Hace unos días, Sedapal, la empresa estatal que provee el servicio de agua potable a los limeños, anunció que a principios de octubre realizará un corte de suministro de entre dos y cuatro días de duración en varios distritos de la capital. El anuncio se llevó a cabo de una manera bastante desordenada. La información comenzó a difundirse en forma de rumor, a través de grupos y cadenas de WhatsApp. Horas después, las redes sociales de Sedapal confirmaron el corte ante la pregunta directa de varios usuarios. Solo en última instancia, al día siguiente, publicó un comunicado oficial.

Estas demoras, así como la información incompleta suministrada durante las primeras horas respecto al alcance temporal y geográfico de la suspensión prevista del servicio, provocaron que una parte de la población limeña saliera a comprar baldes y otros utensilios para acumular agua. Si bien no se produjeron desórdenes ni acaparamiento masivo, algunas escenas recordaron los momentos caóticos del inicio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando los peruanos de diferentes ciudades se lanzaron a comprar alimentos y enseres domésticos ante la previsión de un posible desabastecimiento.

Como suele ocurrir, el anuncio del corte de agua estuvo acompañado de polémica. Sin embargo, el hecho de que Sedapal sea una empresa pública marcó el tono del debate. Las críticas fueron sustancialmente menores de lo que habrían sido en caso de que la interrupción del servicio se debiera a una empresa privada. A pesar de la magnitud del corte previsto, que afecta potencialmente a millones de personas, las posiciones se dividieron en dos bandos: por un lado, quienes criticaban a Sedapal, ya fuera por el corte de sí mismo o por su pésima política de comunicación; por otro, quienes rechazaban a estos críticos, por considerar que sus demandas encubrían el deseo de privatizar la empresa. Según señalaban los defensores de Sedapal, las empresas privadas cometen desmanes similares, y, en caso de privatizarse el servicio de agua potable, las consecuencias serían peores.

Este tipo de reacciones mixtas frente a una interrupción del servicio por parte de una empresa pública no es inusual. De hecho, se han repetido en varias ocasiones en el caso de Sedapal. A diferencia de lo que ocurre con las empresas privadas, en estas ocasiones un sector importante de la población suele mostrarse tibio o incluso comprensivo frente a las razones alegadas para suspender el servicio. Sucedió, por ejemplo, cuando Lima estuvo sin agua durante casi una semana en el verano de 2017 a causa de los huaicos que inutilizaron la planta de distribución.

Este comportamiento no es casual. En el marco del proyecto El Laberinto Peruano, el pasado mes de agosto, la encuesta mensual del Área de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos interrogó acerca de quién consideraban los encuestados que debía ser propietario de las grandes empresas, el Estado o el sector privado. Esta pregunta forma parte de una indagación sobre cuestiones relativas al modelo social y económico cuyos resultados se presentarán en los próximos meses. La respuesta mostró que una mayoría de la población considera que las grandes empresas deben ser propiedad del sector público: 56 por ciento frente al 32 por ciento que señala que deben ser propiedad del sector privado.

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos, Encuesta nacional urbano-rural, agosto de 2023,

N = 1206

Estos porcentajes ilustran la profunda desconfianza hacia el sector privado de gran parte de la población peruana y pueden ayudar a explicar por qué las empresas públicas encuentran una audiencia más comprensiva ante eventos de suspensión del servicio, incluso cuando se trata de uno tan básico como el suministro de agua. Sin embargo, como ocurre con muchas otras cuestiones, cuando se analizan en detalle, las respuestas muestran diferencias significativas de acuerdo con variables demográficas, sociales y políticas.

En términos geográficos, las diferencias son muy importantes. En Lima Metropolitana, el 44 por ciento de los entrevistados consideran que las grandes empresas deben ser propiedad del Estado. Este porcentaje aumenta al 56 por ciento en el resto de las ciudades del país y al 74 por ciento en las zonas rurales. El centro es la región donde el apoyo a la propiedad pública de las empresas es más alto: 74 por ciento. Le siguen el norte (63 por ciento), el sur (60 por ciento) y el oriente (54 por ciento). Esto significa que en todo el Perú, excepto en la capital, son mayoría quienes creen que el Estado, y no el sector privado, debe estar a cargo de las grandes empresas.

Cuando se considera el nivel socioeconómico de los entrevistados, las diferencias son aún mayores: el 70 por ciento de los entrevistados de los sectores económicos D/E son partidarios de la propiedad estatal, un porcentaje que baja al 51 por ciento en los entrevistados de nivel socioeconómico C y al 32 por ciento para los sectores más altos.

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos, Encuesta nacional urbano-rural, agosto de 2023,

N = 1206

Estos quiebres nos hablan de dos Perú, con opiniones radicalmente diferentes respecto a lo que debería ser el modelo económico dominante en el país. Dos Perú marcados por diferencias geográficas y socioeconómicas. Los partidarios de la primacía del sector privado se concentran en la capital y en los sectores de mayores ingresos, mientras que las demás regiones y los sectores bajos prefieren la del sector público. En contraste, las diferencias de género y edad son mucho menos significativas. El 58 por ciento de las mujeres y el 54 por ciento de los hombres son partidarios de la propiedad estatal. Tienen la misma opinión el 57 por ciento de los entrevistados entre 18 y 24 años, el 53 por ciento de quienes tienen entre 24 y 39 años y el 58 por ciento de quienes tienen más de 40 años.

En ambos casos, género y edad, las diferencias son mayores a los márgenes de error de la encuesta, pero están muy lejos de mostrar un clivaje equivalente al que encontramos en las variables geográficas y socioeconómicas. El cuestionable desempeño de las empresas públicas proveedoras de servicios durante la década de 1980 no parece haber dejado huella en el sector de mayor edad. Tanto ellos como los más jóvenes son mayoritariamente partidarios de que las grandes empresas pertenezcan al Estado. Son este tipo de datos los que nos pueden explicar la tolerancia que encuentran Sedapal y otras empresas públicas en amplios sectores de la población, incluso cuando dejan sin servicio durante varios días a millones de ciudadanos.