarga de la supervisión de los mercados.

Por su propia naturaleza y definición, la empresa privada busca con el desarrollo de negocios y la explotación de bienes y servicios para maximizar su beneficio, mientras que el Estado busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

En ese sentido, son frecuentes los debates sobre qué sectores o ámbitos deben ser privatizados o no, atendiendo a puntos como la seguridad, el bienestar de la ciudadanía, la justicia social o los diferentes puntos de vista ideológicos o políticos.

Los defensores de la privatización de los medios de producción a menudo argumentan que la empresa privada es por lo general mejor gestora que el Estado, al cual la burocracia o sus muchas responsabilidades y compromisos políticos adquiridos, impiden desarrollar esta tarea de manera eficiente.

Además, cuando una empresa es pública son los ciudadanos los que cargan con las posibles pérdidas resultado de una mejorable gestión. En cambio, cuando es privada, es la propia empresa la que asume todo el riesgo.

Los liberales defienden que en un mercado en el que hay competencia las empresas son capaces de mejorar los productos y servicios, cambiando la estructura de costes para poder ofrecer más calidad a precios más reducidos. Por esa razón, reducir el papel del Estado y su injerencia en los mercados es una de las bases del capitalismo y de la economía occidental más reciente.

Algunas formas de privatización:

Durante la década de los 70 y 80 las empresas estatales fueron una de las principales causas de los desequilibrios fiscales e ineficiencias que afectaron el desempeño de la economía peruana.

Estas empresas generaron inflación y endeudamiento externo, absorbiendo recursos que pudieron haber sido utilizados más eficientemente por la inversión privada.

Además, crearon empleos artificiales no sostenibles en el tiempo. Uno de los elementos centrales del programa de estabilización y de reformas estructurales del Gobierno fue la privatización de las empresas estatales.

Durante la dicha década se transfirieron al sector privado más de 160 empresas y activos estatales, generándose ingresos para el Estado por $ 8,700 millones y compromisos de inversión por $ 7,100 millones. La privatización de estas empresas cumplió un rol vital en el crecimiento experimentado por la economía peruana durante esta década.

El aporte de los capitales, las tecnologías y la experiencia de los operadores que adquirieron estas empresas fue fundamental para la modernización y mejora en la competitividad de la economía. Adicionalmente, la transferencia de estos activos le permitió al Gobierno contar con recursos para fortalecer la posición externa de la economía y ejecutar el programa de inversión social. La privatización de las empresas de servicios públicos —electricidad y telecomunicaciones— ha generado una mejora continua de la calidad y cobertura de los servicios. Estas mejoras han beneficiado sobre todo a los sectores de menores ingresos, que antes carecían de acceso a estos servicios básicos. La privatización de los bancos y la liquidación de la banca de fomento ha contribuido a modernizar y a fortalecer el sistema financiero. La transferencia de activos en el resto de actividades, en particular en el sector minero, ha permitido realizar inversiones que el Estado no podría haber efectuado y elevar la eficiencia de estas empresas.

Asimismo, la privatización, conjuntamente con las reformas de mercado, han contribuido a la generación de puestos de trabajo permanentes y productivos. Estos logros para la economía peruana no han sido reconocidos por los sectores “rentistas” que se beneficiaron con los subsidios y demás políticas “populistas” de las empresas públicas.

De acuerdo con el especialista Chanamé, son cuatro las principales¹dificultades en la gestión pública en Perú:

La Contraloría² General de la República habría detectado un perjuicio equivalente a S/ 1,115 millones por la demora en la contratación de servicios y ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios de la nueva refinería de Talara. Sumado a ello, durante los últimos días, hemos sido testigos de la interrupción en la prestación del servicio de agua potable en el distrito de San Juan de Lurigancho. Este hecho genera aun mayor preocupación en un contexto como el que atravesamos, en el que el agua es un bien necesario para la higiene y la prevención del COVID-19. Estos acontecimientos nos permiten preguntarnos, una vez más, ¿qué ocurre con la prestación de servicios públicos y la ejecución presupuestal estatal? ¿Cuál es el rol que el Estado debería asumir?

En primer lugar, es importante resaltar que, según el principio de subsidiariedad definido en la Constitución Política del Perú, el Estado puede realizar actividad empresarial cuando la iniciativa privada no está en condiciones de hacerlo. Un ejemplo de ello es prestar ciertos servicios en alguna zona rural o de difícil acceso en la que, desde el punto de vista privado, la inversión no es rentable, pero es necesario proveer dichos servicios a la población.

Así, este principio prohíbe que el Estado participe en actividades empresariales que pueden ser provistas de manera más eficiente por el sector privado, de manera que el sector público enfoque sus esfuerzos en aspectos esenciales para el bienestar de la población.

En segundo lugar, es importante considerar la experiencia previa y reconocer las lecciones que esta deja. El desempeño de las empresas públicas durante los años 70 acumuló pérdidas que ascendían a $ 46 millones, que tan solo en una década se multiplicaron por 54 al sumar unos $ 2,481 millones, equivalentes a un 10 % del PBI (ver Semanario 1030). Además, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), el desempeño de las empresas públicas durante los últimos años tampoco ha sido positivo. En particular, destaca el caso de PetroPerú, que acumuló pérdidas por más de S/ 13,000 millones entre 2011 y 2020. En tercer lugar, la experiencia internacional también deja lecciones que se deben considerar. El caso del sector hidrocarburos, en el que las compañías estatales son propietarias del 73 % de las reservas mundiales, aproximadamente, demuestra una ineficiente administración pública.

Un estudio realizado por Christian Wolf, de la universidad de Cambridge, analizó 90 empresas petroleras entre 1987 y 2006, y encontró que una empresa pública promedio emplea un 71 % más personal, pero produce un 18 % menos que una empresa privada con el mismo nivel de activos.

Por otro lado, investigadores del Banco Mundial concluyeron que, en mercados concentrados, la promoción de la competencia privada es un requisito indispensable para lograr mayor productividad y eficiencia en la operación de las empresas.

Uno de los problemas persistentes en la administración pública es que muchos de sus organismos no cuentan con una adecuada gestión que asegure la correcta administración de los recursos. Además, no existen los incentivos suficientes que impulsen la rentabilidad, algo que sí ocurre en una empresa privada. De esta manera, una empresa estatal puede funcionar acumulando pérdidas económicas. Según el IPE, la ineficiencia de empresas públicas se explica por interferencia política en la toma de decisiones, la falta de incentivos para la administración y supervisión, y la falta de competencia, ya que el Estado suele incentivar el monopolio en los sectores en que participa.

Es importante evidenciar el mal uso de recursos públicos, pues la ineficiencia genera pérdidas económicas. Estos recursos podrían ser destinados a cubrir otras necesidades de suma importancia. Un ejemplo de ello es que el perjuicio económico de la Nueva Refinería de Talara hubiera alcanzado para cubrir todo el presupuesto asignado al programa nacional de saneamiento urbano en 2020. Así, en términos de costo de oportunidad, existen proyectos y demandas ciudadanas importantes que podrían ser atendidas con el perjuicio económico derivado de las ineficiencias estatales, por lo que, como ciudadanos, debemos ser exigentes con las autoridades sobre el destino de los recursos de todos los peruanos.

Finalmente, es importante que el Estado garantice los derechos ciudadanos y ejerza su rol subsidiario cuando la situación lo amerite. Este principio de subsidiariedad ha permitido sostener el crecimiento económico de los últimos años. Si bien persisten brechas sociales y económicas, el Estado no debe confundir esto para asumir un rol empresarial, sino dar las condiciones para que la iniciativa privada opere en un determinado sector y promover la competencia para mejorar la eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos.

Como parte del proceso de promoción de la inversión privada (privatización), presentamos una lista de las principales ventas de acciones y/o activos, en el marco de la reestructuración de la actividad empresarial estatal en la década de los 90.

El Estado debe garantizar los derechos ciudadanos y ejercer su rol subsidiario cuando la situación lo amerite. Este principio de subsidiariedad permite sostener el crecimiento económico de la nación.

El proceso de privatizaciones de empresas públicas deficientes e incompetentes genera importantes beneficios para el Estado y el país. La transferencia de activos estatales le ha permitido al Estado obtener ingresos para invertirlos en la ejecución de proyectos sociales, fundamentalmente en los sectores de salud, alimentación, educación, agua potable, vías de comunicación, transportes y vivienda. Asimismo, el país requiere del aporte de capitales privados para mejorar la infraestructura de sus puertos, aeropuertos y principales vías de comunicación y hoy más que nunca implementar la conectividad virtual como método de gestión de las actividades humanas, educativas, empresariales, industriales, comerciales, bancarias, del hogar, entre otras. El aporte de los capitales, tecnologías y experiencia de los operadores que adquirieron estas empresas son fundamentales para la modernización y mejora en la competitividad de la economía.

Es importante evidenciar el mal uso de recursos públicos, pues la ineficiencia genera pérdidas económicas. Estos recursos podrían ser destinados a cubrir otras necesidades de suma importancia, como mejorar la calidad de los servicios sociales. Uno de los problemas persistentes en la administración pública es que muchos de sus organismos o empresas públicas, no cuentan con una adecuada gestión que asegure la correcta administración de los recursos.

El problema de las empresas públicas deficientes, incompetentes y corruptas, es latente en la actualidad, es fruto de la politización de las empresas del Estado y por falta de supervisión y control, por parte del Fonafe y de los entes reguladores competentes. La mayoría de empresas públicas deficientes no tienen los recursos necesarios, ni personal idóneo con capacidades para optimizar sus procesos y brindar servicios públicos con calidad y oportunidad. Por el principio de subsidiariedad definido en la Constitución Política del Perú (artículo 60), se sostiene lo siguiente: Mencionamos algunas empresas municipales deficientes, entre ellas tenemos a Sedapal, que en muchos distritos de Lima brindan un servicio de agua potable muy deficiente, tal el caso de San Juan de Lurigancho, el caso de deficiencia extrema lo constituyen las empresas municipales de limpieza pública, de seguridad ciudadana y actividad comercial de ambulantes, que constituyen el caos y desorden de la ciudad. Los defensores de la privatización de los medios de producción a menudo argumentan que la empresa privada es por lo general mejor gestora que el Estado, al cual la burocracia o sus muchas responsabilidades y compromisos políticos adquiridos, impiden desarrollar esta tarea de manera eficiente.

Finalmente, es recomendable que la Contraloría General de la República realice acciones de control a las empresas públicas, para detectar el grado de eficiencia y eficacia, para recomendar su privatización o desactivación en caso sean deficientes e incompetentes.

1. Recuperado de https://www.comexperu.org.pe/en/articulo/serviciospublicos-deficientes-que-mashace-falta-para-entender-elverdadero-rol-estatal>.

2. Recuperado de <https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/4deficiencias-de-la-gestion-publica-enperu-que-se-deben-resolver>.

Actualidad Gubernamental, diciembre 2021